expedientes judiciales contra genocidas

MENDOZA SENTENCIA : Clasificación delitos cometidos en contexto del delito internacional de genocidio

2011-10-09T11:23:00.000-07:00

S E N T E N C I A Nº 1 3 2 6
En la Ciudad de Mendoza, a seis días del mes de octubre de dos mil once, el
Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de Mendoza, después del acuerdo
celebrado en sesión secreta conforme lo dispuesto en los arts. 396 y ss. del
Código Procesal Penal de la Nación, en autos Nº 001-M, caratulados:

“MENENDEZ SANCHEZ, Luciano Benjamín y otros s/Infr. art. 144 bis C.P.” y
sus acumulados N° 009-M, 010-M, 011-M, 022-M, 025-M, 031-M, 032-S y
055-M , incoados contra: Eduardo SMAHA BORZUK, L.E. N° 06.900.976,
argentino, nacido en Capital Federal, el 26 de diciembre de 1942, casado, policía retirado, hijo de Miguel y de María, con domicilio en Monseñor Maresma 1267, Barrio 1° de Mayo, Las Heras, Mendoza; Paulino Enrique FURIÓ
ETCHEVERRI, D.N.I. N° 04.823.633, argentino, nacido en Capital Federal, el
05 de febrero de 1933, casado, militar retirado, hijo de Florencio Paulino y de
Sara, domiciliado en Alas Argentinas 2731, 2° Barrio Empleados de Comercio,
Godoy Cruz, Mendoza y domicilio en Buenos Aires en Chesterton 3375, El
Talar, Tigre, Provincia de Buenos Aires; Celustiano LUCERO LORCA, D.N.I.
N° 06.936.795, argentino, nacido en Mendoza el 22 de marzo de 1941, separado, policía retirado, hijo de Nicolás y de Petrona, con domicilio en Colombia 1794, Godoy Cruz, Mendoza; Luis Alberto RODRÍGUEZ VÁZQUEZ, D.N.I. N° 06.886.567, argentino, nacido en Mendoza el 30 de junio de 1940, casado, policía retirado, hijo de Luis y de Matilde, domiciliado en Bolívar 2625, Godoy Cruz, Mendoza; Dardo MIGNO PIPAON, D.N.I. N° 08.617.823, argentino,
nacido en Corrientes el 11 de diciembre de 1951, casado, militar retirado, hijo de Dardo Ulpiano y de Sara Raquel, con domicilio en Perdriel 922, Rosario,
Provincia de Santa Fe, y Juan Agustín OYARZABAL NAVARRO, L.E. N°
06.870.330, argentino, nacido en Las Heras, Mendoza, el 3 de octubre de 1936,
viudo, policía retirado, hijo de Juan Patricio y de Ernestina, domiciliado en
Puerto Argentino 437, Barrio Cardama, Rivadavia, Mendoza, quienes se
encuentran actualmente con detención domiciliaria; dejando constancia de la
actuación del señor Fiscal General, Dr. Dante Marcelo Vega y Fiscal General
“ad hoc” Dr. Pablo Barreda; de los representantes de los querellantes -
Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Maria Soledad Puente y
Javier Urondo- Dres. Pablo Gabriel Salinas, Diego Lavado, Alfredo Guevara,
Viviana Laura Beigel y María Angélica Escayola y por la Secretaría de
Derechos Humanos de la Nación, Dres. Pablo Garciarena y Fernando Peñaloza;
de la Sra Defensora Pública Oficial, Dra. Andrea Marisa Duranti y Sres.
Defensores Públicos Oficiales “ad hoc”, Dres. Alejo Amuchástegui y Gabriel
Darío Sánchez, en forma definitiva

F A L L A :

1°) CONDENANDO a JUAN AGUSTIN OYARZABAL NAVARRO a la pena de PRISION PERPETUA e INHABILITACION ABSOLUTA Y PERPETUA, accesorias legales por igual tiempo del de la condena y costas, por ser coautor mediato, penalmente responsable, de los delitos de: privación abusiva de la libertad agravada por violencia y amenazas (art. 144 bis, inc. 1° y art. 142 inc. 1° del Código Penal, texto conforme ley 14616 y 20642), en perjuicio de Ricardo Luis Sanchez Coronel ; Rafael Olivera, Nora Ercilia Rodriguez Jurado , Rosario Anibal Torres y Alicia Cora Raboy ; imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima (art. 144 ter , 1° y 2° párrafos conforme texto de la ley 14.616) en perjuicio de Ricardo Luis Sanchez Coronel, Rosario Anibal Torres y Alicia Cora Raboy; homicidio calificado por alevosía, por el concurso premeditado de dos o más personas y con el fin de procurar impunidad (art. 80, incisos 2°, 3° y 4°, conforme ley 11.179,11.221 y 20.642), en perjuicio de Ricardo Luis Sánchez Coronel , Rafael Olivera, Nora Ercilia Rodriguez Jurado, Rosario Anibal Torres y Alicia Cora Raboy y homicidio
calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas
(art.80, incisos 2° y 4°, conforme leyes 11.179, 11.221 y 20.642), en perjuicio de Francisco Reynaldo Urondo, todos del Código Penal y en concurso real (art. 55 del C.P.), calificándolos como delitos de lesa humanidad y cometidos en el
contexto del delito internacional de genocidio (arts. 12, 19, 29 inc. 3°, 40 y 41
del C.P.; 530, 531 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación);
Poder Judicial de la Nación

2°) CONDENANDO a EDUARDO SMAHA BORZUK a la pena de PRISION PERPETUA e INHABILITACION ABSOLUTA Y PERPETUA, accesorias legales por igual tiempo del de la condena y costas, por ser coautor mediato, penalmente responsable, de los delitos de: privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas (art. 144 bis, inc. 1° y art. 142 inc. 1° del Código Penal, texto conforme ley 14616 y 20642), en perjuicio de Rosario Anibal Torres , Alicia Cora Raboy y Salvador Alberto Moyano ; imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima (art. 144 ter , 1° y 2° párrafos conforme texto de la ley 14.616) en perjuicio de Rosario Anibal Torres y Alicia Cora Raboy; y homicidio calificado por alevosía, por el concurso premeditado de dos o más personas y con el fin de procurar impunidad (art. 80, incisos 2°, 3° y 4°, conforme ley 11.179, 11.221 y 20.642), en perjuicio de Rosario Anibal Torres y Alicia Cora Raboy ; homicidio calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas en perjuicio de Francisco Reynaldo Urondo (art. 80, incisos 2° y 4°, conforme leyes 11.179, 11.221 y 20.642) y ; homicidio calificado por alevosía, por el concurso premeditado de dos o más personas y con el fin de procurar impunidad (art.80, incisos 2°, 6° y 7°, texto conforme ley 21.338), en perjuicio de Salvador Alberto Moyano; todos del Código Penal, en concurso real (art. 55 del C.P.) , calificándolos como delitos de lesa humanidad y cometidos en el contexto del delito internacional de genocidio. (arts. 12, 19, 29 inc. 3°, 40 y 41 del C.P.; 530, 531 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación);

3°) CONDENANDO a CELUSTIANO LUCERO LORCA y a LUIS ALBERTO RODRIGUEZ VAZQUEZ a la pena de PRISION PERPETUA e INHABILITACION ABSOLUTA Y PERPETUA, accesorias legales por igual tiempo del de la condena y costas, por ser coautores materiales, penalmente responsables, del delito de: homicidio calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas en perjuicio de Francisco Reynaldo Urondo (art. 80, incisos 2° y 4° del Código Penal, conforme leyes 11.179, 11.221 y 20.642), calificándolo como delito de lesa humanidad y cometido en el contexto del delito internacional de genocidio. (arts. 12, 19, 29 inc. 3°, 40 y 41 del C.P.; 530, 531 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación).

4°) CONDENANDO A DARDO MIGNO PIPAON a la pena de DOCE AÑOS DE PRISION e INHABILITACION ABSOLUTA Y PERPETUA, accesorias legales por igual tiempo del de la condena y costas, por ser coautor mediato, penalmente responsable, de los delitos de: privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas (art. 144 bis, inc. 1° y art. 142 inc. 1° del Código Penal, texto conforme ley 14616 y 20642) e imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima (art. 144 ter , 1° y 2° párrafos conforme texto de la ley 14.616) en perjuicio de Angel Bartolo Bustelo, en concurso real (art.55 C.P.), calificándolos como delitos de lesa humanidad y cometidos en el contexto del delito internacional de genocidio. (arts. 12, 19, 29 inc. 3°, 40 y 41 del C.P.; 530, 531 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación).

5°) ABSOLVIENDO a EDUARDO SMAHA BORZUK del delito de allanamiento ilegal de domicilio (art. 151 del Código Penal), en perjuicio de Arturo Elias Rodriguez y Marta Godoy, cuya comisión se le imputara en los autos acumulados n° 032-S , por extinción de la acción penal por prescripción. (arts. 59 inc. 3° y 62 inc. 2° del C.P.)

6°) ABSOLVIENDO a PAULINO ENRIQUE FURIO ETCHEVERRI de los delitos cuya comisión se le imputara en los autos acumulados n° 010-M, en perjuicio de Jorge del Carmen Fonseca (art. 3° del C.P.P.N.), disponiendo el cese de la custodia policial dispuesta a su respecto.

7°) ORDENANDO que los condenados cumplan las penas impuestas en los establecimientos dependientes del Servicio Penitenciario Federal que resulten adecuados a sus condiciones de salud, a cuyo fin deberá tener en consideración las pericias e informes médicos obrantes en autos y los estudios complementarios que ese Servicio considere necesario realizar. Por tanto, se revoca la excarcelación y/o exención de prisión y prisión domiciliaria de las que gozaron durante en el proceso y se dispone su inmediata detención en los establecimientos que correspondan.

Intertanto se hace efectivo el traslado dispuesto, EDUARDO SMAHA BORZUK, LUIS ALBERTO RODRIGUEZ VAZQUEZ y Poder Judicial de la Nación USO OFICIAL CELUSTIANO LUCERO LORCA permanecerán alojados en dependencias de la Unidad Penitenciaria n° 32 de Mendoza y DARDO MIGNO PIPAON y AGUSTIN OYARZABAL NAVARRO detenidos en sus domicilios.

8°) Firme la presente, practíquese por Secretaría cómputo de pena y dése vista a las partes (art. 493 del C.P.P.N.)

9°) DISPONIENDO la remisión de copia certificada de las actas y los soportes informáticos correspondientes a los fines de las investigaciones propuestas por las partes querellantes y el Ministerio Público Fiscal.

10°) TENIENDO PRESENTES las reservas efectuadas por la Sra. Defensora Pública Oficial, de recurrir en casación y del caso federal.

11°) COMUNICANDO la sentencia al Ministerio de Defensa de la Nación y al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Mendoza.

12°) DIFIRIENDO la lectura de los fundamentos para la audiencia del día VEINTIOCHO DE OCTUBRE PROXIMO, a las 11 horas (art. 400, penúltimo párrafo “in fine” del C.P.P.N.). Regístrese, notifíquese y ofíciese.

Alegato Querella JUSTICIA YA! CAUSA ABO - ATLÉTICO – BANCO – OLIMPO

2010-11-19T08:59:00.000-08:00

Octubre 2010
Dra. Claudia Ferrero – Dra. Liliana Molinari

Voy a alegar junto a la Dra Liliana Molinari, en representación de los querellantes
•    Asociación Anahí
•    Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos
•    Asociación Gremial Docente de la UBA
•    Comité para la Defensa de la Ética, la Salud y los Derechos Humanos
•    Federación de Asociaciones Gallegas de la República Argentina
•    Fundación Investigación y Defensa Legal Argentina
•    Instituto de Relaciones Ecuménicas
•    Liga Argentina por los Derechos del Hombre
•    Partido Comunista
•    Pablo Rieznik, todos ellos organizaciones y querellantes que integran el colectivo Justicia Ya!

Queremos aclarar a este Tribunal y a las partes, que estas querellas unificadas con la querella de Carmen Aguiar de Lapacó, alega en forma separada sobre algunos puntos en los que no se encontró coincidencias de criterios. Por eso, habrá temas que no serán desarrollados adhiriendo sobre ellos a la querella pre-opinante. Específicamente a la materialidad de los hechos y en los puntos que se ira especificando al correr del alegato.
Asimismo, el alegato se dividirá en dos partes – a) contexto general b) calificación legal y pedido de penas - y aunque en algunos puntos, parezca que se alega sobre lo que la cabeza de querella ya alegó, dejamos planteado que nuestro análisis está basado desde otra óptica sancionatoria, y desde otra calificación legal, por lo cual, hablaremos de lo sucedido en el circuito represivo ABO desde la figura de Genocidio, y ello se verá reflejado en los diferentes planos de intervención.

1.- INTRODUCCION

Para comenzar este alegato, creemos importante mencionar que si estamos acá hoy, acusando a los imputados en este juicio, es producto de enorme lucha que han dado las organizaciones defensoras de los derechos humanos, los sobrevivientes, los familiares y todos los que durante estos años hemos luchado incansablemente contra la impunidad de los crímenes cometidos desde el aparato del Estado. Muchas de las personas que declararon en este juicio dieron cuenta de esta incansable lucha contra la impunidad.
Hoy, esperamos que se condene a los responsables de uno de los más CRUENTOS GENOCIDIOS QUE LLEVARON ADELANTE LAS FUERZAS REPRESIVAS DEL PAÍS, EN FORMA SISTEMATICA Y ORGANIZADA DESDE EL PROPIO ESTADO.
Desde el Estado se implementó el terror a través de la persecución, el hostigamiento, la desaparición forzada, la tortura, el asesinato, la apropiación, el encarcelamiento y el exilio de miles de personas, con la finalidad de exterminar a los grupos nacionales insertos en todos los niveles de organización de la vida social argentina: partidario, estudiantil, gremial, cultural, etc- que luchaban por un país justo, sin opresión y sin explotación.
Esos grupos organizados constituían un obstáculo para el afianzamiento y la consolidación del sistema político, económico, social y cultural que las clases dominantes -en resguardo de sus intereses económicos- pretendían.
Fue por ello que no dudaron en imponer un régimen dictatorial para eliminar todo vestigio de organización y participación
Los represores juzgados por los crímenes que aquí nos convocan, o revindican su accionar, o guardan silencio, esperanzados en que los proteja la desaparición de la prueba documental y testimonial de sus crímenes, y la vaguedad de información existente en sus legajos referida al período en cuestión.
Pero la mayor garantía que les ofrece la impunidad y el encubrimiento de su carácter de genocidas, es pretender borrar del recuerdo histórico, los intereses económicos y sociales que representaba la reestructuración nacional por la cual actuaron.
El plan genocida tuvo un eje estratégico en el accionar clandestino, a través del secuestro y la desaparición de aquellos a los que se definió pertenecientes al grupo a exterminar.
A lo largo de las jornadas que se desenvolvieron en este Tribunal los testimonios han sido piezas de un rompecabezas que ha reconstruido el horror, la inmoralidad y la criminalidad por un lado, pero también la acción globalizada e interrelacionada de las distintas fuerzas represivas.
Durante la última dictadura cívico-militar, las fuerzas represivas definieron y llevaron a la práctica una política criminal de exterminio de lo que ellos consideraron “el enemigo”. Para esto diseñaron y utilizaron diferentes esquemas operacionales a lo largo de todo el país.

A pesar de que estas querellas adhieren a la materialidad correspondiente a los casos en particular que ha expuesto la querella precedente, debemos puntualizar algunos aspectos de los hechos que se han acreditado en este juicio que hacen a la imputación a realizar.

La metodología represiva empleada por el Terrorismo de Estado durante las décadas del 70 y 80 se caracterizó por:
1.    Capturar a quienes pudieran resultar sospechosos de se parte o tener vínculos con cualquier grupo organizado política, social o culturalmente.
2.    Conducirlos a lugares clandestinos de detención situados dentro de unidades de las fuerzas armadas, policiales o bajo su dependencia en el caso de ser predios de propiedad particular
3.    Una vez allí, interrogarlos bajo tormentos a fin de obtener los mayores datos posibles acerca de otras personas relacionadas.
4.    Someterlos a abusos sexuales, violaciones, condiciones de vida inhumana, y todo tipo de torturas físicas y psíquicas, con el objeto de quebrar su resistencia moral y despojarlos de su identidad.
5.    Mantener a las víctimas totalmente incomunicadas, con los ojos vendados y negar a cualquier persona, familiar o allegado, la existencia del secuestrado y la de eventuales lugares de cautiverio.
6.    Ampliar la libertad de los cuadros inferiores para determinar la suerte del aprehendido, que podía ser luego liberado, puesto a disposición de Poder Ejecutivo Nacional, sometido a proceso militar, permanecer en carácter de “desaparecido” o ser eliminado físicamente.
Estos 6 puntos, establecidos en la causa 13/84, se verificaron en los hechos a juzgar, a través del relato de los testigos en las sucesivas audiencias, como en forma detallada lo ha descripto el Dr. Fernández en su alegato, por lo que no ampliamos al respecto.

2.- EL SISTEMA CONCENTRACIONARIO
     Descripción, Funcionamiento, Características

El Circuito ABO estaba bajo la órbita del Comando de Zona Nº 1 a cargo del Primer Cuerpo de Ejército con asiento en la Capital Federal y jurisdicción sobre la casi totalidad de la Provincia de Buenos Aires, la provincia de La Pampa y sobre la propia Capital Federal.
Esta Zona estuvo a cargo de:
•    Del 2/76 al 12/76 - Subcomandante: General de Brigada Jorge Olivera Róvere
•    Del 1/76 al 1/79 Comandante: General de División Carlos Guillermo Suárez Mason (numerosos testigos manifestaron en sus declaraciones que supieron durante su cautiverio que este general había estado presente en los centros clandestinos de detención, como en el testimonio del Sr. Miguel D´Agostino).
•    Del 1/79-1/80 Comandante: General Leopoldo Fortunato Galtieri

Funcionaron en la Zona 1 y se han identificado hasta la fecha los lugares en donde se encontraban más de 64 Centros Clandestinos de Detención.

Los CCD “Club Atlético”, “Banco” y “Olimpo” formaron parte del mismo circuito represivo: uno sucedió a otro en el tiempo, y represores, víctimas y hasta elementos de torturas circularon entre un campo de concentración y otro.
Los grupos represivos con base en estos CCD operaron fundamentalmente en Capital y Gran Buenos Aires. Estaban integrados por personal de distintas fuerzas represivas y actuaron en contacto con otros centros como “Campo de Mayo”, “ESMA”, “Azopardo” y “Vesubio”.

En este juicio ha quedado establecido que participaron en este circuito represivo diversas fuerzas represivas:

•    Ejército Argentino
•    Policía Federal Argentina
•    Batallón 601
•    Gendarmería
•    Servicio Penitenciario
En el funcionamiento y operaciones del circuito
•    Aeronáutica como apoyo para los “traslados” o “vuelos de la muerte”
•    Marina a través del intercambio de prisioneros con ESMA

RESISTENCIA Y SOLIDARIDAD

En virtud que la querella precedente especificó las condiciones de vida y de muerte dentro de los CCD en forma extensa, solo queremos señalar que -a pesar del horror- dentro de los campos de concentración se intensificaron los lazos de solidaridad y resistencia entre los detenidos-desaparecidos.

Y esa resistencia se vio reflejada en los siguientes testimonios:

Ana María Careaga: “estaba acostado en la cama e internado José Daniel Tocco, que le decían Pepino, que me agarró la mano, me contó que estaba por tener familia su compañera, me preguntó cómo estaba yo del embarazo y si podía ponerme la mano en la panza. Esto me pasó también con otras personas, y eran una de las pocas situaciones que uno podía sentir y vivir ahí como situaciones de compartir algún momento de resistencia (…)”.

Juan Carlos Zottarel: “Recuerdo el caso de un chico que estaba en el pasillo, que lo torturaban con picana y con golpes al mismo tiempo. Eso después supe que produce un fenómeno de contracción y relajación muscular que es tremendamente peligroso, más porque produce deshidratación. Y, le dábamos un poco de agua con un trapito, gota por gota en la boca. Sé que esa noche (…) lo habían sacado para que señalara a alguien y no lo hizo.”

Hebe Cáceres: “Rafael Tello me mandó su propia manta para que no tuviera frío, ellos eran varios y podrían abrigarse entre ellos.”

Esa conducta que practicaba la solidaridad para constituir la resistencia se plasmó como ya se ha visto dentro del CCD y continuó y se ramificó fuera de éste, con la proliferación de miles de Hábeas Corpus, la acción de abogados comprometidos, la organización de las comisiones de familiares y el funcionamiento de los organismos de DDHH, las denuncias realizadas antes la CIDH.
A pesar de todos los intentos, un hilo invisible siguió uniendo los familiares y los militantes, la confianza de unos y otros en que cada cual realizaría las acciones de resistencia que fueran posibles, y que lo harían de una manera solidaria con los compañeros de adentro y de afuera, alimentaba la convicción de todos que era posible enfrentar la maquina del horror a pesar de su aparente omnipotencia.
Es en esa misma convicción de que se puede resistir la impunidad, es la que hoy a más de 30 años de los hechos, estos querellantes venimos a pedir justicia.

3. MAGNITUD DEL ATAQUE

Tenemos que poner los padecimientos de las víctimas de este proceso, en el contexto correspondiente.
Hay que decirlo claramente, LA MAGNITUD DEL ATAQUE, sólo puede entenderse si se piensa en el nivel de organización y en la militancia de los trabajadores, del movimiento estudiantil, social y cultural de aquella época.
El plan de exterminio tuvo tal magnitud, porque lo que tenían que aniquilar era muy grande, eran amplios sectores organizados, que defendía sus derechos y no se quedaban allí: iban por más.
Los compañeros caídos se planteaban modificar las relaciones sociales vigentes en la Argentina, en cada oportunidad le disputaban poder a los sectores sociales dominantes, en las fabricas, en las universidades, en los sindicatos, en los barrios, en la calle, en cada lugar de trabajo.
Nos decía el querellante Pablo Rieznik (al declarar en la audiencia 22 de diciembre 2010) que la Federación Universitaria –de la cual formaba parte- era parte de la expresión de la lucha social y política que tenía como objetivo trasformar la realidad que los circundaba. En su relato expresó:
“… Yo hice referencia a mi actividad estudiantil que comenzó en el año 69, y no fue por casualidad, … está en los anales de la historia un episodio que fue un levantamiento popular, que se llamó el Cordobazo y que impulsó a la transformación social a toda un generación a la cual hice referencia, y lo hizo como parte de un fenómeno y un despertar, ya que hablé de clasismo, de una clase obrera novedosa en el país…”
Y agregó: “…Y digo generación en un doble sentido, generación porque aparece vinculada a todo este desarrollo al cual hago referencia, y en relación a la temática del genocidio, sin ser experto en lingüística, la palabra, el prefijo gen, en ambos casos, me parece que tiene alguna relevancia, porque formó parte de una tarea represiva a todo un cuerpo colectivo generacional en las circunstancias de la época.”

En ese marco se desarrollaron los crímenes que se ventilaron en el debate, y del desarrollo de las audiencias surgieron innumerables pruebas sobre las identidades de las víctimas:
Al menos 280 personas fueron nombradas en los testimonios como víctimas que pasaron por el circuito ABO
Fueron identificadas víctimas de nacionalidad Argentina, Chilena, Paraguaya, Uruguaya
Fueron mencionadas las siguientes organizaciones de pertenencia:
•    Asociación de Trabajadores del Estado (ATE)
•    Cristianos para la Liberación
•    Ejército Revolucionario del Pueblo - 22 de Agosto
•    Federación Universitaria Argentina (FUA)
•    Frente de Lisiados Peronistas
•    Frente Revolucionario 17 de Octubre
•    Grupo Obrero Revolucionario (GOR)
•    JP – FR 17 Liberación Igualdad Cristiana
•    Juventud Guevarista
•    Juventud Peronista
•    Juventud Socialista de los Trabajadores
•    Juventud Trabajadora Peronista Empleados de Comercio
•    Juventud Universitaria Peronista (JUP)
•    Liga Argentina por los Derechos del Hombre
•    Liga Comunista
•    Madres de Plaza de Mayo
•    Manifiesto Obrero
•    Montoneros
•    Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros
•    Movimiento Villero Peronista
•    Organización Comunista Pueblo Obrero (OCPO)
•    Partido Comunista
•    Partido Comunista Marxista Leninista (PCML)
•    Partido Liberal
•    Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT)
•    Partido Socialista de los Trabajadores (PST)
•    Política Obrera (PO)
•    Resistencia Libertaria
•    Tendencia Estudiantil Revolucionaria Socialista (TERS)
•    Unión de Estudiantes Secundarios (UES)
•    Unión Socioeconómica de Lisiados (UNSEL)

Pertenencia estudiantil: Estudiantes de Ciencias Económicas, de Derecho, de Economía, de Antropología, de Enfermería, de Historia, de Ingeniería, de Medicina, de Arquitectura, de Ciencias Exactas, de Psicología, de Física y Matemática, de Ciencias Naturales, de Educación Física, estudiantes secundarios; de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad Nacional de La Plata, Universidad Nacional de Mar del Plata, Universidad de Belgrano, del Profesorado Ed. Física INEF San Fernando, del Colegio Nacional de La Plata, entre otros.

Importantes conceptos fueron aportados en este juicio por:

El Coronel Retirado Horacio BALLESTER (audiencia del 12 de abril de 2010)- miembro del CEMIDA (Centro de Militares para la Democracia), nos relató que durante la dictadura, la doctrina de seguridad nacional alcanzó su plenitud.
Que como es sabido existían lugares donde se realizaban los cursos de adiestramiento, como la Escuela de las Américas, donde acudían militares de todo el continente. Ello es una muestra de que se trato de un plan continental.
En su testimonio decía: “Allá por principios de la década del 60, Argentina adopta la Doctrina Militar Francesa de Contrainsurgencia, que habían preparado los franceses para sus guerras coloniales de Indochina y de Argelia. Ahí es donde aparecen los conceptos de Zona de Defensa, Subzona, Área, y todos los que tuvieron después amplia aplicación durante la dictadura.”…
…“Hubieron 5 Zonas de Defensa, una por cada cuerpo de Ejército: I, II, III y V y después se formó al poco tiempo, prácticamente al mismo momento, una cuarta zona con el Comando de Institutos Militares cuya sede estaba en Campo de Mayo. Estas Zonas se dividieron en Subzonas, estas Subzonas se dividieron en Áreas. Las Zonas correspondían a las jurisdicciones de cada cuerpo, excepto esa cuarta Zona que tomaba Campo de Mayo y los partidos de la provincia de Buenos Aires vecinos.
Para adentro de cada Zona, de cada Subzona, de cada Área, había un Jefe y de ese Jefe dependían todas las Fuerzas Armadas que estuvieran en el lugar, más las Fuerzas Policiales, las Fuerzas de Seguridad, Gendarmería, Prefectura, Guardiacárceles… en fin, todos los que tuvieran que ver con el control de la población que estaba ahí adentro.”

La Licenciada Inés Izaguirre (audiencia del 5 de julio de 2010), ofreció al Tribunal una clara y estadística demostración de la planificación del exterminio a un grupo particular y del carácter nacional del proceso.
Las estadísticas que brindó, reflejan un operativo de norte a sur del país, que va recorriendo las distintas ciudades, concentrando su accionar represivo en las ciudades más movilizadas, entendiendo por estas en las que se habían registrado las mayores luchas obreras y estudiantiles.
El cuadro “Militancia según tipo de baja” presentado por la testigo, analiza un universo de 12.074 casos, de los cuales el 22,7% eran militantes de partidos políticos de izquierda revolucionaria, y de ese porcentaje, el 10% eran dirigentes gremiales. Asimismo identifica una población como “Izquierda sin especificar”, definiéndola como militantes que no se ha podido especificar la pertenencia partidaria, que llega al 34,2%, quedando un 43,1% de “Militancia incierta”.
Es decir que, además de volcarse sobre un grupo nacional, como dice la definición de genocidio, se esta volcando la represión sobre una población altamente politizada.
En el cuadro “Aniquilamiento por clase social”, también presentado ante este tribunal, se observa la siguiente composición de los detenidos-desaparecidos:
- 0,2% patrones y empresarios medianos y chicos
- 0.8% altos directivos, funcionarios públicos superiores y oficiales de las fuerzas armadas y de seguridad.
- 30,2% profesionales universitarios, trabajadores por cuenta propia, urbanos y rurales, y estudiantes que no trabajan.
- 31,6% asalariados urbanos, con estudios.
- 37,2% clase obrera propiamente dicha
Del total de los casos estudiados, más del 70% era menor de 30 años, siendo la mayoría personas que tenían entre 22 y 24 años.
De los 181 casos ventilados en este juicio, más del 50 % eran parte de la comunidad universitaria.
Las Universidades Nacionales sufrieron en forma masiva los secuestros y desapariciones durante la dictadura.
Se calcula hoy en día que más de 3000 personas que permanecen desaparecidas eran docentes, no docentes o estudiantes universitarios. Así puede informarse que la Universidad Nacional de Buenos Aires tiene alrededor de 1300 detenidos-desaparecidos, la Universidad Nacional de La Plata supera los 700, la Universidad Nacional de Córdoba más de 200, y así en todas las Universidades del país.
La Lic. Izaguirre entregó al tribunal el listado de estudiantes universitarios y terciarios desparecidos en la Argentina.
En ese marco, el testigo Luis Federico Allega (audiencia 5 de abril 2010) nos hablaba sobre las transformaciones que se produjeron en la Universidad en esa época: “En la universidad de Ingeniería cuando yo entré, en el 72 – 73, empiezan a pensarse proyectos de ingeniería que eran todo lo contrario de lo que querían los que hicieron el golpe de Estado. Querían que la Argentina fuera sometida a las potencias de Estados Unidos, Inglaterra, multinacionales. La facultad de Ingeniería por un año y medio pensó proyectos que no pagaran derecho de fabricación, y esto tenía que ser un orgullo para la Argentina. Construir trenes Diesel sin pagar derechos de construcción, y estos lo primero que hicieron es destruir todo eso. En ingeniería electrónica se investigaban las primeras computadoras, la Argentina en esa época tenía un nivel bastante alto de producción de electrónica, éstos lo primero que hicieron es destruir todo. Las cooperativas agrícolas, mis parientes eran del campo y toda la vida habían vivido sometidos a vender el maíz y el trigo apenas lo cosechaban a los grandes Martínez de Hoz y compañía, se habían empezado a poner en cooperativas y éstos lo primero que hicieron fue destruirlo. Yo trabajaba con el padre Sierra en una villa de Bajo Flores, para éstos éramos enemigos. ¿Por qué me detuvieron, por qué me secuestraron, por qué mataron tanta gente? Es muy sencillo, querían hacer un país esclavo. Ellos eran los primeros que querían el país esclavo y así lo tuvimos porque la industria, basta caminar aún ahora y veo menos fábricas de las que había en 1975-76.”

La Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA) es parte querellante cumpliendo con la obligación moral de requerir condena por cada uno de los estudiantes y docentes víctimas pertenecientes a esa Casa de Estudio cuyos casos son objeto de juzgamiento en este juicio.

Todos estos datos nos llevan a calificar lo sucedido como un aniquilamiento de un grupo especifico de carácter popular, militante y asalariado centrado en una franja generacional.

El dirigente gremial Víctor De Genaro (audiencia del 5 de julio de 2010), en su testimonio no deja duda sobre el lugar que jugó la represión sobre el movimiento obrero en el llamado Proceso de Reorganización Nacional.
El testigo dijo: “Empezamos a entender que la estructura económica no solo reprimía económicamente… ...Martínez de Hoz decía que para terminar con la rabia hay que matar al perro y el perro éramos la clase trabajadora, la estructura industrial del desarrollo del país, que había que cambiar porque los trabajadores y la gente teníamos mucho poder y había un proyecto político, económico, cultural, social y religioso que implicaba eso.”
“Fue una represión directa a los derechos de los trabajadores. Se empezaron a bajar las nueve horas en la mayoría de los gremios, se anularon los convenios colectivos de trabajo, estaba prohibido hacer asambleas. En el 76 y 77 hubo huelgas de trabajadores, producto de estas cosas. Se paró el puerto de Rosario, se paró Luz y Fuerza, los telefónicos, y secuestraban a los compañeros en plena huelga, en el lugar donde se reunían para organizarse.
Muchos compañeros telefónicos desaparecidos, el secretario general de luz y fuerza desaparecido, asesinaron compañeros que eran un ejemplo: Jorge Di Pascuale, Arancibia en Tucumán, Atilio López en Córdoba, René Salamanca. Desaparecieron la mayoría de la estructura de los trabajadores.
Nosotros empezamos a entender que la estructura económica había sido también represiva. El endeudamiento externo en nuestro país sirvió para desindustrializar el país, sirvió para terminar con el trabajo. Mucho tiempo después supe que, en ese momento, teníamos afiliados a los compañeros del INDEC…
…Carlos Noriega, el director de INDEC secuestrado, quería hacer un organismo nacional de estadísticas. Ellos habían mostrado que en 1975 el nivel de la pobreza, en Gran Buenos Aires y Capital Federal, era de 3,5%.
…en 1985 era del 18,5%; se había quintuplicado la pobreza. La pobreza, el hambre y la desocupación es parte de la estructura de represión.”
También a través de su experiencia desnudó con su relato la participación o por lo menos la complicidad de sectores empresarios y de la Iglesia Católica en el ensañamiento contra la clase obrera.
De Genaro dijo: “El 66% de los funcionarios de la estructura del estado habían sido dado por los ejecutivos de las empresas, por eso esas empresas habían sido beneficiadas, ACINDAR es una de ellas…
FORD tiene el juicio de Conti, un obrero secuestrado en la empresa. Mucho antes de que se conociera a Camps, el gerente de la empresa les dijo a los trabajadores que ya van a discutir con Camps, que es con él con quien tienen que discutir. La empresa FORD envió telegramas a las familias de los compañeros secuestrados del campo de deportes de la empresa, por abandono de trabajo. ….el caso de los compañeros detenidos-desaparecidos y secuestrados trabajadores de Mercedes Benz; que son 17 compañeros de los 115 que había echado en ese momento por estar en contra de lo que habían firmado el sindicato y la empresa. Rechazan el aporte obligatorio que les descontaban y por el aumento salarial a la baja que había firmado el sindicato. Dan la pelea y la ganan. Son reincorporados y 17 de los 115 son desaparecidos. Hubo movilizaciones a la comisaría, etc. Hoy es uno de los juicios más importantes que existen. En Ingenio Ledesma, hubo lo que se conoció como La Noche del Apagón, donde desaparece Luis Arédez, quien fuera intendente y el único que le cobró impuestos a la empresa. Lo que hay es una estructura económica; fundamentalmente política, militar y religiosa para terminar con la clase trabajadora que estaba organizada para transformar a la Argentina.”

El Circuito ABO, no fue más que una parte de este proceso, y en este juicio se ha testificado sobre su aporte concreto.
El testigo Adolfo Ferraro (audiencia 8 de marzo de 2010), Delegado Gremial de la Municipalidad de Buenos Aires, declaro ante este tribunal que encontrándose secuestrado en el CCD ATLETICO, encontró varios compañeros municipales que habían caído ese mismo día por haber realizado una huelga sindical entre los que se encontraba Marcos Lezcano.

De este ataque masivo y criminal no participaron sólo las fuerzas represivas, sino que hubo ideólogos, impulsores y beneficiarios civiles: la clase dominante, el gran empresariado, los que se beneficiaron económicamente con la imposición del plan económico y el aniquilamiento de ese grupo.
Tampoco podemos dejar de mencionar el papel que tuvo la Iglesia Católica Argentina, haciendo oídos sordos a las denuncias de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo; siendo altas autoridades episcopales cómplices de los torturadores, muchas veces presenciando y formando parte en las torturas, como “confesores” de los desaparecidos. Hoy esta misma iglesia es la que llama a la “pacificación”.
De esta sociedad entre empresarios y fuerzas armadas, con la complicidad de la burocracia sindical, nacieron las reformas a la Ley de Contrato de Trabajo realizadas por la dictadura, entre otras:
•    eliminaron el principio que en la duda consagraba la norma más favorable al trabajador
•    suprimieron obligaciones y penalidades para los empleadores
•    les permitieron el despido de mujeres embarazadas y de huelguistas,
•    los obreros estaban obligados a revelar sus ideas políticas, religiosas y sindicales,
•    derogaron la ley de discapacidad, que además de los derechos asistenciales preveía reglamentaciones laborales que protegían al trabajador discapacitado. La participación que había tenido en la promulgación de la ley original el grupo de discapacitados del Frente de Lisiados Peronistas y fundadores de UNSEL selló su suerte como desaparecidos, como explicó en su oportunidad en su testimonio Gilberto Rengel PONCE.
La ley de discapacidad dictada por la Dictadura, limitó el amparo de los discapacitados a su asistencia, eliminando su inserción laboral, y aún sigue vigente, al igual que la mayoría de las leyes dictadas en ese período.

En la Argentina, no hubo una "represión indiscriminada". El aniquilamiento no es casual, ni irracional. No hubo loquitos sueltos, ni errores, ni excesos.
Se trató de la destrucción sistemática de una "parte sustancial" de un grupo nacional que tenía ciertas formas de organización y de participación.
Destruir esas dos cosas: la organización y la participación, era uno de los objetivos a más largo plazo de la dictadura, cuyas consecuencias padecemos hasta hoy.

4. IMPUNIDAD

Los hechos aquí analizados comenzaron a investigarse en la década del 80, pero una vez mas debemos resaltar que el tiempo transcurrido no ha sido utilizado para perfeccionar este proceso judicial, sino que en nuestro alegato tenemos que dar cuenta de las profundas limitaciones con que nos encontramos.
Por los CCD Atlético, Banco y, Olimpo se calcula que pasaron más de 2000 detenidos-desaparecidos, hay identificados con nombre y apellido en la causa aproximadamente 400 y solo estamos juzgando un número ínfimo de represores a pesar de haber sido mencionados en este juicio mas de 70 en el circuito ABO.

Es irrisorio pensar que los 17 represores sentados hoy en el banquillo de los acusados, fueron los únicos participes de los hechos que han sido ventilados en este juicio. Son muchísimos más, y con preocupación nos preguntamos cuántos de esos represores continúan prestando funciones en la actualidad en las distintas fuerzas armadas y de seguridad.
Para hacer funcionar tremenda maquinaria fueron necesarios miles de miembros del aparato represivo en donde cada uno era un engranaje necesario, que asumió voluntariamente su rol.
Algunos de estos actores pasaron por esta sala en calidad de simples testigos, cuando tendrían que estar en un estrado judicial respondiendo por su responsabilidad penal.

Fueron los casos de:
1.    MARCELO JOSÉ FERNÁNDEZ: Oficial de comunicaciones PFA, que declaró en la audiencia del 22 de febrero de 2010.
2.    RAÚL CORCOLES AGUIRRE: Cabo primero PFA, que declaró en la audiencia del 22 de febrero de 2010.
3.    OSCAR CIDRÉ RODRÍGUEZ: Comisario Mayor Retirado de PFA, que declaró en la audiencia del 9 de febrero de 2010.
4.    OLIMPIO GARAY: Servicio de Inteligencia del Servicio Penitenciario Federal (SPF), que declaró en la audiencia del 7 de junio de 2010.
5.    HUGO ROBERTO RODRÍGUEZ: Servicio de inteligencia del Servicio Penitenciario Federal (SPF), que declaró en la audiencia del 7 de junio de 2010.
6.    ALFREDO SOTERA: General retirado del Ejército, que prestó funciones en la Jefatura 2 de inteligencia del Estado Mayor como subjefe de la misma, de la cual dependía el batallón 601. Declaró en la audiencia del 7 de junio de 2010.
7.    EDUARDO JORGE FERNÁNDEZ: Comisario, General retirado, que declaró en la audiencia del 5 de mayo de 2010.
8.    NORBERTO RUBÉN GOSENDE: División de custodia presidencial desde 1976, que declaró en la audiencia del 5 de mayo de 2010.
9.    MIGUEL ANÍBAL GIAO: Policía Federal Argentina, que declaró en la audiencia del 7 de junio de 2010.
10.    CARLOS ALBERTO MARTÍNEZ: Militar retirado, instruido en la Escuela de las Américas, quien estuvo a cargo desde 1976 a principios de 1978 de la Jefatura 2 de Inteligencia, de la cual dependía el Batallón 601. Declaró en la audiencia del 7 de junio de 2010.
11.    EDUARDO MANUEL BUTELER: Policía Federal Argentina. Declaró en la audiencia del 7 de junio de 2010.
12.    EDUARDO ANTONIO PIAZZA: Comisario retirado de la Policía Federal Argentina. Declaró en la audiencia del 7 de junio de 2010.
13.    LUIS ALBERTO PÉREZ OFFICIALDEGUY: Comisario Mayor retirado PFA. Declaró en la audiencia del 7 de junio de 2010.
14.    ÁNGEL ESTEBAN VALOY: Oficial segundo de la armada, quien declaró en la audiencia del 23 de febrero de 2010.
15.    OSVALDO RAFAEL ONEL: Comisario retirado de PFA, que declaró en la audiencia del 21 de abril de 2010.
16.    OMAR EDUARDO TORRES: Gendarme en la guardia externa del Olimpo desde julio hasta diciembre de 1978, que declaró en la audiencia del 14 de julio de 2010.

Esta parte ha solicitado reiterada y sistemáticamente en la etapa de instrucción que se amplíe la indagatoria de los imputados para incluir todos los delitos de los que son responsables. Hemos entregado la información necesaria para que esas indagatorias se realizaran y para que los imputados fueran procesados. Esas solicitudes no fueron tenidas en cuenta.
Durante el presente juicio solicitamos la ampliación indagatoria por homicidio en cinco casos, violación en tres casos y la ampliación por sobrevivientes que declararon como testigos sin que su caso fuera parte del debate.
Lamentablemente no se ha hecho lugar a la incorporación de los casos de los sobrevivientes que declararon por sus compañeros de cautiverio sin que su propio caso fuera analizado.
Esto impone la revictimización al sobreviviente, hecho intolerable para quienes han sido objeto de delitos aberrantes y han sufrido –en magnitud mayor a la que es posible imaginar- el efecto de la impunidad de sus torturadores durante más de 30 años.

Señores jueces, mención especial quieren hacer estas querellas respecto de los detenidos-desaparecidos cuyos restos fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense en el año 2007: se trata de Cristina Magdalena Carreño Araya, Isidoro Oscar Peña, Nora Fátima Haiuk de Forlenza, Oscar Néstor Forlenza, Helios Serra, Jesús Pedro Peña, Santiago Villanueva, María Cristina Pérez y Carlos Antonio Pacino.

Los casos de 5 de esas víctimas -Jesús Pedro Peña, Helios Hermógenes Serra Silvera, Isidoro Oscar Peña, Cristina Magdalena Carreño Araya y Santiago Bernardo Villanueva- forman parte de este juicio oral.

Los 4 compañeros restantes - Nora Fátima Haiuk de Forlenza, Oscar Néstor Forlenza, María Cristina Pérez y Carlos Antonio Pacino- no fueron incluidos, a pesar de haber compartido los nueve detenidos el cautiverio, los traslados, los vuelos de la muerte, la aparición de sus cuerpos en la costa, casi 30 años como NN en los cementerios, y la identificación realizada por el EAAF.

Estos procesos parcializados hacen perder de vista un elemento central para nuestra querella: entender la magnitud del ataque, entender por qué tanta brutalidad, entender por qué tanta impunidad posterior. El genocidio perpetuado por el Estado Argentino, sus fuerzas armadas y de seguridad, la complicidad del poder judicial, de los medios de comunicación, de grupos económicos y de la propia iglesia católica, pierde representación cuando tenemos hoy esta “fragmentación judicial” de un proceso llevado a cabo en forma centralizada, organizada y planificada desde el propio Estado.
Así, el balance en estos 27 años de gobiernos constitucionales es demoledor para el Poder Judicial: menos de un 5% de los represores que actuaron durante la dictadura están hoy procesados, menos aun, son los represores condenados que están en cárcel común.
Lamentablemente esta impunidad ha sido garantizada desde el propio Estado.
A pesar del decreto Presidencial Nº 4/2010 por el cual se levantó el secreto de la información reservada del Estado que indica que la misma puede ser utilizada en las causas judiciales, el secreto persiste. El listado con más de 4.000 agentes que se desempeñaron en el tenebroso Batallón 601, parte de la prueba documental de las actuaciones, termina siendo una muestra del encubrimiento del Estado y no de su ruptura con el genocidio perpetrado.
No se han brindado datos más allá de sus nombres, no se sabe el destino al que estuvieron abocados durante la dictadura, dónde estuvieron “infiltrados”, a quiénes le realizaron tareas de espionaje, etc. También permanece en secreto el nombre de cobertura con el que actuaron.
Y en este juicio en particular nos encontramos con que el legajo personal correspondiente al Sr. Guglielminetti, que figura en dicho listado, es tan ilegible que resulta imposible para las partes cualquier cruce de información sobre sus destinos, entre otros datos.-
El secreto y la impunidad perduran.
Esa impunidad continúa cuando se parcializan las causas, cuando se presentan los casos como crímenes aislados, cuando se niega la verdad histórica al oponerse a juzgar y condenar lo sucedido como lo que fue: un genocidio.
Esa impunidad adquiere nuevas fuerzas cuando se establecen teorías como la ignorancia debida, estableciendo que aquellos que integraban grupos de tareas y secuestraban, podían no saber que luego los detenidos serían torturados o asesinados.
Esa impunidad que a la hora de juzgar los crímenes más aberrantes que un ser humano puede cometer encuentra atenuantes según su jerarquía en el escalafón castrense.
Esa impunidad que continua en la desaparición de Jorge Julio López, y más recientemente con el asesinato sin esclarecer de una testigo clave como lo fue Silvia Suppo.

Por eso sostenemos, Señores Jueces, que este juicio, no es un juicio del pasado, sino un juicio del presente.

5.- AUTORÍA:

Respecto de la responsabilidad que le cabe a los encartados, describiremos a continuación el carácter de participación que los mismos tuvieron en los distintos hechos que se les imputa.
En relación a su participación criminal, deberán ser considerados co-autores de los ilícitos imputados.
El tipo penal previsto por la norma legal privación ilegitima de la libertad está construido como un delito especial, en el sentido de que sólo podrá ser considerado autor, aquel que revista la condición de funcionario público.
Se trata de un delito en donde el bien jurídico “Libertad” está en primer orden de consideración. Pero sin perjuicio de ello al ser un delito de propia mano, sólo pueden ser autores los funcionarios públicos, afectando, concomitantemente con el bien jurídico antes mencionado, el adecuado funcionamiento de los órganos del Estado.
Está estructurado además, como delito comisivo. Requiere al menos de un autor que realice la acción, positiva, de privar de la libertad a alguien que hasta ese momento disfrutaba de la libre disponibilidad del bien jurídico.
Ahora bien, en lo que refiere al caso que nos ocupa, sostenemos , que si bien el delito está estructurado como tipo comisivo, pueden resultar coautores los que, puestos de acuerdo con el autor de la acción, realicen el tipo como una omisión impropia (como por ej. cinco policías, de los cuales dos ejecutan la acción, y los demás permanecen pasivos, en el puesto de guardia, … aparentando normalidad); -indicando que- éstos últimos también son coautores dada su capacidad real y física de evitación por su posición de garantes (en “Delitos contra la libertad cometidos por funcionarios públicos”, en AAVV “Delitos contra la libertad”, Ed. Ad Hoc” pág. 160/161).
De tal manera, y toda vez que la privación ilegítima de la libertad es asimismo un delito permanente, de aquellos donde "el delito crea un estado antijurídico mantenido por el autor y a través de cuya permanencia se sigue realizando ininterrumpidamente el tipo penal" (cfr. Jescheck, op. cit. p. 650, también ejemplifica con la detención ilegal), bien puede afirmarse que durante ese lapso de duración.
En cuanto a los imputados en autos, su participación en calidad de coautores respecto de los casos de privación ilegal de la libertad deriva de la circunstancia de que los mismos –en su condición de “funcionarios públicos”- tenían contacto directo y permanente con las personas secuestradas en los centros de detención, a quienes visitaban asiduamente y cuya situación no podían por tanto dejar de conocer, sin hacer nada para evitarlo.
Los imputados, en virtud de su cargo, revestía la calidad de funcionario público conforme las previsiones del Código Penal, al momento de los sucesos por los cuales fueron llamados al proceso.
Los hechos que son objeto de tratamiento en el presente, se caracterizaron por la actuación de los encartados, quienes como se ha acreditado cumplían diversas funciones en los centros clandestinos de detención mencionados.
Finalmente, y en cuanto al aspecto subjetivo del tipo, es del caso señalar que se trata de un delito doloso, que se satisface con la comprobación de al menos, dolo eventual (Ver C.N.Crim. y Corr., Sala IV, "López, Norberto J." del 21/12/89, publ. en J.A., 1990-IV-92).
Cabe aclarar que los imputados no podían desconocer que la situación a la que sometían a las víctimas, llevaba implícito, no solo la privación ilegal de la libertad, sino que el cuadro criminal se completaba con la implementación de métodos de torturas, abuso sexual y violaciones, tal como se ha probado en el transcurso de este debate.
En relación a los tipos penales de tortura, abuso sexual y violación, su carácter de co-autores deviene de las mismas circunstancias que las descriptas en la privación ilegal

6.- INEXISTENCIA DE CAUSALES DE JUSTIFICACIÓN O INCULPABILIDAD:

La defensa no ha podido acreditar, más allá de invocaciones genéricas e infundadas, la existencia de causales que puedan justificar las acciones llevadas a cabo por los imputados en esta causa. Si bien la querella que nos precedió se expidió en relación al tema de obediencia debida, esta querella no abundará en lo ya tan claramente manifestado, adhiriendo en todas sus partes con lo expuesto.
Sin embargo, queremos señalar que más allá que la señalada, tampoco existen otras causales de justificación como por ejemplo:

a) Estado de necesidad: En efecto, resulta absurdo hablar en autos de estado de necesidad para realizar los atroces actos cometidos, cuando los autores, parte esencial del aparato de poder organizado eran justamente los responsables de salvaguardar los bienes jurídicos de terceros que se encargaron en forma sistemática de violar (Ricardo C. Nuñez, “Derecho penal Argentino”, Editorial Bibliográfica argentina, Buenos Aires, 1964,T.I, p.316)
En el estado de necesidad, la acción lesiva solo es necesaria cuando es inevitable, razón por la cual entiende que en el concepto de necesidad se halla ínsito el de inevitabilidad (Jiménez Huerta, “La Antijuricidad”, Imprenta Universitaria, Mexico, 1952, pag. 330; en el mismo sentido, JIMENEZ DE Asua, T.IV,pag.397). Los aquí inculpados tuvieron el dominio completo del hecho y pudiendo detener legalmente a las víctimas y eventualmente someterlas a proceso, las secuestraron, torturaron y en la mayoría de los casos, las desaparecieron

b) Cumplimiento de la ley: Igualmente improcedente es pretender fundar el accionar delictivo en el articulo 34, inciso 4º, del Código Penal, es decir, en el cumplimiento de la ley cuando fueron los imputados los responsables de violarla sistemáticamente cuando tenían en sus manos la posibilidad de actuar conforme a derecho.

c) Legítima defensa: Tampoco ha existido legítima defensa alguna por parte de los imputados. La mayoría de las víctimas de autos fueron secuestradas en sus propios domicilios o lugares de trabajo sin que hubiesen agredido ni estuviesen agrediendo a tercero alguno y, en la mayoría de los casos, las detenciones fueron realizadas sin resistencia de las víctimas. Ni las privaciones ilegales de la libertad por detención sin sujeción a autoridad competente alguna, ni los apremios ilegales, ni los abusos sexuales, ni los tormentos, ni las desapariciones forzadas, pueden reputarse llevados a cabo como una reacción necesaria ante una acción previa.

7. CALIFICACIÓN LEGAL.

7.1.- Privación ilegal de la libertad:
Sólo podrá ser considerado autor en sentido jurídico-penal quien revista la condición de funcionario público. De las constancias de autos surge que los imputados revestían dicho carácter conforme las previsiones del art. 77 del Código Penal, al momento de los sucesos.
El delito acaecerá allí cuando las facultades conferidas al sujeto activo por la función que el mismo desempeña, sean utilizadas de modo arbitrario o abusivo; afectando -en lo que aquí interesa- la libertad del individuo.
Sebastián Soler, destaca que el delito “puede ser cometido por omisión, consistiendo en este caso, en no hacer cesar una situación de privación de libertad preexistente, estando obligado a ello conforme con la ley o a causa de la propia conducta anterior...”. Carlos Creus coincide en ese punto al señalar que: “...La consumación puede realizarse mediante omisión, cuando el agente no hace cesar la situación de privación de la libertad preexistente en que se encuentra la víctima por obra de un tercero, o cuando no hace cesar la que habiendo sido legítima se convirtió en ilegitima, teniendo la obligación de hacerlo. Es delito permanente -la acción se prolonga mientras no cesa la privación de la libertad”.
En cuanto al aspecto subjetivo del tipo, es del caso señalar que se trata de un delito doloso, que se satisface con la comprobación de, al menos, dolo eventual (cfr. C.C.C., Sala IV, in re: “López, Norberto J.” rta. 21/12/89, publicada en: J.A., 1990-IV-92).
Por su parte, se vuelve condición necesaria, el conocimiento del carácter abusivo de la privación ilegal de la víctima por parte del agente y la voluntad de restringirla en esa calidad, circunstancia que también se verifica en este proceso.

7.2.- Agravantes.
Uso de violencia o amenazas.
La privación ilegal de la libertad sufrida por los secuestrados, conforme se desprende de los testimonios reseñados en la causa, se ve agravada, en razón de haber sido cometida bajo violencia, con empleo de fuerza física directa sobre los aprehendidos.
En concreto, media violencia cuando ésta se aplica sobre el cuerpo de la víctima o sobre terceros que intentan impedir la misma, sea mediante el empleo de energía física o por un medio que pueda equipararse; la amenaza puede estar dirigida hacia la víctima o hacia cualquier otro que trate o posea capacidad para impedir tal hecho, y se configura en la medida en que se intimide a la víctima o al tercero, anunciándole un mal que puede provenir de la actividad del agente o de un tercero a su instancia (cfr. Creus, Carlos: Derecho Penal. Parte Especial, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1992, Tomo I, p. 301).
Los testimonios que constituyen la prueba de los hechos, demuestran que en el ámbito de la Subzona Capital Federal del Primer Cuerpo del Ejército, las privaciones de la libertad eran sistemáticamente llevadas a cabo mediando violencia y/o amenazas. Las mismas comenzaban a manifestarse al producirse la detención de las personas.
Las víctimas eran detenidas en sus domicilios, en los que los grupos ingresaban por la fuerza, o eran interceptadas en la vía pública y reducidas por medio del uso de armas de fuego o mediante la aplicación de violencia física sobre el cuerpo de la víctima.

Tormentos a un perseguido político.
En primer lugar debemos advertir que esta querella entiende que la privación ilegal de la libertad, en forma clandestina, con condiciones inhumanas de detención implica asimilarlos a la aplicación de tormentos ya que las condiciones descriptas son tormentos en si mismos, por lo tanto no considera necesario para que se encuentre configurado el delito, que obre prueba en cuanto a la aplicación de un mecanismo en particular de tortura, como la picana eléctrica, el submarino, las golpizas, sino que simplemente el tabicamiento, los interrogatorios, el aislamiento, el escuchar las sesiones de torturas a otros detenidos, la incertidumbre total sobre el destino que le esperaría en un centro clandestino implican de por sí una forma aberrante de tortura. Esto también fue sostenido por el tribunal que sentenció en causa Avellaneda citando a Sancinetti en su obra ("El Derecho Penal en la protección de los derechos humanos"), "ya el primer acto de tortura era ejercido en el domicilio, en el momento de la aprehensión, a más tardar al retirar al secuestrado del domicilio, dado que se procedía siempre al llamado ‘tabicamiento’, acción de colocar en el sujeto un tabique (vendas, trapos o ropas de la propia víctima) que le impidiera ver; así era introducido en un automóvil, donde se le hacía agachar la cabeza, que le seguía siendo cubierta hasta el lugar de detención, y, como regla, así quedaba durante toda su detención".
En este sentido se encuentra plenamente acreditado en las presentes actuaciones que, en ocasión de encontrarse privados de su libertad, las víctimas secuestradas fueron sometidas a tormentos.
Es de advertir que cuando el legislador estableció el agravante del tormento calificado por su aplicación a un perseguido político, el fundamento de la punición no estuvo dado por la ideología o práctica real del represaliado, sino por la subjetividad del sujeto activo, que selecciona a su víctima como el enemigo.
La Sala I de la Excma. Cámara Federal porteña adhirió al concepto de tormentos formulado por la Sala III de la Cámara Federal de La Plata en expte. 3454 “Etchecolatz Inc. de Apelación, rta. 25-8-05, T 42 F 89/114”, cuando señaló que debe tenerse por probado el delito de aplicación de tormentos cuando se encuentra acreditada la privación ilegítima de la libertad de una persona: “las circunstancias de la desaparición, la incomunicación coactiva, la incertidumbre acerca de su porvenir, el temor arraigado en los casos conocidos y en la conciencia de lo que ocurría a otras personas en iguales circunstancias, las simples amenazas de sufrir dolor físico sumado a las condiciones en que eran mantenidos privados de su libertad, son elementos suficientes como para tener probado el tipo que prevé el art. 144 tercero, según la reforma introducida por la ley 14.616/58, que establece la sanción para el funcionario público que impusiere, a los presos que guarda, cualquier especie de tormento, es decir, por la presencia de cierta intensidad y de `dolor físico o moral´”
La Sala I de la Cámara del fuero, como señalamos, estableció en base a este fallo citado, al confirmar el procesamiento de Héctor Vergez. “Incluso con prescindencia de las condiciones inhumanas de alojamiento, las desapariciones forzadas entendidas como la privación de la libertad (...) cometida por agentes del Estado o por personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad (...) fueron la mayoría de las veces de por sí constitutivas del delito de tortura”, según el voto de mayoría.
Es decir, conociéndose a través de distintos testimonios las condiciones infrahumanas en que eran confinadas las personas detenidas en tales condiciones en los centros clandestinos de detención y exterminio, y el trato allí recibido, imputamos por los tormentos a todos los imputados en esta causa respecto de todas las víctimas privadas ilegalmente de su libertad.

El delito de violación y abuso sexual tipificado como genocidio

La prueba producida en el debate, introducida en el juicio, a través de la declaración de las propias victimas en relación con violaciones, manoseos, obligación de realizar sexo oral entre detenidos, prácticas sistemáticas en los CCD coloca el abuso sexual y la violación como delitos que deben tipificarse dentro del genocidio.
En los campos Atlético, Banco y Olimpo no solamente se atacaba la salud física o mental en términos de tratamiento cruel como la tortura, sino también las violaciones a la dignidad personal, en particular, el trato degradante y humillante que involucra el acoso, el abuso. Y es en ese mismo cuadro que se produjeron violaciones.
Prueba de ello han sido los numerosos testimonios de las víctimas, que describieron en esta sala una y otra vez las vejaciones a las que fueron sometidas, y cuyos relatos fueron detalladamente presentados por la querella pre-opinante.
Gran parte de los sobrevivientes describiendo en la secuencia del ingreso la obligación de desnudarse, previo a ser golpeados o torturados. También hemos escuchado en el transcurso de los testimonios, que al momento de ir a las duchas, no sólo debían higienizarse delante de sus compañeros de cautiverio, fueran hombres y/o mujeres, sino que también debían hacerlo en presencia de los propios represores, lo que configura, en ambos casos, actos de humillación, vergüenza y degradación.
Todos estos relatos muestran que los hechos de abuso sexual no eran actos individuales, ni excepcionales, sino que constituían prácticas cotidianas tendientes a la destrucción anímica y moral de los detenidos como parte del genocidio.
Los abusos sexuales no se limitaron a una agresión de género sino que fueron perpetuadas en forma indiscriminada tanto en mujeres como en hombres. Constituyeron un claro intento de menoscabar la integridad física, sicológica y moral y en última instancia “someter” a las víctimas.

Hemos escuchado el testimonio de los sobrevivientes denunciando ante este tribunal durante el debate, la existencia de tres casos en donde específicamente se describen actos que configuran abuso sexual con acceso carnal: Susana Isabel Diéguez, Nora Beatriz Bernal y Hebe Margarita Cáceres.

Hemos escuchado durante el debate el impacto que provocaron todos estos hechos en el resto de los detenidos–desaparecidos. Fueron varios los testigos que se refirieron a los suplicios en este sentido sufrido en la persona de José Poblete. También hemos podido observar el dolor y dificultad de victimas y testigos para referirse a las violaciones sufridas, propias y ajenas y como estos hechos configuraban una forma más de agresión por parte de los represores.

Con fecha 22 de diciembre de 2009 Rufino Almeida refirió “nos torturaron, nos secuestraron, violaron a nuestras mujeres, y robaron a nuestros chicos…en qué cabeza cabe… ¿qué les faltó? cortarnos en pedacitos y comernos”.

La violación es una de las armas más destructivas contra el “enemigo definido”, esto se debe en parte, a su capacidad de desmoralizar a un grupo sometido.
Este delito genera vergüenza y trauma, lo que puede impedir que se produzcan matrimonios, provoca divorcios, destruye los cimientos sobre los que la cultura humana se basa y se mantiene.
Los abusos y las violaciones tomaban estado público, en el grupo de pertenencia bien porque eran efectuados frente a las propias parejas o familiares o ante los otros detenidos/desaparecidos.
Con lo cual el dolor, el asco, la culpa, el estado de indefensión era extensivo al testigo que nada podía hacer por evitarlo. Y esto era parte del plan.
Minar todo vestigio de integridad, para poder someter, dominar, extinguir.
Estos crímenes no se limitan a vejaciones sexuales, otras formas de violencia incluyen el feticidio si la victima está embarazada, que también puede resultar en muerte. (La querella representante de Abuelas de Plaza de Mayo enumeró en forma sistemática las embarazadas que perdieron su embarazo en el campo clandestino de detención, y la constancia de que las mismas eran incluso sometidas a abusos y/o violaciones).
La violencia sexual ejercida fue una constante en todos los CCD, no sólo en Atlético, Banco y Olimpo.
Así encontramos en el juicio a Miguel Osvaldo Etchecolatz mención a los vejámenes de las detenidas desaparecidas, en las audiencias testimoniales del juicio a Febres, se hizo referencia a las violaciones sufridas por detenidas desaparecidas en la ESMA, en el Juicio a Reinhold y otros siete represores (Neuquén) se hizo referencia en los alegatos a la violencia sexual sufrida por las detenidas desaparecidas en “La Escuelita”, de la misma manera se hizo en la causa Brusa (Santa Fé) incluyendo la violencia sexual en los alegatos, sin acusar específicamente por tal delito. Asimismo, se ha presentado un amicus curiae en la causa “Riveros” (Santa Fé) solicitando se considere a los delitos contra la integridad sexual que surgen en dicha causa como delitos de lesa humanidad.
Por ultimo en la Sentencia al ex subjefe de la Base Aérea de Mar del Plata Gregorio Rafael Molina, el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, Junio 2.010., sostuvo.-
“…A nivel nacional, ha quedado acreditado en el Juicio a las Juntas y en los informes efectuados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas que las violaciones sufridas por las mujeres que se encontraban en los centros clandestinos de detención no fueron sucesos aislados u ocasionales sino que constituyeron prácticas sistemáticas ejecutadas dentro del plan clandestino de represión y exterminio montado desde el Estado y dirigido por las Fuerzas Armadas.” .

Los relatos en este juicio, nos lleva a aseverar que el término violación debe considerarse definido en los términos del fallo del Tribunal Internacional para Ruanda en la causa de “Akayesu”, donde se estableció que “...la violación constituye una forma de agresión y que los elementos fundamentales de dicho crimen no pueden captarse en una descripción mecánica de objetos y partes del cuerpo...”.

A su vez, se definió al delito de violación sexual como “...una invasión física de índole sexual, perpetrada contra una persona en circunstancias que entrañan coacción. La violencia sexual en la que se inserta la violación se considera como cualquier acto de naturaleza sexual que se comete contra una persona en circunstancias coercitivas...”
Asimismo, el fallo examinado, al definir la violencia sexual, el Tribunal incluye en ese concepto el desnudo forzado, sentando así firmemente que los actos de agresión sexual no se circunscriben a aquellos que entrañan la penetración y ni siquiera al contacto sexual.

Pero lo más trascendente del fallo AKAYESU es que definió el delito de violación, dentro de un delito internacional como el genocidio.
Se dicto sentencia contra Jean Paul Akayesu por colaborar e instigar actos de violación como forma de genocidio. En su sentencia el Tribunal sostuvo que las mujeres fueron violadas por ser miembros de la etnia Tutsi. Como el tribunal considero que el genocidio se había producido en Ruanda durante el año 1994, la violación en relación con este caso constituía genocidio.

Esta querella va a solicitar, que los hechos de abuso sexual y violaciones de los que hemos tenido constancia en este juicio, sean considerados como parte del ejercicio sistemático de una forma particular de violencia, indiscriminada y constante de la cual los aquí imputados son responsables de la misma forma que lo son por la tortura, por lo cual solicitará en la imputación respectiva las penas que considera deben aplicarse a los imputados, en relación al delito de violación y abuso sexual como parte del genocidio perpetrado en el último terrorismo de Estado.

8.- GENOCIDIO:
     Cambio de calificación.

En relación a lo expuesto precedentemente y más allá que las conductas que se imputan en esta causa constituyen todas y cada una de ellas delitos previstos en el Código Penal, quisiera poner de manifiesto en esta etapa del proceso los elementos técnico-jurídicos que la colega que me precedió ha venido señalando durante el transcurso de su exposición. Los aberrantes crímenes aquí narrados, por el modo especial de su comisión, por su escala, volumen y gravedad, cometidos desde el aparato del Estado, constituyeron crímenes contra la humanidad en su concepción general, que es la que surge de la Convención de 1968 sobre su imprescriptibilidad y cuya sanción, como es sabido y ampliamente reconocido ya en sentencias anteriores, se torna un imperativo legal en nuestro país.
Esta categoría general de crímenes contra la humanidad incluye los crímenes de guerra, el apartheid, el genocidio y los delitos de lesa humanidad en su sentido específico.
Es más, no es necesaria, como alguna vez lo han sugerido otros Tribunales abocados a estos juzgamientos, en su afán de justificar la no aplicación de los Tratados Internacionales, su imputación en las indagatorias a los encartados, porque los procesados son indagados sobre hechos que constituyen delitos, no sobre la calificación jurídica que corresponde a los mismos. En tal caso, ésta debe ser propuesta por las partes y en base a las pruebas producidas, será el tribunal quién deberá calificar jurídicamente. Sobre este tema específicamente aludiremos más adelante.
Ahora bien, tanto la doctrina como la legislación, definen a los delitos de lesa humanidad en su sentido específico como “el ataque generalizado o sistemático contra la población civil, con conocimiento de dicho ataque”. Estamos pues en presencia de un específico tipo penal. De la definición se extrae sin dificultad que cualquiera de los delitos enumerados, que por sí mismos constituyen actos ilícitos, adquieren el carácter de delitos de lesa humanidad cuando se cometen como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil. La acción criminal es indiscriminada y se dirige contra los individuos que integran la población atacada. Se requiere además que el sujeto activo tenga conocimiento de este ataque. La conducta típica se compone por consiguiente de crímenes dolosos, que se cometen como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población y con conocimiento de dicho ataque. El crimen se comete contra las personas que forman parte de la población civil atacada. No se requiere más intencionalidad que la de cometer el delito a sabiendas de la existencia del ataque.
Decir que en este país tuvo lugar una serie de delitos de lesa humanidad en su sentido específico, implica decir que hubo ataques sistemáticos contra la población civil en forma indeterminada, implica decir que unos cuantos salieron a la calle a matar y torturar gente sin importar quien esa gente fuera; y eso es faltar a la verdad, es analizar los hechos en una forma completamente distinta a la que tuvieron lugar en la realidad argentina. Las personas que fueron víctimas de estos delitos, lo fueron por un motivo muy particular, lo fueron por haber sido parte del grupo nacional que resistió la imposición de facto de un conjunto de valores y normas que les eran ajenos.
Mediante su Resolución 96, de 11 de diciembre de 1946, la Asamblea General de las Naciones Unidas encargó al Consejo Económico y Social la elaboración de una Convención contra el Genocidio señalando: “ El genocidio es una negación del derecho de existencia a grupos humanos enteros, como el homicidio es la negación del derecho a la vida de los seres humanos; tal negación del derecho de existencia se traduce en grandes pérdidas para la humanidad y la priva de las contribuciones culturales y otras que representan estos grupos humanos, y es contraria a la ley moral y al espíritu y los objetivos de las Naciones Unidas. Muchos casos de delitos de genocidio han ocurrido cuando grupos raciales, religiosos, políticos y otros han sido destruidos, total o parcialmente ...”

La Asamblea diferenció pues con claridad los crímenes aludidos en al art. 6 .c) del Estatuto de Nüremberg de aquellos que señaló como constitutivos de genocidio. Estimó que la nota distintiva de éste era la negación del derecho a la existencia de grupos humanos enteros a través de su destrucción total o parcial. De lo actuado se desprende, como ya se ha señalado, que esta intención, la destrucción de grupos humanos, era la que guiaba a la dictadura militar y a los ejecutores del plan de exterminio que la misma dispuso. Se delinquía contra las personas con el objetivo de destruir sus grupos de pertenencia. Todos los ejecutores del plan criminal procuraban, a través de los distintos delitos que cometían contra las personas, la destrucción de los grupos de los que éstas formaban parte. Este fue el mandato que recibieron y cumplieron, con plena conciencia de lo que hacían.

Dicho esto podemos inferir dos cuestiones: a) que se puedan cometer diversos delitos sin que se tenga una específica intencionalidad por parte del represor, como los de lesa humanidad, y b) que se tenga la intención de reprimir a determinadas personas con el objetivo de destruir sus grupos de pertenencia, como por ejemplo, el GENOCIDIO.
Por otra parte, resulta pertinente advertir que tal como algunos especialistas han señalado, la exclusión de los grupos políticos del universo de grupos protegidos por la Convención constituye mucho más que un mero defecto de técnica legislativa por cuanto conduce a un tipo penal de contenido posiblemente desigualitario en la medida en que la misma práctica, desarrollada con la misma sistematicidad y horror, solo se identifica como genocidio si las víctimas tienen determinadas características en común (constituir un grupo étnico, nacional, racial o religioso), pero no otras (constituir, por caso, un grupo político). Por lo demás, resulta criticable la construcción de un tipo penal que en su forma básica se sustenta no en la definición de una práctica, sino en las características de la víctima (Cfr. Feierstein, Daniel, ob. cit., p. 42-47).
Respecto al delito de genocidio nuestro país ha adherido a diversas Convenciones incorporadas a nuestra Carta Magna, luego de la reforma constitucional de 1994, en su art. 75, inc. 22, teniendo presente que tanto los delitos de lesa humanidad como el de genocidio, se encontraban, al momento de los hechos aquí investigados como norma imperativa del derecho consuetudinario. Entre ellas la Convención para la Prevención y Sanción del crimen de Genocidio, que fuera ratificada por ley 14. 467, en setiembre de 1958. La misma establece, en su art 2º que “…se entiende por crimen de genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con intención de destruir, total ó parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal:
a)    matanza de miembros del grupo;
b)    lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo:
c)    sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial;
d)    medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo;
e)    traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo.”

Por lo que entendemos que los hechos que aquí se investigan y las conductas descriptas llevadas a cabo por los procesados se encuadran en los incisos a), b) y c). comprendidos en el art. II de dicha Convención, ya que los responsables de los secuestros, las desapariciones forzadas, torturas y homicidios, actuaban con la intención de destruir, total o parcialmente, a un único sujeto que es el grupo de pertenencia de las víctimas. Debemos tener en cuenta que hay numerosos ejemplos fácticos, como la militancia social, barrial, estudiantil o sindical de la mayoría del universo reprimido, que no implicaba una disidencia política individual, sino una expresión colectiva.
Por otro lado, a aquellos que sostienen que todos los represaliados respondían a las directivas de algún partido político, cabe preguntarles ¿en qué grupo político habría que incluir a los cientos de niños secuestrados, apropiados o asesinados?
Por supuesto, que tanto los delitos contra la humanidad en su sentido genérico, como el específico de genocidio, conducen a idénticos resultados desde el punto de vista de sus consecuencias jurídicas, en lo que hace a la capacidad de ceder o renunciar a las garantías de la prescripción, territorialidad y obediencia, por ser violaciones a la propia existencia de la humanidad, y que por tanto no pierden su efecto con el tiempo, no pueden ser dejadas solo en manos de las justicias nacionales y no pueden ser excusadas por la situación de obediencia.
Pero creemos que en este sentido también vale señalar, que respecto a las características del delito, todo genocidio es político, porque sea cual fuera la preeminencia que tuviera el grupo en un proceso genocida, siempre va a haber una intencionalidad política atrás. Toda persecución, étnica, racial, religiosa y/o nacional, invariablemente se subsume en una persecución política. Por lo tanto, que el concepto de grupo político no esté plasmado en las características propias del delito de genocidio, no implica que el mismo no esté subyacente en el espíritu de la norma.
En relación a las penas, si bien estos delitos no han sido incorporados a nuestro Código Penal, y en consecuencia no hay pena establecida para los mismos, a los efectos de su sanción se aplican las penas que prevé el mismo, ya que como señaláramos supra, los crímenes descriptos en el art. II de la Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio, son delitos tipificados en nuestra normativa interna, por lo que solamente valdría aplicarla, conf. al art. 55 del CP, en lo que a concurso real se refiere.
En relación a la figura del genocidio, adherimos a los fundamentos de la Sentencia del Tribunal Oral federal Nº 1 de La Plata, en causa Nº 2251/06, dictada en la causa Etchecolatz, Miguel Osvaldo, en especial cuando dice: “….Entiendo que de todo lo señalado surge irrebatible que no estamos como se anticipara ante una mera sucesión de delitos, sino ante algo significativamente mayor que corresponde denominar “genocidio” “Se abrió a partir de allí y especialmente respecto de lo sucedido en nuestro país durante la dictadura militar comenzada en 1976, una interesante cuestión acerca de si las decenas de miles de víctimas de aquel terrorismo de Estado integran o no el llamado “grupo nacional” al que alude la Convención”… “Entiendo que la respuesta afirmativa se impone, que no hay impedimento para la categorización de genocidio respecto de los hechos sucedidos en nuestro país en el período en cuestión, más allá de la calificación legal que en esta causa se haya dado a esos hechos a los efectos de imponer la condena y la pena…”
Es evidente que todo genocidio implica también la comisión de crímenes contra la humanidad, pero no a la inversa, ya que el genocidio representa el ataque “discriminado” a determinados grupos de dicha población con el fin de lograr la destrucción parcial del propio grupo, que produciría con su ausencia la transformación de la sociedad de acuerdo a los valores que pretenden implantar los represores. El grupo de referencia lo señala el represor, sin que los incluidos en el mismo tengan generalmente relación entre sí. Este grupo lo conformaban todos los que se oponían filosóficamente al nuevo orden político-económico que los dictadores querían instaurar. Como dijo el represor, ex - presidente de facto: “Además de combatir la subversión hay que gobernar, y gobernar empieza por poner en claro los valores tradicionales de nuestro estilo de vida” (Videla, Jorge Rafael, La Prensa, 13 de mayo de 1976) . O, el tan conocido “hay que destruir a quienes se oponen a la civilización occidental y cristiana”.

    Grupo Nacional:
Hay acuerdo generalizado en que un crimen de estas características es un genocidio si se lo analiza desde la filosofía, la sociología, la investigación histórica u otras disciplinas. Sin embargo, para algunos no lo sería desde el Derecho. Se opondría a ello la redacción de la Convención internacional para la sanción y prevención del delito de genocidio. Las siguientes reflexiones estarán destinadas a fundamentar que también desde el punto de vista jurídico y en el marco de dicha Convención pueden y deben ser calificados los crímenes como genocidas

Para comprender la dimensión del grupo estigmatizado recordemos la famosa arenga del Gobernador militar de la Provincia de Buenos Aires, General Ibérico Saint Jean: “Primero mataremos a todos los subversivos, luego mataremos a sus colaboradores, después…a sus simpatizantes, enseguida….a aquellos que permanecen indiferentes y, finalmente a los tímidos.
Cabe señalar lo expresado por el Dr. Carlos Slepoy, abogado especialista en la materia y acusador en la Audiencia Nacional de Madrid en relación a estos mismos delitos: “Los torturados, asesinados y desaparecidos, los hijos de las Madres, los padres de los niños secuestrados, los sobrevivientes de los centros de exterminio, los presos políticos, los exiliados, todos eran militantes sindicales, sociales, estudiantiles, políticos, culturales y estaban organizados. La dictadura no dirigió un ataque generalizado o sistemático contra la población civil. Su propósito fue destruir los grupos en que aquellos se integraban, y perpetró, en consecuencia, un genocidio…”.
Entonces, y al decir del Dr. Barcesat, sea que el represor los denomine como “delincuente subversivo”, “subversivo”, “terrorista”, “delincuente terrorista”, “guerrillero”, “activista sindical”, y cuanto nombre les quieran poner, no se trata de una entidad innata, o adquirida por el ser humano mediante un acto voluntario de identificación con un todo o con un sector social. Es la etiqueta impuesta; es el preanuncio de eliminación de todo ser humano que sea sospechado por el represor, como portador del dato estigmatizante, aunque ese dato parta del propio represor. El grupo no existe en su naturaleza, sino que es una construcción intelectual, por lo que la construcción del grupo como tal, resulta ser puramente subjetiva: es un recorte de la realidad.
En síntesis, lo que configura el crimen de genocidio es que el represor defina y decida cómo se integra el colectivo de sujetos, de seres humanos, sobre los que se ejercerá el obrar destructivo, eliminatorio, de aniquilamiento. Cuando planteamos como discurso de verdad que lo que ocurrió fue un genocidio estamos planteando que el Estado se propuso eliminar a una fracción de la sociedad, y que eso tenía sentido como política estatal. Es mucho más que la mera sumatoria de crímenes individuales.
Así, el 4 de Noviembre de 1998, el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de España, con la firma de sus diez magistrados, al intervenir en la causa donde se lo condenó a Adolfo Scilingo, consideró que lo ocurrido en la Argentina durante el terrorismo de Estado fue un Genocidio, y expresó: “…..La represión no pretendió cambiar la actitud del grupo en relación con el nuevo sistema político, sino que quiso destruir al grupo, mediante las detenciones, muertes, las desapariciones, sustracción de niños de familias del grupo, amedrentamiento de los miembros del grupo. Estos hechos imputados constituyen delito de genocidio….”.
Corrobora lo hasta aquí dicho en relación al oponente que integraba el grupo elegido por los represores, el Plan del Ejército elaborado en 1975, firmado por Videla como Comandante General del Ejército, fechado en febrero de 1976 y distribuido en ese mismo mes a los distintos Cuerpos de Ejército. En el Anexo 2 de dicho Plan se define al oponente del siguiente modo: “se considera oponente a todas las organizaciones o elementos integrados en ellas existentes en el país o que pudieran surgir del proceso, que de cualquier forma se opongan a la toma del poder y/u obstaculicen el normal desenvolvimiento del gobierno militar a establecer”. Las organizaciones aludidas son detalladas en el Anexo 3 (Inteligencia) del Plan. Se incluyen las que se consideran como oponentes activas o potenciales. Entre las primeras, además de las organizaciones políticas de diferente naturaleza, una larga serie de organismos y asociaciones sociales, culturales, vecinales, profesionales, sindicales, estudiantiles, religiosas y de derechos humanos.
Vale en referencia a lo que estamos desarrollando, recordar el genocidio en Camboya, donde unos miembros del grupo nacional camboyano decidieron que otros miembros del mismo grupo nacional no tenían derecho a la existencia y se propusieron erradicarlos, exterminarlos. O sea, el genocidio camboyano sepultó la idea de que los grupos nacionales se definen por la nacionalidad de sus miembros.
Tomando como opinión la del Lic. Daniel Feierstein el mismo suele referirse a los sentidos del por qué pensar como genocidio el caso argentino. No sólo qué implica una práctica social genocida – dice - sino fundamentalmente cuál es el sentido que puede tener pensar el caso argentino como genocidio.
En relación a la práctica social genocida, Daniel Feierstein la define como “aquella tecnología de poder cuyo objetivo radica en la destrucción de las relaciones sociales de autonomía y cooperación y de la identidad de una sociedad, por medio del aniquilamiento de una fracción relevante (sea por su número o por el efecto de sus prácticas) de dicha sociedad, y del uso del terror producto del aniquilamiento para el establecimiento de nuevas relaciones sociales y modelos identitarios”.
Y en esta definición aparece otro elemento que se refiere al por qué pensar como genocidio el caso argentino: el terror.
    El terror instaurado:
De lo dicho se desprende que durante la última dictadura militar, toda la población sufrió un “trauma social”, en tanto fue afectada por hechos como las desapariciones y las torturas, entre otros. Entre estas prácticas represivas, la figura de la desaparición de persona fue el paradigma del disciplinamiento del terror. Clausuró todas las organizaciones partidarias, barriales, culturales, estudiantiles, sindicales y populares que presentaran oposición manifiesta o potencial y hasta aquellas destinadas a servicios comunitarios, como equipos de salud mental de hospitales públicos, etc. Cayó bajo sospecha cualquier tipo de agrupación o reunión, quedando sus participantes expuestos al riesgo de un registro que podía culminar en desaparición. Estas políticas represivas, también produjeron prácticas de terror generalizado en la población. Toda la sociedad sufrió un trauma social en cuanto fue afectada por hechos que tanto en calidad como en cantidad superaron lo imaginable, acompañado de un mensaje del Estado dictatorial que negaba su autoría y responsabilidad. Nada se podía saber sobre el destino de los desaparecidos, lo que producía un dolor insoportable, no solo a sus familiares directos, sino a la sociedad en su conjunto. Además, el miedo, los sentimientos de impotencia que produjo el hecho de vivir bajo amenaza permanente, el aislamiento, la ruptura de los lazos sociales, la pérdida de pertenencias a grupos, etc., fueron sufrimientos que padeció toda la población.
Tan hondo marcaron estas prácticas de terror y alienación, que aún hoy hay testimonios de su persistencia. La sociedad se contrajo, desconfió del otro, se rompió el tejido social, se callaron las ideas y los sueños, “por las dudas”. El estado de silencio, de ocultamiento, de olvido selectivo, de pérdida de identidad y de identificación con el otro, solo lo produce un genocidio.
En toda sociedad conviven distintos grupos humanos con ideas, proyectos e intereses diversos que los diferencian de otros. Cuando un gobierno decide que algunos de ellos sobran y resuelve destruirlos, total o parcialmente, y para eso comete los distintos crímenes que señala la Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio, estamos en presencia de un genocidio.
Ahora bien, esta querella quiere manifestar muy claramente por qué entiende que este cambio de calificación es procedente y argumentando jurídicamente la pretensión expuesta.
Recordando el fallo del Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata, en la -hoy confirmada- sentencia contra Miguel Osvaldo Etchecolatz, y respecto al pedido efectuado en esa oportunidad por esta querella en relación al cambio de calificación, el Tribunal dijo: “… Por la trascendencia que tiene el planteo, corresponde un breve análisis sobre la cuestión que permita fundamentar el criterio sustentado por el Tribunal y adelantado en el fallo, además de dejar planteada la necesidad ética y jurídica de reconocer que en la Argentina tuvo lugar un genocidio”… “…Entiendo que esa demanda se satisfizo sólo en parte con la condena a la cual arribó el Tribunal por unanimidad al considerar probados los hechos enrostrados al imputado. Se tuvieron en cuenta para ello aquellos tipos penales, en base a lo que se indagó, procesó, requirió y finalmente condenó a Etchecolatz. Ese razonamiento es en última instancia el que se ajusta con mayor facilidad al principio de congruencia sin poner en riesgo la estructura jurídica del fallo”. Y fue así como obtuvimos a partir de este juicio, sentencias, pocas, en donde se reconoce que en la Argentina hubo un genocidio, que los aberrantes crímenes producidos entre los años 1976 y 1983 constituyeron un genocidio, que los imputados procesados y condenados en estas oportunidades, lo fueron en el marco de un genocidio. Como también es cierto que ni uno solo de los represores, dictadores, torturadores o cualquier otro de los responsables de los más atroces delitos contra la humanidad ha sido condenado por el delito de genocidio, ni ha adquirido la categoría jurídica de tal en sentido estricto.
Y esta querella, así como lo hizo desde el primer juicio por crímenes de lesa humanidad, como lo hará en éste, y como lo seguirá haciendo en los que se sucedan, seguirá insistiendo, porque sabemos que el derecho nos acompaña, porque sabemos que la letra y el espíritu de las normas nos legitiman y porque también nos legitiman las voces de los desaparecidos que no son otra cosa que los testimonios de los sobrevivientes, en pretender que a las cosas se las llame por su nombre: que si se pudo reconocer que en la Argentina tuvo lugar un genocidio, entonces esa conducta criminal existe y es pasible de castigo y de sanción. Lo único que falta definir aquí es el autor, y un genocidio es perpetrado sólo y exclusivamente por un sujeto –integrante del aparato del Estado- al que se lo califica como GENOCIDA.
Si bien es cierto, que al incorporar en algunas sentencias, que los crímenes cometidos durante la última dictadura militar, lo fueron en el marco del genocidio, este reconocimiento, marcó no sólo un gran avance jurisprudencial, sino una alta significación simbólica en el imaginario social, como quien de a poco se va acercando cada vez más a la verdad jurídica e histórica, pero sin que esta verdad se refleje en plano de la justicia. Para esta verdad, no hay sanción. Por eso decimos que no es suficiente, porque el marco del genocidio, como figura penal no existe, en derecho no quiere decir nada, por lo tanto carece de contenido y significación desde el punto de vista jurídico, aunque su mención importe un alto contenido simbólico. En derecho, lo que no es objeto de sanción, no es delito, por lo que decir que en la Argentina los delitos que se cometieron lo fueron en el marco de genocidio, es confirmar parcialmente la verdad jurídica, petrificándola en el marco de la sanción social. Así lo consideró el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata, al reconocer : “…Entiendo que esa demanda se satisfizo sólo en parte con la condena a la cual arribó el Tribunal por unanimidad al considerar probados los hechos enrostrados al imputado….”. Sres. Jueces, queremos enfatizar que si en la Argentina hubo un genocidio, tal como fuera ratificado en distintas oportunidades, no se lo condenó como tal.

    Interpretación de los Tratados Internacionales:
Establecido por lo hasta aquí expuesto que el genocidio se comete cuando desde el Estado se decide el exterminio de uno o varios grupos nacionales -con los que el gobierno comparte la nacionalidad- debe analizarse si tiene fundamento la interpretación de que la Convención incluye a algunos grupos y excluye a otros.
Para ello debe recurrirse a las reglas de interpretación de los tratados establecidos en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, sancionada el 23 de mayo de 1969
En su sección Tercera referida a la interpretación de los Tratados dispone:
Art. 31: Regla general de interpretación.
1.- Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin.
2. Para los efectos de la interpretación de un tratado, el contexto comprenderá, además del texto, incluidos su preámbulo y anexos: a) todo acuerdo que se refiera al tratado y haya sido concertado entre todas las partes con motivo de la celebración del tratado: b) todo instrumento formulado por una o más partes con motivo de la celebración del tratado y aceptado por las demás como instrumento referente al tratado;
3. Juntamente con el contexto, habrá de tenerse en cuenta: a) todo acuerdo ulterior entre las partes acerca de la interpretación del tratado o de la aplicación de sus disposiciones: b) toda práctica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado por la cual conste el acuerdo de las partes acerca de la interpretación del tratado: c) toda forma pertinente de derecho internacional aplicable en las relaciones entre las partes.
4. Se dará a un término un sentido especial si consta que tal fue la intención de las partes.
Medios de interpretación complementarios.
Art. 32: “Se podrán acudir a medios de interpretación complementarios, en particular a los trabajos preparatorios del tratado y a las circunstancias de su celebración, para confirmar el sentido resultante de la aplicación del artículo 31, o para determinar el sentido cuando la interpretación dada de conformidad con el artículo 31:
a)    deje ambiguo u oscuro el sentido; o
b)    conduzca a un resultado manifiestamente absurdo o irrazonable.”
En atención a su trascendencia para determinar el verdadero sentido de la Convención sobre el Genocidio se analizaran seguidamente estos dos artículos y los incisos que los componen.
Art. 31. Regla general de interpretación.
“1. Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin. 2. Para los efectos de la interpretación de un tratado, el contexto comprenderá, además del texto, incluidos su preámbulo y anexos: a) todo acuerdo que se refiera al tratado y haya sido concertado entre todas las partes con motivo de la celebración del tratado: b) todo instrumento formulado por una o más partes con motivo de la celebración del tratado y aceptado por las demás como instrumento referente al tratado;...”
Veamos en primer lugar el objeto y fin. La Convención se aprobó poco más de tres años después del fin de la Segunda Guerra Mundial. En el curso de ésta, y antes de ella, se produjo el mayor genocidio de la Historia. No sólo por el número de sus víctimas, también por los múltiples grupos humanos que se pretendió destruir. El de los judíos y gitanos además de los de otras religiones, etnias y culturas pero también grupos de minusválidos, homosexuales, políticos, sindicales, etc. La nación alemana -y otras naciones europeas- debía ser depurada de aquellos colectivos humanos que formaban parte de la misma y que el régimen nacional-socialista entendía opuestos a su concepción de Nación. Carecería de fundamento sostener que el propósito de destrucción de algunos de estos grupos constituyó un genocidio y el de otros un delito distinto, por caso un crimen de lesa humanidad. Sea que se entienda que los genocidas nazis se propusieron la destrucción de parte del grupo nacional alemán o que convivían en la sociedad alemana grupos humanos que diferenciados del grupo agresor tenían vínculos de pertenencia que los significaban como grupos de la misma nación, es decir nacionales, no cabe duda que un grupo resolvió exterminar a otro, constituido por múltiples subgrupos que unificó en su propósito y accionar criminal.
La Convención pretendía que no se volviera a producir suceso semejante o que, en caso que volviera a acontecer, sus responsables fueran castigados. Éste fue su objeto y fin. Es inadmisible interpretar que pretendió proteger a algunos grupos humanos y no a otros.
En relación al contexto: El inciso 2 del art. 31 señala que el contexto incluirá en primer lugar el texto, incluidos su preámbulo y anexos. La Convención no tiene anexos, sí preámbulo. En el mismo se invoca a la Resolución 96 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. A continuación, en sus apartados a) y b) este artículo alude a los acuerdos que se refieran al tratado y a todo instrumento formulado por una o más partes con motivo de la celebración del tratado y aceptado por los demás como instrumento referente al tratado. En el caso, el acuerdo, el instrumento y la referencia no eran otros que la antedicha Resolución, adoptada por los Estados que integraban la Asamblea General de las Naciones Unidas, que denominaba genocidio a la negación del derecho a la existencia de grupos humanos enteros sin discriminar entre éstos, incluyéndolos a todos.
No consta que fuera intención de las partes darle un sentido especial a los términos de la Convención como señala el inciso 4 y último de las reglas generales de interpretación. Antes bien, sí se lo dieron en su redacción primera como se ha visto.
La interpretación efectuada conforme a estas reglas debe llevar a entender que la Convención diferenció el crimen de genocidio de otros delitos de derecho internacional y que señaló como su nota característica el propósito de destrucción de un grupo humano, cualquiera fuere.
Pero si ello fuera dudoso o cuestionable el art. 32 debería despejar toda incertidumbre.
Art.32. Medios de interpretación complementarios.
Art. 32: “Se podrán acudir a medios de interpretación complementarios, en particular a los trabajos preparatorios del tratado y a las circunstancias de su celebración, para confirmar el sentido resultante de la aplicación del artículo 31, o para determinar el sentido cuando la interpretación dada de conformidad con el artículo 31”:
c)    deje ambiguo u oscuro el sentido; o
d)    conduzca a un resultado manifiestamente absurdo o irrazonable.”
Ya se ha hecho referencia a los trabajos preparatorios y a las circunstancias de la celebración de la Convención que abonan la interpretación que se viene realizando. Pero si ello no fuera bastante debería admitirse al menos que la misma deja ambiguo u oscuro el sentido de sus términos, específicamente y en lo que al presente procedimiento importa la expresión “grupo nacional”. Ello requeriría que se recurriera a medios de interpretación complementarios que suplieran la ambigüedad u oscuridad de la norma en concordancia con el objeto y fin que persigue y, en consecuencia, debe incluirse en la expresión grupo nacional todos aquellos grupos integrantes de una sociedad a los que, como tales, se busca destruir total o parcialmente.

    Principios de Congruencia y Legalidad:

Desde un marco técnico-jurídico, vamos a sustentar esta pretensión, que no es más que ajustar una determinada conducta a derecho, respetando por sobre todas las cosas el marco del debido proceso, el respeto al derecho de defensa en juicio, y manteniendo los principios básicos del derecho penal, como lo son el principio de congruencia y de legalidad incólumes e inalterables.

    Principio de congruencia:
Como primer punto queremos dejar en claro que el principio de congruencia necesariamente implica una relación entre lo pretendido y probado y lo resuelto por el juzgador.
Podemos definir al principio de congruencia o de no contradicción, como aquel según el cual la sentencia debe ajustarse a la pretensión, o sea: el juez debe conceder o denegar aquello en virtud de lo cual la parte acusa en base a la plataforma fáctica acreditada. Por lo que la congruencia no es más que la correspondencia entre lo pedido por la parte y lo otorgado por el magistrado. En este sentido, hace a la esencia de la congruencia que los hechos en los que se fundan las pretensiones y defensas, sean arrimados exclusivamente por las partes, y el juez, en su tarea de reconstrucción de la realidad fáctica, debe limitar su decisión por los hechos alegados por las partes y probados durante la sustanciación del proceso, debiendo en este marco dictar sentencia, según lo alegado y probado (“secundum allegato et probato”).
Por ello la congruencia debe darse en el triple orden de los sujetos, del objeto y de la causa pretensa.
Este requisito de correlación, en el particular que nos ocupa, está presente en todas y cada una de las pretensiones planteadas en estas actuaciones, por lo que no se ve alterado el principio procesal en cuestión, como tampoco lo establecido en el art. 18 de la Constitución Nacional, respecto a la inviolabilidad de la defensa en juicio de las personas y de sus derechos.
El cambio de calificación legal, no responde sino al diverso grado de conocimiento y certeza adquirido durante el debate. El proceso penal supone un camino progresivo en el cual la incertidumbre inicial va siendo gradualmente despejada hasta arribarse eventualmente a la certeza necesaria para sustentar un pronunciamiento condenatorio como el solicitado por esta querella. Esto se desprende a partir de la normativa vigente, conf. al art. 401 del CPP, el cual si nos detenemos en su redacción observamos que el mismo dispone: “En la sentencia, el tribunal podrá dar al hecho una calificación distinta a la contenida en el auto de remisión a juicio o en el requerimiento fiscal, aunque deba aplicar penas más graves o medidas de seguridad.
Si resultare del debate que el hecho es distinto del enunciado en tales actos, el tribunal dispondrá la remisión del proceso al juez competente”.
Esto no supone detrimento a garantía alguna, en tanto cambiando la calificación no se exceda la primitiva extensión del hecho, que derive de un conocimiento más profundo e intensivo del mismo.
Es por ello, que tal como lo solicitáramos en cada uno de los juicios por crímenes de lesa humanidad en los que esta querella ha intervenido y sido parte es que vamos a solicitar a este Tribunal que los hoy procesados sean condenados por genocidio, en el entendimiento y convicción que no han existido variaciones fácticas entre la acusación y el pedido de condena, ni tampoco se ha impedido u obstaculizado a la defensa ejercer su ministerio, ni a los imputados defenderse adecuadamente. La acusación, tanto en el requerimiento cuanto en el alegato durante este debate, ha sido correctamente formulada, describiéndose los hechos de modo claro, preciso y circunstanciado detallando pormenores del accionar de los imputados, hechos estos que configuran la calificación solicitada.
Cabe señalar que el principio de congruencia en su vinculación al derecho de defensa en juicio (art. 18 C.N.), se refiere a la introducción de cuestiones de hecho en forma sorpresiva de manera que las partes no hubieran podido ejercer su plena y oportuna defensa (conf. L.39.606, sent. del 10-V-1988, L. 41.927, sent. del 2-V-1989 y otras). No es esto lo sucedido en este proceso. Concretamente el principio de congruencia nos impone que el núcleo fáctico que se somete a juzgamiento sea el mismo a lo largo de todo el proceso. En el caso, las circunstancias de modo, tiempo y lugar que lo rodearon han permanecido incólumes, siendo que no hubo ninguna alteración en ellas, sino tan solo una mayor exactitud acerca de la conducta de los procesados. Y justamente, tal exactitud se halla más cerca de garantizar el derecho de defensa que de afectarlo.

    Principio de legalidad:
En relación al principio de legalidad es cierto que como principio general de derecho su sujeción al derecho penal interno es a todas luces dominante. Pero vamos a demostrar en el desarrollo de este alegato, que esta afirmación, en el particular que nos ocupa y en relación a su aplicación en el derecho internacional, resulta más aparente que real. Se vincula el principio de retroactividad de la norma penal con el principio de legalidad. Es este un principio general del derecho penal, que consiste en que la aplicación de cualquier pena presupone una norma anterior, luego, que la infracción ya esté tipificada como delito, y por consiguiente la sanción vendrá determinada por la pena legal (nulle pena sine lege previa).
Ahora bien, todos los imputados sometidos a este debate cometieron los delitos de los que aquí se los acusa. Sabían o debieran haber sabido, que estaban vigentes las leyes que los tipificaban y penalizaban. Como así también, sabían, o debían saber, que el delito de genocidio era parte del derecho interno argentino. En tal sentido es necesario recordar que la República Argentina adhirió a la Convención para la Sanción y Prevención del delito de Genocidio mediante decreto 6286/56, de 9 de abril (B.O. 25/4/56) y presentó el instrumento de adhesión ante la Secretaría de las Naciones Unidas el 5 de junio del mismo año.
El art. 31 de la Constitución Argentina, desde su redacción original establece que son ley suprema de la Nación los Tratados suscriptos con potencias extranjeras. La Convención contra el Genocidio, en consecuencia, es Ley de la Nación y forma parte de su derecho interno desde el año 1956, es decir, desde dos décadas antes de la instauración del gobierno militar. En la misma se tipifica el delito en su art. II, tal como lo adelantáramos precedentemente, se determina en su art. III, qué delitos deberán ser castigados, quiénes deben ser castigados lo establece su art. 4 y asimismo se establece la obligación de los Estados en cuyo territorio se hubiere cometido el crimen, de juzgar a sus responsables por tribunal competente. O sea, juzgar el genocidio cometido en el territorio argentino es para los Tribunales del país una obligación que proviene, entonces, de dos fuentes: el derecho internacional y la incorporación expresa de una norma del mismo en el derecho interno. El delito está claramente tipificado, y definido quiénes y por qué actos deben ser sancionados. Se encuentra pues, plenamente cumplido el requisito de tipificación legal del hecho antes de su comisión. La previsión de punibilidad de las conductas como hechos delictivos instrumentales para cometer un genocidio y que por lo tanto esas conductas eran genocidas, es indiscutible. Igualmente y para entonces, estaban vigentes en el derecho internacional como normas del derecho de gentes, con efectos erga omnes, la Convención de Naciones Unidas de 1968 sobre la imprescriptibilidad de determinados crímenes internacionales, entre ellos el genocidio y la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 3 de diciembre de 1973, en la que se declaró expresamente que estos crímenes serán perseguidos, no podrán quedar impunes y sus responsables serán juzgados, preferentemente en el país que los cometieron. El genocidio es y era imprescriptible y existía ley para castigarlo. No había pena para sancionarlo, pero sí las había para sancionar las conductas delictivas a través de las cuales se cometió. Sin embargo aunque la norma internacional consuetudinaria que formula los crímenes contra la humanidad sea incompleta (non self-executing), pues no contempla la pena a imponer, el juez nacional debe integrarla aplicando las penas correspondientes a las infracciones a través del derecho penal común.
la distinción entre los delitos de lesa humanidad en su forma específica (ataque indiscriminado a la sociedad civil) y el genocidio (ataque discriminado con intención de destruir uno o más grupos), cobra mucha importancia frente a la sociedad.

Así ocurrió respecto de los crímenes de lesa humanidad. No se incorporó a la ley interna el tipo penal de crímenes de lesa humanidad ni, en consecuencia, pena alguna para los mismos, sin embargo esta tipificación fue ampliamente reconocida por nuestra jurisprudencia, aplicándose las penas que prevé el Código Penal Argentino, respondiendo así al compromiso asumido por el país frente a la comunidad internacional. Igual situación debiera adoptarse con el delito de Genocidio.
Pero si privilegiamos al Derecho como constructor de verdad y no como hacedor o fabricante de penalidades, donde ya las sentencias dictadas en procesos por violación a los ddhh se vuelven cada más simbólicas, atento la edad de los procesados y también la de las víctimas la distinción entre los delitos de lesa humanidad en su forma específica (ataque indiscriminado a la sociedad civil) y el genocidio (ataque discriminado con intención de destruir uno o más grupos), cobra mucha importancia frente a la sociedad.
El supuesto obstáculo es que la Convención Internacional no fija una pena para el delito de genocidio, sino que delega en la legislación interna del país ratificante la fijación del monto de la pena, debemos poner de relieve sin embargo que los cinco incisos que tipifican el obrar genocida, conforme el Art. II de la Convención, se encuentran contenidos en las figuras típicas de nuestro Código Penal, por lo que basta que la sentencia judicial reconozca esa adecuación típica y se aplique la pena cuyo monto se determinará por la existencia del concurso delictivo (conf. art. 55 del C. Penal).- Si se está empleando la calificación de delitos de lesa humanidad, como sabemos, por remisión directa del derecho internacional. y se están aplicando las penas que prevé el Código Penal argentino para cada delito. ¿Porqué no habría de hacerse exactamente lo mismo calificando a los hechos como genocidio, y así también cumplir con nuestra C.N. ?. Por lo que este Tribunal, al entender de esta querella, debe calificar los ilícitos y aplicar la Convención Internacional que fue diseñada para hechos como los investigados en la presente causa, salvo que se considere a los Tratados un catálogo de derechos sin aplicación concreta alguna.
Sobre este tema, es importante resaltar, que este año se desarrolló en París el encuentro de juristas sobre “LA MEMORIA, LA EDUCACIÓN Y LA POSIBILIDAD DE HACER JUSTICIA” en el que se abordó, entre otras cosas, la temática del genocidio para los hechos como los que aquí se están investigando. Esta referencia, la traemos a colación, ya que en ese evento participaron varios funcionarios del Estado y jueces de primera instancia y tribunales orales quienes han tenido una activa participación en estos juicios, reconociendo en este ámbito internacional que en Argentina, entre los años 1976 y 1983, hubo un genocidio. AQUÍ LEER EL ARTICULO DEL DIARIO. Válido es manifestarse en estos términos cuando claramente y desde diferentes expresiones tanto desde los estrados judiciales como desde los organismos del Estado se reconoce que en la Argentina hubo un genocidio, y se exige, a todas voces, como lo hemos podido apreciar en estos documentos que acabo de leer, que a las cosas las llamemos por su nombre. Eso es lo que estamos tratando de hacer, Sres. jueces, estamos tratando de coherentizar el discurso con la práctica, estamos tratando de demostrarle a la comunidad internacional que cuando Argentina asume un compromiso, lo asume para cumplirlo. Lo que podemos decir en París, lo podemos rubricar en Argentina y seríamos frente al escenario internacional, un país jurídicamente confiable.
En el mismo sentido que nos estamos manifestando, el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos estipula que nadie podrá ser condenado por "actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional". Y establece que se podrá llevar a juicio y condenar a una persona por "actos y omisiones que en el momento de cometerse, fueran delictivos según los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional”. Observamos aquí que el mismo Pacto indica la obligación que asume el Estado – por haber, primero ratificado la Convención y luego por haberla incorporado a la C.N - de perseguir los delitos contra la humanidad, sin que pueda haber excepciones posibles

Por otro lado, el principio de legalidad y del debido proceso, son también un instrumento de justicia y no un instrumento de la impunidad. Se debe tener en cuenta que el proceso, no solo debe aportar garantías al imputado, sino que también debe ser un medio de defensa social.
El considerando VII punto 6 correspondiente a la sentencia de la causa 13, señala: “….Los sucesos juzgados en esta causa no son el producto de la errática y solitaria decisión individual de quienes los ejecutaron, sino que constituyeron el modo de lucha que los comandantes en jefe de las fuerzas armadas impartieron a sus hombres. Es decir que los hechos fueron llevados a cabo a través de la compleja gama de factores (hombres, órdenes, lugares, armas, vehículos, alimentos, etc.), que supone toda operación militar…”.
En síntesis, existían leyes escritas, previas, ciertas y estrictas en el momento en que se cometieron los delitos que aquí se juzgan. Esas leyes establecían penas en el derecho interno para cada una de las conductas delictivas. Estas conductas son constitutivas del delito de genocidio, que antes de la comisión de los hechos estaba incorporado como delito y tipificado en nuestra ley interna. Este delito era ya imprescriptible.
Sres. Jueces, ante el genocidio no existe la indiferencia; ni tampoco la posibilidad de ponerse por sobre él. Al genocidio se lo investiga, se lo juzga y se lo condena.
Asimismo, queremos reiterar que esta querella vino solicitando sostenidamente la necesidad que las investigaciones penales y los juicios a los genocidas deben ser efectuadas en un marco conjunto, no solo por las evidentes características de masividad, planificación e interrelación de los gravísimos crímenes que en ellas se debaten, sino también porque reproduce en los testigos episodios dolorosos, que si bien en algunos, esto se traduce en una verdadera reparación, en donde el relato se transforma en justicia, en otros, en razón de las múltiples reiteraciones, pueden constituirse en verdaderas situaciones de reactualización traumática con efectos de revictimización o profundización del daño.

9.- EFECTOS PSICOSOCIALES DEL GENOCIDIO:

    El impacto en la víctima:
Tenemos claro que la tortura implica todo acto que deviene del accionar del Estado para con sus ciudadanos, no sólo con el fin de obtener información, sino que además persigue una traumatización o aniquilamiento de la personalidad del sujeto. Se caracteriza por ser un procedimiento sostenido en el tiempo, no sólo en su aplicación concreta, sino que genera efectos posteriores a ésta, aún traspasando generaciones.
Su implementación importa un procedimiento específico al cual se lo conoce como “los ciclos de la tortura”. Esto tiene una razón de ser, en términos de lograr en la persona víctima un mayor grado de alienación, que provoque de modo más efectivo el efecto buscado en el torturado. A su vez, el torturador justifica su accionar en aquello que denomina “la moral de la tortura”, tratando de explicar la utilización de esta práctica en función de la defensa de determinados intereses, por sobre el interés individual, en el caso concreto el ejercicio de la práctica del genocidio, el que se caracteriza, no solo por los efectos individuales que produce a la víctima, sino en relación a sus efectos colectivos.
El efecto traumatizante con objetivos de sometimiento, no sólo alcanza al individuo, sino que también influye inexorablemente en el contexto social propio, ya que una de las finalidades de la tortura es generar temor entre la población, imponiendo determinada ideología.
Los alcances de la tortura, tanto en las víctimas como en sus familiares y miembros del contexto social más cercano, se analizan en dos dimensiones:
a)    Efectos inmediatos: implican el daño físico y psíquico de la víctima cuando se encuentra en custodia y en manos de sus torturadores, o inmediatamente posterior a su liberación. En sus familiares y contexto social mas cercano (amigos, vecinos, compañeros de trabajo), se presenta como manifestaciones de la esfera psicológica (angustias, fobias, temores, trastornos psicosomáticos, etc.).
b)    Efectos mediatos: tanto en las víctimas como en su contexto social cercano, aunque también en la comunidad, se presentan efectos a largo plazo que pueden atravesar generaciones. En ocasiones estos efectos mediatos se agudizan ante determinadas situaciones traumáticas del contexto social general.
La experiencia traumática que significa estar encarcelado, vejado, incomunicado y torturado, así como la desvinculación de sus seres queridos, de su entorno y el haber tenido la posibilidad de morir, ser traicionado o delatado, se instalan en el sujeto después de los hechos, produciendo vivencias de angustia, temor, inseguridad, culpabilización, actitudes ambivalentes de amor y odio acompañadas de sentimientos de impotencia por no poder canalizar su malestar contra los represores o torturadores.3.
Este objetivo de destrucción sistemática de la persona, alcanza a la familia, vecindario, organizaciones formales e informales y hasta el país en su conjunto. El terror y el silenciamiento son instalados de este modo, con el propósito de ejercer el control de esa población, que el Estado o algún órgano del mismo, perciben como peligrosa. “…la violencia deja huellas físicas, psicológicas y sociales. Sólo una consideración global de estos tres parámetros permite el proceso de integración de una vivencia traumática. Efectivamente para el individuo ya nada será como antes. Además de eventuales secuelas en el plano físico, quedarán siempre huellas psicológicas (cicatrices) más o menos dolorosas…” , la ausencia de procesos reparatorios y asistenciales que agudizan dichas circunstancias.
El reconocimiento y la reparación por parte del Estado de las violaciones que provocó y posibilitó, como así también el enjuiciamiento de los responsables, son aspectos fundamentales en las estrategias asistenciales a las víctimas de la tortura, ayudando a salir del silencio, de la ambigüedad, de la confusión, de la culpa y de la marginación. Ello les permitirá reiniciar su vida, lograr una nueva coherencia tanto en su interioridad como con el medio que lo rodea: su cultura, su historia con el convivir humano.
Estos juicios, Señores Jueces, constituyen una herramienta fundamental para lograr esta reparación, tanto desde el plano individual, como colectivo. Sólo a través de la lucha contra la impunidad y con una condena que refleje el castigo proporcional al daño, se romperá el mandato instalado por los perpetradores de la práctica genocida.

o       Mirta Beatriz Israel dijo “Yo como familiar entiendo que… que es un delito que no se cometió en el pasado, que se sigue cometiendo. Teresa sigue estando desaparecida, entonces el delito sigue vigente y…. Y no hay duelo posible frente a eso, y eso es lo perverso que vivimos los familiares cuando ni siquiera podemos saber dónde, dónde fue a parar su cuerpo; dónde fue a parar Teresa.”
o    María Victoria Prigione Greco relató: “Estar acá hoy sentada ante el Tribunal, ante los probables asesinos torturadores de tus padres no es para nada sencillo. Tratar de decirle a la justicia qué es lo que pasó cuando en realidad sería la justicia y el Estado que nos tendrían que decir qué es lo que pasó con nuestros padres, ¿no? Una justicia selectiva que hizo posible que después de 34 años los asesinos de tus padres, los genocidas, estén libres, mientras que, no sé, las abuelas, las madres se mueren sin saber qué pasó con sus hijos. Mi abuela se murió muy vieja y muy triste sin saber qué había pasado con su Bochita, como yo contaba que le decían Bocha a mi papá. Mientras ellos gozan de libertad, siguen impunes, sin ser juzgados sus crímenes en forma completa.
o    Horacio Mario Scutari: “Me interesaría que después de treinta años, de más de treinta años de impunidad, el Tribunal aplique una justicia rigurosa si ningún tipo de privilegios y me parece que esa determinación del Tribunal, de la justicia, de las leyes sería el único camino para que nunca más sea una realidad.”
o    Hebe Margarita Cáceres: “Les pido justicia por favor, nos la merecemos… Necesitamos justicia, no hay manera de cerrar estos períodos sin justicia…”

10. VALOR PROBATORIO DE LA TESTIMONIAL

Los hechos delictivos que nos ocupan representan severas violaciones a los derechos humanos y, justamente por ser cometidas desde el aparato del Estado, han tenido no sólo mayor posibilidad de provocación de un resultado dañoso sino también de escapar al aparato sancionatorio por cuanto, desde el mismo momento en que fueron ejecutados, gozaban de una previsión de impunidad por medio de una tarea de ocultación de huellas y rastros.
En efecto, estos delitos han tenido pretensión de no dejar indicios y, en su modalidad de ejecución fueron mayoritariamente cometidos al amparo de zonas liberadas para consumar los secuestros y la instalación de centros ilegales para el cautiverio posterior, y cuya existencia era negada sistemáticamente ante la opinión pública.
También como el genocidio nazi, aquí hubo una decisión final, el último presidente de facto Bignone dictó el decreto 2726/83, ordenando la destrucción de la documentación existente sobre la detención, tortura y asesinato de los desaparecidos, así como del Documento Final sobre la Lucha contra la Subversión y el Terrorismo que dictamina la muerte de los desaparecidos, en que se ordeno la destrucción de cualquier documentación que acreditase la existencia de los CCD y el destino de los desaparecidos.
Frente a este panorama, no extraña que los testimonios de las victimas directas y su familiares cobren vital importancia al analizar la responsabilidad penal de los imputados.
A lo largo de más de 60 audiencias hemos escuchado como cada testigo brindó pormenorizados datos vinculados a las privaciones de la libertad, a la instalación, funcionamiento y condiciones de cautiverio en el centro clandestino.
Dichos testimonios ayudaron a reconstruir la verdad histórica -fin de todo proceso penal- la cual resulta más accesible a través del rastro dejado en los objetos o en la memoria de las personas, quienes a través de sus dichos permiten al Magistrado reconstruir la actividad humana que es investigada. Máxime, en este tipo de investigaciones, cuando el accionar represivo, militar y policial estaba regido por la clandestinidad.
Los testigos, cuyos dichos deberá valorar el tribunal permitieron conocer los sucesos criminales que se desarrollaban mediante un plan sistemático; el cual se ejercía de forma clandestina y secreta.
Sobre la importancia de las declaraciones testimoniales en un proceso penal, Jorge A. Clariá Olmedo nos enseña: "La versión traída al proceso por las personas conocedoras de algún elemento útil para el descubrimiento de la verdad mediante su dicho consciente, con fines de prueba, es de trascendental significación desde el punto de vista probatorio. Esto nos ubica dentro de la concepción amplia del testigo, cuyo tratamiento ocupa el primer lugar en el análisis de los colaboradores del proceso penal en lo que respecta a la adquisición de las pruebas [...] En este sentido amplio y generalizante, puede llamarse testigo a toda persona informada de cualquier manera de los hechos o circunstancias que se investigan en una determinada causa penal y cuya declaración es considerada útil para el descubrimiento de la verdad [...] El testigo desempeña un servicio de carácter público en la administración de la justicia. En materia penal es el colaborador más importante para la adquisición de la prueba, por cuya razón su intervención en el proceso se impone con las menores restricciones posibles." (Clariá Olmedo, Jorge A. Tratado de Derecho Procesal Penal, Tomo IV pág.256 y sig. Ediar S.A: Editores, 1963).
La importancia de las declaraciones testimoniales colectadas en autos, radica fundamentalmente en la coherencia y verosimilitud de las mismas. Pues del análisis prolijo de la totalidad de ellas no solo no se evidencian contradicciones, sino que abundan las coincidencias. Las características de los campos, los represores que actuaban, sus alias , su lugar en el campo, su características personales, los traslados etc. En la extensa y detallada materialidad de los hechos de la querella que nos precedió, esto ha quedado inapelablemente demostrado.
Por ello, en este marco donde se han suprimido las marcas del delito en forma deliberada, o no se han dejado rastros de su perpetración, o no ha sido posible la adopción de medidas de conservación de evidencias, o se consumaron mediando invasión a esferas de privacidad o en ámbitos clandestinos especialmente organizados a tal fin, y bajo una intrascendencia pública violenta e infligiendo terror, cierta prueba se vuelve necesaria en el sentido de ser la única posible por el medio y modo como se delinquió.
Seguramente se querrá cuestionar, o al menos esto es inferible de algunas preguntas de las defensas, que respecto a la identificación de los imputados los testimonios estén viciados.
Sin pretender ser reiterativos, señalamos que la búsqueda de la VERDAD de los hechos, fue una tarea encarada por los sobrevivientes y los organismos de derechos humanos en forma previa al accionar de la Justicia argentina y continuada luego de la promulgación de las leyes de obediencia debida y punto final.
Quedó depositado en ellos el rastreo e identificación de los represores, mientras el Estado, escondía documentación, seguía llenando de alabanzas su foja de servicio, y manteniéndolos en actividad.
Pero es indudable que el interés de reconstruir y identificar a los represores se baso en la construcción de la verdad.
Primero se busco la verdad, después se la denuncio y pasaron demasiados años hasta que esa verdad pudiera ser un instrumento para obtener de parte de los Tribunales, justicia.
Los testigos que aquí declararon constituyeron la MEMORIA de los años de horror del Terrorismo de Estado, su único objetivo es la VERDAD, queda en manos de este Tribunal hacer JUSTICIA:

CONCLUSIÓN:

Consideramos demostrado que los delitos que aquí se juzgan no son hechos susceptibles de ser valorados aisladamente, sino que constituyeron parte de un plan sistemático de exterminio, un proceso que consideramos genocida, y que así solicitaremos se lo reconozca y califique.
Sólo en ese contexto entenderemos el rol que le cupo a cada uno de los aquí imputados en la maquinaria genocida, que tuvo un eje estratégico en el accionar clandestino y en el exterminio mediante el secuestro, la tortura, los abusos sexuales y la desaparición.
Concluyendo, reafirmamos nuestra solicitud en el cambio de calificación, en el convencimiento de que la misma no se aparta de preceptos jurídicos reconocidos nacional e internacionalmente, respetando las garantías del debido proceso.

11.- LUGAR DE CUMPLIMIENTO DE LAS PENAS:

Respecto al lugar de cumplimiento de la condena que se dicte en esta causa, esta querella, manifiesta, como en reiteradas oportunidades, que la misma deberá ser cumplida en cárcel común y ordinaria, sosteniendo que no corresponde otorgar el beneficio del art. 33 de la ley 24660, el cual permite la prisión domiciliaria de aquellos penados que tengan más de 70 años o alguna enfermedad que así lo amerite, enfatizando que dicho beneficio constituye una excepción, y en esta calidad deberá ser aplicado.
En este sentido, vale traer a colación, lo dicho respecto a este punto por el Tribunal Oral Federal Nº 1, en sentencia contra Miguel Osvaldo Etchecolatz, cuando expresa: “…Etchecolatz es autor de delitos de lesa humanidad cometidos en el marco de un genocidio, que evidenció en sus acciones un desprecio total por el prójimo y formando una parte esencial de un aparato de destrucción, muerte y terror. Comandó los diversos campos de concentración en donde fueron humilladas, ultrajadas y en algunos casos asesinadas las víctimas de autos…”, y continúa diciendo: “…Etchecolatz cometió delitos atroces y la atrocidad no tiene edad. Un criminal de esa envergadura, no puede pasar un solo día de lo que le reste de su vida, fuera de la cárcel…”.
En el caso, y en consonancia con la opinión de otros Tribunales Federales, sostenemos que la cárcel común para criminales autores de delitos contra la humanidad, se impone, porque, más allá de esa facultad antes mencionada, la gravedad, masividad y repugnancia de los crímenes cometidos, por quienes están hoy siendo juzgados, la convierte en éticamente obligatoria. En este sentido se expidió este año el TOF N° 1 de San Martín en causa “RIVEROS, Santiago Omar y otros s/ priv. ilegitima de la libertad, tormentos, homicidios, etc…”, en el mes de Mayo del corriente año, en el marco del debate oral efectuado por los hechos ocurridos en el CCD Campo de Mayo.
La situación procesal de los aquí juzgados hoy impone que al momento de resolver, este Tribunal sentencie a los imputados al efectivo cumplimiento de la condena en cárcel común, manteniendo así la actual situación de los mismos.
En estos términos y porque la norma así lo indica, con el objeto de garantizar el cumplimiento efectivo de la pena, sin privilegios, sin prerrogativas, sin excepciones, es que esta querella solicita se mantenga la situación actual de los imputados y que el cumplimiento de la sentencia que dicte este Tribunal, se haga efectivo en cárcel común, tal como lo indica nuestra normativa y evitando que la excepcionalidad se convierta en regla con argumentos inconsistentes y falaces, que solo favorecen la continuidad de la impunidad, y debilita la efectiva protección que el Estado debe brindar a las víctimas del terrorismo de Estado.

12.- IMPUTACIONES:

En virtud de lo alegado durante la sustanciación de este debate, esta querella pasa a solicitar la condena a los imputados, de modo que solicitamos:

1- Solicitamos la condena de Samuel Miara, en tanto su responsabilidad penal deviene de haber ostentado el cargo de Subcomisario de la Policía Federal, actuando bajo el apodo de “Cobani”, siendo parte del plantel estable del circuito represivo ABO; por considerarlo penalmente responsable como co-autor de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas reiterado en 181 oportunidades, en los casos 1 a 181, (cfr. art. 144 bis inc.1 y ultimo párrafo Ley 14616 en función art. 142 inc.1 Ley 20.642 ) en ciento tres de esas privaciones ilegales de la libertad se encuentran agravadas por haber durado más de un mes, en los casos identificados bajo los números 1, 3 a 5, 12, 14, 15, 19, 27, 28, 31, 33, 35, 36, 38, 41, 42, 46 a 49, 54, 55, 59, 61 a 63, 72 a 89, 91, 93 a 95, 97 a 102, 104, 107 a 110, 112, 113, 116, 117, 119, 121 a 125, 128 a 130, 132 a 134, 136 a 141, 143, 145, 150, 152 a 157, 160 a 163, 165 a 169, 172, 173 y 177 (cfr 144 bis ultimo párrafo en función del 142 inc 5 CP ), en concurso real con los delitos de imposición tormentos agravados por haber sido infligidos por un funcionario público y por ser la víctima un perseguido político (art. 144 terc. 1º párrafo Ley 14.616) reiterado en 181 oportunidades, que resultan ser los mismos hechos que configuramos como privación ilegal de la libertad, en concurso real con el Homicidio agravado (Art. 80 inc. 2 y 6 Ley 14.616) en los casos Nº 123, 124, 129, 130, 134, en concurso real con Abuso sexual cfr. art. 127 Ley 20.050 reiterado en 181 oportunidades, en los mismos casos que conformaron privación ilegal de la libertad, en concurso real con violación art. 119, inc. 3º agravado en función del art. 122 por resultar grave daño a la salud Ley 20.050, en los casos 21, 94 y 116.-Conforme arts. 2, 19, 29 inc. 3, 40, 41, 45 y 55 CP; todos ellos perpetrados para cometer un genocidio (art. 2 de la Convención para la Prevención y Sanción del delito de Genocidio); a la pena de reclusión perpetua e inhabilitación absoluuta, de cumplimiento efectivo en una cárcel común.

2- Solicitamos la condena de Oscar Augusto Isidro Rolón, miembro de la Policía Federal Argentina, alias “Soler”, en tanto su responsabilidad penal deviene de haber ostentado el cargo de Subcomisario de la Policía Federal, actuando bajo el apodo de “Cobani” ,siendo parte del plantel estable del circuito represivo ABO, por considerarlo penalmente responsable como co-autor de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas reiterado en 181 oportunidades, en los casos 1 a 181, (cfr. art. 144 bis inc.1 y ultimo párrafo Ley 14.616 en función del art. 142 inc.1 C.P. Ley 20.642 ) en ciento tres de esas privaciones ilegales de la libertad se encuentran agravadas por haber durado más de un mes, (cfr Art.144 bis ultimo párrafo en función del 142 inc 5 del CP) en los casos identificados bajo los números 1, 3 a 5, 12, 14, 15, 19, 27, 28, 31, 33, 35, 36, 38, 41, 42, 46 a 49, 54, 55, 59, 61 a 63, 72 a 89, 91, 93 a 95, 97 a 102, 104, 107 a 110, 112, 113, 116, 117, 119, 121 a 125, 128 a 130, 132 a 134, 136 a 141, 143, 145, 150, 152 a 157, 160 a 163, 165 a 169, 172, 173 y 177 en concurso real con los delitos de imposición tormentos agravados por haber sido infligido por un funcionario publico y por ser la victima un perseguido político (art. 144 terc. 1º párrafo Ley 14.616) reiterado en 181 oportunidades, que resultan ser los mismos hechos que configuramos como privación ilegal de la libertad, en concurso real con el Homicidio agravado (Art. 80 inc.2 y 6 Ley 14.616) en los casos Nº 123, 124, 129, 130, 134 en concurso real con Abuso sexual cfr. art. 127 Ley 20.050 reiterado en 181 oportunidades, que resultan los mismos hechos que configuramos como privación ilegal de la libertad en concurso real con violación art. 119, inc. 3º agravado en función del art. 122 por resultar grave daño a la salud Ley 20.050, en los casos 21, 94 y 116. Conforme arts. 2, 19, 29 inc. 3, 40, 41, 45 y 55 CP; todos ellos perpetrados para cometer un genocidio (art. 2 de la Convención para la Prevención y Sanción del delito de Genocidio); a la pena de reclusión perpetua, e inhabilitación absoluta, de cumplimiento efectivo en una cárcel común.

3- Solicitamos la condena de Julio Héctor Simón, miembro de la Policía Federal Argentina, actuando bajo el apodo de “Turco Julian”, siendo parte del plantel estable del circuito represivo ABO; por considerarlo penalmente responsable como co-autor de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas reiterado en 179 oportunidades, en relación a los casos identificados con los números 1 a 169 y 172 a 181, conforme a art. 144 bis inc1 y ultimo párrafo Ley 14.616, en ciento tres de esas privaciones ilegales de la libertad se encuentran agravadas por haber durado más de un mes (art. 142 inc.1 Ley 20.642 ), en los casos identificados bajo los números 1, 3 a 5, 12, 14, 15, 19, 27, 28, 31, 33, 35, 36, 38, 41, 42, 46 a 49, 54, 55, 59, 61 a 63, 72 a 89, 91, 93 a 95, 97 a 102, 104, 107 a 110, 112, 113, 116, 117, 119, 121 a 125, 128 a 130, 132 a 134, 136 a 141, 143, 145, 150, 152 a 157, 160 a 163, 165 a 169, 172, 173 y 177 en concurso real con los delitos de imposición tormentos agravados por haber sido infligido por un funcionario publico y por ser la victima un perseguido político (art. 144 terc. 1º párrafo Ley 14.616) reiterado en 179 oportunidades, que resultan ser los mismos hechos que configuramos como privación ilegal de la libertad, en concurso real con el Homicidio agravado (Art. 80 inc.2 y 6 Ley 14.616) en los casos Nº 123, 124, 129,130,134. en concurso real con Abuso sexual cfr. art. 127 Ley 20.050 reiterado en 179 oportunidades, en los mismos casos que conformaron privación ilegal de la libertad, en concurso real con violación art. 119, inc. 3º agravado en función del art. 122 por resultar grave daño a la salud Ley 20.050, en los casos 21, 94 y 116.
Conforme arts. 2, 19, 29 inc. 3, 40, 41, 45 y 55 CP; todos ellos perpetrados para cometer un genocidio (art. 2 de la Convención para la Prevención y Sanción del delito de Genocidio); a la pena de reclusión perpetua e inhabilitación absoluta, de cumplimiento efectivo en una cárcel común.

4- Solicitamos la condena de Raúl González, miembro de la Policía Federal Argentina, en tanto su responsabilidad penal deviene de haber actuado bajo el apodo de “Mayor Raúl” o “El Negro”, siendo parte del plantel estable del circuito represivo ABO; por considerarlo penalmente responsable como co-autor de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas reiterado en 181 oportunidades, en los casos identificados con los números 1 a 181, (cfr. art. 144 bis inc.1 y ultimo párrafo Ley 14616) en ciento tres de esas privaciones ilegales de la libertad se encuentran agravadas por haber durado más de un mes, ( art. 142 inc. 1 del C.P. Ley 20.642), en los casos identificados bajo los números 1, 3 a 5, 12, 14, 15, 19, 27, 28, 31, 33, 35, 36, 38, 41, 42, 46 a 49, 54, 55, 59, 61 a 63, 72 a 89, 91, 93 a 95, 97 a 102, 104, 107 a 110, 112, 113, 116, 117, 119, 121 a 125, 128 a 130, 132 a 134, 136 a 141, 143, 145, 150, 152 a 157, 160 a 163, 165 a 169, 172, 173 y 177 en concurso real con los delitos de imposición tormentos agravados por haber sido infligidos por un funcionario publico y por ser la victima un perseguido político (art. 144 terc. 1º párrafo Ley 14.616) reiterado en 181 oportunidades, que resultan ser los mismos hechos que configuramos como privación ilegal de la libertad, en concurso real con el Homicidio agravado (Art. 80 inc.2 y 6 Ley 14.616) en los casos Nº 123, 124, 129, 130, 134, en concurso real con Abuso sexual cfr. art. 127 Ley 20.050 reiterado en 181 oportunidades, en los mismos casos que conformaron privación ilegal de la libertad, en concurso real con violación art. 119, inc. 3º agravado en función del art. 122 por resultar grave daño a la salud Ley 20.050, en los casos 21, 94 y 116.
Conforme arts. 2, 19, 29 inc. 3, 40, 41, 45 y 55 CP; todos ellos perpetrados para cometer un genocidio (art. 2 de la Convención para la Prevención y Sanción del delito de Genocidio); a la pena de reclusión perpetua e inhabilitación absoluta, de cumplimiento efectivo en una cárcel común.

5- Solicitamos la condena de Juan Carlos Avena, miembro del Servicio Penitenciario Federal, en tanto su responsabilidad penal deviene de haber actuando bajo el apodo de “Centeno”, siendo parte del plantel estable del circuito represivo ABO, por considerarlo penalmente responsable como co- autor de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas reiterado en 116 oportunidades, en relación a los casos identificados por los números, 1, 27, 54, 55, 59, 61 a 63, 73 a 109, 111 a 181, cfr atr. 144 bis inc 1 ultimo párrafo Ley 14.616, en función del art. 142 inc. 1 Ley 20.642 CP, de las cuales 81 de las privaciones ilegales de la libertad se encuentran agravadas por haber durado más de un mes, en los casos identificados bajo los números 1, 27, 54, 55, 59, 61 a 63, 73 a 89, 90,91, 93 a 95, 98 a 102, 104, 107 a 109, 112, 113, 116, 117, 119, 121 a 125, 128 a 130, 132 a 134, 136 a 141, 143, 145, 150, 152 a 157, 160 a 163, 165 a 169, 172, 173, cfr 144 bis ultimo párrafo en función del art. 142 inc 5 CP, en concurso real con los delitos de imposición tormentos agravados por haber sido infligido por funcionario público y por ser la víctima un perseguido político (art. 144 terc. 1º párrafo Ley 14.616) reiterado en 116 oportunidades, que resultan ser los mismos hechos que configuramos como privación ilegal de la libertad, en concurso real con el Homicidio agravado (Art. 80 inc.2 y 6 Ley 14.616) en los casos Nº 123, 124, 129, 130,134, en concurso real con Abuso sexual cfr. art. 127 Ley 20.050 reiterado en 116 oportunidades, en los mismos casos que conformaron privación ilegal de la libertad, en concurso real con violación art. 119, inc. 3º agravado en función del art. 122 por resultar grave daño a la salud Ley 20.050, en los casos 21, 94 y 116.
Conforme arts. 2, 19, 29 inc. 3, 40, 41, 45 y 55 CP; todos ellos perpetrados para cometer un genocidio (art. 2 de la Convención para la Prevención y Sanción del delito de Genocidio); a la pena de reclusión perpetua e inhabilitación absoluta, de cumplimiento efectivo en una cárcel común.

6- Solicitamos la condena de Eufemio Jorge Uballes, miembro de la Policía Federal Argentina, en tanto su responsabilidad penal deviene de haber actuando bajo el apodo de ““Anteojito Quiroga” o“Führer”, siendo parte del plantel estable del circuito represivo ABO; por considerarlo penalmente responsable como co-autor de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas reiterado en 181 oportunidades, en ciento tres de esas privaciones ilegales de la libertad se encuentran agravadas por haber durado más de un mes (cfr. art. 144 bis ultimo párrafo en función del art. 142 5º del C.P. Ley 20.642 ), en los casos identificados bajo los números 1, 3 a 5, 12, 14, 15, 19, 27, 28, 31, 33, 35, 36, 38, 41, 42, 46 a 49, 54, 55, 59, 61 a 63, 72 a 89, 91, 93 a 95, 97 a 102, 104, 107 a 110, 112, 113, 116, 117, 119, 121 a 125, 128 a 130, 132 a 134, 136 a 141, 143, 145, 150, 152 a 157, 160 a 163, 165 a 169, 172, 173 y 177 en concurso real con los delitos de imposición tormentos agravados por haber sido infligidos por un funcionario público y por ser la víctima un perseguido político (art. 144 terc. 1º párrafo, Ley 14.616) reiterado en 181 oportunidades, que resultan ser los mismos hechos que configuramos como privación ilegal de la libertad, en concurso real con el Homicidio agravado (Art. 80 inc.2 y 6 Ley 14.616) en los casos Nº 123, 124, 129, 130, 134, en concurso real con Abuso sexual cfr. art. 127 Ley 20.050 reiterado en 181 oportunidades, en los mismos casos que conformaron privación ilegal de la libertad, en concurso real con violación art. 119, inc. 3º agravado en función del art. 122 por resultar grave daño a la salud Ley 20.050, en los casos 21, 94 y 116.
Conforme arts. 2, 19, 29 inc. 3, 40, 41, 45 y 55 CP; todos ellos perpetrados para cometer un genocidio (art. 2 de la Convención para la Prevención y Sanción del delito de Genocidio); a la pena de reclusión perpetua e inhabilitación absoluta, de cumplimiento efectivo en una cárcel común.

7- Solicitamos la condena de Eduardo Emilio Kalinec, miembro de la Policía Federal Argentina, en tanto su responsabilidad penal deviene de haber actuando bajo el apodo de “Dr. K”, siendo parte del plantel estable del circuito represivo ABO; por considerarlo penalmente responsable como co-autor de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas reiterado en 181 oportunidades, conforme los casos nº 1 al 181 en ciento tres de esas privaciones ilegales de la libertad se encuentran agravadas por haber durado más de un mes (cfr. art. 144 bis ultimo párrafo, art. 142 inc. 5º del C.P. Ley 20.642), en los casos identificados bajo los números 1, 3 a 5, 12, 14, 15, 19, 27, 28, 31, 33, 35, 36, 38, 41, 42, 46 a 49, 54, 55, 59, 61 a 63, 72 a 89, 91, 93 a 95, 97 a 102, 104, 107 a 110, 112, 113, 116, 117, 119, 121 a 125, 128 a 130, 132 a 134, 136 a 141, 143, 145, 150, 152 a 157, 160 a 163, 165 a 169, 172, 173 y 177 en concurso real con los delitos de imposición tormentos agravados por ser la victima un perseguido político (art. 144 terc. 1º párrafo, Ley 14.616) reiterado en 181 oportunidades, que resultan ser los mismos hechos que configuramos como privación ilegal de la libertad, en concurso real con el Homicidio agravado (Art. 80 inc. 2 y 6 Ley 14.616) en los casos Nº 123, 124, 129, 130,134, en concurso real con Abuso sexual cfr. art. 127 Ley 20.050 reiterado en 181 oportunidades, en los mismos casos que conformaron privación ilegal de la libertad, en concurso real con violación art. 119, inc. 3º agravado en función del art. 122 por resultar grave daño a la salud Ley 20.050, en los casos 21, 94 y 116.
Conforme arts. 2, 19, 29 inc. 3, 40, 41, 45 y 55 CP; todos ellos perpetrados para cometer un genocidio (art. 2 de la Convención para la Prevención y Sanción del delito de Genocidio); a la pena de reclusión perpetua e inhabilitación absoluta, de cumplimiento efectivo en una cárcel común.

8- Solicitamos la condena Roberto Antonio Rosa, miembro de la Policía Federal Argentina, en tanto su responsabilidad penal deviene de haber actuando bajo el apodo de “Clavel”, siendo parte del plantel estable del circuito represivo ABO; por considerarlo penalmente responsable como co-autor de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas reiterado en 181 oportunidades, en ciento tres de esas privaciones ilegales de la libertad se encuentran agravadas por haber durado más de un mes (cfr. art. 144 bis ultimo párrafo en función del art. 142 5º del C.P. Ley 20.642 ), en los casos identificados bajo los números 1, 3 a 5, 12, 14, 15, 19, 27, 28, 31, 33, 35, 36, 38, 41, 42, 46 a 49, 54, 55, 59, 61 a 63, 72 a 89, 91, 93 a 95, 97 a 102, 104, 107 a 110, 112, 113, 116, 117, 119, 121 a 125, 128 a 130, 132 a 134, 136 a 141, 143, 145, 150, 152 a 157, 160 a 163, 165 a 169, 172, 173 y 177 en concurso real con los delitos de imposición tormentos agravados por haber sido infligidos por un funcionario público y por ser la víctima un perseguido político (art. 144 terc. 1º párrafo, Ley 14.616) reiterado en 181 oportunidades, que resultan ser los mismos hechos que configuramos como privación ilegal de la libertad, en concurso real con el Homicidio agravado (Art. 80 inc.2 y 6 Ley 14.616) en los casos Nº 123, 124, 129, 130, 134, en concurso real con Abuso sexual cfr. art. 127 Ley 20.050 reiterado en 181 oportunidades, en los mismos casos que conformaron privación ilegal de la libertad, en concurso real con violación art. 119, inc. 3º agravado en función del art. 122 por resultar grave daño a la salud Ley 20.050, en los casos 21, 94 y 116.
Conforme arts. 2, 19, 29 inc. 3, 40, 41, 45 y 55 CP; todos ellos perpetrados para cometer un genocidio (art. 2 de la Convención para la Prevención y Sanción del delito de Genocidio); a la pena de reclusión perpetua e inhabilitación absoluta, de cumplimiento efectivo en una cárcel común.

9- Solicitamos la condena Juan Carlos Falcón, miembro de la Policía Federal Argentina, en tanto su responsabilidad penal deviene de haber actuando bajo el alias de “Kung Fu”, siendo parte del plantel estable del circuito represivo ABO; por considerarlo penalmente responsable como co-autor de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas reiterado en 181 oportunidades, en ciento tres de esas privaciones ilegales de la libertad se encuentran agravadas por haber durado más de un mes (cfr. art. 144 bis ultimo párrafo en función del art. 142 5º del C.P. Ley 20.642 ), en los casos identificados bajo los números 1, 3 a 5, 12, 14, 15, 19, 27, 28, 31, 33, 35, 36, 38, 41, 42, 46 a 49, 54, 55, 59, 61 a 63, 72 a 89, 91, 93 a 95, 97 a 102, 104, 107 a 110, 112, 113, 116, 117, 119, 121 a 125, 128 a 130, 132 a 134, 136 a 141, 143, 145, 150, 152 a 157, 160 a 163, 165 a 169, 172, 173 y 177 en concurso real con los delitos de imposición tormentos agravados por haber sido infligidos por un funcionario público y por ser la víctima un perseguido político (art. 144 terc. 1º párrafo, Ley 14.616) reiterado en 181 oportunidades, que resultan ser los mismos hechos que configuramos como privación ilegal de la libertad, en concurso real con el Homicidio agravado (Art. 80 inc.2 y 6 Ley 14.616) en los casos Nº 123, 124, 129, 130, 134, en concurso real con Abuso sexual cfr. art. 127 Ley 20.050 reiterado en 181 oportunidades, en los mismos casos que conformaron privación ilegal de la libertad, en concurso real con violación art. 119, inc. 3º agravado en función del art. 122 por resultar grave daño a la salud Ley 20.050, en los casos 21, 94 y 116.
Conforme arts. 2, 19, 29 inc. 3, 40, 41, 45 y 55 CP; todos ellos perpetrados para cometer un genocidio (art. 2 de la Convención para la Prevención y Sanción del delito de Genocidio); a la pena de reclusión perpetua e inhabilitación absoluta, de cumplimiento efectivo en una cárcel común.

10- Solicitamos la condena Luis Juan Donocik, miembro de la Policía Federal Argentina, en tanto su responsabilidad penal deviene de haber actuando bajo el “alias Polaco Chico”, siendo parte del plantel estable del circuito represivo ABO; por considerarlo penalmente responsable como co-autor de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas reiterado en 181 oportunidades, en ciento tres de esas privaciones ilegales de la libertad se encuentran agravadas por haber durado más de un mes (cfr. art. 144 bis ultimo párrafo en función del art. 142 5º del C.P. Ley 20.642 ), en los casos identificados bajo los números 1, 3 a 5, 12, 14, 15, 19, 27, 28, 31, 33, 35, 36, 38, 41, 42, 46 a 49, 54, 55, 59, 61 a 63, 72 a 89, 91, 93 a 95, 97 a 102, 104, 107 a 110, 112, 113, 116, 117, 119, 121 a 125, 128 a 130, 132 a 134, 136 a 141, 143, 145, 150, 152 a 157, 160 a 163, 165 a 169, 172, 173 y 177 en concurso real con los delitos de imposición tormentos agravados por haber sido infligidos por un funcionario público y por ser la víctima un perseguido político (art. 144 terc. 1º párrafo, Ley 14.616) reiterado en 181 oportunidades, que resultan ser los mismos hechos que configuramos como privación ilegal de la libertad, en concurso real con el Homicidio agravado (Art. 80 inc.2 y 6 Ley 14.616) en los casos Nº 123, 124, 129, 130, 134 en concurso real con Abuso sexual cfr. art. 127 Ley 20.050 reiterado en 181 oportunidades, en los mismos casos que conformaron privación ilegal de la libertad, en concurso real con violación art. 119, inc. 3º agravado en función del art. 122 por resultar grave daño a la salud Ley 20.050, en los casos 21, 94 y 116.
Conforme arts. 2, 19, 29 inc. 3, 40, 41, 45 y 55 CP; todos ellos perpetrados para cometer un genocidio (art. 2 de la Convención para la Prevención y Sanción del delito de Genocidio); a la pena de reclusión perpetua e inhabilitación absoluta, de cumplimiento efectivo en una cárcel común.

11- Solicitamos la condena Guillermo Víctor Cardozo miembro de la Gendarmería Nacional, en tanto su responsabilidad penal deviene de haber actuando bajo el alias de “Cortes”, siendo parte del plantel estable del circuito represivo ABO; por considerarlo penalmente responsable como co-autor de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas reiterado en 117 oportunidades, en relación a los casos identificados con los números 1, 27, 54, 55, 59, 61 a 63 y 73 a 181, cfr. Art 144 bis inc 1 último párrafo Ley 14616 en función del art. 142 inc. 1 Ley 20.642 CP, de los cuales 82 de ellas se encuentran agravadas por haber durado más de un mes, en los casos identificados bajo los números 1, 27, 54, 59, 61 a 63, 73 a 89, 90, 91, 93 a 95, 98 a 102, 104, 107 a 110, 112, 113, 116, 117, 119, 121 a 125, 128 a 130, 132 a 134, 136 a 141, 143, 145, 150, 152 a 157, 160 a 163, 165 a 169, 172, 173 cfr art. 144 bis ultimo párrafo en función del art. 142 inc. 5 CP, en concurso real con los delitos de imposición tormentos agravados por un funcionario público y por ser la víctima un perseguido político reiterado en 117 oportunidades (art. 144 terc. 1º párrafo Ley 14616), que resultan ser los mismos hechos que configuramos como privación ilegal de la libertad, en concurso real con el Homicidio agravado (Art. 80 inc.2 y 6 Ley 14.616) en los casos Nº 123, 124, 129, 130,134. en concurso real con Abuso sexual cfr. art. 127 Ley 20.050 reiterado en 117 oportunidades, en los mismos casos que conformaron privación ilegal de la libertad, en concurso real con violación art. 119, inc. 3º agravado en función del art. 122 por resultar grave daño a la salud Ley 20.050, en los casos 21, 94 y 116.
Conforme arts. 2, 19, 29 inc. 3, 40, 41, 45 y 55 CP; todos ellos perpetrados para cometer un genocidio (art. 2 de la Convención para la Prevención y Sanción del delito de Genocidio); a la pena de reclusión perpetua e inhabilitación absoluta, de cumplimiento efectivo en una cárcel común.

12- Solicitamos la condena Eugenio Pereyra Apestegui, miembro de la Gendarmería Nacional, en tanto su responsabilidad penal deviene de haber actuando bajo el alias de “Quintana”, siendo parte del plantel estable del circuito represivo ABO; por considerarlo penalmente responsable como co-autor de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas reiterado en 117 oportunidades, en relación a los casos identificados con los números 1, 27, 54, 55, 59, 61 a 63 y 73 a 181, cfr. Art 144 bis inc. 1 ultimo párrafo Ley 14616 en función del art. 142 inc. 1 Ley 20.642 CP, de los cuales 82 de ellas se encuentran agravadas por haber durado más de un mes, en los casos identificados bajo los números 1, 27, 54, 59, 61 a 63, 73 a 89, 90, 91, 93 a 95, 98 a 102, 104, 107 a 110, 112, 113, 116, 117, 119, 121 a 125, 128 a 130, 132 a 134, 136 a 141, 143, 145, 150, 152 a 157, 160 a 163, 165 a 169, 172, 173 cfr art. 144 bis ultimo párrafo en función del art 142 inc.5 CP, en concurso real con los delitos de imposición tormentos agravados por un funcionario público y por ser la víctima un perseguido político reiterado en 117 oportunidades (art. 144 terc. 1º parrafo Ley 14616), que resultan ser los mismos hechos que configuramos como privación ilegal de la libertad, en concurso real con el Homicidio agravado (Art. 80 inc.2 y 6 Ley 14.616) en los casos Nº 123, 124, 129, 130, 134, en concurso real con Abuso sexual cfr. art. 127 Ley 20.050 reiterado en 117 oportunidades, en los mismos casos que conformaron privación ilegal de la libertad, en concurso real con violación art. 119, inc. 3º agravado en función del art. 122 por resultar grave daño a la salud Ley 20.050, en los casos 21, 94 y 116.
Conforme arts. 2, 19, 29 inc. 3, 40, 41, 45 y 55 CP; todos ellos perpetrados para cometer un genocidio (art. 2 de la Convención para la Prevención y Sanción del delito de Genocidio); a la pena de reclusión perpetua e inhabilitación absoluta, de cumplimiento efectivo en una cárcel común.

13 -Solicitamos la condena Raúl Antonio Guglielminetti, miembro de Inteligencia del Batallón 601 del Ejército Argentino, en tanto su responsabilidad penal deviene de haber actuado bajo el alias “Gustavino” o “Mayor Gustavino”, siendo parte del plantel estable del circuito represivo ABO; por considerarlo penalmente responsable como co-autor de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas reiterado en 75 oportunidades, en relación a los casos identificados con los números 54, 55, 63, 73, 75, 76, 78, 85, 87, 95, 98 a 100, 102, 104, 107 a 110, 121 a 126, 128 a 130, 132 a 134, 136 a 145, 147 a 150, 152 a 181 cfr art. 144 bis inc.1 y ultimo párrafo Ley 14616 en función del art 142 inc1 Ley 20.642 CP, 56 de esas privaciones ilegales de la libertad se encuentran agravadas por haber durado más de un mes, en los casos identificados bajo los números 54, 55, 63, 73, 75, 76, 78, 85, 87, 95, 98 a 100, 102, 104, 107 a 110, 121 a 125, 128 a 130, 132 a 134, 136 a 141, 145, 150, 152 a 157, 160 a 163, 165 a 169, 172, 173 y 177 (cfr art. 144 bis ultimo párrafo en función del art. 142 inc.5 del CP) en concurso real con los delitos de imposición tormentos agravados por haber sido infligido por un funcionario público y por ser la víctima un perseguido político (art. 144 terc. 1º párrafo, Ley 14.616) reiterado en 75 oportunidades, que resultan ser los mismos hechos que configuramos como privación ilegal de la libertad, en concurso real con el Homicidio agravado (Art. 80 inc.2 y 6 Ley 14.616) en los casos Nº 123, 124, 129, 130, 134, en concurso real con Abuso sexual cfr. art. 127 Ley 20.050 reiterado en 75 oportunidades, en los mismos casos que conformaron privación ilegal de la libertad.
Conforme arts. 2, 19, 29 inc. 3, 40, 41, 45 y 55 CP; todos ellos perpetrados para cometer un genocidio (art. 2 de la Convención para la Prevención y Sanción del delito de Genocidio); a la pena de reclusión perpetua e inhabilitación absoluta, de cumplimiento efectivo en una cárcel común.

14- Solicitamos la condena Ricardo Taddei, miembro de la Policía Federal Argentina, en tanto su responsabilidad penal deviene de haber actuando bajo el alias de “Cura” o “El Padre”, siendo parte del plantel estable del circuito represivo ABO; por considerarlo penalmente responsable como co- autor de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas reiterado en 181 oportunidades, en ciento tres de esas privaciones ilegales de la libertad se encuentran agravadas por haber durado más de un mes, en los casos identificados bajo los números 1, 3 a 5, 12, 14, 15, 19, 27, 28, 31, 33, 35, 36, 38, 41, 42, 46 a 49, 54, 55, 59, 61 a 63, 72 a 89, 91, 93 a 95, 97 a 102, 104, 107 a 110, 112, 113, 116, 117, 119, 121 a 125, 128 a 130, 132 a 134, 136 a 141, 143, 145, 150, 152 a 157, 160 a 163, 165 a 169, 172, 173 y 177, en concurso real con los delitos de imposición tormentos agravados por ser la victima un perseguido político (art. 144 terc. 2º párrafo, Ley 14.616) reiterado en 181 oportunidades, que resultan ser los mismos hechos que configuramos como privación ilegal de la libertad, en concurso real con el Homicidio agravado (Art. 80 inc.2 y 6 Ley 14.616) en los casos Nº 123, 124, 129, 130, 134, en concurso real con Abuso sexual cfr. art. 127 Ley 20.050 reiterado en 181 oportunidades, en los mismos casos que conformaron privación ilegal de la libertad, en concurso real con violación art. 119, inc. 3º agravado en función del art. 122 por resultar grave daño a la salud Ley 20.050, en los casos 21, 94 y 116.
Conforme arts. 2, 19, 29 inc. 3, 40, 41, 45 y 55 CP; todos ellos perpetrados para cometer un genocidio (art. 2 de la Convención para la Prevención y Sanción del delito de Genocidio); a la pena de reclusión perpetua e inhabilitación absoluta, de cumplimiento efectivo en una cárcel común.

15- Solicitamos la condena Enrique José Del Pino, miembro del Ejército Argentino, Batallón de Inteligencia 601, en tanto su responsabilidad penal deviene de haber ostentado el cargo de Capitán actuando bajo el alias de “Miguel”, siendo parte del plantel estable del Circuito represivo ABO; por considerarlo penalmente responsable como co- autor de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas reiterado en 118 oportunidades, en relación a los casos identificados con los números 1, 27, 31, 54, 55, 59, 61 a 63, 73 a 75, 77 a 114, 116 a 118, 120 a 181, cfr art. 144 bis inc.1 y ultimo párrafo Ley 14616 en función del art 142 inc1 Ley 20.642 CP, 86 de esas privaciones ilegales de la libertad se encuentran agravadas por haber durado más de un mes, en los casos identificados bajo los números 1, 27, 31, 54, 95, 59, 61 a 63, 73 a 80, 82 a 89, 91, 93 a 95, 97 a 102, 104, 107 a 110, 112, 113, 116, 117, 119, 121 a 125, 128 a 130, 132 a 134, 136 a 141, 143, 145, 150, 152, 154, 157, 161 a 163, 165 a 173, 177 (cfr art. 144 bis ultimo párrafo en función del art. 142 inc.5 del CP) en concurso real con los delitos de imposición tormentos agravados por haber sido infligido por un funcionario público y por ser la víctima un perseguido político (art. 144 terc. 1º párrafo, Ley 14.616) reiterado en 118 oportunidades, que resultan ser los mismos hechos que configuramos como privación ilegal de la libertad, en concurso real con el Homicidio agravado (Art. 80 inc.2 y 6 Ley 14.616) en los casos Nº 123, 124, 129, 130, 134, en concurso real con Abuso sexual cfr. art. 127 Ley 20.050 reiterado en 118 oportunidades, en los mismos casos que conformaron privación ilegal de la libertad.
Conforme arts. 2, 19, 29 inc. 3, 40, 41, 45 y 55 CP; todos ellos perpetrados para cometer un genocidio (art. 2 de la Convención para la Prevención y Sanción del delito de Genocidio); a la pena de reclusión perpetua e inhabilitación absoluta, de cumplimiento efectivo en una cárcel común.

b) También se solicita se libre oficio al Ministerio de Defensa de la Nación a fin de que tramite en caso de que aún no hayan sido dados de baja del Ejército Argentino se lo haga en forma inmediata y por ende, la pérdida del derecho del haber de retiro en relación a Enrique José del Pino, Raúl Antonio Guglielminetti, y al Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación a iguales fin en relación a Juan Carlos Avena, Samuel Miara, Oscar Augusto Isidro Rolon, Julio Héctor Simon, Raúl González, Eufemio Jorge Uballes, Eduardo Emilio Kalinec, Norberto Antonio Rosa, Juan Carlos Falcón, Luis Juan Donocik, Ricardo Taddei, Guillermo Víctor Cardozo y Eugenio Pereyra Apestegui.

c) Asimismo solicitamos se extraigan los testimonios mencionados a fin de que se investigue la posible comisión de delitos en el marco de los hechos ventilados en este juicio, por parte de los siguientes testigos: MARCELO JOSÉ FERNÁNDEZ, RAÚL CORCOLES AGUIRRE, OSCAR CIDRÉ RODRÍGUEZ, OLIMPIO GARAY, HUGO OBERTO RODRÍGUEZ, ALFREDO SOTERA, EDUARDO JORGE FERNÁNDEZ, NORBERTO RUBÉN GOSENDE, MIGUEL ANÍBAL GIAO, CARLOS ALBERTO MARTÍNEZ, EDUARDO MANUEL BUTELER, EDUARDO ANTONIO PIAZZA, LUIS ALBERTO PÉREZ OFFICIALDEGUY, ANGEL ESTEBAN VALOY, OSVALDO RAFAEL ONEL, OMAR EDUARDO TORRES.
d) Solicitamos expresamente que este Tribunal instruya a los juzgados inferiores del fuero a que unifique los tramos pendientes de cada CCD del Circuito ABO, a fin de evitar el desmembramiento de las causas, que conlleva a encubrir la magnitud de los hechos.
e) Solicitamos también que este tribunal recomiende a los juzgados inferiores del fuero el requerimiento ante quien corresponda de la entrega de las nóminas y legajos completos del personal destinado a cumplir funciones en todas las dependencias que funcionaron como CCD en el circuito ABO.
f) Se deja constancia que en caso de dictarse una condena que no satisfaga lo solicitado, hacemos expresa reserva del caso Federal.
g) Asimismo esta querella solicita a este Tribunal, que previo a dictar sentencia, se verifiquen las circunstancias respecto a la salud del imputado Miara, a efectos de resolver el lugar de cumplimiento de la pena.
Para finalizar, señores jueces, reiteramos que si bien solicitamos condena de acuerdo a la normativa del derecho interno consideramos a los delitos investigados en esta causa, en su sentido específico de genocidio.
Ello habilitará un reconocimiento no sólo social sino también jurídico por los hechos sucedidos en nuestro país. Sin este reconocimiento de planificación y ejecución del Genocidio por la Justicia argentina no se permitirá a toda la sociedad prevenir, rearticularse y solidarizarse con hechos que como en la presente causa ofenden a toda la humanidad. Y un fallo que lo reconozca facilitará la resistencia firme a cualquier intento de reinstalación de estas prácticas.
Este pedido de reconocimiento judicial y de condena lo realizamos con la adhesión de sobrevivientes y familiares, lo solicitamos en nombre de los desaparecidos y asesinados, y en nombre de organizaciones defensoras de los derechos humanos. Y como lo determinan nuestro pensamiento y nuestra convicción: por los 30.000 desaparecidos, por Julio López y Silvia Suppo es que exigimos luego de la Sentencia, cárcel común y efectiva a todos los imputados en este juicio.
Hoy tenemos otra oportunidad para que la Justicia Argentina se ponga de pie. No la volvamos a desaprovechar, tenemos el inmenso privilegio de estar juzgando lo que otros no se atreven. Juzguemos en toda su magnitud, con la letra pero también con el espíritu en que la ley se funda, desde la Memoria, la Verdad, y la Justicia.

                                                                  Buenos Aires, Octubre de 2010- Justicia YA!.

Fallo Causa Von Wernich

2010-01-22T07:09:00.000-08:00

Poder Judicial de la Nación

-//-

Reg. N1 13.516

//la ciudad de Buenos Aires, Capital Federal de la República

Argentina, a los 27 días del mes de marzo de 2009, se reúne la

Sala I de la Cámara Nacional de Casación Penal, integrada por

el doctor Raúl R. Madueño como Presidente y los doctores Juan

C. Rodríguez Basavilbaso y Juan E. Fégoli como Vocales, a los

efectos de resolver el recurso de casación interpuesto en esta

causa n1 9517, caratulada: AVon Wernich, Christian Federico

s/recurso de casación@, de cuyas constancias RESULTA:

11111) Que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal

n1 1 de La Plata condenó a Christian Federico Von Wernich a la

pena de reclusión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua,

con accesorias legales y costas por considerarlo:

a) partícipe necesario en la privación ilegal de

la libertad agravada de Héctor Mariano Ballent, Juan Ramón

Nazar, Alberto Salomón Liberman, Néstor Carlos Torbidoni, Ramón

Miralles, Julio César Miralles, Jacobo Timerman, Rafael

Perrota, Juan Destéfano, Luis Guillermo Taub, Eva Gitnacht de

Graiver, Enrique Brodsky, Osvaldo Jorge Papaleo, Juan Amadeo

Gramano, Rubén Fernando Schell, Carlos Alberto Zaidman, José

María Llantada, Eduardo Kirilovsky, María Cristina Bustamante,

Analía Maffeo, Jorge Orlando Gilbert, Luis Velasco, Luis

Larralde, Jorge Luis Andreani, Ricardo San Martín, Néstor

Bozzi, Osvaldo Lovazzano, Alberto José Canziani, Elena De la

Cuadra, Héctor Baratti, José Fernando Fanjul Mahía, Rodolfo

Emilio Pettiná, Héctor Raúl Manazi y Ricardo Antonio Sanglá

(art. 144 bis inc. 11 en función del art. 142 incs. 11 y 51 del

Código Penal).

b) coautor en la aplicación de tormentos

agravados de Héctor Mariano Ballent, Juan Ramón Nazar, Alberto

Salomón Liberman, Néstor Carlos Torbidoni, Ramón Miralles,

-//- 2

Julio César Miralles, Jacobo Timerman, Luis Guillermo Taub, Eva

Gitnacht de Graiver, Osvaldo Jorge Papaleo, Juan Amadeo

Gramano, Rubén Fernando Schell, José María Llantada, Eduardo

Kirilovsky, María Cristina Bustamante, Analía Maffeo, Jorge

Orlando Gilbert, Luis Velasco, Luis Larralde, Jorge Luis

Andreani, Ricardo San Martín, Néstor Bozzi, Osvaldo Lovazzano,

Alberto José Canziani, Héctor Baratti; y coautor en la

aplicación de tormentos de Juan Destéfano.

c) partícipe necesario en la aplicación de

tormentos agravados de Carlos Alberto Zaidman, Elena De la

Cuadra, José Fernando Fanjul Mahía, Rafael Perrota y Enrique

Brodsky.

d) coautor de las privaciones ilegales de la

libertad agravadas y coautor de los homicidios triplemente

calificados de Liliana Amalia Galarza, Pablo Joaquín Mainer,

María Magdalena Mainer, Domingo Moncalvillo, Nilda Susana

Salamone, Cecilia Luján Idiart, María del Carmen Morettini

(arts. 80 incs. 21, 61 y 71; 144 bis inc. 11, en función del art.

142 inc. 11 y 51 del Código Penal y 399, 401, 530, 535 y

concordantes del Código Procesal Penal de la Nación), los que

concursan en todos los casos en forma real (arts. 12, 29 inc.

31, 40, 41, 45, 55 del Código Penal y 399, 401, 530, 535 y

concordantes del Código Procesal Penal de la Nación).

Contra dicha decisión, los defensores

particulares de Christian Federico Von Wernich, doctores Juan

Martín Cerolini y Marcelo Adrián Peña, interpusieron el recurso

de casación que, denegado, motivó la presentación directa de

fs. 7354/7359, a la que esta Sala hizo lugar a fs. 7362.

Causa N° 9517 -Sala I-

VON WERNICH, Christian

Federico s/

recurso de

casación

Cámara Nacional de Casación Penal

21111) Que con sustento en los dos incisos del

artículo 456 del Código Procesal Penal de la Nación, la defensa

planteó la errónea aplicación de la ley sustantiva y la falta

de motivación y fundamentación de la sentencia.

Se agravió en primer término de la calificación

legal de los delitos por los que resultó condenado su asistido,

así como del grado de participación como coautor. Especificó

con relación a la figura de privación ilegal de la libertad que

el tipo penal exige como finalidad esencial atentar contra la

libertad de actuación, y en ese sentido exige dolo directo, que

el sujeto activo conozca todas las características necesarias

para la tipicidad del delito.

Señaló, en cuanto al delito de homicidio

agravado por alevosía, que el tribunal debió haber comprobado

los requisitos objetivos y subjetivos del tipo penal, es decir

la verificación de los actos externos que suponen la agravante

demostrando las circunstancias que condicionan la calificación

legal escogida.

Sostuvo en ese mismo sentido, que debe

descartarse la agravante por el concurso premeditado de dos o

más personas porque los agentes deben concurrir de algún modo a

la producción del resultado con acuerdo previo para matar,

circunstancia que no fue acreditada en el caso.

Afirmó que durante el debate no se produjeron

testimonios que permitan inferir que Christian Von Wernich

constituía una pieza vital en el aparato represivo, concluyendo

en ese tópico que la participación de su defendido no Aera tan

esencial como se acusara@.

-//- 4

Adujo que no quedó demostrado en la causa que el

imputado respondiera a una convergencia previa de voluntades

donde la acción de cada uno aparezca subjetiva y objetivamente

vinculada con la de los otros partícipes.

En cuanto a la participación como coautor,

indicó que el punto de partida para determinar Ala delimitación

entre el autor y el partícipe no puede descansar únicamente

sobre los intereses o ánimos de los sujetos actuantes para con

el hecho, sin contar para esto con un parámetro objetivo,

primordialmente basado en la estructura y modo de comisión que

exhibe el tipo delictivo en particular@.

Indicó que Abasta que un individuo demuestre

...ausencia de interés hacia la realización conjunta para que

se diluya el tema de la coautoría@, y que el exceso en que

incurre un ejecutor no se transmite a los demás por no integrar

el acuerdo común que requiere la coautoría.

Señaló que Adiscrepa en un todo con la

calificación de coautoría y participación@ propuesta por el a

quo, entendiendo que dentro de la decisión del tribunal se ha

instalado la idea de que realmente Christian Von Wernich sabía

y tenía pleno conocimiento del Aplan de exterminio@ mencionado

en el debate, pero que esa circunstancia no fue acreditada.

Transcribió algunos párrafos de la sentencia que

fundamentan el rol que le cupo al imputado al momento de los

hechos investigados, y puntualizó que Ala Corte Suprema de

Justicia de la Nación al resolver los recursos interpuestos en

la causa 13, se expidió poniendo en tela de juicio la teoría

del dominio del hecho, e incluso rechazó, de acuerdo al

Causa N° 9517 -Sala I-

VON WERNICH, Christian

Federico s/

recurso de

casación

Cámara Nacional de Casación Penal

-//-

lineamiento seguido en ella, la aplicación de la autoría

mediata a través de un aparato organizado de poder, concepto

que fuera analizado y utilizado por la Cámara Federal con base

en el artículo 514 del Código de Justicia Militar@.

A ello agregó que Ala mayoría de los integrantes

de la Corte Suprema aclaró que :...=la doctrina científica en el

Derecho Comparad(o), no ha aceptado -en la legislación penal

común- que el criterio del dominio del hecho sea decisivo para

distinguir el autor del partícipe=@.

En apoyo de su postura citó el considerando 231

del fallo en cuanto sostuvo @...en las circunstancias fácticas

que se han dado por probadas, el dominio mental del hecho y la

realización de acciones extratípicas encaminadas con abuso de

poder hacia la ejecución colectiva por otros, no puede

representar otra cosa que la cooperación intelectual y material

para que los subordinados realizaran las características de los

tipos de homicidio, privaciones (salto de página)...son

partícipes como cooperadores necesarios y no autores en los

términos del artículo 45 del Código Penal, porque éstos están

en el campo de la ejecución en cuanto al principio de ejecución

(art. 43 del C.P.) y consumación@.

Por otra parte sostuvo que el imputado no era

funcionario público, porque los capellanes están asimilados en

forma administrativa a la policía bonaerense, toda vez que

deben justificar su ingreso a ella y su escalafón, en un

sentido netamente administrativo por imposición del capellán

general, y que Christian Von Wernich respondía en el desarrollo

-//- 6

de su tarea al Obispado de 9 de Julio.

Como agravio adjetivo indicó que la sentencia

dictada no tiene la suficiente fundamentación en cuanto a los

delitos imputados, porque Ase han transcripto testimonios y se

ha basado fundamentalmente la condena en lo resuelto por la

Cámara Federal de Apelaciones de la Capital Federal en la causa

13".

En ese sentido dijo que la motivación

consistente en la sola mención global de medios de prueba

introducidos al debate no es una motivación legal y debe

considerarse equivalente a la falta de ella.

Sostuvo que la sentencia, tratando de fijar las

situaciones fácticas vinculadas al hecho en debate, ha

incurrido en contradicciones, realizando una valoración

arbitraria de circunstancias decisivas que le han impedido una

motivación correcta del caso.

Explicó que la falta de motivación no consiste

solamente en que el juzgador no consigne por escrito las

razones que lo determinan a declarar una concreta voluntad de

la ley material que aplica, sino también en no razonar sobre

los elementos de prueba introducidos en el proceso, de acuerdo

con el sistema de prueba impuesto por la ley procesal.

En cuanto a la violación de las reglas de la

sana crítica racional alegó Aun vicio en el razonamiento de los

magistrados, no en cuanto a la apreciación de los elementos

probatorios y la determinación de los hechos sino en lo

relativo a la construcción del razonamiento que constituye el

Causa N° 9517 -Sala I-

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Federico s/

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casación

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-//-

encuadre típico de la conducta descripta@ en el fallo.

Sostuvo que Ano todas las personas que tenían

vinculación con personas influyentes durante el gobierno

militar deben necesariamente terminar siendo coautores de

cuanto delito hayan cometido los referidos@.

Cuestionó la valoración de la prueba realizada

por el tribunal respecto de los hechos conocidos como ACasa de

Trenque Lauquen@, en cuanto se le imputó a su asistido la

coautoría en la privación ilegal de la libertad de Ricardo

Sanglá, Rodolfo Pettiná y Héctor Manazzi.

Manifestó al respecto que no surge de las

testimoniales prestadas en el debate -tal como pretende el

Tribunal- que Von Wernich haya amenazado a los familiares de

los nombrados para que retornaran a sus casas. En ese sentido

indicó que la señora María Luisa López de Sanglá Ano supo

discernir si tuvo miedo o efectivamente aceptó el consejo...

que no sabe si fue una amenaza o un consejo@ y el testigo Simón

Pérez refirió que Ano se sintieron amenazados, se presentaron

Hábeas Corpus, escritos. No cejaron en sus esfuerzos (las

familias)@.

En cuanto al AGrupo de los siete@, explicó que

cuando refirió en el debate que Adelina Moncalvillo faltaba a

la verdad lo hizo en referencia a las aseveraciones que ella

realizó en diferentes estrados cuestionando el origen de la

información relatada por la testigo.

Transcribió la declaración brindada por Julio

Alberto Emmed ante la Conadep e indicó que en el juicio a los

-//- 8

comandantes el nombrado nada dijo de los hechos de homicidio

referidos. En ese sentido sostuvo que el 24 de julio de 1985,

ante el Consejo Supremo de la Fuerzas Armadas, el testigo

citado declaró que Aestando el la Unidad Carcelaria de Olmos (LA

PLATA) cumpliendo una condena de 25 años, fue visitado por la

Dra. Aguad y el Dr. Aragón, ambos de la CONADEP. Lo enteraron

de un plan y que en caso de acceder al mismo, tendría grandes

beneficios, desde su libertad y la entrega de dinero, luego

sería trasladado desde La Plata a una unidad en Capital

Federal, cosa que ocurrió a los dos días de la visita le

ofrecieron 20.000 dólares, su libertad, su salida del país y

radicación en el exterior junto con su familia@.

Manifestó que Adebía incriminar a Etchecolatz y a

Von Wernich, armando una historia macabra@ y que eso debe

valorarse en tanto que el objeto probatorio está constituido

por todas las pruebas legalmente introducidas al proceso y

deben ponderarse por medio de las reglas de la sana crítica.

Por otra parte sostuvo que hay circunstancias

relativas al caso de Jacobo Timerman que fueron obviadas por su

familia, alegó en ese sentido que no fue torturado por el

imputado. En apoyo de su tesis reprodujo el testimonio del

nombrado durante el Juicio a las Juntas en cuanto la víctima

sostuvo que no había nadie de uniforme, que estaba con los ojos

vendados y que los interrogatorios se basaban respecto de la

orientación del diario y si participaba de la subversión.

Manifestó que Héctor Timerman, de forma

contrapuesta a lo indicado precedentemente, refirió que el

Causa N° 9517 -Sala I-

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casación

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ochenta por ciento del interrogatorio a su padre versaba sobre

su condición de judío y marxista. En ese sentido dijo que

Timerman Ano menciona a Von Wernich como partícipe de la

tortura, ni tampoco refiere que se le cayó la venda@ y haber

visto a su defendido, y que en relación a si los interrogadores

y torturadores constituían un grupo especial, Timerman declaró

que siempre se veía el mismo grupo de gente tanto en Coti

Martínez como en Puesto Vasco de modo que no podía discriminar

y que siempre estaban el doctor Bergés, Pretti, Tarella, Darío

Rojas, que los rostros eran siempre los mismos.

Dijo, respecto del testimonio brindado por

Schell, que no se deriva de sus dichos que haya sido torturado

psicológicamente, en tanto que de sus afirmaciones surge que no

le quedaron secuelas.

Por último se agravió de la pena impuesta en

tanto entendió que se aplicó sólo teniendo en vista un criterio

retributivo y expiatorio.

31111) Que en la oportunidad prevista en el art. 466

del Código Procesal Penal de la Nación, la parte querellante

representada por el señor Luis Hipólito Alén, -Subsecretario de

Protección de Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos

Humanos del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos

Humanos de la Nación- con el patrocinio letrado del doctor

Diego A. Dolabjian, en su escrito de fs. 7401/7408, solicitó el

rechazo del recurso incoado.

Manifestó en primer término que la presentación

interpuesta no cumplimenta los recaudos de admisibilidad de los

-//- 10

recursos imponiéndose por tanto su rechazo.

En ese sentido adujo que el escrito presentado

por la defensa no invoca las disposiciones que estima violadas

o erróneamente aplicadas por el a quo, y que Atodo su libelo no

pasa de ser un débil intento por expresar una borrosa

disconformidad fáctica con la sentencia condenatoria, pero sin

brindar el menor sustento jurídico que avale tal postura@, y que

por consiguiente resulta inadmisible.

Afirmó que Ade la mera lectura del recurso de

casación de la defensa, surge que la diluida e inconexa crítica

ensayada contra la sentencia condenatoria, se basa

exclusivamente en la intención de torcer los rigurosos

testimonios prestados en autos, que han sido objeto de una

puntillosa valoración por el a quo; no correspondiendo su

revisión@.

Indicó que el escrito recursivo resulta

Apalmariamente infundado desde que en ningún momento la defensa

ha brindado argumentos suficientes que conmuevan lo decidido

por el a quo, cuya sentencia condenatoria, por lo demás, cumple

sobradamente con el standard constitucional que exige la

motivación de los actos jurisdiccionales@.

Manifestó respecto del agravio acerca de la

calificación legal y la participación como coautor, que la

postura defensista resulta insostenible, en tanto que los

innumerables testimonios rendidos en el debate dan cuenta de la

falacia de que las tareas desarrolladas por el imputado hayan

sido meramente pastorales.

Causa N° 9517 -Sala I-

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recurso de

casación

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-//-

Sostuvo que el a quo Adilucidó correcta y

rigurosamente que el condenado participaba personalmente del

>proceso de tortura= en los centros clandestinos de detención,

constituyendo uno de los roles específicos que le correspondía

dentro del aparato represivo que integraba, como era el de

aparecer luego de los A>actos concretos=@.

Explicó que el tribunal fue terminante en cuanto

afirmó que Atan torturador es el que enchufa el cable en la

pared como el que enciende la radio para que no se escuchen los

gritos, el que pasa picana por los genitales de la víctima, o

el que llega después a >aconsejarle= que hable para no ser

torturado nuevamente@.

Indicó que basta con la mera lectura de la

sentencia puesta en crisis para advertir que resulta falso que

haya en ella una transcripción global de los testimonios, sino

que el a quo ha realizado un análisis pormenorizado de las

declaraciones, transcribiendo únicamente algunos fragmentos que

brindaban apoyatura concreta a sus conclusiones.

Expuso que la defensa denuncia a la sentencia

recurrida como ilógica, autocontradictoria e inmotivada pero

sin señalar Auna sola oración del fallo condenatorio que permita

advertir tales vicios@.

En cuanto a la violación de la sana crítica

alegada, respondió que se trata de reiteración de

consideraciones relacionadas al carácter de funcionario público

del imputado, los sucesos relativos a la casa de Trenque

Lauquen, al grupo de los siete, a Emmed y Jacobo Timerman y que

-//- 12

sólo se trata de una disconformidad de criterio con el del

sentenciante pero que no alcanza a constituirse en una crítica

concreta y razonada que permita conmover lo resuelto por el a

quo.

Por último dijo que los planteos esgrimidos

respecto a la pena impuesta a Christian Von Wernich resultan de

una inconexión tan manifiesta que dificultan su intelección,

dijo que Apareciera que la defensa considera que la sanción

impuesta resulta injusta desde el punto de vista retributivo y

preventivo@.

Manifestó que no hay otra alternativa jurídica

ni éticamente posible frente a la demostración de la

perpetración de crímenes de lesa humanidad que imponer la pena

máxima y cualquier otra decisión violaría abiertamente los

mandatos de nuestra Constitución Nacional y los provenientes

del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y por lo

tanto los planteos de la defensa devienen inatendibles.

41111) Que superada la etapa prevista en el art. 468

del C.P.P.N. y habiéndose efectuado el sorteo para que los

señores jueces emitan su voto, resultó designado para hacerlo

en primer término el doctor Raúl R. Madueño y en segundo y

tercer lugar los doctores Juan C. Rodríguez Basavilbaso y Juan

E. Fégoli respectivamente.

El señor juez doctor Raúl R. Madueño dijo:

El marco de análisis general.

I. En forma liminar considero necesario precisar

como lo hiciera in re AEtchecolatz, Miguel Osvaldo s/ recurso de

Causa N° 9517 -Sala I-

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-//-

casación e inconstitucionalidad@, causa n1 7896, reg. n1 10.488

de esta Sala I, resuelta el 18/5/07, que la naturaleza de los

delitos que aquí se juzgan, objetivamente considerados,

constituyen desde siempre una negación de los derechos

inherentes a todo individuo.

Observa Bordeu que Ala libertad de existir en sí

misma implica que se pueda existir sin riesgo; la libertad de

ir y de venir, la libertad de la persona física, comporta un

corolario que en el siglo XVIII se llamaba la seguridad, es

decir, la garantía contra los arrestos, las detenciones y las

penas arbitrarias. De todas las condiciones de la libertad, la

seguridad es una de las más evidentes, porque si ella falta, es

la apariencia misma de la libertad que desaparece. Cuéntase,

también, entre las que primero fueron comprendidas bajo la

forma de una organización imparcial del procedimiento penal.

Pero la primacía de la seguridad, tan natural, parece que no ha

escapado a las ofensivas modernas de lo arbitrario: los campos

de concentración son la prueba más evidente de la regresión de

la idea de la libertad afectada en su ejercicio físico y, en

cierto modo elemental. Sabemos hoy, por experiencia que lo que

conviene entender por seguridad individual es, a la vez, la

garantía de cierta seguridad moral gracias a la cual el

individuo, sobre la fe del orden jurídico existente, puede

organizar su vida, jugar su suerte y disponer su futuro, y la

garantía de una seguridad física que elimine el peligro de las

penas arbitrarias. La seguridad es el beneficio del reinado del

derecho. Así entendida, ella exige la imparcialidad de la ley y

la buena organización de la justicia y del procedimiento penal@

-//- 14

(cfr. Bordeu, Georges; AManuel de droit public: les libertés

públiques, les droits sociaux@, citado por Linares Quintana,

Segundo V. en ATratado de la Ciencia del Derecho constitucional@

T. 5, Buenos Aires, 1956, págs. 190/191).

La integridad física y la libertad,

manifestaciones de la vida en el más amplio de sus sentidos,

no sólo tienen su génesis en el ser humano sino que lo

constituyen.

Por lo tanto, el ordenamiento jurídico no

Aacuerda@ sus libertades fundamentales al hombre, sino antes

bien las reconoce, no sólo como expresión de principios sino

como una manera de enfatizar su tutela.

Linares Quintana con referencia al concepto de

seguridad jurídica señala que Ael Estado ha de respetar y

asegurar la inviolabilidad del hombre -en cuanto ser libre

capaz de decidir sus propias acciones y de escoger sus propios

fines-, necesaria para que pueda el mismo obrar como un ser

naturalmente investido de libertad, responsabilidad y dignidad@

(cfr. Linares Quintana, ob. cit, pág. 189).

Enseña Joaquín V. González que "cuando los

pueblos consignan 'declaraciones de derechos' en sus

constituciones, es porque quieren sancionar en forma permanente

y escrita las conquistas de pasadas luchas y las costumbres o

tradiciones de su raza o nacionalidad; o se proponen a la vez

reconocer o adoptar doctrinas fundamentales de justicia, como

base de la constitución social y política, o reduciendo a

fórmulas doctrinales los consejos de la experiencia" (ver

"Manual de Derecho Constitucional@, pág. 95).

Causa N° 9517 -Sala I-

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-//-

La vinculación del hombre con el estado -y por

ende con el derecho- no puede fundarse sino en el

reconocimiento de la preexistencia y prelación del primero

sobre el segundo.

En esta ordenación del estado al servicio del

hombre abreva nuestra más reconocida tradición constitucional.

Ya la Carta Fundamental de 1853 antepuso a las

normas organizativas del poder -con evidente significación

axiológica-, el reconocimiento de los derechos y libertades

fundamentales del hombre, allí, "están contenidos todos los

principios que forman el derecho constitucional argentino y las

prescripciones prácticas que el pueblo ha puesto en frente de

los poderes del gobierno, para contenerlos en los límites de

las facultades concedidas, para que ellos los defiendan y

aseguren, y para fijar una línea divisoria entre los derechos

de los individuos, ciudadanos y extranjeros, y los deberes y

atribuciones de las autoridades" (cfr. Joaquín V. González, Ob.

cit., pág. 93).

Por su parte, Bidart Campos sostiene que "el

hombre es la unidad básica de toda sociedad, el núcleo del

hecho social. El estado, comunidad perfecta, existe por y para

los hombres, y aunque no sea reductible cuantitativamente a la

suma de todos ellos, configura una empresa de hombres y para

hombres. No es el hombre para el Estado, sino el Estado para el

hombre@ (cfr. Bidart Campos, Germán; "Derecho Político", cuarta

ed., 1972, pág. 303).

En igual dirección, César Enrique Romero dice

que "entraña, ontológicamente, cualidad esencial del gobierno

-//- 16

constitucional o Estado de Derecho, ser régimen de garantías, o

seguridades de los derechos personales" (cfr. Romero, César

Enrique; ADerecho Constitucional@, Tomo I, Buenos Aires, 1976,

pág. 13).

Los derechos fundamentales deben concebirse como

instrumentos o medios cambiantes que se otorgan al hombre para

defender su personalidad: la persona humana y sus atributos

fundamentales -libertad, dignidad, fin propio- son anteriores y

superiores al derecho, que con el estado, constituyen simples

medios cuando se consideran con los supremos valores de la

persona (cfr. Xifra Heras, Jorge; ACurso de Derecho

Constitucional@, Tomo I, Barcelona, 1957, pág. 339).

Recuerda el autor que vivimos un momento en que

se ha hecho de los derechos fundamentales del hombre piedra de

toque de toda la comunidad internacional y su orden jurídico, y

más adelante afirma con cita de Lucas Verdú, que a modo de

paradoja, la prevalencia de los derechos naturales del hombre

en una época que se ha caracterizado tristemente por sus

violaciones, se ha universalizado, ha transportado su

afirmación al campo internacional (cfr. Xifra Heras, ob. cit.,

pág. 352).

Se ha señalado que Acon o sin declaración formal

de los derechos, el régimen de justicia que otorga a los

hombres la potencia justa que su dignidad de persona recaba

desde el deber ser ideal del valor, coincide con la democracia

en cuanto forma de estado. La filosofía de los derechos humanos

se convierte, de este modo, en la filosofía de la democracia,

cuya esencia radica en la libertad y en el desarrollo pleno e

Causa N° 9517 -Sala I-

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-//-

integral de la personalidad@, quedando así Anaturaleza,

historia, sociedad, estado y derecho, finalmente,

coherentemente unidos@ (cfr. Bidart Campos, Germán; ALos

derechos del hombre@, Buenos Aires, 1974, pág. 84).

La cláusula del artículo 33 incorporada a

nuestra Constitución Nacional en la convención de 1860 es

muestra elocuente de la naturaleza inherentemente humana y por

tanto preexistente e indisponible de estos derechos.

En aquella oportunidad, sus propulsores,

Sarmiento, Mitre y Vélez Sarsfield, defendieron su

incorporación con argumentos que por su vigencia vale recordar.

Sarmiento alegó que Ala constitución había enumerado no sólo

derechos constitucionales, sino también derechos civiles,

derechos individuales, relativos a la persona, a sus acciones y

a su propiedad, que en este orden de ideas, la enumeración no

podía ser absoluta@ y Apara que no se creyera nunca que esos

derechos civiles, hijos de las costumbres y de la civilización

que había alcanzado la República, podían ser desconocidos en un

momento dado@. En tanto Vélez Sarsfield decía Aqueremos imponer

a las legislaturas de provincia y al congreso nacional que no

dicten disposiciones de ningún género que tiendan a privar de

derechos a los particulares, aún cuando esos derechos no estén

-//- 18

enumerados en la ley fundamental de la nación; queremos atar la

voluntad legislativa, para lograr que las leyes que se dicten

desconociendo las prerrogativas que constituyen la personalidad

del hombre sean declaradas, nulas como inconstitucionales, por

los altos tribunales del país@ (cfr. debates de la Convención

Constituyente del año 1860, pág. 19 y sgtes.).

En Fallos 30:540 la Corte Suprema de Justicia de

la Nación introduce en su jurisprudencia el reconocimiento de
"derechos preexistentes a la Constitución". Esta noción luego
es reiterada en el caso "Nogués Hnos. c. Prov de Tucumán" y por
el juez Bermejo en el célebre caso "Ercolano c. Lanteri de
Renshaw" (Fallos: 136:161). En otros precedentes la Corte
reedita esta posición bajo las locuciones "derechos anteriores
al Estado" (Fallos: 179:11) y "preexistentes a toda legislación
positiva" (Fallos: 302:1284 y 312:1953).
El Alto Tribunal resaltó asimismo que los
@derechos fundamentales son humanos, antes que estatales@ y que
por ello, Ano pueden ser suprimidos por el Estado Nacional y si
no son respetados, tienen tutela transnacional. Este aspecto
vincula a esta figura con el derecho internacional, puesto que
ningún estado de derecho puede asentarse aceptando la
posibilidad de la violación de las reglas básicas de la
convivencia y admitiendo comportamientos que tornan a las
personas irreconocibles como tales@ (cfr. causa "Simón, Julio
Héctor s/ privación ilegítima de la libertad, etc. -causa n°
17.768-", resuelta el 14 de junio de 2005, voto del doctor
Ricardo Luis Lorenzetti, considerando 13).
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VON WERNICH, Christian
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-//-

19
En esta dirección, la Sala II de esta Cámara
señaló que "El hombre, por su sola condición de tal, 'ingresa'
al estado munido de todas esas cualidades inherentes a su
calidad de persona -v.gr. vida, integridad física, honor- y el
Estado a partir de ese momento, es decir el de la existencia de
la persona misma, se encuentra obligado a tutelar todas esas
manifestaciones ontológicas de ese ser, pues en esa obligación
reside la razón y el fundamento de su constitución como tal@
(cfr. "Mazzeo, Julio L. y otros s/ rec. de casación e
inconstitucionalidad", causa n1 5920, reg. n1 9008 de la Sala
II, resuelta el 15/9/06).
Al respecto se ha dicho que Alos derechos humanos
están en la base del Derecho, tienen carácter prejurídico y
supraestatal@ y que la dignidad humana manifiesta directamente
las exigencias de todo ser humano respecto a la comunidad. AEl
ser humano es la fuente del derecho@ (cfr. Muller, Jörg Paul,
AEléments pour une théorie suisse des droits fondamentaux@,
Berna 1983, págs. 1 y sgtes., citado por Pablo Lucas Verdú en
ATeoría de la Constitución como Ciencia Cultural@, Madrid, 1997,
pág. 284).
El constituyente de 1994 contribuyó a reforzar
esta noción en nuestro sistema de derecho, asignándole
jerarquía constitucional a los derechos y garantías enunciados

-//- 20
en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; la
Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su
Protocolo Facultativo; la Convención sobre la Prevención y la
Sanción del Delito de Genocidio; la Convención Internacional
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
Racial; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer; la Convención contra la
Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes; la Convención sobre los Derechos del Niño(art. 75,
inc. 22 de la C.N.). Luego por ley 25.778 se acordó jerarquía
constitucional a la Convención sobre la Imprescriptibilidad de
los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad.
Cabe resaltar que los constituyentes se encargaron de aclarar
que en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía
constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte
de la Constitución, y deben entenderse complementarios de los
derechos y garantías por ella reconocidos.
Así puede afirmarse que con la Constitución se
integran determinados instrumentos internacionales (art. 75
inc. 22 de la C.N.) con un sistema de protección específico que
refuerza y da actualidad a los derechos y libertades
fundamentales del ser humano, formando así un conjunto
coherente y homogéneo que constituye la ley suprema federal o
bloque constitucional federal.
El Preámbulo de la Declaración Universal de
Derechos Humanos -adoptada por Resolución 217 A (iii) del 10 de
diciembre de 1948 de la Asamblea General de las Naciones
Unidas- proclama que Ala libertad, la justicia y la paz en el
mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad
intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos
Causa N° 9517 -Sala I-
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recurso de
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-//-

21
los miembros de la familia humana@. Asimismo da cuenta que @el
desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han
originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de
la humanidad@ y que por tanto Aresulta esencial que los derechos
humanos sean protegidos por un régimen de derecho@.
Así también, la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre -aprobada en 1948 por la Novena
Conferencia Internacional Americana Bogotá, Colombia- expresa
que las Ainstituciones jurídicas y políticas, rectoras de la
vida en sociedad, tienen como fin principal la protección de
los derechos esenciales del hombre y la creación de
circunstancias que le permitan progresar espiritual y
materialmente y alcanzar la felicidad@ y que Alos derechos
esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de
determinado Estado sino que tienen como fundamento los
atributos de la persona humana@.
Se ha dicho que Ael carácter dominante de esta
Declaración, es su universalidad, que se ha afirmado
progresivamente en su contenido para todos los seres humanos,
en todos los territorios, cualesquiera que sean las formas que
tengan sus grupos sociales, o los estatutos de sus Estados@.
La Declaración adoptada por Naciones Unidas que

-//- 22
no es una simple extensión a la escala mundial de las
declaraciones o constituciones nacionales se trata de Aun
elemento del patrimonio común a todos los pueblos y a todas las
generaciones@ (cfr. Cassin, René; ALa Protection Internationale
Des Droits De L=Homme Et Ses Difficultes@, en Revista Jurídica
de Buenos Aires, Buenos Aires, 1985, págs. 39 y 41).
Aparecen los conceptos de Acooperación@ y
Asolidaridad internacional@ en la protección de los derechos
humanos, de donde lo referente a la vigencia y protección de
estos derechos ha dejado de ser competencia exclusiva de los
Estados, en tanto que coexisten las competencias estatales e
internacionales.
Así se expresan los preámbulos de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos; del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos; del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre
los Derechos del Niño, la Convención la Tortura y otros Tratos
o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes y la Convención Europea
de Derechos Humanos.
En esta dirección la Sala II de este Tribunal,
destacó en la causa AMazzeo@ ya citada, lo señalado por el Juez
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Antonio A.
Cançado Trindade, al referirse al Reglamento de la Corte
adoptado el 24 de noviembre de 2000, respecto a la importancia
histórica de que los individuos hayan "logrado el
reconocimiento de su condición de sujetos del Derecho
Internacional de los Derechos Humanos, dotados de capacidad
jurídico-procesal internacional. Este salto cualitativo
representa la consecuencia lógica de la concepción y
formulación de derechos a ser protegidos bajo la Convención
Americana en el plano internacional, a las cuales debe
necesariamente corresponder la capacidad jurídica plena de los
individuos peticionarios de vindicarlos" (cfr. presentación del
Causa N° 9517 -Sala I-
VON WERNICH, Christian
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-//-

23
Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Juez
Antonio A. Cançado Trindade, ante el Consejo Permanente de la
Organización de los Estados Americanos, Washington D.C., 17 de
abril de 2002).
De ello se infiere que Ala persona es un sujeto
investido de personalidad internacional, que la cuestión de los
derechos humanos ya no es de jurisdicción exclusiva o reservada
de los Estados porque, aunque no le ha sido sustraída al
Estado, pertenece a una jurisdicción concurrente o compartida
entre el Estado y la jurisdicción internacional y que nuestro
derecho constitucional asimila claramente, a partir de la
reforma de 1994, todo lo hasta aquí dicho, porque su art. 75,
inc. 22, es más que suficiente para darlo por cierto@ (cfr.
Bidart Campos, Germán J.; AEl artículo 75, inciso 22, de la
Constitución y los derechos humanos@ en ALa aplicación de los
tratados Internacionales sobre derechos humanos por los
tribunales locales@, Buenos Aires, 1998, pág. 78).
El Derecho de gentes.
Por otra parte, existe un sistema de derecho
común a todas las naciones, reconocido y receptado por nuestra
carta organizacional y de manera conteste por la legislación y
la jurisprudencia de los tribunales internacionales.

-//- 24
La adopción y el desarrollo de un sistema
internacional que, partiendo de principios comunes que vinculan
a todas las naciones del orbe, asigna respuestas jurídicas a la
problemática -también común- que representan el tipo de
conductas que aquí se juzgan, marcó el fin del sistema impuesto
por la paz de Westfalia (1648) signado por la ausencia de una
comunidad internacional organizada; la afirmación de la
soberanía absoluta de los Estados y un derecho internacional o
de gentes con sesgos fundamentalmente iusprivatistas.
Los debates en relación al empleo de la
expresión Aderecho de gentes@ -ius gentium- de filiación
romanista y originalmente concebido como el derecho común a los
pueblos de la antigüedad clásica, han ido acompañando los
intentos por precisar su contenido y ámbito de aplicación. Kant
propuso emplear el término Staattenrecht -derecho de los
estados- en lugar del Vöelkerrecht de contenido más amplio, que
originariamente traducía al alemán el concepto Derecho de
Gentes, -Law of Nations del derecho anglosajón-.
Se reconoce al pensamiento de los españoles
Francisco De Vitoria, Francisco Suárez y al holandés Huig De
Groot el mérito de haber transformado las nociones antigua y
medieval del derecho de gentes, sustituyéndolas por una nueva
de un Aius inter gentes@ -conforme la definición de Vitoria en
su Relectio de Indis- que no descansa tan sólo en la regulación
convencional de las relaciones entre las naciones de occidente
sino avanza hacia la consideración de la humanidad como un
todo.
Francisco Suárez precisaría aún más esta noción
señalando que Ael género humano, aunque dividido en varios
pueblos y reinos, siempre tiene alguna unidad, no sólo
específica, sino cuasi política y moral, que indica el precepto
natural del mutuo amor y la misericordia, que se extiende a
todos, aún a los extraños y de cualquier nación. Por lo cual,
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aunque cada ciudad perfecta, república o reino, sea en sí
comunidad perfecta y compuesta de sus miembros, no obstante,
cualquiera de ellas es también miembro de algún modo de este
universo, en cuanto pertenece al género humano; pues nunca
aquellas comunidades son aisladamente de tal modo suficientes
para sí, que no necesiten de alguna mutua ayuda y sociedad y
comunicación, a veces para mejor ser y mejor utilidad, y a
veces también por moral necesidad e indigencia, como consta del
mismo uso. Por esta razón, pues, necesitan de algún derecho por
el cual sean dirigidas y ordenadas rectamente en este genero de
comunicación y sociedad. Y aún cuando en gran parte se haga
esto por la razón natural, mas no suficiente e inmediatamente
en cuanto a todo, y, por tanto, pudieron ser introducidos por
el uso de las mismas gentes algunos especiales derechos. Pues
así como en alguna ciudad o provincia la costumbre introdujo
ley, así en el universo género humano pudieron los derechos ser
introducidos por las costumbres de las gentes@ (cfr. De legibus,
II, Cap. XIX. núm. 9 citado por Alfred Verdross en Derecho en
Derecho Internacional Público, Madrid, 1967, pág. 51).
Aparece así la idea de la humanidad como objeto
de una tutela fundada en nociones de solidaridad universal que
luego se vería plasmada en el sistema de protección

-//- 26
internacional de los derechos humanos del último siglo.
En este contexto, los derechos humanos, sin
perder su ubicación en el derecho interno de los estados,
simultáneamente adquieren una dimensión particular en la
comunidad internacional organizada que Aasume la defensa de la
persona humana en sus libertades fundamentales, y que las ha
declarado en documentos internacionales o las ha consignado en
tratados internacionales sean estos regionales o universales.
No se trata, pues, de que todos los estados positivizan en sus
constituciones los derechos individuales, sino que la
positividad de éstos aparece ya en el marco del derecho
internacional público. El reconocimiento internacional de los
derechos de la persona humana viene, entonces, a superar y
completar el margen inicial -y subsistente- del similar
reconocimiento en el derecho interno de los estados. No a
sustituirlo, sino a reforzarlo@ (cfr. Bidart Campos, Germán;
ALos Derechos del Hombre@, supra cit., págs. 156/157).
Carlos Sánchez Viamonte apunta que Alo que hace
falta es dar solución técnica a esa defensa en forma de
protección institucional bajo la doble garantía del derecho
positivo en cada una de las naciones y de un respaldo
internacional en forma de administración de justicia superior y
definitiva, acatada por todos@ (cfr. ALa Declaración Universal
de Derechos del Hombre y el pensamiento tradicional argentino@,
Sur, agosto-septiembre de 1950, núms. 190/191, pág. 50).
La idea de que la colectividad humana tiene el
derecho y el deber moral de impedir los grandes atentados
contra los derechos del hombre es una noción bastante antigua
(cfr. Cassin, René; ob. cit., pág. 12).
Nuestra Constitución en su artículo 118 dispone
que Atodos los juicios criminales ordinarios, que no se deriven
del derecho de acusación concedido a la Cámara de Diputados se
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terminarán por jurados, luego que se establezca en la república
esta institución. La actuación de estos juicios se hará en la
misma provincia donde se hubiere cometido el delito; pero
cuando se comete fuera de los límites de la Nación, contra el
derecho de Gentes, el congreso determinará por una ley especial
de seguirse el juicio@ (La norma reproduce casi literalmente el
artículo 62 in fine del proyecto de José Benjamín Gorostiaga y
el artículo 117 de la Constitución venezolana de 1811 que
establecía que Acuando el crimen sea fuera de los límites de la
Confederación, contra el derecho de gentes determinará por una
ley particular el lugar en que haya de seguirse el juicio@. En
similar sentido el art. III, sección segunda de la Constitución
de los Estados Unidos de Norteamérica de 1787).
De esta manera, con expreso sentido
universalista, la Carta Magna acoge en nuestro ordenamiento
constitucional el derecho de gentes, estableciendo para los
casos de su violación un marco de excepción al principio forum
delicti commissi, que resulta operativo cuando media
inexistencia de respuesta por parte del estado en cuyo
territorio se cometieron los hechos. En Fallos 211:218 Tomás
Casares hace alusión al tema en su interpretación del artículo

-//- 28
102 -actual 118- de la Constitución Nacional.
La conciencia generalizada entre los pueblos de
la tierra que concluye que estas conductas constituyen una
afrenta a la humanidad que debe ser sancionada, es un
convincente respaldo de este principio frente a las tesis
Aterritorialistas@ (ver en igual sentido Bidart Campos, Germán;
AEl principio de competencia territorial no rige para juzgar
delitos contra el derecho de gentes: el art. 102
constitucional@, El Derecho, T. 140, pág. 244/247 y Sagües,
Néstor Pedro; ALos delitos >contra el derecho de gentes= en la
Constitución Argentina@, El Derecho, T. 146, págs. 936/940).
El Ius Cogens.
En el marco de este ámbito normativo es posible
identificar normas imperativas, indisponibles y que tienen
primacía sobre cualquier disposición en contrario de los
ordenamientos jurídicos locales. Sus normas ocupan la posición
más alta entre todas las otras normas y principios, aún las del
derecho interno y genera para todos los estados obligaciones
imperativas e indisponibles frente a la comisión de
determinados tipos de delitos (cfr. en este sentido Cherif
Bassiouni International Crimes: Ius Cogens and Obligatio Erga
Omnes@ 59 Law & Contemp. Probs. 63).
La Convención de Viena sobre el derecho de los
tratados resaltó este carácter prescribiendo que Aes nulo todo
tratado que, en el momento de su celebración esté en oposición
con una norma imperativa de derecho internacional general@ y
aporta una definición indicando que Apara los efectos de la
presente Convención, una norma imperativa de derecho
internacional general es una norma aceptada y reconocida por la
comunidad internacional de Estados en su conjunto como norma
que no admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser
modificada por una norma ulterior de derecho internacional
general que tenga el mismo carácter@ (art. 53).
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Las normas del ius cogens sólo recogen
principios consuetudinarios fuertemente arraigados en la
conciencia jurídica de la humanidad, de ahí que no todas las
normas consuetudinarias que conforman el derecho internacional
lo constituyen.
El carácter imperativo de estas normas está dado
por que resultan necesarias para la tutela de la humanidad -
opinio juris vel necessitatis-.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos
delineó sus elementos, señalando que el ius cogens Aderiva de
conceptos jurídicos que las leyes del hombre o las naciones no
pueden contravenir@. Se trata Ade normas que han sido aceptadas
sea expresamente por tratados o tácitamente por la costumbre,
como necesarias para proteger la moral pública en ellas
reconocidas@ (cfr. CIDH, ARoach y Pinkerton c. Estados Unidos@,
caso 9647, Informe Anual de la CIDH 1987, párr. 55).
Más tarde en el año 2002 la Comisión señalaría
que las normas de ius cogens, Aderivan su condición de valores
fundamentales defendidos por la comunidad internacional, en la
medida en que la violación de esas normas prioritarias se

-//- 30
considera que conmueve la conciencia de la humanidad y, por
tanto, obligan a la comunidad internacional como un todo,
independientemente de la protesta, el reconocimiento o la
aquiescencia@ (cfr. CIDH, AMichael Domíngues c. Estados Unidos@,
caso 12.289, párr. 49).
Asimismo precisó que @aunque se basan en las
mismas fuentes probatorias que las normas del derecho
internacional consuetudinario, la norma para determinar un
principio de ius cogens es más rigurosa y requiere evidencias
del reconocimiento del carácter indeleble de la norma por parte
de la comunidad internacional en su conjunto. Esto puede
ocurrir donde haya la aceptación y el reconocimiento para una
mayoría grande de Estados, incluso si un numero pequeño de
Estados han disentido@ (Cfr. CIDH, caso ADomíngues@ supra
citado, parág. 50).
Como consecuencia, las normas que conforman el
ius cogens generan por efecto un vínculo jerárquico con otras
normas que conforman el derecho internacional y con las normas
y actos de los Estados en particular, en virtud del cual el
primero adquiere primacía sobre los segundos (En este mismo
sentido cfr. M. Cherif Bassiouni, en AA Funcional Approach to
General Principles of International Law@, 11 Mich. J. Int=l. L.
768 y en @international Crimes: jus Cogens and Obligatio Erga
Omnes@ 59 AUT Law & Contemp. Probs. 63; Karen Parker AJus
Cogens: Compelling The Law of Human Rights@ 12 Hastings Int=l &
comp. L. Rev. 411).
Esta relación de suprasubordinación de los
ordenamientos locales a estas normas imperativas del derecho de
gentes, proyecta efectos nulificantes sobre cualquier
disposición en contrario ya sea de nivel internacional o
interno.
La inderogabilidad vinculada con este carácter
nulificante derivado de la posición que ocupa, constituye uno
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de los atributos fundamentales que se le reconocen al ius
cogens (cfr. Lauri Hannikainen, APeremptory Norms (ius cogens)
in International Law; Historical Development, Criteria,
Criteria Present Status@; T. Meron, AHuman Rights in Internal
Strife; Their International Protection@).
El ius cogens sustantivo.
La razón fundamental de los atributos del ius
cogens -universalidad, supremacía, obligatoriedad e
inderogabilidad-, reside en su contenido material. Está
constituido por valores que no pertenecen al patrimonio
exclusivo de un estado en particular sino al interés de la
comunidad internacional como un todo (cfr. Karen Parker, Ob.
cit.).
Como señala Verdross Ael criterio para estas
reglas consiste en el hecho de que no existen para satisfacer
las necesidades individuales de los estados sino más bien el
interés superior de la totalidad de la comunidad internacional.
Por lo tanto estas reglas son absolutas@ (cfr. Verdross "Jus
Dispositivum and Jus Cogens in International Law", 60 Am. J.
Int'L. L., págs. 55 y 59).
En este mismo sentido se ha dicho que Ala idea de

-//- 32
un orden público internacional presupone la existencia de
principios y reglas del derecho internacional que deben ser
entendidas como la base fundamental del sistema jurídico y cuya
violación acarrearía necesariamente responsabilidad por parte
del Estado que las haya lesionado. Esta idea, mina
decididamente la noción de un Estado omnipotente que no acepta
subordinación alguna fuera de la de su propia voluntad@ (cfr.
Zuppi, Luis Alberto; AEl Derecho Imperativo >ius cogens= en el
nuevo orden internacional@, E.D., T.147, pág. 864).
Los redactores de la Convención de Viena
omitieron deliberadamente efectuar una enumeración de las
normas del ius cogens con miras a aventar cualquier futura
pretensión de taxatividad que afectara su dinamismo evolutivo
(Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los
Tratados primera y segunda sesión, 1968).
Ello es así porque Alos delitos iuris gentium no
tienen ni pueden tener contornos precisos. Su listado y
tipología es forzosamente mutable, en función de las realidades
y de los cambios operados en la conciencia jurídica
prevaleciente@. Por ello, el artículo 118 de la Constitución
Nacional es una Aclausula abierta en el sentido de que capta
realidades de su época (realidades mínimas ya que el catálogo
de delitos iuris gentium era en ese momento reducido) y
realidades del presente como del futuro (puesto que engloba a
figuras penales posteriores a su sanción)@ (cfr. Sagües, Néstor
Pedro; ALos delitos contra el Derecho de Gentes en la
constitución Argentina@, E.D., T. 146, págs. 938/939).
La experiencia indica que existe el más amplio
consenso en torno a que los derechos fundamentales del hombre
contenidos en los tratados internacionales de derechos humanos
tienen este carácter imperativo e indisponible.
Lejos de constituir el patrimonio exclusivo de
un estado particular, pertenecen a la humanidad entera. Los
Estados tienen a su respecto obligaciones plenamente operativas
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que comprometen tanto la prevención y la tutela como la
reparación y sanción en casos de violaciones.
La prohibición de la esclavitud, de la piratería
y del uso de determinadas armas fueron las primeras a las que
se les reconoció el estatus de ius cogens con sus connotaciones
actuales, integrándose luego con la sanción y prevención del
genocidio, la desaparición forzada de personas, la tortura u
otros tratos y castigos crueles, inhumanos o degradantes, la
prohibición de la discriminación racial, que constituyen una
ejemplificación no exhaustiva de normas de derecho
consuetudinario a las que se les reconoce este carácter
preeminente e imperativo (cfr. CIDH, caso ADomíngues@ supra
citado, parág. 50; la opinión consultiva de la Corte
Internacional de Justicia ALegal Consequences for States of the
Continued Presence of South Africa in Namibia -South-West
Africa- not withstanding Security Council Resolution 276/1970"
del 21 de junio de 1971; AUnited States Diplomatic and Consular
Staff in Tehran -United States of America v. Iran@, rta. por la
Corte Internacional de Justicia el 24 de mayo de 1980).
Los instrumentos de derecho internacional
constituyeron un importante aporte para la internacionalización

-//- 34
de delitos que originariamente o no se sancionaban o se
consideraban como de carácter doméstico. Al respecto señalaba
Cassín que Aa partir del momento en que Convenciones
multilaterales de conjunto fijan el alcance de los derechos y
libertades fundamentales enunciados por la Declaración que los
Estados se comprometen a respetar, la violación de uno de esos
compromisos por un Estado, aún en relación a uno de sus
nacionales, deviene sin duda alguna un problema internacional
si no es previamente contenido reprimido o reparado en el
interior mismo del país interesado mediante recursos
administrativos, políticos o judiciales@ (cfr. Cassín, Ob. cit.,
pág. 45).
La Corte Internacional de Justicia, en el
leading case ABarcelona Traction@ resaltó que cabe distinguir
entre las obligaciones de un Estado hacia la comunidad
internacional como un todo, y aquéllas que emergen de la
relación vis-a-vis entre los Estados@. Por su especial
naturaleza, las primeras conciernen a todos los Estados. A la
vista la importancia de los derechos involucrados, todos los
Estados asumen un interés legal en su protección; se trata de
obligaciones erga omnes. De tales obligaciones derivan, por
ejemplo, el derecho internacional contemporáneo, de la
prohibición de los actos de agresión, y del genocidio, como
también de los principios y reglas concernientes a los derechos
básicos de la persona humana, entre ellos la protección contra
la esclavitud y la discriminación racial. Algunas de las
tutelas correspondientes a estos derechos ya integran el cuerpo
del derecho internacional general (Reservas a la Convención
sobre la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, Opinión
Consultiva, I.C.J. Reports 1951, pág. 23); otros instrumentos
internacionales les han conferido un carácter universal o
cuasi-universal (cfr. I.C.J. ABarcelona Traction, Light and
Power Compagny Limited (Belgium v. Spain)@, rta. el 5 de febrero
de 1970, parágs. 33 y 34).
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En síntesis, en estas actuaciones se han
acreditado conductas que han detraído a quienes las han
padecido de las manifestaciones más elementales de su ser.
Delitos de lesa humanidad.
En el estado actual de la evolución del derecho
penal internacional, existen determinadas conductas que por sus
características generan obligaciones universales de persecución
y sanción penal.
Como señala M. Cherif Bassiouni Ael
reconocimiento de ciertos delitos internacionales como de ius
cogens, acarrea el deber de persecución o extradición@ (cfr.
AInternational Crimes: Jus Cogens and Obligatio erga Omnes, 59,
AUT Law & Contemp. Probs., pág. 65).
La evolución de la noción de delitos contra la
humanidad y la de la correlativa respuesta jurídica, aparece
signada por la necesidad de poner coto, prevenir y sancionar
las desviaciones de poder y las calamidades ocurridas en
tiempos de guerra.
Precisamente, es en el marco de los tratados
internacionales de entre guerras donde se fue desarrollando la
noción de crímenes contra la humanidad.

-//- 36
La Declaración de San Petersburgo de 1868
reconociendo los Alímites técnicos en que deben detenerse las
necesidades de la guerra@ y Aconsiderando que los progresos de
la civilización deben tener por efecto atenuar en cuanto sea
posible las calamidades de la guerra@ proscribió el empleo de
armas que por sus características "agravarían inútilmente los
sufrimientos de los hombres puestos fuera de combate, o bien
harían que su muerte fuese inevitable" y declaró que su uso
sería "contrario a las leyes de la humanidad". Asimismo se
asumió el compromiso de que los desarrollos ulteriores en
materia de armamentos deberán conciliar las necesidades de la
guerra con las leyes de la humanidad.
Poco tiempo después la guerra Franco-Prusiana de
1870 motivó la iniciativa del suizo Gustav Mynier para la
constitución de una Corte Penal Internacional que juzgara las
violaciones a la Convención de Ginebra que tuvieron lugar en el
marco de ese conflicto bélico.
La Primera Conferencia de Paz de la Haya de
1899, introduce al preámbulo del convenio sobre las leyes y
costumbres de la guerra terrestre la cláusula por la que
"esperando que un Código más completo pueda ser redactado, en
lo que concierne a sus leyes, las Altas Partes Contratantes
juzgan oportuno hacer constar que, en los casos no comprendidos
en las disposiciones reglamentarias adoptadas por ellas, los
pueblos y los beligerantes queden bajo la garantía y el imperio
de los principios del Derecho de Gentes como resulta de los
usos establecidos entre las naciones civilizadas, por las leyes
de la humanidad y por las exigencias de la conciencia pública"
(cfr. Convención de La Haya sobre Leyes y Costumbre de la
Guerra Terrestre del 29 de julio de 1899, ley 5082).
Siguió la Declaración de 1915 por la que
Francia, Gran Bretaña y Rusia calificaron como "crímenes contra
la humanidad y la civilización" la matanza de armenios que tuvo
lugar en Turquía a manos del imperio Otomano.
El Tratado de Sévres de 1920 se expresó en el
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mismo sentido y en 1919 la Comisión de la Conferencia de Paz
declaró que los crímenes contra la humanidad comprendían
asesinatos, masacres, terrorismo sistemático, matanza de
rehenes, torturas de civiles, inanición deliberada de civiles,
violación, abducción de mujeres y niñas para su sometimiento a
prostitución forzosa, deportación de civiles, internamiento de
civiles bajo condiciones inhumanas, trabajos forzosos de
civiles en conexión con las operaciones militares del enemigo y
bombardeo deliberado de hospitales y lugares indefensos.
Concluida la Segunda Guerra Mundial, el Estatuto
constitutivo y la labor llevada a cabo por el Tribunal Militar
de Nüremberg constituyeron sin duda un hito cardinal no sólo
para el afianzamiento y precisión conceptual de los denominados
delitos de lesa humanidad sino también en el reconocimiento de
su carácter universal, y correlativamente la sanción de los
responsables de tanto horror que le precedió.
El artículo sexto de la Carta del Tribunal,
estableció los alcances de su jurisdicción, que comprendió a)
la comisión de crímenes contra la paz, b) la comisión de
crímenes de guerra y c) la comisión de delitos contra la
humanidad, tales como el asesinato, exterminio, esclavitud,
deportación u otros actos inhumanos cometidos antes o durante
la guerra, o persecuciones por motivos políticos, raciales,
religiosos en la ejecución de o en conexión con cualquier otro
crimen atribuible a la jurisdicción del Tribunal, ya sea que
hayan sido cometidos o no en violación a las leyes internas del
país donde se perpetraron.

-//- 38
Las cuatro convenciones de Ginebra del 12 de
agosto de 1949 dispusieron que "en caso de conflicto armado que
no sea de índole internacional y que surja en el territorio de
una de las Altas Partes Contratantes, cada una de las Partes en
conflicto tendrá la obligación de aplicar, como mínimo, las
siguientes disposiciones: 1) Las personas que no participen
directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las
fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas
puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o
por cualquier otra causa, serán, en todas las circunstancias,
tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole
desfavorable, basada en la raza, el color, la religión o la
creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna, o cualquier otro
criterio análogo. A este respecto, se prohíben, en cualquier
tiempo y lugar, por lo que atañe a las personas arriba
mencionadas: a) los atentados contra la vida y la integridad
corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las
mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios;
b) la toma de rehenes; c) los atentados contra la dignidad
personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes;
d) las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio
ante un tribunal legítimamente constituido, con garantías
judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos
civilizados. 2) Los heridos y los enfermos serán recogidos y
asistidos. Un organismo humanitario imparcial, tal como el
Comité Internacional de la Cruz Roja, podrá ofrecer sus
servicios a las Partes en conflicto. Además, las Partes en
conflicto harán lo posible por poner en vigor, mediante
acuerdos especiales, la totalidad o parte de las otras
disposiciones del presente Convenio. La aplicación de las
anteriores disposiciones no surtirá efectos sobre el estatuto
jurídico de las Partes en conflicto" (cfr. artículo tercero de
las cuatro convenciones, Ley 14.467).
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El Estatuto del Tribunal Internacional creado
para juzgar a los presuntos responsables de graves violaciones
del derecho internacional humanitario cometidas en el
territorio de la ex-Yugoslavia a partir de 1991, incluyó en su
enunciado los delitos contra la humanidad. Entre ellos enuncia
el asesinato, el exterminio; la esclavitud; la deportación; el
encarcelamiento; la Tortura; la violación; las persecuciones
por motivos políticos, raciales o religiosos; otros actos
inhumanos (cfr. Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas,
Resolución 827, del 25 de mayo de 1993, art. 5° del Estatuto).
Luego, el Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas reiteraría esta enunciación en la adopción del Estatuto
del Tribunal Internacional para Ruanda, definiendo a los
crímenes de lesa humanidad como aquéllos que "han sido
cometidos en el curso de un ataque generalizado y sistemático,
y dirigidos contra cualquier población civil en razón de su
nacionalidad o pertenencia a un grupo político, étnico, racial
o religioso@ (cfr. artículo 31).
El art. 21 del Estatuto del Tribunal
Internacional para Ruanda establece que "se entiende como
genocidio cualquiera de los siguientes actos cometidos con la
intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo
nacional, étnico, racial o religioso en cuanto a tal: a)
Asesinato de miembros del grupo; b) Graves atentados contra la
integridad física o mental de los miembros del grupo; c)
Sometimiento intencionado del grupo a condiciones de existencia
que conlleven su destrucción física total o parcial; d) Medidas
para dificultar los nacimientos en el seno del grupo; e)

-//- 40
Traslados forzosos de niños del grupo a otro grupo" y que
"serán castigados los siguientes actos: a) El genocidio; b) La
colaboración para la comisión de genocidio; c) La incitación
directa y pública a cometer genocidio; d) La tentativa de
genocidio; e) La complicidad en el genocidio".
Por ley 25.390 se incorporó a nuestro derecho
interno el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional,
adoptado el 17 de julio de 1998, en cuyo preámbulo se afirma
que "los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad
internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo y que,
a tal fin, hay que adoptar medidas en el plano nacional e
intensificar la cooperación internacional para asegurar que
sean efectivamente sometidos a la acción de la justicia";
asimismo, se expresa la decisión de "poner fin a la impunidad
de los autores de esos crímenes y a contribuir así a la
prevención de nuevos crímenes".
El art. 7 del mencionado Estatuto precisa
aquellas conductas comprendidas dentro del concepto delitos de
"lesa humanidad", incluyendo a los siguientes: a) asesinato; b)
exterminio; c) esclavitud; d) deportación o traslado forzoso de
población; e) encarcelación u otra privación grave de la
libertad física en violación de normas fundamentales de derecho
internacional; f) tortura; g) violación, esclavitud sexual,
prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada
u otros abusos sexuales de gravedad comparable; h) persecución
de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en
motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales,
religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos
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41
universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al
derecho internacional, en conexión con cualquier acto
mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la
competencia de la Corte; i) desaparición forzada de personas;
j) el crimen de apartheid; k) otros actos inhumanos de carácter
similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o
atenten gravemente contra la integridad física o la salud
mental o física.
A su respecto la Corte Suprema de Justicia de la
Nación ha dicho que Ala calificación de los delitos contra la
humanidad no depende de la voluntad de los Estados nacionales@ y
las fuentes del derecho internacional imperativo consideran
como aberrantes la ejecución de cierta clase de actos y
sostienen que, por ello, esas actividades deben considerarse
incluidas dentro del marco normativo que procura la persecución
de aquellos que cometieron esos delitos (cfr. causa "Simón,
Julio Héctor@, supra cit., voto del doctor Juan Carlos Maqueda
considerandos 56 y 57).
Por su parte, la Cámara de Juicio del Tribunal
Internacional para la ex-Yugoslavia señaló que: "Generalmente
se reconoce que los crímenes contra la humanidad constituyen
graves violaciones que shoquean la conciencia colectiva. El
libelo que contenía los cargos contra los acusados ante el
Tribunal de Nüremberg especificó que los crímenes contra la
humanidad constituían rupturas de las convenciones
internacionales, del derecho interno, y de los principios
generales de derecho penal que derivan del derecho penal de
todas las naciones civilizadas@.

-//- 42
En esta dirección, el Secretario General de las
Naciones Unidas en su reporte proponiendo el Estatuto para el
Tribunal Internacional, considero que >los crímenes contra la
humanidad comprenden actos inhumanos de gravedad extrema, tales
como el homicidio, la tortura, la violación, cometida como
parte de un ataque generalizado o sistemático contra cualquier
población civil por motivos nacionales, políticos étnicos,
raciales o religiosos' (S/25704 parágrafo 48).
En 1994 la Comisión de Derecho Internacional
afirmó que la definición de crímenes contra la humanidad
comprende actos inhumanos de carácter muy serio que involucran
violaciones generalizadas o sistemáticas dirigidas contra la
población civil en todo o en parte (Reporte de la Comisión de
Derecho Internacional 1994, Suplemento n° 19 -49/10, comentario
al proyecto de estatuto para una Corte Penal Internacional,
art. 20, parágrafo 149).
Los crímenes contra la humanidad son actos
serios de violencia que dañan a los seres humanos privándolos
de lo que es más esencial para ellos: su vida, libertad,
bienestar psíquico, salud y/o dignidad. Son actos inhumanos que
por su extensión y gravedad van más allá de los límites
tolerables por la comunidad internacional, que forzosamente
debe exigir su castigo. Pero los crímenes contra la humanidad
también trascienden al individuo porque cuando el individuo es
lesionado, la humanidad es atacada y anulada. Es por tanto el
concepto de humanidad como víctima el que caracteriza los
crímenes contra la humanidad (cfr. Tribunal Internacional para
la ex-Yugoslavia -Cámara de Juicio- caso "Grazen Erdemovic",
Causa N° 9517 -Sala I-
VON WERNICH, Christian
Federico s/
recurso de
casación
Cámara Nacional de Casación Penal

-//-

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sentencia del 29 de noviembre de 1996, parágrafos 27 y 28).
No obstante que la evolución de la noción de
crímenes de lesa humanidad se encuentra ligada desde una
perspectiva histórica a la problemática de los conflictos
bélicos, resulta indistinto a los efectos de su calificación
como tales y de la asignación de las consecuencias jurídicas
que su comisión conlleva la circunstancia de que hubiesen sido
perpetrados en tiempos de guerra (cfr. en este mismo sentido
Guénaël Mettraux ACrimes Against Humanity in the jurisprudence
of the International Criminal Tribunals for the former
Yugoslavia and for Rwanda@, 43 Harvard International Law
Journal, pág. 299).
Por su naturaleza este tipo de conductas
alcanzadas por las normas del ius cogens, tampoco admiten la
defensa de Acuestiones políticas no judiciables@ (cfr. Karen
Parker, ob. cit., pág. 447). Por tanto, la investigación y
determinación de responsabilidad resultan un deber
inclaudicable de los tribunales de justicia.
En relación a los elementos distintivos de este
tipo de delitos, nuestra Corte Suprema señaló que Ala
descripción jurídica de estos ilícitos contiene elementos
comunes de los diversos tipos penales descriptos, y otros
excepcionales que permiten calificarlos como >crímenes contra la
humanidad= porque: 1- afectan a la persona como integrante de la
=humanidad=, contrariando a la concepción humana más elemental y
compartida por todos los países civilizados; 2- son cometidos
por un agente estatal en ejecución de una acción gubernamental,
o por un grupo con capacidad de ejercer un dominio y ejecución

-//- 44
análogos al estatal sobre un territorio determinado@.
AEl primer elemento pone de manifiesto que se
agrede la vida y la dignidad de la persona, en cuanto a su
pertenencia al género humano, afectando aquellos bienes que
constituyen la base de la coexistencia social civilizada. Desde
una dogmática jurídica más precisa, se puede decir que afectan
derechos fundamentales de la persona, y que estos tienen esa
característica porque son >fundantes= y >anteriores= al estado de
derecho@. AEl segundo aspecto requiere que la acción no provenga
de otro individuo aislado, sino de la acción concertada de un
grupo estatal o de similares características que se propone la
represión ilícita de otro grupo, mediante la desaparición
física de quienes lo integran o la aplicación de tormentos. No
se juzga la diferencia de ideas, o las distintas ideologías,
sino la extrema desnaturalización de los principios básicos que
dan origen a la organización republicana de gobierno. No se
juzga el abuso o el exceso en la persecución de un objetivo
loable, ya que es ilícito tanto el propósito de hacer
desaparecer a miles de personas que piensan diferente, como los
medios utilizados que consisten en la aniquilación física, la
tortura y el secuestro configurando un >Terrorismo de Estado= que
ninguna sociedad civilizada puede admitir. No se juzga una
decisión de la sociedad adoptada democráticamente, sino una
planificación secreta y medios clandestinos que sólo se conocen
muchos años después de su aplicación. No se trata de juzgar la
capacidad del Estado de reprimir los delitos o de preservarse a
sí mismo frente a quienes pretenden desestabilizar las
instituciones, sino de censurar con todo vigor los casos en que
Causa N° 9517 -Sala I-
VON WERNICH, Christian
Federico s/
recurso de
casación
Cámara Nacional de Casación Penal

-//-

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grupos que detentan el poder estatal actúan de modo ilícito,
fuera del ordenamiento jurídico o cobijando esos actos con una
ley que sólo tiene la apariencia de tal. Por ello, es
característico de esos delitos el involucrar una acción
organizada desde el Estado o una entidad con capacidad similar,
lo que comprende la posibilidad del dictado de normas jurídicas
que aseguran o pretenden asegurar la impunidad@ (Cfr. C.S.J.N.,
causa ASimón, Julio Héctor@ supra cit., voto del doctor Ricardo
Luis Lorenzetti, considerando 13).
El derecho Humanitario.
Las normas del derecho humanitario constituyen
un límite indisponible aún y precisamente en la eventualidad de
un conflicto armado. Se ha destacado la función que cumplen los
distintos tratados de derecho humanitario en la preservación de
normas fundamentales justamente en esos contextos en los que se
encuentra particularmente amenazada la primacía del derecho
(cfr. Chetail, Vincent; ALa contribución de la Corte
Internacional de Justicia al Derecho Internacional Humanitario@,
Revista Internacional de la Cruz Roja, n° 850, pág. 235).
Sus disposiciones revisten el status de ius
cogens, por lo tanto participan de los atributos de
obligatoriedad e indisponibilidad, e impone a los Estados las
obligaciones de tutela y investigación y sanción frente su
violación. En este sentido la Corte Internacional de Justicia
ha dicho que Alas normas fundamentales de derecho humanitario
debe ser respetadas por todos los Estados, hayan ratificado o
no las convenciones en que estás inscritas, pues constituyen

-//- 46
principios intransgredibles de derecho internacional
consuetudinario@ (opinión consultiva ALegality of the use Threat
or Use of Nuclear Weapons@, ICJ Reports, pág. 258, párr. 83).
Vale señalar que el artículo tercero de los
cuatro Convenios de Ginebra antes citados, contienen inter
alia, la expresa prohibición de los atentados contra la vida y
la integridad corporal, los tratos crueles, los suplicios, los
atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos
humillantes y degradantes y el cercenamiento de las garantías
judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos
civilizados.
Al respecto la Corte Suprema de Justicia de la
Nación ha dicho que Aaún en tiempos de guerra en que ciertos
derechos sufren un eclipse parcial o temporario subsiste
siempre la conservación, como intangible, de la protección al
bien jurídico vida dentro de un mínimo internacional local o de
un mínimo de orden jurídico interno admitido internacionalmente
y que no se puede desconocer@ (Fallos: 318:2148, voto del doctor
Gustavo A. Bossert, considerando 30).
Con similar criterio el Tribunal Penal
Internacional para juzgar los delitos contra el derecho
humanitario en la ex-Yugoslavia afirmó que los delitos de
homicidio y tratos crueles acarrean responsabilidad penal
individual (cfr. Prosecutor v. Tadic, planteo de jurisdicción,
rta. el 2 de octubre de 1995, y Prosecutor v. Naser Orik, rta.
el 30 de junio de 2006, parág. 261).
Asimismo, cabe recordar que la evolución del derecho
humanitario y su incorporación al ordenamiento jurídico
Causa N° 9517 -Sala I-
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argentino, no es el producto de nóveles creaciones pretorianas,
ni de circunstanciales manifestaciones legislativas. Nuestro
país ya con anterioridad a la ocurrencia de los hechos que aquí
se juzgan había dado recepción legislativa a los cuatro
convenios de Ginebra y a la Convención de La Haya sobre Leyes y
Costumbre de la Guerra Terrestre.
Por su parte, la Corte Internacional de Justicia
observó Aque la protección dispuesta en el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos no cesa en tiempo de guerra,
salvo cuando se aplica el artículo 4, que permite la derogación
de algunas disposiciones en situaciones de emergencia nacional.
El respeto del derecho a la vida (garantizado por el artículo 6
del Pacto Internacional) integra sin embargo, esas
disposiciones. El derecho de las personas a no ser privadas
arbitrariamente de la vida también se aplica durante las
hostilidades (opinión consultiva ALegality of the use Threat or
Use of Nuclear Weapons@, ICJ Reports, pág. 240, párr. 25).
La obligación de investigar y sancionar los
delitos de lesa humanidad como norma de ius cogens. Los
AAAAobstáculos@@@@ de derecho interno.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación en
Fallos 318:2148 afirmó que Ala calificación de los delitos
contra la humanidad no depende de la voluntad de los estados
requirente o requerido en el proceso de extradición sino de los
principios del ius cogens del Derecho Internacional@.
En esta dirección y como se señalara supra,
existe consenso en la comunidad internacional de que no pueden

-//- 48
existir obstáculos en el derecho interno de los Estados que
arroje como resultado la impunidad de estos delitos (cfr. causa
ASimón@ supra cit., los estatutos constitutivos del Tribunal de
Nüremberg y de la Corte Penal Internacional -ley 25.390- como
los de los tribunales para juzgar los crímenes cometidos en la
ex-Yugoslavia y Rwanda).
El Relator Especial de las Naciones Unidas para
la cuestión relativa a la impunidad de los perpetradores de
violaciones a los derechos humanos, Louis Joinet, definió la
impunidad como Ala ausencia de responsabilidad de facto o de
iure por parte de los autores de violaciones de los derechos
humanos -ya sea que esa responsabilidad sea de índole penal,
civil, administrativa o disciplinaria-, porque se sustraen a
toda investigación con miras a su inculpación, detención,
procesamiento y, en caso de ser reconocidos culpables, a la
condena@ (cfr. E/CN.4/Sub.2/1996/18 Informe final acerca de la
cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los
derechos humanos preparado por el Sr. L. Joinet, 20 de junio
de 1996).
Por otra parte, la Corte Interamericana de
Derechos Humanos definió la impunidad como Ala falta en su
conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento
y condena de los responsables de las violaciones de los
derechos protegidos por la Convención Americana@ (casos ABlake@
rto. el 22 de enero de 1999, parág. 64 y 65; APaniagua Morales y
otros, rto. el 8 de marzo de 1998, parág. 173; ALoayza Tamayo@,
rto. el 27 de noviembre de 1998, parág. 171 y ASuárez Rosero@,
rto. el 20 de enero de 1999, parág. 80).
Causa N° 9517 -Sala I-
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Tengo para mí que la tesis que descarta
eventuales obstáculos que puedan representar las normas del
derecho interno para la investigación y sanción de delitos de
esta naturaleza, reside justamente en la supremacía de los
valores que conculcan los crímenes de lesa humanidad, que
forman parte del ius cogens.
En esta dirección, en la causa Simón antes
citada se ha señalado la estrecha vinculación existente entre
el ejercicio de jurisdicción de conductas como las que aquí se
juzgan, el principio universal y la soberanía del Estado.
En efecto, se dijo que Ael hecho nuevo que hoy se
presenta es el funcionamiento real, efectivo y creciente del
principio universal. Hay ciudadanos argentinos que están
detenidos, procesados y juzgados por otros estados en razón de
estos delitos cometidos en el territorio nacional@ y que
Acualquiera sea la opinión que se tenga sobre el funcionamiento
concreto del principio universal, sobre la autoridad moral de
los estados que lo invocan, sobre la coherencia o incoherencia
de su invocación, lo cierto es que la comunidad internacional
lo está aplicando por delitos cometidos en nuestro territorio,
en razón de que la República no ha ejercido la jurisdicción, o
sea, no ha ejercido su soberanía. El hecho nuevo que aparece a
partir de las leyes cuestionadas no es la mera posibilidad de
ejercicio de la jurisdicción extranjera sobre hechos cometidos
en el territorio, sino el efectivo ejercicio de esas
jurisdicciones. Los reclamos de extradición generan la opción
jurídica de ejercer la propia jurisdicción o de admitir lisa y
llanamente la incapacidad para hacerlo y, por ende, renunciar a

-//- 50
un atributo propio de la soberanía nacional, cediendo la
jurisdicción sobre hechos cometidos en el territorio de la
Nación por ciudadanos argentinos@. (cfr. C.S.J.N., causa ASimón@
cit., voto del doctor E. Raúl Zaffaroni considerando 33).
La incorporación de la tutela de los derechos
humanos al ámbito de la jurisdicción internacional, no implica
la declinación de la jurisdicción interna de los estados sino
que, además de las consecuencias que emergen del principio
universalista, significa que la promoción, el cuidado de los
derechos humanos y la sanción de sus violaciones constituyen
obligaciones asumidas por el estado ante la comunidad
internacional y cuyo desconocimiento genera responsabilidad
internacional (cfr. en el mismo sentido Bidart Campos, Germán;
ALos Derechos del Hombre@, supra cit., pág. 167/168 y Moncayo,
Guillermo R.; AReforma constitucional, derechos humanos y
jurisprudencia de la Corte Suprema@ en ALa aplicación de los
tratados...@ supra citado).
En igual sentido se pronuncia Emilio J.
Cárdenas, al señalar que Aalgunos responsables de haber cometido
crímenes de lesa humanidad contra civiles inocentes en nuestra
Patria deben todavía enfrentar la verdad y -en su caso- la
justicia@, deben ser juzgados dado que las conductas que
constituyen crímenes de lesa humanidad (cfr. Cárdenas, Emilio
J.; AConductas que constituyen >crímenes de lesa humanidad=@ en
E.D. del 11 de abril de 2006, n1 11.488, Año XLIV).
II. Necesariamente establecido lo anterior
corresponde ahora el tratamiento del recurso de casación
presentado por la defensa particular de Christian Von Wernich.
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Cámara Nacional de Casación Penal

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Postula la violación a las reglas de la sana
crítica racional y la falta de fundamentación de la sentencia
en lo relativo a la forma en que el tribunal encuadró
típicamente las conductas imputadas porque a su entender el
fallo reposa sólo en la transcripción de testimonios y la
condena dictada por la Cámara Federal de Apelaciones de la
Capital Federal en la causa n1 13.
Oportuno es recordar que el tribunal condenó a
Christian Federico Von Wernich por considerarlo partícipe
necesario en la privación ilegal de la libertad agravada de
treinta y cuatro personas y de la aplicación de tormentos
agravados de cinco personas; coautor en la aplicación de
tormentos agravados de veintiséis personas y coautor de las
privaciones ilegales de la libertad agravadas y homicidios
triplemente calificados de siete personas.
II. A. Para arribar a esa conclusión el a quo
ponderó: las declaraciones testimoniales prestadas durante el
juicio, las pruebas documentales incorporadas por lectura al
debate, las sentencias dictadas en las causas 13/84 y 44/85 que
además establecieron fehacientemente el comienzo de las
privaciones ilegítimas de la libertad de las distintas víctimas
de autos y los fallos de las causas 1702/03 y 2251/06. Dichos

-//- 52
pronunciamientos pasados en autoridad de cosa juzgada
constituyen verdades jurídicas referidas a la metodología que
reinó en el país en el tiempo que se sucedieron los hechos
motivo de este juicio y dan cuenta del contexto en que el
acusado llevó a cabo su actividad.
Observó el tribunal que en la causa 13/84 quedó
acreditado con el alcance de verdad irrefutable que Alos
secuestradores eran integrantes de las fuerzas armadas,
policiales o de seguridad;... que las características comunes
que tenían esos hechos, era la intervención de un número
considerable de personas fuertemente armadas... las víctimas
eran introducidas en vehículos impidiéndosele ver o
comunicarse, y adoptándose medidas para ocultarlas a la vista
del público... Las personas secuestradas eran llevadas de
inmediato a lugares situados dentro de unidades militares o
policiales o que dependían de ellas, que estaban distribuidos
en el territorio del país, y cuya existencia era ocultada al
conocimiento público@.
Por otra parte, y en cuanto aquí interesa, la
sentencia indicada estableció que Alos principales centros
clandestinos de detención se encontraban distribuidos en
diversas zonas del país, dependiendo de las Fuerzas Armadas y
Organismos de Seguridad@, y entre otros eran: C.O.T.I MARTINEZ,
conocido como ACoti Martínez@ (Centro de Operaciones Tácticas
I), ubicado en la Avenida Libertador N° 14.243 de la localidad
de Martínez; PUESTO VASCO, dependencia policial ubicada en la
calle Pilcomayo 69 de la localidad de Don Bosco, Provincia de
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-//-

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Buenos Aires; POZO DE BANFIELD, dependencia de la Policía de la
Provincia de Buenos Aires ubicada en las calles Siciliano y
Vernet, del Partido de Lomas de Zamora; BRIGADA DE
INVESTIGACIONES DE QUILMES o POZO DE QUILMES, sito en la calle
Allison Bell esquina Quilmes, del partido del mismo nombre;
BRIGADA DE INVESTIGACIONES DE LA PLATA, ubicada en la calle 55
Nro. 930 de la Ciudad de La Plata; COMISARIA QUINTA DE LA
PLATA, situada en la calle 24, entre la Diagonal 74 y la calle
63, de la Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires; ARANA,
el Destacamento Arana, dependiente de la Policía de la
Provincia de Buenos Aires, se encuentra ubicado en la calle 137
esquina 640 de La Plata y ALA CACHA@ situado en las
instalaciones de la ex Radio Provincia L.S. 11, en la localidad
de Lisandro Olmos.
En el capítulo XIII de esa sentencia surge que:
AEn los centros de cautiverio los secuestrados fueron
interrogados en la casi totalidad de los casos bajo tormentos a
través de métodos de tortura similares...Sólo pueden señalarse
pequeñas variantes de tácticas o de modos, pero el pasaje de
corriente eléctrica, los golpes y la asfixia, se repiten en
casi la totalidad de los casos investigados, cualquiera sea la
fuerza de la que dependía el centro o su ubicación geográfica@.

-//- 54
La descripción de las condiciones de detención
en los centros clandestinos referidos precedentemente y en los
que Christian Federico Von Wernich llevaba a cabo su actividad,
fueron especificadas en el capítulo XIII donde quedó
establecido que A...durante el secuestro, se imponía a los
cautivos condiciones inhumanas de vida, que comprendían a
muchos, el déficit casi total de alimentación, el alojamiento
en lugares insalubres, en los que no podían sustraerse de
percibir los lamentos o ruidos que se producían al torturarse a
otros cautivos y el permanente anuncio, a través de hechos y de
palabras de que se encontraban absolutamente desprotegidos y
exclusivamente a merced de sus secuestradores... Ya desde el
momento mismo de la aprehensión quedaba claro que nadie iba a
acudir en su ayuda. Pero a ello se agregaba el encapuchamiento
inmediato; el traslado en el baúl o en el piso de un auto, o en
un camión, maniatados; la llegada a un lugar desconocido donde
casi siempre recibían de inmediato los golpes o la tortura; el
alojamiento en >cuchas=, >boxes=, =tubos=, sobre un jergón o
directamente en el suelo; el descubrimiento de que había otras
personas en igual situación que llevaban largo tiempo así; la
incógnita sobre cuál sería el desenlace y cuánto duraría; las
amenazas de toda índole; la escasa y mala comida; la
precariedad cuando no la ausencia de medios para satisfacer las
necesidades fisiológicas; la falta de higiene y de atención
médica; los quejidos; el desprecio y mal trato de los guardias;
... También a ello se sumaba, a veces, la angustia de quien
había sido secuestrado con algún familiar y que sufría ambos
padecimientos simultáneamente@.
En el capítulo IX del fallo quedó acreditado que
Alos lugares clandestinos de detención eran custodiados
generalmente por personas distintas de los torturadores. A
estos últimos se los conocía normalmente con el apelativo de >la
patota= y, por lo general, eran las mismas personas que habían
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consumado los secuestros y actuaban, en algunos casos, en
distintos centros de cautiverio...@.
Otro punto de interés probado en la sentencia
13/84, capítulo XVIII, es el referido a la presentación de Aun
gran número de hábeas corpus que fueron rechazados en razón de
que generalmente, las autoridades militares negaron la
detención de los beneficiarios o produjeron informes
manifiestamente reticentes...@.
II. B. Por su parte la sentencia recaída en la
causa 44/86 tuvo por acreditadas las características de los
delitos cometidos por el terrorismo de estado y la existencia
de los centros clandestinos de detención.
En el capítulo VIII de ese pronunciamiento se
tuvo por fehacientemente comprobado que A(a) las personas
presuntamente subversivas privadas de su libertad a través de
la línea de Comando Jefatura se las mantenía clandestinamente
en cautiverio en dependencias de la Dirección General de
Investigaciones@.
II. C. Por último la sentencia recaída en la
causa 1702/03 reprodujo la metodología utilizada por el
terrorismo de estado en la época en que se sucedieron los
hechos objeto de esta causa, fallo que también se encuentra
firme.
Pertinente es recordar que constituye
jurisprudencia reiterada de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación que a un pronunciamiento pasado en autoridad de cosa
juzgada se le atribuye el carácter de verdad legal, pues la

-//- 56
cosa juzgada está ligada a la seguridad jurídica, posee
jerarquía constitucional y no es susceptible de ser revisada
ni aún por invocación de leyes de orden público (Fallos:
243:465 y 273:312 entre otros).
En ese sentido el Alto Tribunal señaló que Ala
cosa juzgada busca amparar más que el texto formal del fallo la
solución real prevista por el juzgador@ (Fallos: 297:383;
298:673; 308:1150; 311:1458 y 321:562) e indicó que Aconocida
jurisprudencia de este Tribunal ha conferido jerarquía
constitucional a la cosa juzgada (Fallos: 224:657; 250:435;
252:370; 259:289), en razón de que la inalterabilidad de los
derechos definitivamente adquiridos por sentencia firme
reconoce fundamento en los derechos de propiedad y defensa en
juicio (Fallos: 199:466; 258:220; 281:421) y que la estabilidad
de las decisiones jurisdiccionales constituye un presupuesto
ineludible de la seguridad@ (Fallos: 253:171).
De ello se deriva que la sentencia pasada en
autoridad de cosa juzgada ostenta carácter de verdad legal
(Fallos 311:1007) y Aconstituye uno de los principios esenciales
en que se funda la seguridad jurídica y debe respetarse salvo
supuestos en que no haya existido un auténtico y verdadero
proceso judicial, puesto que aquélla supone la existencia de un
juicio regular donde se ha garantizado el contradictorio y
fallado libremente por los jueces@ (Fallos: 315:2680,
considerando 61).
II. D. A la valoración precitada de las
sentencias firmes referida, se aúna la ponderación de las
declaraciones testimoniales prestadas durante el debate y las
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-//-

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incorporadas por lectura sin oposición de las partes que dan
cuenta en cada caso en particular de las privaciones ilegales
de la libertad y aplicaciones de tormentos ambas figuras
agravadas sufridas por:
1. Héctor Mariano Ballent, el a quo ponderó los
dichos del nombrado (fs. 7069 vta./7071) y lo declarado en
consonancia por Julio César Miralles, Luisa Villar, Juan
Destéfano, Juan Miguel Paino, Rodolfo José Iaccarino Venturino,
Alberto Liberman, en cuanto a que estuvo detenido ilegalmente
en los centros clandestinos de detención COTI Martínez y en
Puesto Vasco, donde fue sometido a mecanismos de tortura.
Asimismo se incorporó por lectura la prueba detallada a fs.
7052.
2. Juan Ramón Nazar, el tribunal consideró su
declaración (fs. 7072 vta./7074) y las prestadas por Héctor
Mariano Ballent, Alberto Liberman, Julio Miralles y Juan Miguel
Paino, todas coincidentes en cuanto a la detención sufrida en
Puesto Vasco y las torturas padecidas por Nazar. Completa el
plexo probatorio la documental incorporada por lectura (cfr.
fs. 7074 y vta.).
3. Alberto Salomón Liberman, el tribunal valoró
sus dichos (fs. 7074 vta./7075) y los testimonios brindados por
Héctor Mariano Ballent, Juan Ramón Nazar, Julio César Miralles,
Luisa Villar, Alfredo Ángel Abuin, Juan Destéfano, Juan Miguel
Paino y Rodolfo José Iaccarino Venturino. Asimismo se agregaron
las pruebas detalladas a fs. 7076 lo que da cuenta de la
detención ilegítima y torturas sufridas por Liberman en COT I y
en Puesto Vasco.

-//- 58
4. Néstor Carlos Torbidoni, se incorporó por
lectura la declaración prestada por el nombrado ante el Juzgado
Federal n1 3, reproducida a fs. 7076/7077, también se valoraron
las declaraciones de Héctor Mariano Ballent, Alberto Salomón
Liberman, Julio César Miralles, Luisa Villar, Juan Destéfano,
Juan Miguel Paino, Rodolfo José Iaccarino Venturino, dando
precisiones en cuanto al cautiverio de Torbidoni y las torturas
que le fueran aplicadas en COT I, Puesto Vasco y en
destacamento Arana.
5. Ramón Miralles, debido a problemas de salud no
se presentó a declarar en el debate, por lo que se incorporó
por lectura la declaración prestada en el Juicio por la Verdad,
reproducida en lo esencial a fs. 7078/7080. También se
ponderaron los testimonios de Héctor Mariano Ballent, Juan
Ramón Nazar, Alberto Salomón Liberman, Alfredo Ángel Abuin,
Juan Destéfano, Juan Miguel Paino, Osvaldo Jorge Papaleo,
quienes dieron cuenta del paso y detención ilegal de Ramón
Miralles en COT I Martínez, Arana y Puesto Vasco y de las
torturas que le impusieron, que según se desprende del
testimonio de Héctor Ballent fueron más intensas que con otros
detenidos; también completan el plexo cargoso las pruebas
incorporadas a fs. 7080 vta..
6. Julio César Miralles, en este caso el tribunal
ponderó la declaración del nombrado (fs. 7081) donde entre
otras cosas indicó que lo mantuvieron en cautiverio en COT I
Martínez y Puesto Vasco, y que fue torturado, cuestiones
corroboradas por las declaraciones realizadas por Carlos
Enrique Miralles, Luisa Villar, Héctor Mariano Ballent, Alberto
Salomón Liberman, Alfredo Ángel Abuin, Juan Destéfano, Juan
Miguel Paino y Rodolfo José Iaccarino Venturino. Completa la
prueba en este caso la inspección ocular realizada en Puesto
Vasco y la declaración incorporada por lectura de Carlos Néstor
Torbidoni obrante a fs. 1705/1707.
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7. Jacobo Timerman, aquí el tribunal evaluó las
testimoniales prestadas por Héctor Marcos y Javier Gustavo
Timerman, hijos del nombrado, como así también valoró los
relatos de Héctor Mariano Ballent, Juan Ramón Nazar, Alberto
Salomón Liberman, Martín Antonio Alberg Cobo, Julio César
Miralles, Carlos Enrique Miralles, Luisa Villar, Juan
Destéfano, Luis Guillermo Taub, Julio Daich y Jorge Raúl
Rodríguez, Silvia Cristina Fanjul, Isidoro Graiver y Osvaldo
Papaleo quienes en forma concordante dieron cuenta que Jacobo
Timerman estuvo privado ilegítimamente de su libertad en Campo
de Mayo, COT I Martínez, Puesto Vasco y en Departamento Central
de Policía y que fue sometido a torturas, afirmando los
testigos que hubo un especial ensañamiento con la víctima al
ser de religión judía. Completa el cuadro probatorio de este
caso la documental detallada a fs. 7080 vta. y la inspección
ocular llevadas a cabo en COT I Martínez y en Puesto Vasco.
8. Rafael Perrota, en este caso el sentenciante
valoró la declaración prestada por Rafael María Perrota
Bengolea, hijo del nombrado, así como los dichos de Héctor
Mariano Ballent, Alberto Salomón Liberman y Julio Miralles
quienes afirmaron que Rafael Perrota estuvo ilegítimamente

-//- 60
detenido en COT I Martínez y que fue víctima de la aplicación
de tormentos; también se valoraron las manifestaciones
formuladas por Héctor y Javier Timerman. Cabe destacar que
Héctor Ballent compartió cautiverio con Rafael Perrota y al
respecto relató A...tuve oportunidad de conversar con Perrota en
un pasillo, que es donde lo invitaron a este a sacarse los
zapatos y la ropa...y él como andaba siempre con una caja de
zapatos llenos de medicamentos, en esa oportunidad me dio una
gragea de color verde que yo ingerí...@, a ello agregó Aque en
una oportunidad que estaba este: >viene un vigilante que yo no
puedo recordar quien era, le dijo: >=viejo sacate la ropa y los
zapatos que no los vas a precisar más=>@. Por su parte Jacobo
Timerman -según la copia certificada obrante en el Anexo 3,
causa 2506/07 ALegajos Conadep nros. 1577, 634, 1277, 5608,
3944, 3757" Documentación desclasificada Dpto de Estado EE.UU.:
Caso Timerman@- declaró: ...AYo estaba en la segunda
(habitación), sin estar vendado, de modo que podía ver entrar y
salir y escuchar las llamadas telefónicas, y cada vez
contestaban del mismo modo >Coti Martínez=...hacia la noche me
sacan de mi celda y el teniente Roma ordena a un guardia
llevarme a la celda de las mujeres...Me lleva el guardia a una
celda en la que se abre y no hay nadie...Pasa un tiempo, se
abre la puerta y entre Rafael Perrota a quien yo conocía de
hacía mucho tiempo...yo estuve con Perrota que en realidad
estaba destinado a estar solo...El teniente Roma vino
nuevamente. Al abrir la puerta me dijo >Salga=. Cuando salimos
cerró la puerta, me preguntó si había conocido al preso que
estaba allí le dije que sí...@=Sí es Rafael Perrota=. Entonces me
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dijo luego (el teniente Roma): >Bueno, no lo digas nunca porque
te van a matar a vos y me van a matar a mí; nadie tiene que
saber que está aquí=@. @En días anteriores yo tuve una serie de
sobresaltos sin saber que se trataba de Rafael Perrota, porque
la sala de guardia en la que yo estaba encadenado daba frente
al dormitorio de los oficiales; ese dormitorio se usaba para
torturar. Es decir, se torturaba en la cama, con la picana
eléctrica y luego se cambiaban las sábanas y los oficiales
dormían... pasé malos momentos cuando escuchaba que gritaban:
>Traigan al periodista= y siempre pensé que se referían a mí.
Luego deduje que se debían referir a Perrota precisamente. Yo
lo encontré muy golpeado (a Perrota), muy creo
desequilibrado...Estaba muy golpeado, muerto de frío...Recuerdo
que tenía un traje gris, un chaleco gris, y me decía: >Usted
está con suerte, tiene mantas, a mí me levantaron en la calle,
no tengo nada=@.
Asimismo relató el señor Timerman que en un
momento en que se encontraba con los tenientes Roma y Ríos les
preguntó porqué lo tenían a Perrota porque él lo conocía hacía
más de veinte años y Aera el ser más inofensivo del mundo@ A
nunca fue una aguerrido periodista@, AMe dijeron que habían
descubierto que iba a ir en una misión a Europa invitado por la

-//- 62
Comisión de Derechos Humanos argentina en Madrid@ y que por eso
lo habían arrestado. Completa la prueba la declaración de Juan
Amadeo Gramano ante el COSUFA de fecha 10/4/1984 obrante en el
Anexo 2 de autos y que fuera incorporada por lectura sin
oposición de las partes.
9. Juan Destéfano, a su respecto el tribunal
valoró la declaración prestada por el nombrado y los dichos
concordantes de los testigos Héctor Mariano Ballent, Juan Ramón
Nazar, Julio César Miralles, Luisa Villar y Osvaldo Jorge
Papaleo, que en forma concordante afirmaron que la víctima
estuvo detenida COT I Martínez, Puesto Vasco y Arana, y que fue
torturado. Se agrega al plexo cargoso la prueba detallada a fs.
7091 vta. y la inspección ocular realizada en COT I Martínez.
10. Luis Guillermo Taub, el tribunal valoró los
dichos del nombrado que detalló que fue privado de su libertad
y mantenido en cautiverio en Pozo de Quilmes, Pozo de Banfield,
en COT I Martínez; y que fue sometido a tormentos. Completa el
cuadro probatorio la documental detallada a fs. 7093 vta..
11. Eva Gitnacht de Graiver, respecto de este
caso el tribunal consideró la declaración prestada por Osvaldo
Jorge Papaleo, quien refirió que compartió cautiverio con la
nombrada en Puesto Vasco y que fue víctima de la aplicación de
tormentos. Por otra parte valoró la declaración de Lidia
Brodsky de Graiver y la prueba detallada a fs. 7094.
12. Enrique Brodsky, el a quo ponderó la
declaración prestada por Osvaldo Papaleo quien dio cuenta de la
detención y aplicación de tormentos a la víctima en Puesto
Vasco. Por otra parte valoró los dichos de Lidia Brodsky de
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Graiver quien sostuvo que su padre fue sometido a tormentos en
el lugar referido. Completa la prueba en este caso la
documental reseñada a fs. 7094 vta..
13. Osvaldo Jorge Papaleo, el tribunal evaluó los
dichos del nombrado en cuanto refirió que fue privado de su
libertad y se lo mantuvo en cautiverio en Puesto Vasco, donde
fue torturado. Asimismo valoró las testimoniales de Julio César
Miralles y Juan Destéfano quienes afirmaron los extremos
indicados por Papaleo. Completa la prueba de este caso la
documental detallada a fs. 7097.
14. Juan Amadeo Gramano, en este caso el a quo
consideró la declaración prestada por el nombrado ante el
COSUFA con fecha 10/4/84 que fue reproducida en autos y obra
agregada en el Anexo 2. Allí entre otras cosas relató que fue
mantenido en cautiverio en COT I Martínez, Arana y Puesto
Vasco, también afirmó que fue torturado. Por su parte los
testigos Héctor Mariano Ballent, Juan Ramón Nazar, Alberto
Salomón Liberman, Julio César Miralles, Alfredo Ángel Abuín,
Juan Destéfano, Juan Miguel Paino se pronunciaron en cuanto los
lugares en los que Juan Amadeo Gramano estuvo privado
ilegítimamente de su libertad y que sufrió torturas en esos
sitios. Completan la prueba la detallada a fs. 7098 vta.
15. Rubén Fernando Schell, el tribunal valoró los
dichos del nombrado en cuanto a que estuvo en cautiverio en la
Brigada de Investigaciones de Quilmes lugar donde le aplicaron
tormentos. Ponderó asimismo las declaraciones de los testigos
Norma Leanza, Alberto Osvaldo Derman, Alcides Antonio Chiesa y
Jorge Allega quienes se manifestaron en concordancia con lo

-//- 64
expuesto por el damnificado. Completa la prueba de este caso la
declaración brindada por Alberto Felipe Maly (fs. 44 legajo
111) quien indicó que estuvo detenido junto a Rubén Schell en
la Brigada de Investigaciones de Quilmes aunándose la
documental agregada en el Anexo legajo 111 de la causa 3/SE
donde obra el legajo Conadep 02825.
16. Carlos Alberto Zaidman, el tribunal valoró la
declaración prestada por el nombrado en el debate en cuanto a
que fue privado ilegítimamente de su libertad y que se le
aplicaron tormentos en el centro clandestino de detención
denominado Cuatrerismo, sito en 55 entre 13 y 14 de la ciudad
de La Plata. También evaluó lo expuesto por los testigos José
María Llantada, Eduardo Kirilovsky y Analía Maffeo quienes se
expresaron en forma concordante con lo relatado por Carlos
Alberto Zaidman. Se agrega a ello la prueba documental
detallada a fs. 7102 vta.
17. José María Llantada, consideró el a quo la
declaración del nombrado durante el debate dando cuenta de la
privación ilegal de la libertad y los tormentos sufridos en la
Brigada de Investigaciones La Plata y en Arana. Tales extremos
fueron corroborados por los testimonios de Eduardo Kirilovsky,
Analía Maffeo, Carlos Alberto Zaidman, la prueba documental
descripta a fs. 7104 y la inspección ocular realizada en el
Destacamento de Arana.
18. Kirilovsky, Eduardo, en este caso el tribunal
evaluó los dichos del nombrado en cuanto refirió que estuvo
detenido en la Brigada de Investigaciones de la Plata y fue
varias veces traslado a Arana, asimismo dijo que en los dos
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lugares fue torturado. Estos extremos fueron corroborados por
los testigos Carlos Alberto Zaidman, José María Llantada y
Analía Maffeo. Completa el cuadro probatorio la documental
detallada a fs. 7106.
19. María Cristina Bustamante, el a quo valoró
los extremos expuestos por la damnificada en lo relativo a los
lugares donde estuvo detenida ilegalmente y fuera sometida a
tormentos. En ese mismo sentido declararon los testigos Alberto
José Canziani y Osvaldo Alberto Lovazzano quienes manifestaron
que estuvieron en la Brigada de Investigaciones de La Plata y
en el Destacamento Arana. Por otra parte se ponderó la prueba
detallada a fs. 7108.
20. Analía Maffeo, en este caso los magistrados
evaluaron la declaración brindada por la testigo quien estuvo
detenida ilegítimamente en la Brigada de Investigaciones de La
Plata y en Arana donde fue torturada, también fue llevada a
Pozo de Banfield. Que los dichos de la nombrada fueron
corroborados por los testigos Carlos Alberto Zaidman, Eduardo
Kirilovsky, José María Llantada y Blanca Rossini, a lo que cabe
agregar la prueba documental especificada a fs. 7109 vta.
21. Jorge Orlando Gilbert, el tribunal valoró los
dichos de la víctima quien refirió que estuvo en cautiverio en
la Brigada de Investigaciones de La Plata y en Arana donde fue
torturado. Que lo expresado por Gilbert fue corroborado por los
testigos Liliana Mabel Zambano y Zacarías Ángel Moutokias.
22. Luis Velasco, los sentenciantes ponderaron la
declaración prestada por el nombrado en cuanto a que estuvo
detenido en la Brigada de Investigaciones de La Plata, donde

-//- 66
fue sometido a golpes y vejaciones; también fue torturado en el
Destacamento Arana, posteriormente lo trasladaron a Pozo de
Banfield y por último a la Comisaría 51. Completan el cuadro
cargoso en este caso la prueba documental descripta a fs. 7114
vta.
23. Luis Larralde, en lo referente a este caso se
incorporó la declaración del nombrado obrante en el Anexo II de
la causa 7/7768, legajo Conadep 6893. Allí señaló que estuvo
detenido en COT I Martínez, luego fue trasladado a la Brigada
de Investigaciones de La Plata y luego a Arana donde conoció a
Velasco y Pérez Roig, extremo ratificado por Luis Velasco en su
declaración ante el tribunal.
24. Jorge Luis Andreani, en este caso se
incorporó ad effectum videndi et probandi el expte 1596/SU
donde consta un escrito presentado por la madre de la víctima
en el Juicio por la Verdad. Asimismo se valoró la declaración
de Luis Velasco quien refirió que compartió celda con Andreani
en la Brigada de Investigaciones de La Plata, como así también
lo manifestado por Carlos Alberto Zaidman y por Segundo Ramón
Álvarez quien por indicios llegó a la conclusión que estuvo
detenido con Andreani y que lo llevaban a la sala de torturas.
Se agrega a este caso la prueba documental detallada a fs. 7116
vta.
25. Ricardo San Martín y Néstor Bozzi, el
tribunal ponderó la declaración testimonial brindada por Luis
Velasco quien en los dos casos refirió que compartió cautiverio
en la Brigada de Investigaciones de La Plata con Ricardo San
Martín y con Néstor Bozzi.
26. Osvaldo Lovazzano, en este caso los
magistrados valoraron los dichos del nombrado en el debate en
cuanto a que estuvo detenido en la Brigada de Investigaciones
de La Plata y en la Comisaría 51 donde fue víctima de la
aplicación de torturas. Estos extremos hallan consonancia con
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lo depuesto por los testigos María Cristina Bustamante, Alberto
José Canziani y Francisco Domingo Fanjul.
27. Alberto José Canziani, declaró que estuvo
detenido en la Brigada de Investigaciones de La Plata y en el
Destacamento Arana y que en esos dos lugares fue víctima de la
aplicación de torturas. Los testigos Osvaldo Lovazzano, María
Cristina Bustamante y Zacarías Moutokias declararon en
concordancia con los dichos de Canziani durante el debate.
28. Elena De la Cuadra, en este caso el a quo
ponderó las declaraciones prestadas por la hermana de la
víctima -Estela De la Cuadra- y por Adriana Calvo quien aseguró
que estuvo detenida con la víctima en la Comisaría 5ta. También
valoraron las declaraciones de María Cristina Bustamante, Luis
Velasco, Osvaldo Lovazzano, José Alberto Canziani. Completan el
plexo probatorio la prueba documental descripta a fs. 7124 vta.
29. Héctor Baratti, en este caso se valoraron las
declaraciones testimoniales prestadas por Estela De la Cuadra,
Adriana Calvo, María Cristina Bustamante, José Alberto Canziani
y Luis Velasco -quien relató que estuvo detenido con Héctor
Baratti en la Comisaría 5ta y que las condiciones de detención
de Baratti eran terribles-. Completa la prueba la documental
detallada a fs. 7126 vta..

-//- 68
30. José Fernando Fanjul Mahía, en este caso el
tribunal ponderó la declaración prestada en el debate por
Francisco Domingo Fanjul, quien relató que supo que su hermano
estuvo alojado en la Comisaría 5ta de La Plata, en la Brigada
de Investigaciones de La Plata, y en el Destacamento de Arana,
del mismo modo estimaron las testimoniales de María Cristina
Bustamante y de Alberto José Canziani.
31. Rodolfo Emilio Pettiná, el tribunal consideró
las declaraciones testimoniales de Julio César Pettiná -quien
refirió entre otras cosas que su hermano desapareció el 15 de
julio de 1977 desde la Casa de Estudiantes de Trenque Lauquen
cita en la ciudad de La Plata- de Elena Taybo, José Daniel
Hilgert, Juan Simón Pérez, Miguel Ángel Morán, Mery Luisa
López, Jorge Raúl Manazi, Dolores Enriqueta Corona. Completa el
plexo cargoso en este caso la prueba documental detallada a fs.
7131 y vta..
32. Héctor Raúl Manazi, el a quo apreció la
declaración incorporada por lectura al debate, sin oposición de
las partes, del testigo Jorge Raúl Manazi quien relató la forma
en que secuestraron a su hermano; también consideró lo dicho
por Julio César Pettiná, Elena Taybo, Mary Luisa López, Juan
Simón Pérez, José Daniel Hilgert y Miguel Ángel Morán. Completa
la prueba de esta caso la documental enumerada a fs. 7132
vta./7133.
33. Ricardo Antonio Sanglá, los magistrados
valoraron las testimoniales de Mery Luisa López, Julio César
Pettiná, Elena Taybo, Jorge Raúl Manazi, Juan Simón Pérez, José
Daniel Hilgert y Miguel Ángel Morán; y la prueba documental
descripta a fs. 7134 y vta..
En cuanto a las privaciones ilegales de la
libertad agravadas de Liliana Amanda Galarza, Pablo Joaquín
Mainer, María Magdalena Mainer, Domingo Moncalvillo, Nilda
Susana Salamone, Cecilia Luján Idiart, María del Carmen
Morettini, el tribunal valoró las declaraciones testimoniales
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prestadas por los familiares de los nombrados en cuanto a que
estos estuvieron detenidos en la Brigada de Investigaciones de
La Plata, circunstancias además que se encuentran probadas en
la referida causa 13/84.
Respecto de la vinculación del imputado con los
hechos, se infiere de la sentencia impugnada que Christian Von
Wernich se manejaba en Puesto Vasco, COT I Martínez, Pozo de
Quilmes, Brigada de Investigaciones de La Plata, Comisaría
Quinta de La Plata y Destacamento Arana con amplia autonomía,
tanto es así que él reconoce en su declaración indagatoria que
tenía libre acceso a las dependencias de esos lugares, que no
tenía contratiempos y nadie le decía si podía o no entrar.
A idéntica conclusión se arriba de la ponderación
global de la prueba testimonial recepcionada en autos. Se
desprende de las declaraciones de Héctor Mariano Ballent, Juan
Ramón Nazar, Alberto Salomón Liberman, Néstor Carlos Torbidoni,
Ramón Miralles, Julio César Miralles, Juan Destéfano, Luis
Guillermo Taub, Osvaldo Jorge Papaleo, Rubén Fernando Schell,
José María Llantada, Eduardo Kirilovsky, María Cristina
Bustamante, Analía Maffeo, Jorge Orlando Gilbert, Luis Velasco,
Osvaldo Lovazzano y de Alberto José Canziani que cada vez que
llegaba el imputado a las celdas, generalmente después de las
torturas que le inflingieran a muchos de los detenidos los que

-//- 70
se encontraban en condiciones infrahumanas -vendados, atados,
sin higiene, visiblemente torturados- les decía que se quitaran
la venda y los inquiría sobre cuestiones generales;
posteriormente muchos de esos dichos eran motivo de
interrogatorio en las sesiones de tortura.
II. E. En efecto, se lee en el pronunciamiento
impugnado que los testigos dieron cuenta de la presencia del
imputado en los distintos lugares clandestinos de detención de
la siguiente forma:
1) Héctor Mariano Ballent refirió que: A...el
padre Von Wernich estuvo en Puesto Vasco... En otra oportunidad
que volvió a aparecer, les preguntó cómo estaban y les dijo
AUstedes tienen que hablar para que no los castiguen más@, que
él respondió preguntándole A>cómo siendo ministro de la iglesia
aceptaba que los castiguen, y le reprochó porqué no lo ponía a
la luz=@. Mencionó el testigo que en ese momento estaban con él
@los Miralles, Torbidoni, Juan Gramano, Silvio Has, Juan
Destéfano, Alberto Bujía y otros más... Apuntó que durante la
visita de Von Wernich, Nazar se encontraba postrado, en un
estado de debilidad total y no comía...@.
2) Juan Ramón Nazar AComentó que un día, en su
celda de 2 x 1 metros, >más cerca de la muerte que de la vida=
vio a una persona en el umbral vestida de sacerdote y tuvo
sentimientos encontrados >porque la esperanza era de afuera y se
contradecía con la situación de un sacerdote en ese lugar=; que
el sacerdote le manifestó que le iba >a dar asistencia
espiritual= por la situación en la que se encontraba;... Destacó
que le dijo al cura que le sorprendía la presencia de un
sacerdote en un lugar clandestino de detención ...Agregó que
cuando Von Wernich ingresó a su celda no había guardias y que
sospechó que se trataba de algo que no estaba nada claro, que
no venía a darle auxilio espiritual. Asimismo, señaló que no
existía posibilidad de que Von Wernich, pudiera desconocer el
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estado en que estaban las personas detenidas en Puesto
Vasco...@.
3) Alberto Liberman ADestacó que en ese lugar
hubo un sacerdote, que concurrió una vez vestido con un hábito,
allí estaban Ballent, Torbidoni, Nazar, y no recuerda si Paino.
Timerman estaba en su celda pero pidió que venga un rabino, no
se acuerda si dejó entrar al cura. Refirió que Von Wernich
entró a la celda de él, y habló con algunos, a él le aconsejó
que dijera la verdad ... al sacerdote le abrieron la reja los
guardias y entró solo@.
4) Néstor Carlos Torbidoni dijo que AAAAfue
trasladado tabicado con otras personas a ... Puesto Vasco
...Ahí también vio a Timerman, Papaleo, Churrinche, Juan
Destéfano, Nazar y Rubinstein... Refirió que un día fue el
Capitán Trimarco con un sacerdote, quien les dijo que iba a
estar todo bien y que cuando llegaron Trimarco y el cura,
fueron sometidos a torturas nuevamente Ramón Miralles, Gramano
y Timerman@.
5) Ramón Miralles recordó que cuando estuvo
detenido en Cot 1 Martínez Apreviamente a la primer tortura a
cara descubierta >le presentaron a un señor que piensa que
estaría en una asistencia eclesiástica=, no sabe el nombre, fue

-//- 72
la única vez que lo vio y que >le aconsejaba que lo que él tenía
que hacer era acusar de algún hecho grave, de negociados, al
que había sido Gobernador, Calabró,= o con algunos de los otros
hombres que lo acompañaban y que >en la medida que yo denunciara
hechos y personas eso me iba a crear una situación favorable,
iba a ser considerado porque sino me iban a ocurrir cosas
terribles=. Narró que este sacerdote, trataba de utilizar a la
gente, no cumplía con su misión y que: >yo se lo reproché un día
y me dijo: yo también... de todas maneras estoy prestando un
servicio a Dios=. Agregó que reconoció a Christian Von Wernich,
como el sacerdote anteriormente nombrado, en fotos@.
6) Julio César Miralles relató que AAAA...en Puesto
Vasco... vio a Von Wernich, que los fue a visitar: llevó una
sillita a la celda y les pidió que colaboraran; >para ellos era
un momento de terror, ya que el hecho de que fuera alguien de
la iglesia parecía que Dios les daba una mano, pero sin embargo
era el Diablo=. Mencionó que Ballent en una oportunidad dijo
>este no será un comisario disfrazado= y que la voz cantante (en
ese lugar) era el secreto de confesión famoso, lo que hablaban
en esas charlas con el cura, después lo pasaban y llegaba a la
tortura. Von Wernich les preguntó cómo estaban, les dijo que
tenían que colaborar para que no los torturen más, porque eso
era >a beneficio de Dios y de la Patria=. Señaló que al imputado
le abrieron la celda, le dieron una silla y se quedó con
ellos... estaba a cara descubierta siempre... Con ellos estuvo
una o dos veces en COTI Martínez y luego estuvo con él en
Puesto Vasco y con su padre@.
7) Juan Destéfano: sostuvo que A...en Puesto
Vasco habló muchas veces con Jacobo Timerman, y una vez le vino
a hablar el cura Von Wernich y le manifestó que era conveniente
que hablara para que no le pegaran más, para que no le dieran
más >máquina=... Destacó que Von Wernich estaba como en su casa,
participaba de la patota de los torturadores, con Tarela,
Cozzani, Etchecolatz y el Correntino; >era parte del grupo, era
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un partícipe más del grupo que torturaba y detenía=. Respecto de
la periodicidad con la que concurría el sacerdote, señaló que
>muy seguido=, cree que era un integrante más del grupo, que la
identidad y el nombre del imputado lo supo en ese momento, lo
llamaban por el nombre, dado que había una impunidad total...
Von Wernich se movía con entera libertad por el lugar@.
8) Luis Guillermo Taub: declaró que @... cuando
estuvo con ellos (en COT I Martínez), Von Wernich los llamó por
el apellido, que les preguntó si estaban bien como si ellos
estuvieran paseando por el lugar. Que ellos contestaron que
estaban muy mal, que fueron torturados; que su papá estaba
lastimado y no podía caminar y el comentario de él fue >algo
habrán hecho, ustedes=. Destacó que Von Wernich visitó a todos
los detenidos que estaban ahí y que éste tenía profundamente
claro que eso eran patotas que se dedicaban a torturar y
secuestrar gente. Afirmó que iba como >un cura que apoya a sus
tropas=; ... y actuaba corporativamente, como una fuerza armada.
La gente de la patota les dijo quién era, el nombre y que era
el capellán de Policía@.
9) Osvaldo Jorge Papaleo: expresó que Aun día
apareció junto con la patota y que en esa ocasión estaba
vestido con una campera y cuello de sacerdote; que tenía libre

-//- 74
acceso para poder pasar a verlos al lugar en que estaban
detenidos, ... Destacó que ellos no creían que Von Wernich
trajera afecto o contención, por el contrario >tenían la
sensación de que él ya era parte de la patota que interrogaba y
que la misma estaba de recorrida, que él andaba libremente por
allí=... mencionó que Von Wernich conversaba con ellos y les
hacía preguntas. Sus visitas se repitieron 2 o 3 veces mientras
estuvo Timerman...La sensación era que Von Wernich era parte de
todo, porque no estaba en los interrogatorios pero estaba al
tanto de lo que había pasado en ellos y generalmente aparecía
las veces que estaba la patota torturando,...que su actitud era
la de un >agente de inteligencia= ... era un hábil
interrogador,...=Von Wernich era parte del operativo de conocer
lo que pensaban y decían, tenía un buen nivel intelectual,
detectaba contradicciones=. Era como si hubiera >un cuerpo
colegiado de la tortura porque cada uno tenía su rol=@.
10) Rubén Fernando Schell: @@@@Describió que... lo
pusieron frente a >El Cuervo=, y que pese a las torturas, >esa
fue la peor tortura que sufrió y la sufrió de parte de él (del
sacerdote), era la tortura moral y le duele que un sacerdote
haga esas cosas=; que se sentó delante de él, teniendo una risa
cínica, y le preguntó por qué estaba en ese lugar, a lo que él
le dijo: >Por pelotudo= a lo que el cura le respondió: >No me
cabe ninguna duda, pero qué cagadas hiciste, )no estarás
poniendo bombas?=, le repreguntó y que él contestó que hacía
política de base. Refirió que el sacerdote le preguntó si sabía
que estaba haciendo las cosas mal y él le indicó que él sabía
que lo que hacía estaba bien... Agregó que esa persona (el
cura) le preguntó si era católico y él le refirió que un tío de
su padre era obispo, que iba a la iglesia y que, por ese
motivo, entró a >sonsacarle= qué hacía en la iglesia y él le dijo
que estaba en un grupo de jóvenes por lo que el cura le
preguntó si hacía política allí -en la iglesia-. Le preguntaba
cómo se llamaba el cura, quiénes eran sus amigos. Recordó que
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después esta persona le preguntó si estaba de novio, y le dijo
>cagaste, te va a cerrar la puerta en la cara, no te va a querer
más=,... El sacerdote le dijo que la familia de su novia lo iba
a echar, que los vecinos le iban a cerrar la puerta en la cara,
cuando saliera, >si salís=... Destacó que se movía libremente por
el lugar de detención; que cuando se fue lo hizo libremente,
como >pancho por su casa=, no llamó a nadie para que lo fueran a
buscar@.
11) Carlos Alberto Zaidman: AManifestó que el
sacerdote no era tratado como uno más, se le rendía pleitesía,
como a un superior; que los guardias (decían) >ahí viene el
padre=, >ahí viene el cura=, era como que se preparaban para la
visita, como que iba a verlos alguien que tenía cierto mando o
poder sobre ellos; al escucharlo se notaba que tenía dominio
del lugar, tenía acceso a los lugares sin necesidad de que
alguien lo acompañe, conocía el lugar...Agregó que en los dos
casos en que escuchó al sacerdote, sus palabras eran instando a
la gente a que colaborara, porque así les iría mejor@.
12) José María Llantada: dijo respecto de las
visitas de Von Wernich a la Brigada de Investigaciones de La
Plata @Que la primera vez que se presentó no lo vio; lo vio en

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la segunda. Recordó que le dijo si >aprendieron la lección= y él
se dijo >aaah=. El diálogo fue así: Von Wernich les dijo que se
sacaran la venda, pero como no sabían si era un >milico= no se la
sacó; lo que menos pensó era que hubiese un sacerdote en ese
lugar. Agregó que hablaron de temas generales, cómo estaban,
cómo se sentían, le dieron el número de teléfono del padre de
Eduardo Kirilovsky para que le avisara que estaban bien y no
llamó. La segunda vez también hablaron temas generales; aclaró
el testigo que estaban atados y vendados. Aclaró que cuando lo
vio no estaba con la ropa de sacerdote, estaba de civil y que
en las dos entrevistas estaba con Eduardo
Kirilovsky@... Refirió que Ael sacerdote se movía con
libertad... Aclaró que cuando el sacerdote habló con ellos lo
hizo dentro de la celda, que abrió la puerta y entró. Señaló
que estaba muy lastimado en la zona genital por las sesiones de
>máquina=...@.
13) Eduardo Kirilovsky: A...señaló que en alguna
oportunidad fue a verlos un sacerdote, que le decían >el Padre=;
que fue 3 ó 4 veces; que por comentarios supo que era Von
Wernich. Que habló con él; le informó al sacerdote su condición
de judío, y la charla era normal. En un momento les
preguntó si habían aprendido la lección, si les quedaba claro
qué tenían que hacer al salir; aclaró que ellos estaban con los
ojos vendados y con las manos atadas. La intención de ellos era
que informara a alguien en su casa: le dieron los datos y él
les dijo que sí, que se iba a poner en contacto, y nunca
avisó... Con ellos charlaba de trivialidades, no de política,
no de militancia y resaltó que los guardias lo trataban con
mucho respeto, como si fuera un superior; decían >viene el
Padre=... señaló que el sacerdote sabía que iban a salir en
libertad y que cuando los vio ya habían pasado las sesiones de
tortura, destacó que ellos le informaron que habían sido
torturados y él no respondió nada@.
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14) María Cristina Bustamante: recordó que
Aveinticuatro horas después (de haberla torturado) le dijeron
>hoy te vas, vino a verte el cura=. La sacaron del calabozo y
llegó hasta una puerta y le sacaron la venda y le dijeron =al
cura no le gusta verla puesta=. Refirió que entró a un despacho
donde había un escritorio y frente a él estaba sentado un cura
con su camisa celeste y el cuello blanco; le dijo >esto se
acabó, ya te vas, tenés que olvidarte de todo lo que pasó, no
tenés que hablar con nadie=, ella le preguntó por qué le había
pasado todo eso y el cura expresó que >los caminos de Dios a
veces son difíciles de entender= y agregó que si quería ayudar a
los humildes fuera a Cáritas, y la despidió... El sacerdote le
dijo que tenía que perdonar@.
15) Analía Maffeo: relató que A(e)stando en esa
celda, entró una persona y le dijo >Maffeo, yo conozco a tu
padre, sacáte la venda= y luego les pidió lo mismo a todos.
Cuando se la sacó, había un sacerdote. No recuerda mucho el
diálogo, sí frases o palabras claves: La Gallita dijo >)usted
cree que vamos a salir?= y esta persona le contestó >hoy estamos,
mañana no estamos= y se miraron todas... tuvieron nuevamente la
visita del cura; agregó que Lidia le pidió una Biblia y el le
contestó >Para qué, si son comunistas=; y ella le contestó que
eran peronistas. Nunca les llevó la Biblia...
Precisó que cuando lo vio la primera vez, estando en
cautiverio, él entró a la celda y en ese momento eran 6
personas; describió el aspecto que entonces tenían: a ella le
robaron una campera y unas botitas de gamuza, estaba con una

-//- 78
campera de lana; La Gallita estaba con un par de alpargatas;
nunca se habían cambiado de ropa durante todo el cautiverio, la
dejaron bañarse uno o dos días antes de que la liberaran, la
celda era para una persona y había seis, además tenía una
puerta que estaba habitualmente cerrada y que el sacerdote vio
que estaban todas juntas en ese espacio. La segunda vez que lo
vio, estaban cinco de las mismas seis, la otra no volvió más y
agregó que Lidia había sido torturada, mostraba quemaduras de
cigarrillo; también la esposa del de el PST. El sacerdote
estaba parado, hablaba, estaba sonriente, como gozándolas; se
movía con naturalidad, llegaba y se iba sin problemas@.
16) Jorge Orlando Gilbert: ADestacó que en esta
situación de cautiverio un día se apareció una persona que
manifestaba ser cura de la iglesia católica; que fue una
situación particular porque cuando se dirigió a él y le dijo
que había nacido en la ciudad de Concordia el cura demostró
interés en él: le levantó la venda y tuvo un intercambio de
palabras; el sacerdote le manifestó que tenía familiares en esa
ciudad... La celda estaba siempre cerrada y cuando llegó el
cura la abrió y los vio a ellos vendados y con las manos
atadas, situación que nunca se modificó. Señaló que el
encuentro con el cura fue después de haber sido torturado...Un
guardia les permitió antes de irse estar sin venda e
higienizarse, les acercó algo dulce para comer y en ese momento
entró el sacerdote e hizo una especie de broma, diciendo
>cuidado con la máquina, se va a repetir lo de la máquina= en
tono irónico; él lo vio a través de un espejo, ese sacerdote es
Causa N° 9517 -Sala I-
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a quien identificó como Von Wernich. Destacó que para ellos esa
situación distaba mucho de ser un comentario de complicidad,
era más bien un comentario de horror@.
17) Luis Velasco: AContó al Tribunal su primer
contacto con el señor Christian Von Wernich; un día escuchó
pasos, comentarios, se abrió la celda y entró un señor que
preguntó >)este quién es= (en referencia a él) y sus compañeros
le dijeron que era nuevo y San Martín le dijo que le habían
dado mucho en la tortura (a él); entonces, este señor le dijo
que se sacara la venda, que quería mirarlo, le dijo >no seas
boludo conmigo no hay problema= le sacó la venda. Le sorprendió
el trato amistoso que se tenía con von Wernich, se hablaba de
cualquier tema; en un momento, >le tocó los pelitos del pecho y
empezó a hacer bromas sobre que en la tortura se los habían
quemado=. En esa ocasión Nestor Bozzi, se arrodilló, le agarró
la mano a Von Wernich y le dijo >padre, no quiero morir= y él le
contestó >hijo mío la vida de los hombres la decide Dios y tu
colaboración=; Bozzi tuvo una actitud ejemplar ya que cuando Von
Wernich se fue dijo >Cura hijo de puta=. Von Wernich le preguntó
a Ricardo San Martín >vos cómo te metiste en la joda= y San
Martín le dijo que a través de una parroquia de General Roca,

-//- 80
que Von Wernich sabía el nombre del párroco y le dijo >ah, el
curita ese metió a un montón de montoneros=... En ese lugar
(Pozo de Banfield) lo vio por segunda vez a Christian Von
Wernich, que un día entró a la celda y empezó a darle datos muy
precisos de su familia, de su madre y tía y hermanos, que él se
asustó muchísimo, y Von Wernich se acercó a su oído y le dijo
>tranquilo soy primo de Monona=, aclaró el testigo que Monona es
la segunda mujer de un tío carnal suyo. La tercer entrevista
con Von Wernich fue en presencia de Baratti, Malbrán,
Fraccaroli y Bonin; el cura les dijo >Ustedes no tienen que
odiar cuando los torturan= y él le dijo >a ver si usted teniendo
cinco tipos torturándolo si no puede sentir odio= a lo que le
respondió: >ustedes tienen que pagar por los daños que le han
hecho a la patria con muerte, con tortura=. Destacó que Héctor
Baratti le preguntó qué culpa tenía su hija, que acababa de
nacer en cautiverio, y él (el imputado) dijo >Los hijos deben
pagar por la culpa de sus padres, qué quieren que se los
demos a sus abuelos para que críen terroristas, como a ustedes=.
Señaló que Von Wernich tenía conocimiento sobre ese nacimiento
en concreto...Continuó su relato aclarando que Von Wernich
aparecía en una situación en la que todo era oscuro, no sólo
por la tortura física que era lo más terrible, sino además
porque comían atados y vendados@.
18) Luis Larralde: se incorporó por lectura la
declaración prestada ante la Conadep legajo 6893, donde en lo
que aquí interesa dijo Aque estando en la Brigada de
Investigaciones de La Plata... El padre Christian Von Wernich
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concurría todos los días a la Brigada de Investigaciones y
hablaba con los allí detenidos@.
19) Osvaldo Lovazzano: recordó que en la Brigada
de Investigaciones de La Plata Avio tres veces a Von Wernich: un
día, estaba la puerta del calabozo abierta, se acercó, estaba
con la chica Lidia Fernández. Ella tenía las piernas todas
lastimadas y cuando daba el sol en la puerta se acercaba para
que le cicatrizaran las lastimaduras. La primera vez que se
acercó quien luego supo que era Von Wernich, les preguntó cómo
estaban, se paró en la puerta y él le dijo que tenía problemas
en el oído. No vio que efectuara una tarea sacerdotal. Canziani
le preguntó si tenía una estampita y el cura le respondió >eso
ya no se usa más=... Canziani, quien había sido torturado, le
dijo que estaba muy dolorido, a lo que Von Wernich contestó >son
dolores musculares, eso pasa porque los músculos se contraen
con el paso de la corriente=. Le aconsejó que se quedara quieto,
que en 2 o 3 días se le pasaría... cuando el sacerdote los vio,
no podía desconocer la situación respecto de la tortura a
Canziani... Expresó que Von Wernich tenía autoridad sobre la
tropa y los carceleros, por cómo se movía. Entraba y salía sin
ningún problema, nadie lo acompañaba, iba con esa gente de
civil que estaba frente a su calabozo. La gente del lugar lo

-//- 82
trataba con respeto. No podía entrar cualquier persona si no
era conocida. La segunda vez que lo vio, Von Wernich le dijo al
comisario detenido que lo suyo >estaba solucionado=, que su
señora >había empezado a cobrar=, que esperara un tiempito que lo
soltarían; el comisario contó que le habían arrancado la piel.
Von Wernich estaba en conocimiento de las heridas del comisario
porque se veían. A él le dio un frasco de gotas para el oído.
Von Wernich le dijo que le dolían los oídos por los golpes que
había recibido y le prescribió dos o tres gotitas cada tantas
horas@.
20) José Alberto Canziani: ARecordó que ...tuvo
el >lamentable= encuentro con el sacerdote, que un día estando
en la Brigada, dijeron >ahí viene el cura, va a darle la
bendición a estos hijos de... para sacarles el demonio de
encima=; que el cura entró, les sacaron los tabiques, y les
preguntó nombre, apellido y agrupación; explicó que él contestó
que era >JP= y el sacerdote le dijo >montonero= que él dijo que no
y el cura le dijo >como, )dividís las aguas?=, a lo que él
refirió >las aguas no estuvieron juntas nunca, ustedes las
juntaron=. Agregó que después le preguntó si le dolían los
músculos y cuando le dijo que sí Von Wernich les señaló que se
aliviaran entre ellos, que cada cual tratara de hacerle pasar
el dolor al de al lado y que a él le dijo >te va a doler un poco
porque es de la picana pero ya se te va a pasar=. Expresó que
luego le pidió una estampita y el cura le dijo que eso no se
usaba más y él le refirió >será por eso que me sacaron el
escapulario, el escudo de la Acción Católica Argentina y una
cadena de oro que tenía colgada= y que el cura le dijo >cuando
termine el Proceso, te lo van a devolver a vos o a alguien=; que
esta frase él la tomó como una amenaza. Destacó que cuando fue
el cura ya había sido la segunda tortura y que por el reclamo
del escapulario, no sabe si por orden del cura u otro, lo
pasaron de nuevo por la picana y le dijeron >yo te voy a dar a
vos reclamándole al cura las cosas=. Señaló que el sacerdote
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entraba como si fuera su casa y que lo hizo así todas las
veces. Explicó que Von Wernich >mandaba a todos=, que todos lo
obedecían; que se creían que eran Dios, que él decidía. Agregó
que el cura hizo un alegato de que estaban ahí porque habían
cometido delitos graves contra la sociedad y que iban a ser
juzgados como correspondía y que advirtió que al sacerdote no
le gustaba entrar en discusiones religiosas...Señaló que el
cura fue otras veces pero que no quiso hablar más (con el cura)
porque habían tenido ese entredicho...Refirió que el único
lugar en el que vio a Von Wernich, fue en la Brigada de La
Plata y que allí concurría asiduamente...@
21) Jacobo Timerman: En este caso cabe resaltar
que la privación ilegal de la libertad del nombrado y el
conocimiento de esa situación por el imputado surge sin
hesitación de las declaraciones prestadas, entre otros, por los
testigos Juan Ramón Nazar, Alberto Salomón Liberman, Néstor
Carlos Torbidoni, Ramón Miralles, Julio César Miralles e
Isidoro Graiver quien señaló que Aestuvo detenido con Timerman
en Puesto Vasco y que éste le mencionó que había estado un
sacerdote@. El testigo Osvaldo Papaleo relató que en Puesto
Vasco AVon Wernich se presentó dos o tres veces mientras estuvo
Timerman, y que habló con todos los que estaban ahí; refirió
que Ale llamó la atención que von Wernich tuviera tanta

-//- 84
información cuando hablaban, como si hubiera estado sin que
ellos lo vieran, ya que conocía lo dicho por Timerman en un
careo con Jara (otro periodista)@, asimismo refirió que Aestuvo
presente en una la discusión entre ambos: a Timerman, Von
Wernich le preguntaba en cuanto a la participación del diario
La Opinión como formador de ideología subversiva@. También se
encuentra probado el conocimiento de Von Wernich de la
privación ilegal de la libertad agravada sufrida por Jacobo
Timerman en el libro incorporado como prueba documental ACaso
Timerman. Punto Final@ de Ramón J. A. Camps en el que obra una
carta del imputado dirigida a Camps donde expresa haber
visitado a Timerman durante su detención en dos oportunidades.
22) Rafael Perrota: Julio César Miralles relató
que en COT I Martínez A...lo vio a Perrota y...que allí vio a
Von Wernich, que los fue a visitar: llevó una sillita a la
celda y les pidió que colaboraran... Señaló que al imputado le
abrieron la celda, le dieron una silla y se quedó con ellos@. La
sentencia dictada en la causa 13/84, caso n1 253, dio por
probado que Rafael Perrota estuvo privado ilegítimamente de su
libertad en el Comando de Operaciones Tácticas I, conocida como
COTI Martínez, desde el 13 de junio de 1977.
23) Eva Gitnacht de Graiver y Enrique Brodsky: el
testigo Osvaldo Papaleo Aindicó que estando cautivo en >Puesto
Vasco=,... llegaron a ese centro varias personas, entre las que
mencionó a la víctima. Indicó que Eva Gitnacht le dijo a Von
Wernich que habían sido torturados Timerman y otros@ y que
AEnrique Brodsky estaba demolido, había salido del régimen de
comidas (y) de remedios@. Ello debe aunarse a que se halla
fehacientemente probada la presencia del imputado en Puesto
Vasco durante el tiempo en que estuvieron Eva Gitnacht de
Graiver y Enrique Brodsky en ese centro clandestino de
detención. Asimismo Lidia Brodsky de Graiver, declaró que ella
y su padre fueron detenidos y conducidos a Puesto Vasco, que
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allí Enrique Brodsky Apasó por cosas muy terribles,.. que lo
castigaban con duchas de agua helada@.
Por otra parte, en la declaración de Omar Amilcar
Espósito prestada en el juicio a las juntas, quien fue detenido
el 19 de abril de 1977 y traslado a Puesto Vasco, surge que
allí escuchó Aen algún momento a la señora de Graiver, ...Eva
Gitnacht, y al señor Brodsky, que eran dos personas de
...bastante mayores, y bastante mal de salud@ (cfr. fs. 2544).
24) Juan Amadeo Gramano: el testigo Héctor
Ballent señaló que Aestuvo en el misma celda que Gramano en Coti
Martínez y que al ser entrevistado por el imputado estaba con
él@, también indicó que Von Wernich los visitó en Puesto Vasco y
en ese momento Aestaban los Miralles, Torbidoni, Juan Gramano,
Silvio Has, Juan Destéfano, Alberto Bujía y algunos más@, y que
ello fue Adespués del 13 de julio de 1977". Ramón Nazar expuso
que en el tiempo que estuvo en cautiverio en Puesto Vasco
compartió la detención con Gramano y en ese momento y lugar se
presentó el acusado en la celda donde ellos estaban. Néstor
Carlos Torbidoni manifestó que estuvo detenido conjuntamente
con Gramano en Puesto Vasco y que Aun día fue el Capitán
Trimarco con un sacerdote, quien les dijo que iba a estar todo
bien y que cuando llegaron Trimarco y el cura, fueron sometidos

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a torturas, nuevamente Ramón Miralles, Gramano y Timerman@.
Julio César y Ramón Miralles relataron haber compartido
cautiverio con Gramano en Puesto Vasco donde recibieron las
visitas de Von Wernich en sus celdas en momentos en que los
signos de las torturas y las condiciones de detención eran
simplemente visibles.
25) Héctor Baratti: relató Luis Velasco el
encuentro entre Baratti y el imputado en los siguientes
términos: Aque pasado un tiempo, entró un señor que los sacó a
él y a Malbrán, también a Blanca Rossini y a Georgina Martínez,
y los depositaron en la comisaría 5ta. allí los metieron en una
celda grande y de la penumbra salieron tres figuras
fantasmagóricas, que eran Héctor Baratti, Eduardo Bonin y
Humberto Fraccaroli...La tercer entrevista con Von Wernich fue
en presencia de Baratti, Malbrán, Fraccaroli y Bonin; el cura
les dijo >Ustedes no tienen que odiar cuando los torturan= y él
le dijo >a ver si usted teniendo cinco tipos torturándolo si no
puede sentir odio= a lo que le respondió: >ustedes tienen que
pagar por los daños que le han hecho a la patria con muerte,
con tortura=@. Destacó que Héctor Baratti le preguntó qué culpa
tenía su hija, que acababa de nacer en cautiverio, y él (el
imputado) dijo A(l)os hijos deben pagar por la culpa de sus
padres, qué quieren que se los demos a sus abuelos para que
críen terroristas, como a ustedes@. Señaló que AVon Wernich
tenía conocimiento sobre ese nacimiento en concreto, que no
supo si sobre otros nacimientos también. Él supo del nacimiento
de la hija de Baratti y de Elena de la Cuadra por el mismo
Baratti, y que le habían puesto por nombre Ana Libertad;
aclarando que Ana era por el nombre que habían pensado para su
hija y Libertad porque era la reivindicación más preciada para
el matrimonio Baratti-de la Cuadra@.
26) Elena de la Cuadra: Adriana Calvo dio cuenta
de su detención junto a la víctima -embarazada- en la Comisaría
Quinta, lugar donde nació una niña hija de la nombrada y Héctor
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Baratti. Cabe colegir de lo reseñado supra, -punto 25- que el
imputado concurría a la Comisaría Quinta y que conocía del
cautiverio y las condiciones de detención sufridas por Elena de
la Cuadra en ese lugar. Por otra parte, el espacio temporal en
que Velasco refirió la presencia de Von Wernich en la Comisaría
Quinta, es decir en los meses de julio y agosto de 1977, es
coincidente con las visitas detalladas por Analía Maffeo del
imputado en ese lugar.
27) Jorge Luis Andreani, Ricardo San Martín y
Nestor Bozzi: Luis Velasco indicó que A...en la Brigada, lo
depositaron en una celda pequeña, donde estaban Néstor Bozzi,
Ricardo San Martín, Jorge Andreani y Gustavo Malbrán...Contó al
Tribunal su primer contacto con el señor Christian Von Wernich;
un día escuchó pasos, comentarios, se abrió la celda y entró un
señor que preguntó >)este quién es= (en referencia a él) y sus
compañeros le dijeron que era nuevo y San Martín le dijo que le
habían dado mucho en la tortura@;... AVon Wernich le preguntó a
Ricardo San Martín >vos cómo te metiste en la joda= y San Martín
le dijo que a través de una parroquia de General Roca, que Von
Wernich sabía el nombre del párroco y le dijo >ah, el curita ese
metió a un montón de montoneros=...Jamás vio a Von Wernich
repartir ningún sacramento, sólo iba a charlar@. Segundo Ramón
Álvarez relató que Aestando cautivo en la Brigada >una vez

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trajeron a una persona que escuchó que tenía filiación política
con la agrupación en la que él militaba: era >Yiyo=, (Jorge
Andreani) del PCR. Eso le quedó grabado, era donde él -el
testigo- militaba=@.
28) José Fernando Fanjul Mahía: María Cristina
Bustamante manifestó que compartió cautiverio con la víctima en
Robos y Hurtos, en la Comisaría Quinta y en Arana, lugar éste
último donde la testigo dio cuenta del encuentro con Von
Wernich. También de la declaración prestada por Osvaldo
Lovazzano surge que el imputado conocía de la privación ilegal
de la libertad de José Fanjul Mahía, puesto que indicó que
estuvo detenido con el nombrado en la Brigada de
Investigaciones de La Plata y expresó que allí AVon Wernich
tenía autoridad sobre la tropa y los carceleros, por como se
movía. Entraba y salía sin ningún problema, nadie lo
acompañaba, iba con esa gente de civil que estaba frente a su
calabozo. La gente del lugar lo trataba con respeto. No podía
entrar cualquier persona si no era conocida@.
II. F. De los testimonios reseñados
precedentemente surge sin hesitación alguna que Christian Von
Wernich tenía conocimiento pleno de las detenciones ilegales de
los nombrados y de las torturas a que fueron sometidos;
asimismo ha quedado debidamente probado en autos que el
imputado se conducía con amplia autonomía en los centros
clandestinos de detención y ello se evidencia de los distintos
testimonios recepcionados y en especial del de María Cristina
Bustamante quien declaró que AEl 9 -de marzo-, nuevamente fue
torturada, volvieron a aparecer los interrogadores y enseguida
la torturaron, con picana;...Veinticuatro horas después le
dijeron >hoy te vas, vino a verte el cura=. La sacaron del
calabozo y llegó hasta una la puerta y le sacaron la venda y le
dijeron >al cura no le gusta verla puesta=. Refirió que entró a
un despacho donde había un escritorio y frente a él estaba
sentado un cura con su camisa celeste y el cuello blanco; le
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VON WERNICH, Christian
Federico s/
recurso de
casación
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-//-

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dijo >esto se acabó, ya te vas, tenés que olvidarte de todo lo
que pasó, no tenés que hablar con nadie=@.
En primer término sostuvo el tribunal a fin de
fundar la responsabilidad penal de Christian Von Wernich por el
delito de privación ilegal de la libertad agravadas sostuvo: ASe
desprende de los testimonios analizados que Von Wernich entre,
los años 1976 y 1978, fue visto en los Centros Clandestinos de
Detención, conformando el aparato represivo. Y no fue
controvertido el hecho de que haya estado tanto en >COT1
Martínez= y >Puesto Vasco=, como en la >Brigada de Investigaciones
de Quilmes= (o >Pozo De Quilmes=) y en la >Brigada de
Investigaciones de La Plata=. Tampoco se discutió su presencia
en la >Comisaría 5ta de La Plata= y en >Arana=. A su vez ha
quedado probado que dentro de este sistema de detención, la
clandestinidad en que se hallaban las víctimas constituye el
carácter ilegal de la privación de la libertad...La pertenencia
activa de Von Wernich al aparato represivo, lo vincula de
manera irrefutable a la responsabilidad por las privaciones
ilegales de la libertad sufridas por las víctimas de autos; en
algunos casos por haberse contactado directamente con ellas y
en otros, por la sola circunstancia de su presencia comprobada

-//- 90
en forma contemporánea con los detenidos y la circulación libre
del imputado por dichos centros@.
II. G. El tribunal a quo en base a las pruebas
colectadas en autos, que resultaron unívocas, demostró
razonablemente que Von Wernich cumplía un rol preponderante
dentro de los centros clandestinos supra indicados.
Quedó demostrado con abundancia probatoria que el
imputado tenía cabal conocimiento de que los lugares donde
cumplía la alegada función pastoral eran centros clandestinos
de detención, que las personas allí detenidas eran víctimas de
la aplicación de diferentes tormentos, que abarcaba tanto
violencia física y/o la incertidumbre misma de la posibilidad
de ser sometido a torturas físicas -pasaje de electricidad por
zonas sensibles del cuerpo, asfixia, etc-, las condiciones
inhumanas y oprobiosas de detención -sin higiene, sin comida,
vendados, atados, entre otros tratos inenarrables-, las
vejaciones, la tortura psicológica entre otras graves
circunstancias que han sido descriptas por las víctimas de
autos.
Ahora bien, la defensa técnica alega que el
tribunal de juicio incurrió en un error in procedendo, ante la
carencia de una suficiente fundamentación del fallo en cuanto a
los delitos imputados al no haberse respetado la sana crítica
racional y al realizarse -a su entender- una arbitraria
valoración de circunstancias decisivas.
Expusieron los impugnantes que la falta de
fundamentación está dada en tanto que la sentencia se basó en
una transcripción de testimonios y en la condena recaída en la
causa n1 13, concluyendo que la mención global de medios de
prueba no es una motivación legal y debe considerarse
equivalente a la falta de ella.
En lo relativo a la motivación que debe contener
un fallo, y sin desconocer la obligación que tienen los jueces
del mérito de expresar los motivos en los que fundan sus
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VON WERNICH, Christian
Federico s/
recurso de
casación
Cámara Nacional de Casación Penal

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convicciones, se debe mencionar que cuando han Aindicado la
prueba en razón de la cual se han convencido y esa prueba era
racionalmente apta para generar tal convencimiento, sus
conclusiones son inatacables@ (S.T.J., Córdoba, s.20/9/56,
AB.J.C.@, t. II, pág. 53); pues Aa pesar de que la motivación de
la sentencia esté realizada de manera generalizante, ya que
después del relato del hecho se limita a mencionar las
declaraciones que la justifican, si se trata de testimonios de
la instrucción introducidos en el debate sin objeción de las
partes, y en ellos se encuentra el material que funda de manera
clara y sin contradicción esas conclusiones de hecho de la
sentencia, el recurso debe ser rechazado@ (S.T.J., Córdoba,
s.3/5357, AB.J.C.@, t. II, pág. 307); más aún, Aes inobjetable
la motivación de la sentencia que hace una referencia y
remisión a la prueba recibida en el debate a cuya acta se
remite@ (S.T.J., Córdoba, s. 12/03/62, N° 1, AB.J.C@, t. VI, pág.
237), pues no es nula la sentencia que Arealiza una enumeración
de los distintos elementos probatorios que a su criterio
demuestran la existencia del hecho y la culpabilidad del
acusado@ (S.T.J, Córdoba, s. 21/9/62, N° 23, AB.J.C.@, t. VI,
pág. 519).
Pero además, el hecho de que el pronunciamiento
no mencione o transcriba in extenso las probanzas en que se
funda, ni examine en forma minuciosa y particularizada cada
prueba, Ano significa necesariamente que (los magistrados) no
haya(n) tenido en cuenta todos sus detalles y pormenores para
formular juicio; de ello se desprende que no existe ninguna
razón valedera para afirmar, fundadamente, que la motivación de

-//- 92
la sentencia es insuficiente y que no han sido analizados
debidamente los distintos elementos de convicción@ (S.T.J.,
Córdoba, s. 29/12/64, N° 38, AB.J.C@, t. IX, p. 33; id., s.
23/9/69, N° 24).
En el sub examine, la sentencia atacada se apoya
en elementos probatorios identificados y referidos
específicamente a los hechos y circunstancia a probar, lo que
descarta la llamada fundamentación global, alegada por la
defensa, en la que dichos elementos se mencionan en forma
general, indeterminada o meramente descriptiva (cfr. AGuerrero,
Leonardo y otros s/ recurso de casación@, causa n1 3455, reg. n1
4435, rta. el 26/6/2001, de esta Sala I).
Por otra parte, vale aclarar que para arribar a
un juicio de incriminación penal resulta necesario, de acuerdo
con las reglas de la sana crítica establecidas en el artículo
398, segundo párrafo, del Código Procesal Penal de la Nación,
evidenciar la responsabilidad del enjuiciado en el hecho que se
le hubo imputado con pruebas indubitables, que ponderadas en
conjunto conduzcan de manera inequívoca a la conclusión (cfr.
AVisillac, Oscar Hérnan s/recurso de casación@, causa n1 6927,
Reg. n1 9044, rta. el 15/6/2006, de esta Sala I).
A esta decisión, sin duda alguna, se llega si se
evalúan con detenimiento y profundidad los relatos de los
hechos recreados en la audiencia de debate por los testigos.
Por lo que si las declaraciones tenidas en cuenta por el órgano
sentenciante se interconectan armónicamente no puede arribarse
a una conclusión distinta que la que indica que el imputado
Christian Von Wernich participó activamente en esos episodios
juzgados.
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Como corolario, justo es subrayar que la prueba
fue evaluada conforme lo establece el art. 398 del C.P.P.N., y
esa valoración, no hace más que descartar la duda en cuanto a
la activa intervención que en los centros clandestinos de
detención denominados ACOT I Martínez@, ABrigada de
Investigaciones de La Plata@, APozo de Quilmes@, APozo de
Banfield@, AArana@, AComisaría Quinta@ y APuesto Vasco@ tuvo el
imputado y sobre los hechos demostrados en perjuicio de las
víctimas mencionadas. Por ende, la sentencia se encuentra a
cubierto de la tacha de arbitrariedad, desde que ella no
aparece determinada por la sola voluntad del juez, no adolece
de manifiesta irrazonabilidad o desacierto total, no exhibe una
ausencia palmaria de fundamentos, no se sustenta en
afirmaciones dogmáticas, no exhibe un fundamento aparente, ni
se apoya en conceptos imprecisos o excesivamente latos,
genéricos y conjeturales que impidan verificar de qué manera se
llega a la solución del litigio (cfr. Lino E. Palacio, AEl
recurso Extraordinario Federal, Teoría y Técnica@, Ed. Abeledo-
Perrot, Bs. As., 1992, págs, 221/228 y ASimón, Julio Héctor
s/recurso de casación@, causa n° 7758, Reg. N° 10.470, rta. el
15/5/2007, de esta Sala I).
En razón de ello, y por no haber demostrado la
defensa ni advertido este Tribunal los vicios señalados
corresponde el rechazo del presente agravio.
II. H. Por otra parte puede inferirse del recurso
casatorio en el apartado titulado Ac) JACOBO TIMMERMAN@ que la
defensa postula que Christian Von Wernich no participó en las
torturas impuestas al nombrado, al indicar que los hijos de

-//- 94
éste, Atestigos de oídas@, se han pronunciado de forma
contrapuesta a lo relatado por su padre.
De modo previo es necesario señalar que en cuanto
al delito de torturas el a quo refirió que de Ala prueba
enunciada... respecto de cada uno de los casos de torturas que
se le imputan al acusado, y se tienen en cuenta los ámbitos en
los que los mismos transcurrieron -todos centros clandestinos
de detención de condiciones inhumanas ya probadas y descriptas-
su responsabilidad como coautor de las mismas, surge palmaria.
No tiene en ese sentido ninguna importancia lo dicho por la
defensa en cuanto a que Von Wernich llegaba >después= de la
tortura. Era precisamente esa la tarea asignada en el grupo que
integraba. En efecto, es tan torturador el que enchufa el cable
en la pared como el que enciende la radio para que no se
escuchen los gritos, el que pasa la picana por los genitales de
la víctima, o el que llega después a >aconsejarle= que hable para
no ser torturado nuevamente. Ahora bien, cuando el que llega
después a dar esos consejos, es además un sacerdote que se
maneja con autoridad ante los carceleros entrando y saliendo a
su antojo de las celdas, no es un torturador cualquiera, es uno
calificado@.
Necesario es observar que el tribunal llegó a la
conclusión antes transcripta valorando todos los testimonios
colectados en autos y tomó en consideración como parte
integrante de la prueba reunida los dichos de los hijos de
Jacobo Timerman como un elemento más del plexo probatorio por
lo que la responsabilidad del incuso no reposa sólo en los
dichos de los hijos del damnificado.
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A raíz del planteo esgrimido por la defensa creo
conveniente recordar que la finalidad del proceso penal se
orienta a la reconstrucción histórica de los sucesos
presuntamente delictivos, que constituyen su objeto procesal.
El juez penal tiene la obligación de investigar la verdad real,
objetiva, sustancial de los hechos sometidos a enjuiciamiento;
para llegar a ese fin dispone de un amplio catálogo de medios
probatorios que son los que le permiten reconstruir
intelectualmente acontecimientos del pasado, esto es, la
existencia o no del hecho que se investiga y, en su caso, la
participación del imputado en él. Prueba es, entonces, todo
elemento o dato objetivo que se introduzca legalmente en el
proceso y sea susceptible de producir en el ánimo de los
sujetos procesales un conocimiento cierto o probable acerca de
los extremos fácticos de la imputación delictiva; es la fuente
legítima de conocimiento de la verdad real o efectiva (en
oposición a la verdad formal o aparente) que el proceso penal
aspira a descubrir (finalidad inmediata) para dar base a la
actuación justa de la ley sustantiva, que es la finalidad
mediata del proceso (cfr. Vélez Mariconde, Alfredo; ADerecho
Procesal Penal@, 2da. edición, Tomo I, Buenos Aires, 1969, pág.
341).
De la exigencia de que la prueba esté constituida
por Aelementos objetivos@, deriva la necesidad que la misma
provenga del mundo externo; ello así pues las decisiones del
órgano jurisdiccional -principal destinatario de la prueba- no
pueden basarse válidamente en un conocimiento privado de los
elementos probatorios, ni en meras conjeturas o impresiones que
surjan de su imaginación, o en opiniones carentes de base

-//- 96
externa. El vicio de una resolución de estas características
afectaría al mismo tiempo los principios fundamentales sobre la
verdad real y la inviolabilidad de la defensa en juicio
(artículo 18 de la Constitución Nacional). La prueba en que se
funda la decisión del tribunal debe ser la misma que tuvieron a
disposición las partes. ALa evaluación de la prueba no es obra
exclusiva del juzgador. Ella importa un examen crítico que el
Ministerio Público y las partes deben estar en condiciones de
efectuar. Los destinatarios de la prueba son todos los sujetos
de la relación procesal, aunque el principal sea, el juez.
Todos deben tener la posibilidad de valorarlos, aunque la
discusión no sea perfecta o exhaustiva. Por eso se habla del
ánimo de todos, aludiéndose así a un aspecto de la comunidad de
la prueba@ (Vélez Mariconde, Alfredo; ob. cit., pág. 344).
El digesto procedimental, en el artículo 239
define como testigo a toda persona que conozca los hechos
investigados, cuya declaración pueda ser útil para descubrir la
verdad. Otras definiciones señalan que es Ala persona física,
distinta de los sujetos de la relación procesal, que, con
finalidad probatoria, declara ante el juez, positiva o
negativamente, sobre modificaciones en el mundo exterior que
pudieran haber sido percibidas por intermedio de cualquiera de
sus sentidos@ (cfr. Oderigo, Mario A.; ADerecho Procesal Penal@,
Tomo I, Buenos Aires, 1952, pág. 270); Apersona distinta de los
sujetos procesales, llamada a exponer al juez sus propias
observaciones de hechos acaecidos que tienen importancia en el
pleito@ (Chiovenda, APrincipios de Derecho Procesal Civil@, Tomo
II, 306); Apersona distinta de los sujetos principales del
proceso, que presta declaración de verdad, positiva o negativa,
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ante el magistrado, sobre percepciones sensoriales percibidas
fuera del proceso, relativa a un hecho pasado y dirigida a la
finalidad de la prueba, o sea, el acercamiento de la verdad@
(Manzini, V. ATrattato di diritto processuale...@, Tomo III,
pág. 183); Apersona que comprueba, con sus propios sentidos, un
hecho del que no participa, y que refiere las percepciones
habidas, con el fin de probar la verdad del hecho percibido@
(Rossi, ATestimoni e prova testimoniale@, en ADigesto Italiano@,
XXIII, part. 1°, 1032); Apersona capaz, extraña al juicio, que
es llamada a declarar sobre hechos que han caído bajo el
dominio de sus sentidos@ (Alsina, ATratado teórico práctico de
derecho procesal civil y comercial@, II, pág. 395); Apersona
llamada al proceso a declarar lo que conoce en torno a los
hechos por los cuales se procede@ (Sabatini, AInstituzioni di
diritto processuale penale@, pág. 237); Apersona llamada a
declarar en el proceso lo que sabe sobre el objeto del mismo,
con fines de prueba@ (Florián, AElementos de derecho procesal
penal@, pág. 343) -cfr. Oderigo, Mario A.; ob. cit., pág. 270,
nota al pie n° 322-
De la reseña precedente que por cierto no agota
el tema, puede advertirse que hay autores que consideran
esencial en la determinación del concepto de testigo la
circunstancia de que haya tenido un conocimiento personal y
directo sobre los hechos materia de pesquisa (Chiovenda,
Rossi); otros consideran como punto esencial el aporte que el
testigo puede realizar en aras de descubrir la verdad real de
los hechos objeto del proceso, sin distinción alguna sobre el
modo en que dichos hechos han sido conocidos por el testigo.

-//- 98
Esta segunda postura, a la que adhiero, reconoce la potestad
del juez de valorar en su debida dimensión los dichos de los
denominados testigos Ade oídas@ como un medio más para arribar a
aquella finalidad de averiguación de los sucesos históricos. Es
posible concebir ciertos casos en los que personas que depongan
sobre hechos o circunstancias conocidas mediante los dichos de
otros pueden efectuar aportes trascendentes, tanto para
facilitar como para obstaculizar la investigación (cfr. mi voto
in re: ARamírez, Carlos Alberto s/recurso de casación@, causa n1
7410, reg. n1 9824, rta. el 22/11/06).
Ahora bien, establecido lo anterior, cabe
mencionar en primer término que la defensa no niega que Jacobo
Timerman fue víctima de la imposición de tormentos en los
centros clandestinos en los que estuvo privado ilegítimamente
de su libertad, sino que aduce que Christian Von Wernich no
tuvo intervención, fundando su postura en que el damnificado
al declarar en el juicio a las juntas no refiere habérsele
caído la venda y haber visto a su asistido.
De las pruebas obrantes en autos, se colige sin
hesitación que Christian Von Wernich era parte del sistema
represivo encubierto imperante en ese momento en el país, que
cumplía funciones asignadas por Camps en varios centros
clandestinos entre los que se encuentran Puesto Vasco y COT I
Martínez, lugares éstos en los que estuvo privado
ilegítimamente de su libertad Jacobo Timerman.
Lo expuesto encuentra aval en la declaración
realizada por Juan Amadeo Gramano el 28 de marzo de 1984 ante
la Conadep cuando relató que: AEn Martínez recuerda entre el
personal de seguridad a: Tarella, Pretti, alias Saracho, Roma,
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>el mercenario=. Tarela, alias Trimarco era el más sádico de los
torturadores. En Puesto Vasco, Darío Rojas, Tarela o Trimarco,
el Padre Christian@. (cfr. copia certificada del legajo 3944
obrante en el Anexo 3, causa 2506/07 ALegajos Conadep nros.
1577, 634, 1277, 5608, 3944, 3757" Documentación desclasificada
Dpto de Estado EE.UU.: Caso Timerman@).
Por su parte Ramón Juan Alberto Camps sostuvo en
la declaración indagatoria prestada el 29 de febrero de 1984
ante las preguntas respecto del caso de Jacobo Timerman que Aen
repetidas oportunidades TIMMERMAN fue trasladado al
Departamento de Policía de La Plata, porque el lugar impuesto
El Vasco o Puesto Caminero, o Destacamento de Cuatrerismo, esa
es la verdadera denominación, Cuatrerismo; estuvo también
detenido en el Puesto Caminero de Martínez; era llevado
normalmente a la Jefatura de Policía de la Provincia de Buenos
Aires, donde se les efectuaban los interrogatorios. Mire yo
tengo una persona que puede dar fe, de los distintos lugares
que estuvo el señor TIMMERMAN, porque lo visitó en todos esos
lugares, es el Padre: CRISTIAN VONWERNICH, era el sacerdote que
yo tenía porque los detenidos recibían asistencia espiritual y
quien era el encargado de suministrar la misma de los detenidos
era el sacerdote VONWERNICH, incluso el sacerdote fue
condecorado por la acción que tuvo y/o desarrolló con los
detenidos@ (cfr. Anexo 2, causa n1 2506/07, declaraciones
testimoniales e indagatorias enviadas por Juzgado Federal n1 3
La Plata@).
En la misma línea se expresó el Comisario
Valentín Milton Pretti en la declaración informativa prestada
ante el Consejo Suprema de las Fuerzas Armadas el 30/5/84

-//- 100
cuando manifestó que a Jacobo Timerman lo vio en el
Destacamento de Policía de Martínez (COT I Martínez) y que Ael
como otros recibía una ayuda espiritual...venía un
sacerdote...el sacerdote nuestro sí me acuerdo un hombre grande
de policía, sacerdote...Un Capellán de policía, sí@ (cfr. Anexo
2, supra citado).
Sólo resta mencionar que de las declaraciones
testimoniales valoradas por el tribunal oral surge claramente
que Christian Von Wernich contribuyó dentro su rol en las
torturas impuestas a Jacobo Timerman.
A modo de epígrafe el damnificado en su libro AEl
caso Camps, punto inicial. Preso sin nombre, Celda sin número@
(incorporado como prueba en autos) respecto de su vivencia
relató AEn los largos meses de encierro pensé muchas veces en
cómo podría transmitir el dolor que siente el hombre torturado.
Y siempre concluía que era imposible. Es un dolor que no tiene
puntos de referencia, ni símbolos reveladores, ni claves que
puedan servir de indicadores. El ser humano es llevado tan
rápidamente de un mundo a otro, que no tiene forma de encontrar
algún resto de energía para afrontar esa violencia desatada.
Ésa es la primera parte de la tortura: caer sorpresivamente
sobre el ser humano sin permitirle crear algún reflejo, aunque
sólo fuera psicológico, de defensa. Nadie dice una palabra. Los
golpes llueven sobre el ser humano. Es colocado en el suelo y
cuenta hasta diez, pero no se lo mata. El ser humano es luego
rápidamente llevado hasta lo que puede ser una cama de lona, o
una mesa, o la mesa con las manos y piernas abiertas. Y
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comienza la aplicación de descargas eléctricas. La cantidad de
electricidad que transmiten los electrodos -o como se llamen-
se gradúa para que sólo duela, queme, o destruya. Es imposible
gritar, hay que aullar. Cuando comienza el largo aullido del
ser humano, alguien de manos suaves controla el corazón,
alguien hunde la mano en la boca y tira la lengua para afuera
para evitar que el ser humano se ahogue...Breve paréntesis. Y
todo recomienza. Ahora con insultos. Breve paréntesis. Ahora
con preguntas. Breve paréntesis. Ahora con palabras de
esperanza...El ser humano pasa días encerrado en una celda sin
ventanas, sin luz, sentado o acostado. También pasa días atado
al pie de una escalera para que no pueda estar parado; sólo
arrodillado, sentado o estirado. El ser humano -yo en este
caso- pasa un mes sin poder lavarse, es trasladado en el piso
de un automóvil a diferentes lugares para el interrogatorio, se
alimenta mal, apesta. Al ser humano lo dejan encerrado en una
pequeña celda 48 horas, los ojos vendados, las manos atadas a
la espalda, para que no escuche ninguna voz, no vea ningún
indicio de vida, tenga que hacer sus necesidades sobre su
cuerpo@.
Asimismo, Jacobo Timerman sostiene en el libro
citado ADesde el primer interrogatorio, estimaron que habían
encontrado lo que hacía tanto tiempo buscaban: uno de los

-//- 102
Sabios de Zion, eje central de la conspiración judía contra la
Argentina. Pregunta: )Es usted judío? Respuesta: Sí. Pregunta:
)Es usted sionista?. Respuesta: Sí. Pregunta: )=La Opinión= es
sionista?. Respuesta: >La Opinión= apoya al sionismo porque
considera que es el movimiento de liberación del pueblo judío.
Considera al sionismo como un movimiento de altos valores
positivos, cuyo estudio permite comprender muchos problemas de
la construcción de la unidad nacional en la
Argentina..Pregunta: )Viaja a menudo a Israel?. Respuesta:
Sí@....El tema judío dominó todos los interrogatorios, todo mi
período de cárcel. Y si bien el gobierno, sus funcionarios, los
militares, en mil y una ocasión intentaron las más disímiles
explicaciones de los motivos de mi arresto...la magnitud de
odio irracional que había en esas explicaciones, sin relación
alguna con las palabras utilizadas, no podían engañar a un
judío: olía un profundo antisemitismo, y la magnitud del odio
se acrecentaba ante la imposibilidad que tenían de expresar ese
odio abiertamente y en los términos en que lo sentían@.
De ello se desprende que lo afirmado por la
defensa cuando expresa que AJacobo Timerman en su declaración,
desconocida para el señor Héctor Timerman, según sus propios
dichos (sostuvo que) las preguntas eran en relación a la
subversión, básicamente esa es la orientación del diario, si yo
participaba en la subversión. El señor Héctor Timerman refirió,
en contraposición a lo dicho por su padre, que el 80% del
interrogatorio a su padre tenía que ver con su condición de
judío y marxista@, que lo expuesto por los hijos del damnificado
resulta concordante con las manifestaciones de Jacobo Timerman
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-//-

103
que lucen en el libro citado que constituye prueba en esta
causa.
Todo lo hasta aquí expuesto me conduce a concluir
que el agravio de la defensa no puede tener favorable
aceptación.
III. A. La asistencia técnica de Christian Von
Wernich sostiene que el tipo penal del delito de privación
ilegal de la libertad exige el dolo directo de atentar contra
la libertad de actuación ajena y requiere que el sujeto activo
conozca todas las características necesarias del delito y a su
entender la conducta de su asistido no queda atrapada por el
tipo.
De modo previo es necesario recordar que se tuvo
por probado que: Héctor Mariano Ballent fue privado de su
libertad y mantenido en cautiverio en el Centro de Operaciones
Tácticas I (COT I Martínez), Comisaría Don Bosco (Puesto Vasco)
en el período comprendido entre el 17 de mayo de 1977 y el 30
de septiembre de 1977, en que fue liberado (sentencias causas
13/84, caso n1 14 y 44/85, caso n1 283). Juan Ramón Nazar fue
detenido ilegalmente en Trenque Lauquen y trasladado a Puesto
Vasco y a la Comisaría de Monte Grande en el período
comprendido entre 21 de julio 1977 y 30 de noviembre de 1977,
fecha en que fue derivado a la Comisaría de Monte Grande lugar
de donde lo liberaron el 24 de agosto de 1978 (cfr. sentencias

-//- 104
causas 13/84 y 44/85, casos 16 y 282 respectivamente y fs.
7072). Alberto Salomón Liberman fue secuestrado de su casa y
alojado en COT I Martínez, Puesto Vasco y Destacamento de Arana
en el período comprendido entre el 14 de mayo de 1977 y 30 de
noviembre de 1977. Fue trasladado a la Comisaría de Monte
Grande y liberado de allí el 25 de agosto de 1978 (sentencia
causa 44/85, caso n1 274). Néstor Carlos Torbidoni fue citado al
Cuerpo del Ejército n1 1 y detenido los primeros días de mayo de
1977 y luego trasladado desde la Comisaría 23 de la Capital
Federal a COT I Martínez, también estuvo privado ilegítimamente
de su libertad en Puesto Vasco y Arana, lugar de de donde fue
liberado luego de aproximadamente seis meses. Ramón Miralles
fue privado ilegítimamente de su libertad y alojado en COT I
Martínez, Puesto Vasco y Arana en el período comprendido entre
el 23 de junio de 1977 y el 30 de noviembre de 1977, fecha en
que fue derivado a la Comisaría de Monte Grande donde fue
puesto en libertad el 24 de agosto de 1978 (sentencias causa
13/84, caso n1 11 y 44/85, caso n1 285). Julio César Miralles
fue secuestrado de su casa el 31 de mayo de 1977 y liberado el
30 de septiembre de 1977, período en que fue alojado en COT I
Martínez y en Puesto Vasco (sentencias causa 13/84, caso n1 12 y
44/85, caso n1 267). Jacobo Timerman fue secuestrado de su casa
el 15 de abril de 1977 y privado ilegítimamente de su libertad
en el Departamento Central de la Policía de la Provincia de
Buenos Aires Guarnición Militar Campo de Mayo, en COT I
Martínez y en Puesto Vasco hasta el 30 de septiembre de 1977
fecha en que fue trasladado a la Cárcel de Magdalena
(sentencias causa 13/84, caso n1 251 y 44/85, caso n1 266).
Rafael Perrota fue secuestrado el 13 de junio de 1977 en la vía
pública en esta ciudad de Buenos Aires y mantenido en
cautiverio en COT I Martínez (sentencia 13/84, caso n1 253 y
44/85, caso n1 284). Juan Destéfano fue secuestrado desde la
Unidad n1 9 en junio de 1977 y alojado en COT I Martínez, Puesto
Vasco y Arana, hasta el 31 de diciembre de 1977 fecha en que
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fue puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional
(sentencia causa 44/85, caso n1 262). Luis Guillermo Taub fue
secuestrado de su casa el día 7 de septiembre de 1977 y
mantenido en cautiverio en la Brigada de Investigaciones de
Quilmes (Pozo de Quilmes), Brigada de Investigaciones de
Banfield (Pozo de Banfield) y COT I Martínez hasta el 24 de
diciembre de 1977, fecha en que llevado al Pozo de Banfield y
posteriormente a la cárcel de Devoto (sentencias causa n1 13/84,
caso n1 245 y 44/85, caso n1 96). Eva Gitnacht de Graiver fue
detenida el 1 de marzo de 1977 permaneciendo en cautiverio en
Puesto Vasco hasta el 31 de mayo de 1977 fecha en que fue
puesta a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Enrique
Brodsky fue detenido el 1 marzo de 1977 y mantenido en
cautiverio en Puesto Vasco hasta el 31 de mayo de 1977, fecha
en que fue puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional.
Osvaldo Jorge Papaleo fue secuestrado en su domicilio el 19 de
abril de 1977 y alojado en Puesto Vasco hasta el 30 de
septiembre de 1977 que fue puesto en libertad (sentencia causa
44/85, caso n1 249). Juan Amadeo Gramano fue secuestrado desde
la Unidad n1 9 y mantenido en cautiverio en COT I Martínez, en
Arana y Puesto Vasco en el período comprendido entre el 16 de
mayo de 1977 y el 31 de diciembre de 1977, fecha en que fue
alojado nuevamente en la Unidad n1 9 (sentencia causa 13/84,
caso n1 18). Rubén Fernando Schell fue secuestrado de la puerta
de su casa el 12 de noviembre de 1977 y trasladado a la Brigada
de Investigaciones de Quilmes hasta el 21 de febrero de 1978,
fecha en que fue puesto en libertad (sentencia causa 44/85,
caso n1 87). Carlos Alberto Zaidman fue secuestrado de la casa

-//- 106
de sus padres el 11 de julio de 1977 y detenido ilegalmente en
la Brigada de Investigaciones de La Plata hasta el 8 de agosto
de 1977, fecha en que fue puesto en libertad. José María
Llantada fue detenido el 1 de julio de 1977 y fue alojado en la
Brigada de Investigaciones de La Plata y en Arana hasta el 8 de
agosto de 1977 fecha en que fue puesto en libertad. Eduardo
Kirilovsky fue secuestrado en su domicilio el 1 de julio de
1977 y mantenido en cautiverio en la Brigada de Investigaciones
de La Plata y Arana hasta el 8 de agosto de 1977 fecha en que
fue puesto en libertad. María Cristina Bustamante fue detenida
en su domicilio y privada ilegítimamente de su libertad en la
Brigada de Investigaciones de La Plata y Arana hasta el 24 de
septiembre de 1977 fecha en que fue puesta en libertad. Analía
Maffeo fue secuestrada de su casa el 6 de julio de 1977 y
mantenida en cautiverio en la Brigada de Investigaciones de La
Plata y Arana hasta el 8 de agosto de 1977, que fue puesta en
libertad. Jorge Orlando Gilbert fue detenido en el domicilio de
Liliana Zambano el día 1 de agosto de 1977 y alojado en la
Brigada de Investigaciones de La Plata y Arana hasta el 30 de
septiembre de 1977 que fue liberado. Luis Velasco fue
secuestrado en su casa el 7 de julio de 1977 y alojado en la
Brigada de Investigaciones de La Plata, Arana, Pozo de Banfield
y Comisaría Quinta hasta el 31 de agosto de 1977 fecha en que
fue puesto en libertad. Luis Larralde fue detenido en su casa y
mantenido en cautiverio en la Brigada de Investigaciones de La
Plata, Arana y COT I Martínez en el período comprendido entre
el 5 de julio y 31 de agosto de 1977, fecha en que recuperó su
libertad. Jorge Luis Andreani fue detenido en la vía pública el
5 de julio de 1977 y alojado en la Brigada de Investigaciones
de la Plata. Ricardo San Martín fue privado ilegítimamente de
su libertad el 5 de julio de 1977 y mantenido en cautiverio en
la Brigada de Investigaciones de La Plata. Néstor Bozzi fue
detenido y privado ilegalmente de su libertad en la Brigada de
Investigaciones de La Plata el 5 de julio de 1977. Osvaldo
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Lovazzano fue detenido en su casa el 30 de agosto de 1977 y
alojado en la Brigada de Investigaciones de la Plata y en la
Comisaría Quinta de La Plata hasta el 21 de febrero de 1978,
cuando fue puesto en libertad. Alberto José Canziani fue
privado ilegítimamente de su libertad el 2 de septiembre de
1977 y mantenido en cautiverio en la Brigada de Investigaciones
de La Plata, Comisaría Quinta y Arana hasta el 10 de marzo de
1978, que fue puesto en libertad. Elena De la Cuadra y Héctor
Baratti fueron secuestrados en el consultorio odontológico de
Norma Estela Campano de Serra el 23 de febrero de 1977 y
mantenidos en cautiverio en la Comisaría Quinta de La Plata.
José Fernando Fanjul Mahía fue secuestrado el 3 de octubre de
octubre de 1977 y privado ilegítimamente de su libertad en la
Brigada de Investigaciones de La Plata, Arana y Comisaría
Quinta de La Plata (sentencia causa 13/84, caso n1 250). Rodolfo
Emilio Pettiná, Héctor Raúl Manazi y Ricardo Antonio Sanglá
fueron secuestrados desde la casa de Estudiantes de Trenque
Lauquen de La Plata el 15 de junio de 1977. Liliana Amalia
Galarza fue privada ilegítimamente de su libertad en noviembre
de 1976 y mantenida en cautiverio en la Brigada de
Investigaciones de La Plata (sentencia causa 13/84, caso n1 24 y
causa 44/85, caso n1 56). María Magdalena Mainer fue detenida en
la provincia de San Juan el 15 de septiembre de 1976 y
mantenida ilegítimamente en cautiverio en La Cacha y en Brigada
de Investigaciones de La Plata (sentencia causa 13/84, caso n1
25). Pablo Joaquín Mainer fue ilegítimamente privado de su
libertad el 29 de septiembre de 1976 cuando cumplía el servicio
militar obligatorio en el Distrito Militar de La Plata y

-//- 108
alojado en la Brigada de Investigaciones de La Plata (sentencia
causa 13/84, caso n1 26). Cecilia Luján Idiart fue detenida el
16 de diciembre de 1976 y mantenida ilegalmente en cautiverio
en la Brigada de Investigaciones de La Plata (sentencia causa
13/84, caso n1 28). Domingo Moncalvillo fue detenido en las
inmediaciones del ferrocarril General Roca en La Plata el 18 de
diciembre de 1976 y mantenido ilegalmente en cautiverio en la
Brigada de Investigaciones de La Plata (sentencia causa 13/84,
caso n1 27). Nilda Susana Salamone fue privada ilegítimamente de
su libertad en el mes de noviembre de 1976 y mantenida en
cautiverio en la Brigada de Investigaciones de La Plata
(sentencia causa 13/84, caso n1 30). María del Carmen Morettini
fue privada ilegítimamente de su libertad el 30 de noviembre de
1976 y mantenida en cautiverio en la Brigada de Investigaciones
de La Plata (sentencia causa 13/84, caso n1 29).
El tribunal oral brindo sólidos argumentos a fin
de fundar la responsabilidad penal de Christian Von Wernich por
el delito de privación ilegal de la libertad agravada de las
víctimas indicas en el párrafo antecedente, fundamento que
fuera transcripto al tratar el agravio anterior, asimismo el a
quo concluyó que el carácter de ilegal de la privación de la
libertad lo constituyó la clandestinidad del sistema de
detención.
Por otra parte ha quedado demostrado
fehacientemente en autos que las víctimas alojadas en los
distintos centros clandestinos de detención que integraban el
denominado circuito Camps, fueron allí conducidas mediante la
actividad de grupos operativos fuertemente armados. De la misma
manera se encuentra plenamente acreditado con las pruebas
colectadas que Christian Von Wernich cumplía funciones dentro
de esos centros clandestinos de detención conocidos como COT I
Martínez, Puesto Vasco, Destacamento de Arana, Pozo de Quilmes,
Pozo de Banfield, Comisaría Quinta y Brigada de Investigaciones
de la Plata en la época en que las víctimas estuvieron
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ilegalmente detenidas en esos lugares, tal como se infiere de
las diferentes testimoniales reseñadas. Por otra parte surge de
la declaración indagatoria de Ramón Camps supra citada el
imputado era un hombre de su confianza; de ello se infiere
entonces que el imputado era integrante de uno de los grupos de
tareas que ejecutaban las operaciones en el marco de la
denominada lucha antisubversiva.
Por otra parte quedó comprobado con las contestes
declaraciones de todos los testigos víctimas del accionar
represivo del estado, que el imputado se encontraba presente y
actuaba en los centros de detención más arriba referidos.
En cuanto a los casos de Liliana Galarza, María
Magdalena Mainer, Pablo Joaquín Mainer, Nilda Susana Salamone,
María del Carmen Morettini, Cecilia Luján Idiart y Domingo
Héctor Moncalvillo, surge de los testimonios de los familiares
y de la prueba documental agregada en autos, la activa
participación de Christian Von Wernich en la privación
ilegítima de la libertad agravada de los nombrados a los que
cabe remitirse brevitatis causae (cfr. fs. 7134 ta./7159 vta. y
sentencia causa 13/84).
Tal como hiciera referencia el a quo la sentencia
dictada en las causa 13/84 probó la privación ilegal de la
libertad de Héctor Mariano Ballent, Juan Ramón Nazar, Ramón
Miralles, Julio César Miralles, Jacobo Timerman, Rafael

-//- 110
Perrota, Luis Guillermo Taub, Juan Amadeo Gramano, José
Fernando Fanjul Mahía y las víctimas referidas en el párrafo
antecedente. Por su parte el decisorio recaído en la causa
44/85 tuvo por probada la privación ilegítima de la libertad de
Antonio Salomón Liberman, Juan Destéfano, Osvaldo Jorge Papaleo
y Rubén Fernando Schell, sentencias pasadas en autoridad de
cosa juzgada.
El tribunal oral además de considerar las
declaraciones testimoniales oídas en el debate, a fin de
acreditar la privación ilegal de la libertad de cada una de las
víctimas y el grado de participación de Christian Von Wernich
evaluó en los casos de Néstor Torbidoni y Luis Larralde la
testimonial brindada por el primero de los nombrados ante el
Juzgado Federal n1 3 obrante a fs. 1705/7 y la que prestara
Larralde ante la Conadep legajo n1 6893 obrante en el Anexo II
de la causa 7/7768 que fueran incorporadas al debate sin
oposición de la defensa, las que dan cuenta de los detalles del
secuestro y cautiverio sufridos. Respecto de Eva Gitnacht de
Graiver se ponderaron los testimonios de Osvaldo Papaleo y de
Lidia Brodsky de Graiver quien relató que la segunda vez que
ella fue detenida la persona a cargo del operativo le dijo que
tenía que llevarlos al domicilio de Eva Gitnacht de Graiver -su
suegra-, y una vez en el lugar vio que la Ametieron dentro del
coche, y a ella la liberaron@ (fs. 7165 vta.), a ello se suma el
decreto presidencial que pone a la nombrada a disposición del
Poder Ejecutivo Nacional. En cuanto al caso de Enrique Brodsky
el tribunal ponderó los dichos de Osvaldo Papaleo y de Lidia
Brodsky quien refirió que su padre fue secuestrado el mismo día
que ella. Por su parte los damnificados Carlos Alberto Zaidman,
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José María Llantada, Eduardo Kirilovsky, María Cristina
Bustamante, Analía Maffeo, Jorge Orlando Gilbert, Luis Velasco,
Osvaldo Lovazzano y Alberto José Canziani, declararon en el
debate oral dando cuenta detallada de la forma en que fueron
privados ilegítimamente de su libertad, ponderando el a quo
también las demás testimoniales respecto de cada caso en
particular (cfr. fs. 7101/7114 vta. y 7117 vta./7122 vta.).
Para tener por fehacientemente comprobada la
privación ilegal de la libertad sufrida por Jorge Luis
Andreani, Ricardo San Martín, Néstor Bozzi, Elena de la Cuadra,
Héctor Baratti, Rodolfo Emilio Pettiná, Héctor Raúl Manazi y
Ricardo Antonio Sanglá el a quo valoró las declaraciones
testimoniales referidas en los apartados II. C. y II. D. a los
que cabe remitirse a fin de evitar reiteraciones innecesarias;
por otra parte la situación de las tres personas nombradas en
último término será tratada posteriormente en el hecho referido
como la Casa de Trenque Lauquen.
En relación a las pruebas que demuestran la
autonomía con la que se manejaba el acusado en los diferentes
centros clandestinos de detención, cabe remitirse a lo que
señaló el a quo y que fue interpolado ut supra.
Asimismo, el tribunal oral tuvo por acreditado
más allá de toda duda razonable que Christian Von Wernich
desempeñaba un papel preponderante en los centros clandestinos
de detención denominados COT I Martínez, Puesto Vasco,
Destacamento de Arana, Pozo de Quilmes, Pozo de Banfield,
Comisaría Quinta y Brigada de Investigaciones de la Plata, ello
se deriva del análisis de la totalidad de las pruebas reunidas
de lo que lleva a concluir que, pese a ser un sacerdote de la

-//- 112
Iglesia Católica en alegada función pastoral, el imputado
disponía de autonomía y poder de decisión respecto de los
detenidos que estaban alojados en los distintos centros que
recorría. Tal conclusión surge como natural derivación de los
testimonios recepcionados en el debate, en tanto que las
víctimas hacen referencia que Von Wernich ingresaba a las
celdas para Acharlar@ o Abrindarles apoyo espiritual@ donde estas
estaban atados, vendados, sin higiene, visiblemente lastimados,
hacinados, es decir en condiciones oprobiosas, indignas,
inhumanas, por lo que no se puede aceptar como posibilidad
cierta lo alegado por la defensa en cuanto a que no se probó el
dolo directo de atentar contra la libertad y que su defendido
desconocía los elementos del tipo penal. No cabe duda que las
circunstancias apuntadas no constituyen condiciones normales de
detención emanadas de una autoridad competente. En síntesis las
objeciones de la defensa no alcanzan a conmover este aspecto de
la sentencia.
III. B. Por otra parte la defensa entiende que
Ael bien jurídico protegido en este caso es la libertad, tal
como surge del artículo 19 de la Constitución, esto es, la
posibilidad de hacer o no hacer lo que el ser humano quiera, en
cuanto no esté prohibido...@ (fs. 7258 vta.). Agregó que @para
la doctrina argentina, existe un elemento subjetivo del tipo,
que consiste en la tendencia de atentar contra la libertad de
actuación que exige el tipo como finalidad esencial@.
Establecido lo anterior, en primer término he de
indicar que ALa tipificación penal de la privación ilegal de la
libertad releva algo más que la faz ambulatoria en el sentido
negativo del liberalismo clásico, porque remite a la garantía
del art. 18 de la Constitución Nacional@. La exposición de
motivos del proyecto de ley de 1891 que introduce el tipo penal
en cuestión reza AEsta disposición es necesaria para asegurar la
garantía declarada en el art. 18 de la Constitución Nacional,
de que nadie puede ser arrestado sino en virtud de una orden
escrita de autoridad competente@ (cfr. Baigún- Zaffaroni,
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ACódigo Penal y normas complementarias, Análisis doctrinal y
jurisprudencial@, Tomo 3, Buenos Aires, 2007, pág. 351).
Esta figura legal protege las garantías
constitucionales, en especial la libertad de la persona frente
a los abusos de poder de los funcionarios públicos. Tutela la
libertad como bien jurídico o interés jurídico y no como mero
presupuesto conceptual de la norma, por cuanto para el derecho
merece protección el libre despliegue de la actividad humana
como tal. Habrá ofensa no solamente cuando de modo directo se
impida hacer lo que la ley manda, sino cuando se creen
condiciones tales que en ellas el sujeto se vea privado de
hacer lo que la ley no prohíbe; se ofenderá, además cuando
abusivamente se entre en el esfera de reserva y secreto que
rodea a toda persona o abusivamente se viole algo que
pertenezca a esa zona (cfr. ob. cit., págs. 352/353 con cita de
Soler).
Considero necesario, de modo previo, hacer
algunas precisiones en tanto que el art. 144 bis, inc. 11, del
Código Penal como delito especial, exige como requisito típico
que el autor sea funcionario público. La doctrina coincide en
cuanto a que la acción debe consistir en privar a una persona
de su libertad mediante un abuso funcional o mediando
incumplimiento de las formalidades exigidas por la ley
atentando contra el artículo 18 de la Carta Magna.

-//- 114
La defensa sostiene que Von Wernich como capellán
policial estaba asimilado administrativamente a la policía
bonaerense para justificar el ingreso a ella y por lo tanto no
revestía calidad de funcionario público.
En este tema refiere Ricardo C. Núñez que el art.
77 del texto legal de fondo designa con los términos
Afuncionario público@ y Aempleado público@ a todo el que
participa accidental o permanentemente del ejercicio de
funciones públicas, sea por elección popular o por nombramiento
de autoridad competente. Con esto considera sinónimos ambos
términos, y no equipara el concepto penal de funcionario o
empleado público al concepto administrativo de empleado
público, pues éste no participa del ejercicio de las funciones
públicas, sino que presta un servicio vinculado a ese
ejercicio. Así, una persona participa del ejercicio de
funciones públicas si el Estado ha delegado en ella, de modo
exclusivo o en participación con otras, la facultad de expresar
o ejecutar la voluntad estatal en el ámbito de cualquiera de
los tres poderes de gobierno nacional, provincial o municipal@
(cfr. ADerecho Penal Argentino@, Bs. As., 1974, T. VII, pág.
18/9 y ALópez, Hugo Luis s/ recurso de casación@, causa n1 2256,
reg. n1 2933 de la Sala II, rta. el 5/11/99).
En ese mismo sentido en anterior oportunidad como
integrante de la sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Criminal y Correccional sostuve que Alo que determina el
carácter de funcionario o empleado público para la ley penal es
la realización de la voluntad del Estado en el ámbito de la
Administración pública; esto es lo que Núñez señala como
>participación en el ejercicio de la función pública= (vid >El
significado del concepto de funcionario público en el Código
Penal=, en J.A., doctrina, 1970, p. 545) sin que quepa hacer
distinciones entre la Administración central y las entidades
autárquicas o mixtas (cfr. De la Rúa, Jorge, ACódigo Penal
Argentino@, p. 894, núm. 36)@ (cfr. mi voto in re ARomero, Raúl
O.@, fallo 76.126, rta. el 23/12/1977, publicado en L.L. 1978 C,
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págs. 378/380, y en similar sentido cfr. C.N.Crim., Sala V,
AChirkes, Norberto J.@, rta. el 4/8/81, Fallo n1 31.639).
En lo relativo Aa los >funcionarios de hecho=, en
el concepto del art. 77 entran los funcionarios de un gobierno
de facto y los designados como tales por éste@ (cfr. Núñez,
Ricardo; AEl significado del concepto de >funcionario público=
en el Código Penal@; Jurisprudencia Argentina, Doctrina, pág.
546).
Así entonces a la luz de tales parámetros no
vacilo en asignar al imputado el carácter de funcionario
público en atención al desempeño funcional y a la jerarquía que
ostentaba de Oficial Subinspector -Profesional- (cfr. informe
elevado por la Policía de la Provincia de Buenos Aires, cuya
copia fiel del legajo Conadep 683 obra en el Anexo II causa
7/7768 Von Wernich). Asimismo surge del informe referido que en
la época de los hechos aquí juzgados Christian Federico Von
Wernich estuvo asignado a la Comisaría de 9 de Julio y en la
Dirección General de Investigaciones, y luego a partir del 17
de marzo de 1983 en la Capellanía de la Unidad Regional Junín.
Por lo demás, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación indicó que los agentes dependientes de la institución
policial son funcionarios (C.S.J.N. Fallos 317:1006,
considerando 71).

-//- 116
Determinado lo precedente, merece hacerse
referencia al aspecto subjetivo del delito de privación ilegal
de la libertad en tanto que con esfuerzo puede colegirse del
recurso que la defensa sostiene que no se encuentra probado el
aspecto subjetivo de la figura.
Como delito doloso requiere el conocimiento de
que se está privando de la libertad a otra persona, abusando de
la función o por defectos en las formalidades prescriptas por
la ley para privar a alguien de la libertad (cfr. Donna,
Edgardo Alberto; ADerecho Penal. Parte Especial@, Tomo II-A;
Santa Fe, 2001, págs. 176/177).
En consecuencia, reitero, el imputado conocía de
la privación ilegal de la libertad sufrida por cada una de las
víctimas de autos, ello surge de los dichos de los propios
damnificados que declararon en el juicio, de los testimonios
referidos a aquellas personas que han fallecido en el curso de
estos años y también de los familiares, amigos y compañeros de
cautiverio de los que fueron víctimas del terrorismo de Estado.
Todo ello confluye en determinar sin lugar a dudas la presencia
activa de Christian Von Wernich en los diferentes centros
clandestinos de detención que da cuenta la sentencia recurrida.
En virtud de lo expuesto es que los agravios de
la defensa precedentemente analizados no tendrán favorable
acogida.
IV. AGRAVIOS DE LA DEFENSA DENOMINADOS AAAALA CASA
DE TRENQUE LAUQUEN@@@@.
En el acápite del recurso de casación titulado
ALa casa de Trenque Lauquen@ la defensa se agravia de la
imputación a su asistido como coautor en la privación ilegal de
la libertad de Rodolfo Emilio Pettiná, Héctor Oscar Manazzi y
Ricardo Antonio Sanglá.
Como primera aclaración es necesario puntualizar
que yerra la defensa al indicar que se imputa a Christian Von
Wernich la coautoría en las privaciones ilegales de la libertad
Causa N° 9517 -Sala I-
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Cámara Nacional de Casación Penal

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de los nombrados en tanto que surge de la sentencia puesta en
crisis que se le reprocha al imputado su calidad de partícipe
necesario.
Para llegar a la conclusión referida el tribunal
valoró:
a) Respecto del caso de Rodolfo Emilio Pettiná,
los dichos de su hermano Julio César quien relató que Aél
escribía a todos lados, incluyendo el Episcopado, el
Presidente, el Regimiento, el Primer Cuerpo del Ejército,
Primatesta; pero no obtuvieron noticias. Mas a raíz de dichas
gestiones, el Obispado de La Plata les concedió una entrevista
donde los trataron muy mal diciendo que si habían desaparecido
de esa forma por algo habría sido, por alguna vinculación con
el terrorismo. Recordó que en una oportunidad él le había
escrito al obispo Gilligan a 9 de Julio, y muy rápido, a los
pocos días de haber escrito la carta, concurrió un sacerdote;
que fue dos veces, la primera preguntó por el testigo, ya que
había firmado la carta, que junto con Jorge Manazi habían ido a
Buenos Aires; se reunió con su madre y los demás, quedando en
que volvería cuando estuviera él. Por la noche, ya habían
regresado desde Buenos Aires, volvió el cura vestido de traje
oscuro con un cuellito de los que usan >los padres= y una cosa de
sacerdote, diciendo ser el padre Christian. Expresó que

-//- 118
dialogaron en el lugar que los chicos llamaban >la matera=, al
fondo de la casa. Que, habiéndose identificado como quien
escribiera la carta, el sacerdote le preguntó qué había pasado
para luego decir que >hay gente mala que se aprovecha de los
chicos buenos del interior=; en tono de buena conversación.
Afirmó que al término de la reunión salieron todos, y él junto
con el sacerdote fueron los últimos; al quedar solos, el
sacerdote le preguntó >)cómo te fue en Buenos Aires?=, él dijo
que bien, que había ido a buscar una máquina de escribir a lo
de una amiga y, de paso, a un organismo de Derechos Humanos a
hacer una denuncia. Indicó que el sacerdote se enojó y le dijo:
>Ah, ustedes se juntan con esos, olvidáte de tu hermano y de los
otros dos chicos=. Que él se quedó mal por lo dicho, el cura
siguió caminando, frenó en donde estaban todos los que habían
salido de la reunión, y la señora Sanglá junto a su madre le
preguntaron >)Ahora qué hacemos, padre?=, a lo que les dijo >Yo
les aconsejo que vuelvan a Trenque Lauquen y si tienen otros
hijos cuídenlos, que les puede pasar algo= y se retiró...
Expresó que las dos veces que el sacerdote visitó la casa de
Trenque Lauquen lo hizo como >padre Christian=@.
Los magistrados también evaluaron la declaración
de Elena Taybo, madre de Rodolfo Emilio Pertiná quien dijo que
Ala única persona que concurrió a la casa de Trenque Lauquen fue
Christian von Wernich Bsupo luego cómo se llamaba-, ya que su
hijo le había escrito al obispo Gilligan, quien enviaba al
sacerdote de su parte. Que el cura preguntó si estaban los
chicos y le dijeron que faltaban su hijo, Jorge Manazi y otros
que estaban en la Universidad. Indicó que von Wernich regresó
por la noche, a hablar, y le hizo una amenaza diciendo >señora,
le pido que se vaya a Trenque Lauquen y lleve a sus hijos,
porque a usted le puede pasar algo y sus hijos pueden
desaparecer=;... Señaló que la señora de Sanglá había recibido
una carta de von Wernich con la imagen de una virgen diciendo
que no había noticias, que no sabía nada y que rezara@.
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VON WERNICH, Christian
Federico s/
recurso de
casación
Cámara Nacional de Casación Penal

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El testigo Juan Simón Pérez ARecordó que una
tarde, en la casa de Trenque Lauquen, sonó el timbre, abrió la
puerta y alguien se identificó como el Padre Christian, de
parte del Obispo de 9 de Julio, quien dijo >vengo por la suerte
de tres hijos de la diócesis=. Que la señora de Pettiná luego le
contó que ese sacerdote les dijo que se volvieran a su lugar de
origen, a cuidar a sus hijos. El testigo afirmó que una
sugerencia amistosa no era, era una zona gris@.
b) En relación al caso de Héctor Oscar Manazi: el
a quo evaluó la declaración transcripta supra, de Julio César
Pettiná, la de Elena Taybo y la de Juan Simón Pérez e incorporó
al debate la declaración prestada por Jorge Raúl Manazi obrante
a fs. 46/52 del Anexo I de la causa 7/7768 donde relató que
Aestaba con la madre de Pettiná y los chicos estaban estudiando
cuando apareció el cura, diciendo que lo había mandado el
obispo de 9 de Julio. Era von Wernich, Christian von Wernich,
dijo. Que en el transcurso de la conversación, a la señora de
Pettiná le preguntó cuántos hijos tenía y cuando le contestó
que tenía tres más, le dijo Abueno señora preocúpese por los
tres@. Que además Von Wernich les dijo que ya había tres grupos
actuando, AGrupo Escuadrón Los Lagartos@ era uno, los otros
también tenían nombres de animales, y él ya sabía perfectamente
que los chicos no aparecerían más. Señaló que von Wernich se

-//- 120
apareció como si lo hubiera mandado el obispo de 9 de Julio a
averiguar; empezó una especie de interrogatorio, sobre qué
hacían ellos, qué no hacían.
c) En cuanto al caso de Ricardo Antonio Sanglá el
tribunal consideró lo declarado por Mery Luisa López, madre del
nombrado, quien refirió que AUna buena tarde, llegó un cura
enviado por monseñor Gilligan para ayudarlos. Era el señor von
Wernich, quien pidió que le contaran todo lo sucedido. Estaban
Pettiná, el hermano de Manazi y ella. Ellas le contaron y dijo
que volvería después; lo hizo el mismo día a la noche. Les dijo
lo mismo que Cecchi: que eran chicos inocentes, que la
subversión se los llevaba porque eran del interior, y que se
fueran >para las casas=, que cuidaran lo que les quedaba, porque
podían pasar 3 meses, 6 meses, 1 año sin verlos, como podía
pasar que no los vieran más. Al otro día ella se fue a Trenque
Lauquen. Dio cuenta de que al poco tiempo volvió a escribirle a
von Wernich, para saber si había averiguado algo: él le
contestó con una tarjeta de la Virgen firmada por el >Padre
Christian= en la que decía que siguiera esperando, que tuviera
fe, no daba noticias@. Asimismo se valoró el testimonio de Julio
César Pettiná en lo que respecta al encuentro y conversación
que tuvo con el imputado.
El planteo defensivo referido a que las
manifestaciones de Von Wernich no constituyeron amenazas para
que los familiares cesaran en sus averiguaciones como aporte
destinado a mantener la situación de privación de la libertad,
fueron abarcados por el tribunal oral en los siguientes
términos: Aen cuanto al significado que pudieron tener para los
familiares de las víctimas las palabras de Von Wernich se
esclarecen con sólo tener en cuenta el contexto en el que
dichas palabras fueron pronunciadas y por parte de quién. La
Sra. de Sanglá, por ejemplo, como bien señaló la defensa, Avenía
del campo@ (SIC) y acababa de ser secuestrado un hijo suyo con
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la metodología que la propia defensa aceptó. En esos momentos,
no hay una sola reacción, uniforme y lineal. Terror, necesidad
de creer en el sacerdote y desorientación, son sólo algunos de
los infinitos pensamientos que a una madre -venga o no del
campo-, en esas circunstancias se le mezclan en la cabeza. En
cuanto a la presentación de habeas corpus y el intercambio de
cartas esperando información de Von Wernich sobre los que
igualmente se interrogó la defensa, no significan de ningún
modo que no se sintieran amenazados por él o con temor. Es sólo
que la necesidad de las madres de las víctimas del terrorismo
de estado de encontrar a sus hijos, siempre fue superior a
cualquier amenaza, aunque proviniera como en este caso de un
sacerdote. De ese modo, las reacciones diversas de las familias
de Manazi, Sanglá y Pettiná y su lucha por encontrar la verdad
de lo sucedido, lejos de implicar falta de responsabilidad en
Von Wernich, confirman que su actividad en los hechos fue una
vez más, como en los restantes, la de un calificado cuadro del
aparato criminal en plena actividad en la época de los
secuestros aludidos. Nótese finalmente al respecto, que el
conocimiento de Von Wernich de los episodios
vividos por las víctimas del caso y su participación y
responsabilidad en ellos era obvia. Tanto, que interrumpió su
actividad en los centros clandestinos de detención y tortura
para irrumpir en varias oportunidades -dos veces en un mismo
día- con sus Aconsejos@ y Apreguntas@ en la casa de Trenque
Lauquen en La Plata, esta vez no como oficial de la policía de
Investigaciones que era, sino como un sacerdote de 9 de Julio
que se preocupa por sus fieles@.

-//- 122
Considero que la evaluación y valoración conjunta
realizada en la sentencia, en base a los testimonios recogidos
en el debate, que se conjugan entre ellos perfectamente, exhibe
un juicio crítico sustentado en las reglas de la lógica y del
razonamiento con sujeción a las reglas de la sana crítica; en
tanto que con abundancia probatoria el a quo demostró que
Christian Von Wernich tenía un amplio conocimiento de lo que
ocurrió con los tres estudiantes, y que pese a ello no les dio
a sus padres ningún tipo de información valedera que les
permitiera tomar conocimiento acerca de su verdadero destino.
Por otra parte, los argumentos esgrimidos en esta
instancia por la defensa resultan una reedición de
cuestionamientos ya planteados durante el juicio oral y
resueltos por el sentenciante con acertado criterio, por lo que
su reiteración -sin esgrimir nuevos argumentos que avalen su
postura- no habrá de tener favorable acogida.
Es que el planteo de la defensa sólo se traduce
en un intento de sustituir la evaluación del tribunal por su
propio criterio, sin refutarla seriamente ni esgrimir
fundamentos que autoricen a la descalificación de la
ponderación realizada por el a quo, por lo que en rigor de
verdad la deja incólume.
En efecto, ha quedado plenamente demostrado con
las testimoniales reseñadas que Christian Von Wernich estuvo en
la Casa de estudiantes de Trenque Lauquen de La Plata, y que
interrogó a los presentes respecto de las actividades
realizadas en pos de dar con el paradero de los tres
estudiantes secuestrados. Todo lo cual acredita su directa y
necesaria intervención en el hecho juzgado pudiendo sostener
sin ambages que el hecho se llevó a cabo con un concierto de
voluntades y que Von Wernich tuvo una activa participación en
él (in re ALibra, Marcelo D. y Traverso, Nancy E. s/ recurso de
casación@, causa n1 2429, reg. n° 3007, rta. el 13/09/99, Sala
I).
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VON WERNICH, Christian
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V. AGRAVIOS DE LA DEFENSA DENOMINADOS AAAAEL GRUPO
DE LOS SIETE@@@@.
V. A. En el apartado denominado por la defensa
AEl grupo de los siete@ la defensa se agravia de la valoración
realizada por el a quo del testimonio de Adelina Moncalvillo en
tanto entiende que declaró en base a comentarios de su hermano
y que esa versión se contradice con lo afirmado por Domingo
Moncalvillo (padre) ante la Cámara Federal en el Juicio a las
Juntas, quien manifestó en relación a las condiciones de
detención de su hijo, que en la Brigada (de Investigaciones de
La Plata) estaba muy bien, que trabajaba, estudiaba y que el
trato era bueno.
A continuación y bajo el subtítulo Ab.1) EMMED@
la asistencia técnica se agravia del valor probatorio dado a la
declaración testimonial prestada por Julio Alberto Emmed ante
la CONADEP, indicando que debe valorarse a favor del imputado
la declaración prestada por el nombrado el día 24 de julio de
1985 ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas.
En forma preliminar cabe señalar que lo alegado
por la defensa respecto de que la testigo Adelina Moncalvillo
se ha pronunciado de forma mendaz, no encuentra sustento
fáctico, en tanto que la recurrente no indicó cuáles fueron

-//- 124
esos Adiferentes estrados@ en los que la testigo aseveró cosas
disímiles, tampoco brindó los datos necesarios para
individualizar esas aseveraciones referidas ni los dichos que a
su entender son falaces; asimismo el recurrente no logra
demostrar de qué forma ello perjudica el derecho de defensa del
imputado, en tanto que la certeza a la que arribó el tribunal
en cuanto a la participación del imputado en el destino final
de las víctimas del llamado Agrupo de los siete@, reposa en una
variedad de pruebas e indicios que lo llevaron al
convencimiento que los hechos sucedieron de esa forma y no de
otra y el testimonio de Adelina Moncalvillo forma parte de ese
plexo probatorio valorado y no resulta ser la única prueba en
la que reposa el fundamento del fallo en cuanto a la
responsabilidad de Von Wernich en esos hechos.
Como se hiciera mención respecto del caso de la
ACasa de Trenque Lauquen@, la defensa sólo reedita los
argumentos vertidos en el debate, y que fueran objeto de
tratamiento en la sentencia en los siguientes términos, los que
comparto: @En cuanto a la afirmación efectuada por la defensa de
que la testigo Adelina Moncalvillo, había faltado a la verdad,
cabe señalar que para imputaciones de ese calibre, es
imprescindible señalar razones serias, toda vez que entre otras
cosas se pretende que el tribunal no tenga en cuenta los dichos
en cuestión. Aquí, no sólo dichas razones no surgen de los
alegatos efectuados, sino que por el contrario, el testimonio
de la señora Moncalvillo resulta coherente con el resto de la
prueba producida tanto en lo que hace a la presencia de Von
Wernich en el centro clandestino donde se encontraba detenido
el hermano de la testigo, como a la actividad que desarrolló
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respecto de los familiares con los que se contactó. En igual
sentido, cabe resaltar que los dichos de Moncalvillo son
igualmente armónicos con lo declarado por Emmed....ante la
CONADEP...@.
V. B. Respecto de la declaración de Julio Alberto
Emmed en la causa 13/84 cuya copia mecanografiada obra a fs.
5502/5507 de esta causa, cabe indicar que no se advierte de su
lectura la retractación a la que hace referencia la defensa,
como tampoco surgen de los dichos del testigo los extremos
referidos por la asistencia letrada en cuanto a que el doctor
Aragón y la doctora Aguad le habrían realizado un ofrecimiento
dinerario, de libertad, la salida del país y la radicación en
el exterior junto con su familia a cambio de la incriminación
de Etchecolatz y de Christian Von Wernich; en consecuencia no
resulta más que un esfuerzo de la defensa por mejorar la
situación procesal del imputado, puesto que los extremos
referidos no pasan de ser meras afirmaciones sin sustento
fáctico alguno, en tanto que no obra denuncia sobre las
circunstancias apuntadas por los letrados de confianza de
Christian Von Wernich.
Por otra parte, lo expresado por Julio Alberto
Emmed ante la Conadep, devino como correlato de la denuncia que
él realizara mediante correspondencia dirigida al Presidente de

-//- 126
ese Organismo, esto se encuentra corroborado mediante la copia
del formulario que la Conadep utilizaba, en el que consta que
se trató de una denuncia de ilícitos y que fue formulada
mediante correspondencia. Al presentarse el doctor Aguad y la
doctora Aragón en la unidad penitenciaria para tomar la
declaración al denunciante se indicó tal circunstancia en los
siguientes términos Ase constituyen en la cárcel de Caseros U-
16, el secretario de la Comisión Nacional sobre la Desaparición
de Personas, Dr. Raúl Aragón y la funcionaria de la misma Dra.
Susana Aguad. Lo hacen a requerimiento de uno de los internos
que manifestó a través de una carta dirigida al Presidente de
la Comisión su intención de declarar sobre hechos vinculados
con la investigación que la misma propone@.
En cuanto a la declaración que habría realizado
Julio Alberto Emmed ante el Consejo Supremo de las Fuerzas
Armadas el 24 de julio de 1985, cabe indicar que no obra en la
causa copia de tal instrumento pese a los esfuerzos del
juzgador para lograr tal cometido, por lo que cabe concluir que
la defensa que sostiene tal tesitura debió allegar a la causa
una réplica del testimonio; en ese sentido no puede esta
instancia revisora verificar los extremos señalados por la
defensa por resultar materialmente imposible y exceder el
ámbito del recurso.
En esa inteligencia considero que el tribunal
oral valoró adecuadamente y en virtud de la sana crítica
racional el testimonio de Julio Alberto Emmed prestado ante las
autoridades de la Conadep el día 10 de febrero de 1984, el que
fue analizado junto a indicios que revisten una orientación
inequívoca hacia una sola dirección, resultan concordantes
entre sí y de entidad suficiente. Estos indicios están
constituidos por diversas declaraciones testimoniales, por los
dichos de los familiares directos de las víctimas, las diversas
misivas adjuntadas como prueba, el relato realizado por la
testigo Susana Aguad en el debate respecto de las formalidades
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del acto y la impresión que le causó el testigo, lo expuesto
por la testigo Rosa Graciela Castagnola en cuanto a cómo se
llegó a vincular la declaración de la madre de Cecilia Idiart
ante la CONADEP y los extremos referidos por Emmed y su natural
derivación hacia el llamado grupo de los siete.
Las cuestiones referidas en el párrafo
antecedente serán ampliadas a continuación en tanto que sobre
estas pruebas reposa la responsabilidad del imputado en los
homicidios triplemente calificados por los que resultó
condenado y toda vez que la defensa se agravia de la
calificación mencionada y a fin de evitar repeticiones
innecesarias se tratarán a continuación.
V. C. Estimo necesario recordar los extremos
manifestados por Julio Alberto Emmed a los funcionarios de la
Conadep:...Aen el año 77 revistaba en calidad de agente de la
POLICÍA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES -SECCIÓN DIRECCIÓN
GENERAL DE INVESTIGACIONES- En ese momento ingresa en la
custodia personal del Director general de Investigaciones
Comisario General Miguel Osvaldo Etchecolatz que dependía
directamente del jefe de Policía de ese momento Coronel Ramón
Camps y por ende del Comandante del Primer Cuerpo del Ejército,

-//- 128
Guillermo Suárez Masson..., el total general de la custodia
integraba el grupo operativo III...En este grupo operativo III
se integraban el I que dependía del Secretario Privado Norberto
Cossani, el II que dependía del Oficial Principal Milton Pretti
y el III a cargo del Oficial Principal Ondané Roig...La
jerarquía no tenía nada que ver. Lo que importaba era el grado
de experiencia de cada uno y la prueba concreta de que podía
servir para determinadas cosas delicadas...Cuando Cossani le
pregunta si está dispuesto a luchar contra la subversión, el
declarante le acepta, le dice que sí. El alias de Cossani es
ABeto@. Seguidamente Emmed hace la tramitación correspondiente,
en quince días se le da el alta de policía y pasa a ser
custodio del Director General de Investigaciones de la
Provincia de Buenos Aires ETCHECOLATZ. Siempre con el grado de
agente. Luego de probarlo a través de trabajos especiales, como
para tener la certeza de que el declarante servía para estas
cosas, le entregan una credencial de OFICIAL SUBINSPECTOR, pero
no con su nombre sino con el nombre de RICARDO MARTÍNEZ...En
los primeros días cuando se presentó a investigaciones se
estaba en los últimos días de la investigación del caso
Graiver, se estaba investigando también el caso del ex
gobernador Calabró y había varios detenidos...Se turnaban para
cuidarlos, en turnos de dos horas. Les daban la comida. No se
les permitía bañarse. Estaban esposados en las camas. Se
encontraban en el subsuelo de Investigaciones, en una
habitación que se usaba para eso. La primera noche que le tocó
hacer guardia se saca a uno de ellos y al Sargento Pérez le
corresponde pasarlo por la máquina. Esa noche se dio la sesión
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en la armería. La armería estaba entre la habitación de la
custodia y las piezas adonde se ponían a los detenidos. El
Sargento Pérez era el encargado de la máquina y el
interrogatorio respondía al que le había encomendado el
Comisario General, las preguntas estaban preestablecidas y se
referían al grado que tenían en la subversión y cuál era su
función. Esto ocurrió a mediados de junio de 1977...Entre
Róspide, Camps y el Director General de Investigaciones había
un hombre clave que era EROS AMÍLCAR TARELA -...-estaba a cargo
... de todos los interrogatorios de los subversivos que se
recibieran. Aclaro que en ese momento en Jefatura no se tenía a
cualquier subversivo sino a jefes. Se estaba en ese momento
trabajando activamente en Puesto Vasco- Martínez y Arana. Esos
eran los lugares claves que teníamos nosotros para realizar la
tarea por su emplazamiento geográfico...La primera prueba de
confianza que dí fue a mediados de junio del 77 en un
enfrentamiento en Berisso cuando cubrí a un soldado con fuego
granado de ametralladora. Allí en un departamento que se
encontraba frente a la estación de Berisso había dos mujeres y
un hombre. Todos terminaron muertos. La última mujer que bajaba
las escaleras con un brazo roto y que estaba agonizando fue
terminada por el Comisario General Etchecolatz. Después de este
enfrentamiento se me entregan las credenciales y la ropa. Según

-//- 130
el Código Militar cuando se usan ropas o credenciales falsas
para delinquir corresponde el máximo de las penas. Ahora bien,
a mí me las proporcionan, me las da el Comisario General y
sobre esta base es que después se me inculpa y se me da el
máximo de la pena... La segunda misión que se le encomienda en
este carácter es secreta. Se le entregan a los dos, a mí y al
cabo Norberto Montechiari, dos sobres cerrados. Es >Beto= Cossani
quien les entrega los sobres estando presente el comisario
general y en el despacho del mismo. La orden consistía en
retirar de Jefatura un NN corlarle los pies y las manos y
quemar luego los restos...Que como Secretario Privado del
comisario general Etchecolatz, Cossani tenía plenos poderes y
ambos el dicente y Cossani podían actuar en todo el ámbito de
la Provincia de Buenos Aires junto con todo el grupo de la
custodia del Comisario Etchecolatz. Tenían más poder a veces
que los altos oficiales de la Policía...Quiere aclarar que
tanto COSSANI como ETCHECOLATZ, era personas enemigas de todo
manejo deshonesto de dinero...Inclusive el dicente sabe que
cuando el comisario ETCHECOLATZ sabía de personal policial que
operaba >por izquierda= en secuestros extorsivos, robos, etc, en
su propio beneficio actuaba con suma dureza. Por ejemplo en el
caso del oficial subinspector Gerosa y suboficial Bidegain
ambos muertos que aparecieron atados de pies y manos en la
subcomisaría de Villa Galicia, fueron ultimados por personal
policial de la Brigada de Avellaneda por orden directa de
Etchecolatz. Que el dicente tiene conocimiento por haber
investigado los hechos delictivos de Bidegain y Gerosa,...Que
verificaron una cantidad de objetos de la Policía en una
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vivienda precaria que tenía el suboficial Bidegain...Esto jamás
se llegó a saber salvándose el buen nombre de ambos todo se
disimuló inculpando a dos delincuentes comunes...@.
Más adelante relató los siguientes hechos en los
que fue partícipe: AQue a fines del 77 o principios del 78 se me
llama al despacho del Comisario General Etchecolatz, y ahí, en
presencia del Comisario General, del Coronel Rospide, de Eros
Amílcar Tarela ...del padre Cristian von Wernich y del cabo
primero Norberto Cossani, y se me pregunta si con un golpe de
judo era yo capaz de dormir a una persona dentro de la
incomodidad del pequeño espacio de la parte trasera de un
vehículo. Yo pido que se me den las características físicas de
la persona y se le dice que es una persona de sexo femenino de
contextura media. Respondo que en esas condiciones era difícil
dar un golpe de esas características pero que yo lo iba a
intentar. Dos días después se hace una reunión en presencia de
los jefes de los grupos, en que estaban Milton Prety, Daniel
Roig -jefes de dos grupos que trabajan en zona Sur y Norte
>patota volante= y Norberto Cossani. Esta reunión se hace en el
despacho del Subdirector de Investigaciones pero el mismo no

-//- 132
está presente. Estaban los integrantes de los grupos que
habríamos de participar, unas diez personas. Allí se nos
explica de que se iban a retirar de BRIGADA DE LA PLATA, tres
subversivos >quebrados=, los cuales habían cooperado con la
represión, para ser trasladados al exterior -según se les había
prometido-. Irían a Brasil previo paso por Uruguay o Paraguay y
tenían todo previsto, lugares de hospedaje, etc. Las familias
debían esperarlos en Brasil. Ya se les habían fabricado
documentos de identidad, como pasaportes y documentación
correspondiente, pero si bien los mismos estaba a nombre de los
ex subversivos, las fotos correspondían a miembros de la
policía. En el primer viaje, con estos documentos, viajan el
cabo primero Cossani y dos oficiales de la Policía femenina, y
dejaron establecidos los lugares donde presuntamente se habrían
de hospedar los exsubversivos. Es así como comienza a
realizarse el primer operativo. Salimos de Jefatura con tres
vehículos uno con tres hombres y en los otros cuatro hombres
cada uno. En la Brigada de Investigaciones de La Plata nos
esperaba el padre Christian von Wernich quien había hablado y
bendecido a los ex subversivos, y les había hecho una despedida
en la misma Brigada, la familia les había mandado flores, etc.
El jefe de la Brigada de La Plata en ese momento era el
Comisario o Subinspector Páez. Los tres, dos mujeres y un
hombre -salen en libertad de acción, sin esposas, porque para
ellos nosotros eramos simplemente custodios que teníamos que
llevarlos a Aeroparque y embarcarlos- se nos habían dado
expresas instrucciones de que no portáramos armas, pero por
temores que teníamos de que se hiciera un ardid para disimular
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un enfrentamiento y llegar a liquidarnos a nosotros mismos,
decidimos desobedecer la orden y llevar las armas de la
repartición y un arma personal. En el coche donde yo iba -el
móvil número tres- se encontraban el padre Christian von
Wernich, el cabo primero Francisco Avellaneda, y en el asiento
trasero Giménez -alias >el TataB el NN que era un joven de
veintidós años aproximadamente, cutis blanco, pelo castaño de
setenta y cinco kilos aproximadamente, y un metro setenta y
cinco de estatura, que había vivido en las cercanías de La
Plata. Salimos de La Plata hasta el camino General Belgrano y
después que pasamos la entrada de Gutiérrez -se iban a pedir
las condiciones de cada móvil por >handy=, y éste significaría la
señal para iniciar el golpe. Cada móvil estaba reconocido con
un número: móvil 1, dos y tres. Al llegar a móvil tres yo debía
pegar el golpe que adormecería a la persona. Pego el golpe
cerca de la mandíbula pero no llego a desvanecer al joven.
Giménez saca la pistola -el arma reglamentaria- cuando el NN ve
el arma se precipita contra ella misma y se entabla una lucha,
un forcejeo que me obliga a tomarlo del cuello con la mano
izquierda y es entonces cuando extraigo el arma reglamentaria
mía le descargo varios golpes en la cabeza con la culata del
arma. Se le producen varias heridas en la cabeza, sangra
abundantemente, y en grado tal que tanto el cura como el chofer

-//- 134
y los dos que estábamos con él quedamos manchados. El joven
queda desvanecido por los golpes pero no llega a morir, sino
que sólo está desvanecido, pasadas cinco o cuatro cuadras de la
entrada de Gutiérrez, los tres vehículos entran por una calle
lateral de tierra y aproximadamente a unas dos cuadras de la
ruta en un paraje arbolado con mucha vegetación, entran los
tres vehículos. En el lugar nos encontramos con varios
vehículos, una camioneta de la Brigada de Investigaciones de La
Plata -era una Dodge- la única que tenía en el momento la
Brigada de La Plata -allí estaba Norberto Cossani, el oficial
subinspector médico, doctor Bergé- este doctor Bergé había
participado en torturas, y se dedicaba a todo este tipo de
cosas habiendo operado también en COTI MARTÍNEZ -y estaba el
ayudante y chofer del doctor Bergé cabo Antonio Tejera- ...en
el lugar encontramos a otros integrantes de la custodia que
habían viajado en vehículos aparte. Se descienden los tres
cuerpos de los exsubversivos que en ese momento estaban todos
vivos. Los tiran a los tres sobre el pasto, el médico Bergé les
aplica dos inyecciones a cada uno, directamente al corazón de
un líquido rojizo que era veneno. Dos mueren, pero el médico da
a los tres como muertos. Se los carga en la camioneta de la
Brigada, y los llevan a Avellaneda. Esta camioneta sale sola a
Avellaneda con los tres cuerpos, el chofer y Montechiari atrás.
Por los dichos de Montechiari, supe que en el trayecto de
Gutiérrez a Avellaneda, una de las mujeres da señales de vida.
Y es en ese momento cuando Montechiari la mata de un tiro al
corazón. Por los mismos dichos de Montechiari me enteré de que
los cuerpos fueron quemados en la morgue o en el cementerio de
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Avellaneda. La gente que quedó en Gutiérrez principalmente el
grupo que se encontraba en el móvil donde yo viajaba salvo el
padre Christian von Wernich que se retiró en otro vehículo, -
tuvimos que ir a asearnos y cambiarnos de ropa porque estábamos
manchados de sangre. Fuimos a la casa del suboficial Giménez
donde nos aseamos y nos cambiamos de ropa. Inmediatamente nos
trasladamos a la Jefatura de Policía donde nos esperaba el
Comisario General Etchecolatz, el padre Christian von Wernich y
todos los integrantes de los grupos que habían participado en
el operativo. Allí el comisario Etchecolatz nos felicitó
efusivamente por nuestra acción, por el operativo, y el cura
Christian von Wernich me habla de una forma especial por la
impresión que me había causado lo ocurrido. El cura me dice que
lo que habíamos hecho era necesario, para el bien de la Patria,
que era un acto patriótico y que Dios sabía que lo que se
estaba haciendo era para el bien del país. Estas son las
textuales palabras del cura. Entre este operativo y el otro que
debíamos hacer de los otros tres subversivos, regresa Cossani y
los otros que habían viajado en el lugar de los subversivos a
Brasil@.
ASe comienza este segundo operativo, con los
preparativos preliminares. Se trataba de otros tres subversivos

-//- 136
de iguales características -dos femeninas y uno masculino- se
vuelve entonces a preparar la documentación y se realizan todos
los preparativos sobre la forma que debían salir los
subversivos. Salimos un día a las cinco de la mañana eramos los
integrantes de la custodia, entre ellos yo. Se había cambiado
completamente el procedimiento, y se había pedido un colectivo
Mercedes Benz a Infantería -que era un móvil para traslado de
la policía- este vehículo fue solicitado para efectuar el
supuesto traslado de los subversivos desde la Brigada de La
Plata hasta Aeroparque con un móvil de custodia -un Torino-
eran dos mujeres y un hombre, entre 25 y 30 años que salieron
por sus propios medios de la Brigada de La Plata. Una de las
mujeres, de baja estatura tenía un pie más corto que el otro.
Ya tenían todas sus pertenencias, valijas, bolsos, etc. Y se
les había entregado la documentación y el dinero para el viaje,
cruzeiros, dólares y pesos. Salen de la Brigada de La Plata y
el colectivo siempre acompañado por el Torino. Yo iba en el
colectivo. Cuando pasamos el cruce Echeverri, los esposamos y
les vendamos los ojos. En ese momento los tres jóvenes sabían
lo que había de ocurrirles y no dijeron palabra. Parecían
totalmente resignados a lo que venía. Una de las mujeres se
largó a llorar. Pero no dijo tampoco palabra. Habremos hechos
unos quince o veinte minutos de viaje, cuando entramos por un
camino lateral de tierra, y nos encontramos en pleno
descampado. Serían las seis o las seis y treinta de la mañana.
Se los hizo descender a los tres del colectivo, se les quitaron
las esposas, se los hizo desnudar completamente, se retiraron
todas las prendas que habían dejado y con resto de las
Causa N° 9517 -Sala I-
VON WERNICH, Christian
Federico s/
recurso de
casación
Cámara Nacional de Casación Penal

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pertenencias se amontonaron a un costado. El sargento Miguel
Ángel Pérez que estaba a cargo, les ordenó que se tiraran sobre
la tierra y allí los ultimaron el sargento Pérez, el cabo
Alfredo Teico, y el sargento Vara. Los tres al mismo tiempo
descargaron sus armas sobre los cuerpos a aproximadamente un
metro de distancia, con armas calibre 32 y 38, dieron varios
impactos de bala en el corazón. Las armas no eran de la
repartición. Aparentemente estaban todos muertos, cuando una de
las mujeres, la más baja con el defecto en el pie, pidió que la
mataran. El sargento Pérez le descarrejó un tiro a quemarropa,
de 38m. Se verificó que los tres estaban muertos y antes de
subirlos al colectivo nuevamente se quemó todo, las
pertenencias, absolutamente todo. Se los cargó en el micro, y
se los trasladó hasta la morgue de la Jefatura de la Provincia
donde quedaron depositados en la cámara de la morgue. A los
tres días se nos ordena retirar la camioneta -concretamente fui
yo que recibió la orden- y juntamente con Montechiari tuvimos
que retirar de la morgue los tres cadáveres. Con dos móviles de
custodia los trasladamos hasta Puesto Vasco. Entramos la
camioneta y en un pozo que ya estaba hecho en Puesto Vasco,
previo arrojar unas cubiertas de autos y gasoil mezclado con
nafta, se introdujeron los tres cuerpos, se los tapó con
cubiertas y combustible y se los quemó totalmente. Estuvimos

-//- 138
quemándolos durante casi cinco horas...quedó personal del
puesto para finalizar el trabajo...@
La parte recurrente sostiene que la declaración
de Julio Alberto Emmed fue ideada para incriminar a Miguel
Ángel Etchecolatz y a Christian Von Wernich, sin embargo los
extremos de la declaración del nombrado resultan concordantes
y coincidentes con el relato brindado por Carlos Alberto Hours
ex miembro de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, en la
causa 13/84 -agregada en autos a fs. 2757- quien sostuvo que en
un momento le extendieron a él y otros oficiales de policía
unas credenciales falsas, Acon nombres supuestos, o sea que mi
nombre en esa credencial figuraba Carlos Alberto Auers... otros
integrantes si cambiaron su apellido y desde ese momento cuando
nos entregan las credenciales nos llevan al 601 de
Inteligencia..., nos hacen una ficha y nos mandan al Regimiento
III de Infantería que era la unión o la conjunción de distintas
fuerzas...@, también dio cuenta, como refiriera Emmed, que el
destino de los cuerpos de las víctimas era el cementerio de
Avellaneda (fs. 2765); asimismo refirió el caso de un agente de
policía de apellido Badel, quien habría realizado un informe
sobre el grupo Graiver y que fue muerto por Etchecolatz
indicando que en ese momento y lugar estaba Emmed, también
relató cómo eran llevados a cabo los procedimientos por la
fuerzas de seguridad y las formas en que se instrumentaban los
interrogatorios y las torturas, resultando todo lo expuesto por
Hours concordante con lo relatado en esta causa por los
distintos testigos.
Por otra parte son veraces los datos aportados
por Julio Alberto Emmed respecto de los funcionarios policiales
Causa N° 9517 -Sala I-
VON WERNICH, Christian
Federico s/
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casación
Cámara Nacional de Casación Penal

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que actuaban en la Dirección General de Investigaciones, en el
tiempo en que él estaba allí lo que se puede colegir de la
prueba documental agregada en autos en el Anexo II, causa
7/7768 Von Wernich, -copia fiel de la obrante en el legajo 683
de la Conadep- en cuanto a la situación de revista de los
agentes referidos por el nombrado, en ese sentido también
resultan unívocos los extremos en torno a los policías Bidegain
y Gerosa.
Otra cuestión de trascendencia que arroja la
declaración de Julio Alberto Emmed es la referencia a que Auna
de las mujeres, de baja estatura tenía un pie más corto que el
otro@, cuestión que se encuentra confirmada por la madre de
Cecilia Idiart ante la Conadep en cuanto a que su hija tenía
una secuela en la pierna izquierda en virtud de haber padecido
poliomelitis. Además dio cuenta que Cecilia Idiart junto a
María del Carmen Morettini, María Magdalena Mainer, Pablo
Joaquín Mainer, Domingo Moncalvillo, Susana Salamone y Liliana
Galarza estaban alojados en la Brigada de Investigaciones de La
Plata y tenían allí condiciones de detención especiales;
asimismo que estos jóvenes eran visitados entre otras
autoridades policiales y militares por el Apadre Cristian de la
Catedral de 9 de Julio@ en forma semanal y también recibían
visitas de sus familiares, cuestiones corroboradas por diversos
testigos de autos.
Otras circunstancias probadas acabadamente en el
sub examine son las relativas a la falsa promesa realizada al
Grupo de los Siete en cuanto a que saldrían del país y que el
día 30 de noviembre de 1977 es la última vez que los familiares
de los nombrados tuvieron noticias sobre ellos.

-//- 140
Por otra parte surge de la lista de la Flota
Fluvial del Estado Argentino de fecha 30 de noviembre de 1977
como pasajeros: Lujan Idiart Cecilia, argentina, nacida el
28/8/55, DNI 11.631.484; Morettini, María del C., argentina,
nacida el 28/8/55, D.N.I 12.158.883 y Moncalvillo, Domingo,
argentino, nacido 11/4/46, DNI 8.346.207. Sin embargo los datos
referidos a los números de los documentos de identidad de
Idiart y de Morettini no resultan coincidentes con los reales,
como tampoco respecto de esta última es afín la fecha de
nacimiento. Tales circunstancias llevan a que puedan inferirse
conclusiones sobre los dichos de Emmed en cuanto a que Aen lugar
de los ex subversivos viajaron Norberto Cozani y dos miembros
de la policía femenina@, si a ello se suma la prueba documental
que informa que a los integrantes de este llamado grupo de los
siete no se les extendió ni se le renovó cédula o pasaporte, y
los dichos de Adelina Moncalvillo respecto de que en una de las
visitas a su hermano vio las cédulas de identidad sin las fotos
correspondientes.
V. D. Dentro de este acápite del recurso
interpuesto, la defensa aduce que Ael derecho probatorio y
específicamente en materia penal, la valoración de las pruebas
no es libre, es reglada, tanto en cuanto se refiere al objeto
de apreciación que no es libre, pues está constituido por todo
el haber probatorio legalmente aducido en el proceso, como en
relación al método con el cual debe llevarse a efecto esa
valoración, que como se ha visto, es, salvo excepción en
contrario, el de la sana crítica@ (cfr. 7270 vta.).
Tal como se expresara en este voto el sistema de
valoración de la prueba adoptado por nuestro sistema es el de
la sana crítica racional y no existe en nuestro derecho
excepción alguna a esta regla, resultando en consecuencia
errónea la afirmación de la defensa precedentemente
transcripta.
Causa N° 9517 -Sala I-
VON WERNICH, Christian
Federico s/
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Cámara Nacional de Casación Penal

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141
La Corte Suprema de Justicia de la Nación in re
AC. 1757. XL. Casal, Matías Eugenio y otro y otro s/ robo simple
en grado de tentativa@ -causa n1 1681- sostuvo que Ael art. 398
establece que las pruebas deben ser valoradas conforme a las
reglas de sana crítica. Una sentencia que no valorase las
pruebas conforme a estas reglas o que las aplicase erróneamente
carecería de fundamentación...La doctrina en general rechaza en
la actualidad la pretensión de que pueda ser válida ante el
derecho internacional de los Derechos Humanos una sentencia que
se funde en la llamada libre o íntima convicción, en la medida
en que por tal se entienda un juicio subjetivo de valor que no
se fundamente racionalmente y respecto del cual no se pueda
seguir (y consiguientemente criticar) el curso de razonamiento
que lleva a la conclusión de que un hecho se ha producido o no
o se ha desarrollado de una u otra manera. Por consiguiente, se
exige como requisito de la racionalidad de la sentencia, para
que ésta se halle fundada, que sea reconocible el razonamiento
del juez. Por ello se le impone que proceda conforme a la sana
crítica, que no es más que la aplicación de un método racional
en la reconstrucción de un hecho pasado@.
En esa línea de pensamiento agregó que el AEl
juez penal, por ende, en función de la regla de la sana crítica
funcionando en armonía con otros dispositivos del propio código
procesal y de las garantías procesales y penales establecidas

-//- 142
en la Constitución, dispone de menor libertad para la
aplicación del método histórico en la reconstrucción de los
hechos pasado, pero no por ello deja de aplicar ese método,
sino que lo hace condicionado por la precisión de las reglas
impuestas normativamente. Que conforme a lo señalado, la regla
de la sana crítica se viola cuando directamente el juez no la
aplica en la fundamentación de la sentencia >hay violación a las
reglas de la sana crítica>=cuando no puede reconocerse en la
sentencia la aplicación del método histórico en la forma en que
lo condicionan la Constitución y la ley procesal, corresponde
entender que la sentencia no tiene fundamento=@.
De la reseña realizada en los párrafos
antecedentes, surge con meridiana claridad que los señores
magistrados de la instancia anterior arribaron a su decisión
luego de realizar un análisis crítico, razonado y
circunstanciado de las constancias del proceso, que les
permitió llegar a la certeza apodíctica requerida para
sustentar una sentencia de condena.
Es que las probanzas de la causa no pueden ser
consideradas aisladamente sino valoradas en su conjunto,
tratando de vincular armoniosamente sus distintos elementos de
confrontación, conforme con las reglas de la sana crítica (cfr.
AMárquez Martín, E. R. y otro@, causa n1 7874, reg. n1 10.298,
rta. el 11/4/07; AVillalba, A. D.@, causa n1 7727, reg. n1 9895,
rta. el 6/12/06; ACáceres, J.C. y otros@, causa n1 7232, reg. n1
9480, rta. el 26/9/06; todas de esta Sala I, entre muchas
otras). Y los jueces han valorado las pruebas colectadas y han
dado razones acerca de cómo con ellas han llegado a la decisión
impugnada.
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VON WERNICH, Christian
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143
En este orden de ideas, y en cuanto al agravio
formulado respecto de la valoración efectuada por el a quo
sobre lo declarado por la testigo Adelina Moncalvillo y la
prestada por Julio Alberto Emmed, la defensa demuestra sólo una
discrepancia acerca de la valoración de los hechos y la
manifestación aducida en el recurso no logra conmover los
fundamentos brindados por el a quo.
V. E. Se agravia asimismo la defensa por las
agravantes que califican el delito de homicidio por el que
resultó condenado Christian Von Wernich.
En ese sentido indicó que Ala comprobación de los
actos externos o hechos patentes que suponen la alevosía, debe
realzarse con la mayor fidelidad histórica en defensa de los
intereses del inculpado tanto como del interés público,
llegándose a ello únicamente cuando el juzgador demuestra
lógicamente como existentes, una a una, las circunstancias que
condicionan la calificación legal escogida@ y respecto de la
agravante del concurso premeditado de dos o más personas adujo
que debe descartarse Aporque los agentes debe(n) concurrir de
algún modo a la producción del resultado con acuerdo previo
para matar, circunstancia que no se ha acreditado en el caso@
(cfr. fs. 7259 y vta.).
Previo a todo es necesario indicar que el
tribunal tuvo por acreditada la participación de Christian Von
Wernich en estos hechos, luego de realizar una síntesis de los
testimonios brindados por los familiares de las víctimas
respecto de la relación entablada por el imputado con ellos, en
los siguientes términos: A... nada excluye la actividad intensa
y probada que tuvo Von Wernich en todo lo relativo al

-//- 144
cautiverio de las aludidas víctimas. Actividad que se mantuvo
hasta el momento previo al de su desaparición...Todo lo
señalado sobre el caso y la remisión efectuada a los
testimonios valorados a lo largo del presente, permiten
concluir que el grupo de siete personas asesinadas que refirió
Emmed se corresponde con el que componían Liliana Amalia
Galarza, María Magdalena Mainer, Pablo Joaquín Mainer, Domingo
Moncalvillo, Nilda Susana Salamone, Cecilia Idiart y María del
Carmen Morettini quienes se encontraban detenidas en la Brigada
de Investigaciones de La Plata, cosa que también refirió Emmed.
Como así también que el final de este grupo de personas en nada
puede diferir de lo aquí expuesto. A su vez su relato es un
indicio más en el acervo probatorio que lleva a determinar la
responsabilidad que le cupo a Christian Federico Von Wernich en
la planificación, cooptación y posterior ejecución del plan que
terminó con la vida de este grupo de personas privadas de su
libertad, a quienes el mismo les había asegurado, luego de
ganarse su confianza y usando como ardid su calidad de
sacerdote, que serían conducidos a otros países. A esto hay que
sumarle que el quebrantamiento de la voluntad de los detenidos
del que se aprovechó el acusado, fue logrado a través de las
más terribles torturas, conforme surge de los testimonios de
los familiares de este grupo a los que cabe remitirse...@.
En cuanto al Avalor de los relatos efectuados
ante la CONADEP, así como de los testimonios en el debate de
las aludidas testigos Aguad y Castagnola, corresponde citar lo
dicho al respecto por la Cámara Federal de Apelaciones en la
sentencia de la citada causa 13/84 en el Capítulo X
considerando 3. Allí, refirió que la Comisión Nacional sobre
Desaparición de Personas >constituyó un ente de carácter público
y que sus miembros revistieron la calidad de funcionarios
públicos, con lo cual las actuaciones labradas por ellos
constituyen instrumentos de igual carácter=@. Añadió luego el
tribunal que A...las pruebas recogidas por la CONADEP
Causa N° 9517 -Sala I-
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145
introducidas a través, de un medio apto, son de utilidad para
crear un estado de certeza en el juzgador, cuando se encuentran
acompañadas de un marco probatorio que las refuerce, sin tener
como base exclusiva de prueba proveniente de dicho organismo@.
Agregaron que AVon Wernich no era sólo el nexo de
las siete víctimas con las familias respectivas. Surge de las
pruebas recabadas -testimonios y cartas agregadas-, que cumplió
un rol específico y siniestro consistente en un fluido contacto
con los familiares a fin de mantenerlos tranquilos y
esperanzados hasta que se consumaran los homicidios y
desentenderse -como hizo hasta el día de la fecha-de cualquier
vinculación con lo finalmente sucedido, la muerte de los siete,
logrando así la impunidad de la que gozó durante 30 años@.
Para aplicarle a Christian Von Wernich la
cuestionada agravante prevista en el inciso 21 del artículo 80
del Código Penal -alevosía-, el a quo indicó que las tres
agravantes surgen claramente de las pruebas citadas y
analizadas a lo largo de la sentencia (fs. 7211 vta./7212).
Sin embargo considero necesario reseñar en primer
término que si bien en nuestro ordenamiento sustantivo el
término alevosía no se encuentra definido por el legislador, la
mayor parte de la doctrina abordó el tema remitiéndose a las
fuentes del Derecho Español de donde proviene la agravante,

-//- 146
señalando que la esencia de su significado gira alrededor de la
idea de marcada ventaja en favor del que mata, como
consecuencia de la oportunidad elegida (cfr. Fontán Balestra,
Carlos; ATratado de Derecho Penal@, Tomo IV, Parte Especial,
segunda edición, Buenos Aires, 1992, pág. 94). En ese sentido
la agravante exige un componente distinto del homicidio, más
intenso que éste y que guarda relación estrecha con el ánimo
del agente frente a la situación que conoce y en la que decide
actuar y está integrada por tres elementos: el ocultamiento del
agresor o de la agresión misma, la falta de riesgo para la
persona del autor y el estado de indefensión de la víctima
(cfr. mi voto in re APereyra, Lorena Elizabeth y Alonso Williams
Domingo s/ recurso de casación@, causa nE 5218 reg. n1 7282,
rta. el 21/12/2004 y sus citas).
El motivo de la agravante está dado por la menor
posibilidad de defensa de la víctima y el mayor temor que el
suceso despierta debido al modo en que se ejecuta el hecho. El
autor a fin de lograr una situación ventajosa se vale de
distintos medios, dirigidos cada uno de ellos a evitar que la
víctima perciba sus intenciones, es decir las oculta.
En cuanto a la situación o condición objetiva de
indefensión requerida por el tipo penal, resulta menester que
el autor haya intencionalmente buscado y logrado ese estado, y
luego la muerte; resulta además imprescindible que la víctima
posea Aaptitud de defensa@, en tanto se obra sobre seguro ante
la ausencia de riesgo (Buompadre, Jorge E., ADerecho Penal,
Parte Especial@, tomo 1, segunda edición, Buenos Aires, año
2003, pág. 138).
La gravedad de la alevosía deriva del hecho de
que la indefensión de la víctima es producto de la confianza
que ella depositó en el autor, no hay sólo un aprovechamiento
de la indefensión del sujeto pasivo, sino que se quebranta la
confianza que le brindó, poniéndose Aprácticamente en sus
manos@. La mayor punibilidad está dada porque los medios
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empleados por el autor impiden que la víctima pueda precaverse
o defenderse (cfr. Baigún- Zaffaroni, ACódigo Penal y normas
complementarias, Análisis doctrinal y jurisprudencial@, Tomo 3,
Buenos Aires, 2007, págs. 172/3 y sus citas).
En la faz subjetiva, y aquí reside la esencia de
la alevosía, el autor debe querer obrar sobre seguro o sea sin
el riesgo de una reacción por parte de la víctima, lo cual
requiere una preordenación para actuar con dicha seguridad
(cfr. Creus, Carlos; "Derecho Penal", Parte Especial, tomo 1,
Buenos Aires, pág. 27 y ss. y Núñez, Ricardo; "Derecho Penal
Argentino", Parte Especial, Tomo III, pág. 37 y ss.). Ello no
equivale a premeditación, desde que Apuede haber premeditación
sin alevosía y alevosía sin premeditación@ (cfr. Levene,
Ricardo; "El delito de homicidio", Buenos Aires, 1977, pág.
230). El agresor se vale de distintos medios dirigidos cada uno
de ellos a evitar que la víctima perciba sus intenciones (cfr.
Baigún- Zaffaroni, ob. cit., pág. 173).
Ahora bien, en el caso de autos se dan los
requisitos expuestos para considerar que el imputado actuó con
alevosía. En efecto, objetivamente las víctimas Liliana Amalia
Galarza, Pablo Joaquín Mainer, María Magdalena Mainer, Domingo
Moncalvillo, Nilda Susana Salamone, Cecilia Luján Idiart y
María del Carmen Morettini; salieron desde la Brigada de
Investigaciones de La Plata con valijas bajo la falsa creencia

-//- 148
que saldrían del país, previo a ello el imputado había ganado
la confianza de las víctimas lo que le permitió fortalecer el
estado de vulnerabilidad en que se encontraban, en tanto que
ellas lo tenían como referente espiritual, lo que lejos de que
ese estado detuviera el impulso delictivo que traía, capitalizó
la situación y se valió de las circunstancias para llevar a
término el operativo concebido ejecutando impiadosamente a las
personas a las que les habría dado contención espiritual y
promesas -que resultaron falsas- en cuanto a que saldrían del
país a modo de recompensa por haber colaborado con el régimen
imperante en ese momento en el país, incluso organizó una
fiesta de despedida, todo ello durante la detención ilegal
sufrida por los nombrados en la Brigada de Investigaciones de
La Plata.
A su vez, desde la faz subjetiva, la alevosía
está dada en la acción preordenada de matar, es decir sin
peligro para los autores aprovechando la imposibilidad de las
víctimas de oponer alguna defensa. La falsa promesa sostenida
por el imputado constituyó la trampa o emboscada que aseguró la
ejecución de las muertes sin riesgo ocultando el ataque. Era
cabal el conocimiento de la desigual y favorable situación en
la que se encontraba para perpetrar los homicidios (cfr. ALesta,
Luis Emilio y Pereyra, Daniel Augusto s/recurso de casación@,
causa n1 8648, reg. n1 11.727, rta. el 18/3/08, de esta Sala I).
Teniendo ello presente, se advierte que el
agravio formulado por la defensa confronta con los hechos
tenidos por ciertos, en los que se encuentran configurados
tanto el aspecto objetivo como el subjetivo que reclama la
agravante en juego.
V. F. En cuanto al agravio relativo a la
agravante prevista por el inc. 61 del artículo 80 del código de
fondo la defensa indicó que debe descartarse su aplicación
Aporque los agentes debe(n) concurrir de algún modo a la
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producción del resultado con acuerdo previo para matar,
circunstancia que no se ha acreditado en el caso@.
Es del caso poner de resalto que se advierte del
agravio defensista que no le ha dado una fundamentación clara y
concreta que permita mediante una argumentación razonadamente
expuesta señalar palmariamente el error de interpretación o en
la aplicación de la ley atribuido al tribunal a quo. El
recurrente no sólo no consigue demostrar el error de derecho
que alega, sino que expuso simplemente en apoyo de su postura
una cita jurisprudencial de un tribunal provincial.
No obstante lo expresado en el párrafo que
antecede y en virtud de la preeminencia del derecho de defensa
en juicio daré respuesta al tema traído a consideración por la
impugnante.
El fundamento de la agravante del homicidio
cuando se lleva a cabo con el concurso premeditado de dos o más
personas, responde también a las menores posibilidades de
defensa de la víctima ante la actividad de varios agentes (cfr.
Informe de la Comisión revisora al anteproyecto Soler, Buenos
Aires, 1961, citado por Laje Anaya, Justo AHomicidios
calificados@, Buenos Aires, 1970, pág. 125; D= Alessio, Andrés
José (Director), Divito, Mauro A. (Coordinador); AEl Código
Penal Comentado y Anotado@, Parte Especial arts. 79 a 306,
Buenos Aires, 2007, pág. 17; ACreus, Carlos; ADerecho Penal.

-//- 150
Parte Especial@, Tomo I, 31 edición actualizada, Buenos Aires,
1991, pág. 33).
Desde el punto de vista objetivo la figura exige
que el sujeto mate con el concurso premeditado de dos o más
personas, sea realizando actos materiales o por medio de actos
de carácter moral (cfr. D= Alessio, Andrés José, ob. Cit., pág.
17). En similar sentido Carlos Fontán Balestra indica que no es
necesario que las dos o más personas intervengan en la
ejecución del hecho como autores, bastando con que tengan esa
calidad o la de partícipes (cfr. ADerecho Penal, Parte
Especial@, Buenos Aires, 1991, pág. 46), coincidiendo con
Sebastián Soler quien expuso que Ael texto hoy vigente no exige
que la actividad de los partícipes se haya producido en la
ejecución misma del hecho, bastando su concierto anterior como
coautores, cómplices necesarios o secundarios, o con el fin de
matar@ (cfr. ADerecho Penal Argentino@, Tomo III, Buenos Aires,
2000, pág. 42). Roberto A. M. Terán Lomas explica que en el
homicidio como en todo delito, pueden intervenir además del
autor o coautor, de autoría directa o mediata, instigadores y
cómplices, primarios, secundarios y subsequens; y que con el
texto vigente no excluye ninguna forma de participación para la
aplicación de la agravante (cfr. ADerecho Penal, Parte
Especial@, Tomo III, págs. 119/122).
Subjetivamente la ley exige que las personas se
reúnan a los efectos de matar, lo que implica que exista una
premeditación con el fin de realizar el homicidio y con ello
aprovechar la disminución de la defensa de la víctima (cfr.
Donna, Edgardo A.; ADerecho Penal. Parte Especial@, Tomo I,
Santa Fe, 2002, pág. 49). El inc. 61 del art. 80 del código de
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151
fondo requiere la premeditación entendida en el concurso, es
decir no se trata de una mera concurrencia sino de un acuerdo
para ejecutar el delito (cfr. Soler, Sebastián, ob. Cit., pág.
42). El concurso es premeditado si responde a una convergencia
de voluntades que es previa donde la acción de cada uno de los
agentes aparezca subjetiva y objetivamente vinculada con la de
los otros partícipes y no un simple reunión ocasional (cfr.
Estrella, Oscar Alberto y Godoy Lemos, Roberto; ACódigo Penal.
Parte Especial. De los delitos en particular@, Análisis
doctrinario. Jurisprudencia seleccionada, Tomo I, arts. 79/139,
págs. 88/89).
Establecido el marco doctrinario respecto de la
agravante prevista por el inc. 61 del art. 80, según ley 21.338,
cabe concluir que en el caso se configura sin hesitación la
agravante en cuestión en tanto que surge del relato
pormenorizado de Julio Alberto Emmed que hubo acuerdo previo
(premeditación) es decir la intención previa, preordenada y
directa de dar muerte al denominado grupo de los siete con el
concurso de varios agentes entre los que era parte integrante
Christian Von Wernich; se colige asimismo de la declaración
precitada que contrariamente a los que afirma la defensa, el
imputado tuvo intervención en los hechos, por lo que el agravio
no tendrá favorable acogida.

-//- 152
VI. A. La defensa se agravia respecto del grado
de participación criminal que le cupo al imputado, en los
siguientes términos: A(l)a participación como coautores debe, a
entender de esta defensa, rechazarse por cuanto el punto de
partida para determinar la delimitación entre el autor y el
partícipe no puede descansar únicamente sobre los intereses o
ánimos de los sujetos actuantes para con el hecho, sin contar
para esto con un parámetro objetivo, primordialmente basado en
la estructura y modo de comisión que exhibe el tipo delictivo
en particular. Basta que un individuo demuestre, cierta
animosidad o ausencia de interés hacia la realización conjunta
para que se diluya el tema de la coautoría@.
Agregó a ello que Aa raíz de los recursos
presentados ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en
la causa 13, la misma se expidió poniendo en tela de juicio la
teoría del dominio del hecho, e incluso rechazó, de acuerdo al
lineamiento seguida en ella, la aplicación de la autoría
mediata a través de un aparato organizado de poder, concepto
que fuera analizado y utilizado por la Cámara Federal con base
en el artículo 514 del Código de Justicia Militar@.
V. B. Al respecto el tribunal oral sostuvo que
de Ala prueba enunciada... respecto de cada uno de los casos de
torturas que se le imputan al acusado, y se tienen en cuenta
los ámbitos en los que los mismos transcurrieron -todos centros
clandestinos de detención de condiciones inhumanas ya probadas
y descriptas-, su responsabilidad como coautor de las mismas,
surge palmaria. No tiene en ese sentido ninguna importancia lo
dicho por la defensa en cuanto a que Von Wernich llegaba
>después= de la tortura. Era precisamente esa la tarea asignada
en el grupo que integraba. Finalmente, cabe recordar que el
siniestro Jefe de la Policía de la época, luego condenado por
torturador y asesino, Ramón Camps, no designó a cualquier
sacerdote para esa tarea sino a uno de toda su confianza, tanta
como para saber que podía contar con él para integrar la patota
Causa N° 9517 -Sala I-
VON WERNICH, Christian
Federico s/
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casación
Cámara Nacional de Casación Penal

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de torturadores itinerantes -como señaló entre otros el testigo
Papaleo-, tarea que fue en última instancia la que realizó
Christian Federico Von Wernich en los centros clandestinos en
los que actuó@.
En cuanto a la responsabilidad en las privaciones
ilegales de la libertad el sentenciante aseguró que: Ase
desprende de los testimonios analizados que Von Wernich entre,
los años 1976 y 1978, fue visto en los Centros Clandestinos de
Detención, conformando el aparato represivo... La pertenencia
activa de Von Wernich al aparato represivo, lo vincula de
manera irrefutable a la responsabilidad por las privaciones
ilegales de la libertad sufridas por las víctimas de autos; en
algunos casos por haberse contactado directamente con ellas y
en otros, por la sola circunstancia de su presencia comprobada
en forma contemporánea con los detenidos y la circulación libre
del imputado por dichos centros@.
Prosiguió el a quo refiriendo que: Ase lo
consideró partícipe necesario de diversas privaciones ilegales
de la libertad y tormentos y a su vez coautor de también
diversos tormentos, privaciones ilegales de la libertad y
homicidios. Respecto de los grados de participación que tuvo
Von Wernich en esos hechos, caben algunas reflexiones debido a
las particularidades que presentan los casos juzgados (que)

-//- 154
fueron cometidos en el contexto ya descripto del Terrorismo de
Estado@.
A ello agregó el tribunal que: Alas figuras en
las que se encuadró la conducta de Von Wernich son las dos
primeras hipótesis previstas en el mentado art. 45 del C.P.@
puesto que Asurgen claras si se recuerda el contexto en el que
produjo su intervención y que fuera citado supra: >Se otorgó a
los cuadros inferiores, una gran discrecionalidad para privar
de libertad a quienes aparecieran, según información de
inteligencia, como vinculados a la subversión; se dispuso que
se los interrogara bajo tormento y que se los sometiera a
regímenes inhumanos de vida, mientras se los mantenía
clandestinamente en cautiverio. Se concedió, por fin, una gran
libertad para apreciar el depósito final de cada víctima, es
decir, el ingreso al sistema legal (puesta a disposición del
Poder Ejecutivo Nacional o de la Justicia Militar o Civil), la
libertad, o simplemente, la eliminación física ...El sistema
puesto en práctica -secuestro, interrogatorio bajo tormentos,
clandestinidad e ilegitimidad de la privación de libertad y, en
muchos casos eliminación de las víctimas-, fue sustancialmente
idéntico en todo el territorio de la Nación y prolongado en el
tiempo (capítulo XX causa 13/84)@.
En ese aspecto sostuvo que Ala conducta de Von
Wernich en el contexto en el que se produjeron los hechos, y
con las reflexiones al respecto efectuadas en el punto anterior
al tratar su responsabilidad, es obvio que no sólo tenía pleno
conocimiento del exterminio en curso, sino que además participó
activa y entusiastamente de él como verdadero >cuadro= que era@,
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VON WERNICH, Christian
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en ese sentido indicó que @quedó plenamente acreditado que Von
Wernich tuvo un rol destacado en el plan criminal que se llevó
a cabo. Piénsese que su calidad de religioso le permitió tanto
la utilización de los hábitos y símbolos característicos, como
los conocimientos que la formación de su oficio, le brindaron.
En ese sentido, el manejo de las implicancias profundas de los
sacramentos, en su vinculación con las víctimas católicas, era
indispensable. Recuérdese el efecto de su presencia y sus
palabras ante Schell, Nazar y Destéfano, por solo nombrar
algunos. Respecto de las víctimas que pertenecían a otro credo,
quedó demostrado a su vez que, por ejemplo, los judíos recibían
torturas y vejámenes adicionales por dicha condición, esto
surge claramente de los testimonios de Jacobo Timerman, Carlos
Alberto Zaidman, Isidoro Graiver y Luis Guillermo Taub, en
cuanto a las aludidas consecuencias. Finalmente, cabe una
reflexión respecto de los no creyentes, ya que en las
condiciones de vulnerabilidad que se encuentra una persona
secuestrada, torturada y vejada, el poder de intimidación de un
sacerdote -el único-, que se mueve con naturalidad por ese
siniestro ámbito, es obvia. En ese sentido cabe mencionar el
testimonio de Analía Maffeo cuando relató que una de las
detenidas le pidió una biblia a Von Wernich y este le respondió
>Para qué, si son comunistas= y nunca se la llevó@.

-//- 156
Añadió el a quo que Afue asimismo el único
sacerdote que frente al secuestro de los tres jóvenes de
Trenque Lauquen >apareció= en la casa de donde fueron
secuestrados, alegando que fue enviado por el obispo de 9 de
Julio; que fue el mismo Von Wernich quien hizo referencia a
ello en su indagatoria. Esto coincide con los testimonios de
Julio Cesar Pettiná, Elena Taybo, José Daniel Hilgert, Juan
Simón Pérez, Jorge Raúl Manazi y Mery Luisa López. Fue a su vez
el único sacerdote que Camps, conforme su declaración en el
legajo 88/SE mencionada ut supra, indicó como de su confianza y
al que le encomendó asistir a los detenidos en los centros
clandestinos...En síntesis, el rol que tuvo en el plan criminal
fue específico y trascendente (y en distintos aspectos, más
importante aún que el de muchos de los demás criminales que
actuaron en los centros de concentración o de exterminio según
el caso). Es por eso que en aquéllos hechos en los que no
resultó ejecutor directo de los mismos, en los términos de la
doctrina citada, se calificó su conducta como la de partícipe
necesario@.
Los magistrados refirieron que Alas razones para
considerarlo coautor surgen de... las particularidades de los
delitos juzgados en esta causa y en especial el contexto ya
aludido en el que se produjeron los mismos, resulta con
similitudes a otros casos de violación masiva de derechos
humanos que tuvieron lugar en distintas partes del mundo a lo
largo del siglo pasado. Esas reiteraciones llevaron a los
especialistas de la comunidad internacional a diseñar distintas
estructuras de imputación que permitieran atribuir con justicia
las responsabilidades que pudieran converger sobre los mismos
hechos. Así, surgieron y se aplican hoy en día, teorías como la
del autor mediato en función del dominio de la acción mediante
aparatos de poder organizados, o de autor por el dominio
funcional del hecho -...-, como así también, aquellas
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inspiradas en la responsabilidad por el mando y la omisión, la
conspiración, o bien, la pertenencia a una organización
criminal. Esto ha permitido superar las dificultades derivadas
de la aplicación del concepto de autoría, desde la perspectiva
del derecho penal tradicional, adaptando la interpretación a
los nuevos estándares en materia de violación a los derechos
humanos que surgen de la normativa protectora contenida en la
Constitución Nacional (arts. 18, 74 inc. 22 y 118)@.
En esa línea el a quo agregó: Acomo señala Righi
respecto de la coautoría funcional a la que considera la
modalidad verdaderamente relevante, >se presenta en los casos en
que es posible la división del trabajo, cuando los
intervinientes se distribuyeron los aportes necesarios para la
consumación en función de un plan y los realizaron durante la
etapa de ejecución. Es decir que cada coautor se ha reservado
un dominio funcional, pues el aporte de cada uno es
imprescindible para que el delito pueda cometerse del modo
previsto...= (Conf. Esteban Righi, Obra citada)@.
A continuación refirió que Aen la jurisprudencia
penal internacional la intervención criminal fue entendida
tradicionalmente como toda clase de ayuda fáctica o jurídica o
favorecimiento a la comisión del hecho, considerándose, al
respecto, a las aportaciones individuales al mismo, como

-//- 158
independientes entre sí y de un mismo valor. Es por ello que en
el caso de la intervención de varias personas (en coautoría)
tiene lugar una imputación mutua de las aportaciones de cada
uno, si estas están funcionalmente vinculadas en razón de una
meta común y/o plan común del hecho o de otro modo -doctrina
del >Common desing=-(Kai Ambos, ALa Parte General del Derecho
Penal Internacional@, traducida al español por Ezequiel
Malariño, ed. Konrad-Adenauer-Stiftunge E. V, Uruguay,
Montevideo, 2005, páginas 73 y ss.)... Al respecto, Kai Ambos
refiere que también en los crímenes internacionales la teoría
de Roxin del Adominio funcional del hecho@ es la más indicada
para aplicar. Esto es así en virtud de que ofrece la
fundamentación más convincente de la responsabilidad por
coautoría, pues no ocurre autónomamente o bien de propia mano,
por el contrario los coautores actúan conjuntamente en base a
una división funcional del trabajo, de modo tal que el
funcionar de cada interviniente individual representa un
presupuesto indispensable de la realización del hecho total.
Los intervinientes son los >co-autores del todo=, poseen el co-
dominio, lo que los convierte en >co-dueños del hecho total=,
coautoría y realización colectiva del tipo. (conf. Kai Ambos,
ob. cit., págs. 180 y 181)@.
En cuanto al rol que tuvo el imputado en los
hechos investigados el tribunal expuso que se encuentra probado
en las causas 13 y 44 que: Ala base de la estructura del aparato
de poder organizado para llevar el plan criminal autodenominado
AProceso de Reorganización Nacional@, se sustentó en un sistema
de órdenes que se diseminaron en una escala jerárquica
descendente, y que -las más de las veces-generó una
segmentación o fraccionamiento de las funciones llevadas a cabo
por aquellas personas que participaron en dicha organización.
Esa distribución de funciones, que surge de las abundantes
pruebas reseñadas ... así como de las valoraciones hechas al
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tratar la responsabilidad ..., permiten fundamentar con
claridad la calidad de coautor atribuida a Von Wernich en
aquellos delitos discriminados al comienzo, en los términos de
la primera hipótesis del art. 45 del Código Penal@.
V. C. En primer término he de indicar que la
defensa estima que el tribunal oral ha realizado una
interpretación subjetiva de la teoría de la participación en
materia penal; teoría que por otra parte no luce aplicada en la
sentencia puesta en crisis. La actual doctrina penal sostiene
que la teoría subjetiva es insostenible teórica y político-
criminalmente puesto que debilita la función de garantía de la
ley penal ya que en el ámbito de lo prohibido no se vincula al
tipo de acción desplegada en el mundo real, sino al valor que
le atribuye el autor a sus propios actos (cfr. David Baigún-
Eugenio Raúl Zaffaroni (dirección), ACódigo Penal y normas
complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial@, Buenos
Aires, 2007, págs. 256/257).
La asistencia letrada de Christian Von Wernich
sostiene que la Corte Suprema al resolver los recursos
interpuestos en la causa 13, resolvió poniendo en tela de
juicio la teoría del dominio del hecho y rechazó la aplicación
de la autoría mediata.

-//- 160
En este punto es necesario aclarar que más allá
de lo resuelto por la Corte Suprema en la causa referida, han
transcurrido más de treinta años, desde la fecha de la
sentencia de indicada, tiempo en el que la doctrina penal en el
campo de la autoría y la participación ha evolucionado y la
tesis dominante en la actualidad es la del dominio del hecho y
conjuntamente con esta teoría ha evolucionado el desarrollo del
concepto del autor mediato.
Ahora bien, en lo relativo a la autoría mediata
en oportunidad de pronunciarme en la causa AEtchecolatz, Miguel
Osvaldo s/ recurso de casación e inconstitucionalidad@, causa n1
7896, reg. n1 10.488 de esta Sala I, resuelta el 18/5/07,
sostuve que Ael punto de partida para la determinación de la
autoría mediata es el dominio del hecho (cfr. Donna, Edgardo
Alberto AEl Concepto de Autoría y la Teoría de los Aparatos de
Poder de Roxin@, Nuevas Formulaciones en las Ciencias Penales -
Homenaje al profesor Claus Roxin-, Córdoba 2001, pág 298),
circunstancia fáctica que ... en el caso ha sido demostrada.
Sostiene Roxin que autor mediato >es todo aquel que está
colocado en la palanca de un aparato de poder -sin importar en
nivel de la jerarquía- y que a través de las órdenes puede dar
lugar a delitos en los cuales no importa la individualidad del
ejecutante= y que la >fungibilidad= del autor inmediato >es lo que
garantiza al hombre de atrás la ejecución del hecho y le
permite dominar los acontecimientos=. En estos casos el autor
inmediato es sólo >un engranaje= reemplazable en la maquinaria
del aparato de poder= (Conf. Roxin, Claus, ALa autoría mediata
por dominio en la organización@ en Revista de Derecho Penal
2005- 2 pág. 9 y sgte.)@.
ALa teoría de Roxin sobre el dominio de la
voluntad por medio de una fuerza organizada de poder como una
manifestación más de dominio mediato del hecho, es respuesta
jurídica a aquéllas situaciones en las que no media dominio del
hecho por medio de dominio de la voluntad en virtud de acción o
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de error. Señala el profesor alemán que los >crímenes de guerra,
de estado y de organizaciones -como los que aquí se analizan-
no pueden aprehenderse adecuadamente con los solos baremos del
delito individual. De donde se deduce que las figuras jurídicas
de autoría, inducción y complicidad, que están concebidas a la
medida de los hechos individuales, no pueden dar debida cuenta
de tales sucesos colectivos, contemplados como fenómenos global=
(cfr. Roxin, Claus; AAutoría y Dominio del Hecho en Derecho
Penal@, Traducción de la séptima edición alemana por Joaquín
Cuello Contreras y José Luis Serrano González de Murillo,
Madrid 2000, pág. 270)@.
Más allá de lo expuesto supra, cabe indicar que
el tribunal a quo consideró que Von Wernich actuó en base a una
división funcional de trabajo, actuando dentro del rol que
tenía asignado, en ese sentido puede afirmarse que tuvo el
dominio funcional del hecho, vale decir, que su aporte fue
conforme al plan concreto. Es que como quedó fehacientemente
comprobado en este proceso no sólo desarrolló actos
materialmente ejecutivos sino que también asumió, mediante su
presencia, la modalidad de una actuación en expectativa de
vital importancia para amedrentar más efectivamente a las
víctimas de autos (cfr. AAgüero, Carlos Ricardo y otro s/recurso

-//- 162
de casación@, causa n1 5122, reg. n1 6863, rta. el 31/8/2004,
Sala II y sus citas).
Ad abundantiam y para dar acabada respuesta a los
planteos defensistas, cabe recordar que el Tribunal
Internacional creado para juzgar a los presuntos responsables
de graves violaciones del derecho internacional humanitario
cometidas en la ex Yugoslavia trabajó la idea de la empresa
criminal conjunta, en ese sentido sostuvo en el caso AMilan
Martic ́@ que existe tal empresa cuando una pluralidad de
personas participan en un designio criminal conjunto, sin que
sea necesario que estén organizados en una estructura militar,
política o administrativa, sino que sólo se requiere la
asistencia de un propósito común que involucre la comisión de
uno o más crímenes que da cuenta el artículo 7.1 del Estatuto
de ese Tribunal -crímenes de lesa humanidad- (cfr. Case n1 I T-
95-11-T; parágrafos 434 y 435; del 12/6/2007).
Es por ello que los agravios de la defensa no
alcanzan a conmover el sólido fundamento dado por el a quo.
VI. Por último se agravia la defensa de la pena
impuesta a su asistido. En lo que atañe a este punto cabe
señalar que el Tribunal Oral ha expuesto con contundencia las
razones que determinaron el monto de la sanción impuesta a
Christian Federico Von Wernich, en consonancia con las pautas
de valoración establecidas en los artículos 40 y 41 del Código
Penal, y por otra parte se encuentra suficientemente fundado en
orden a su decisión relativa a la individualización de la
sanción impuesta al imputado.
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163
El sistema de determinación de la pena en nuestro
derecho determina que se deben tomar en cuenta las
circunstancias atenuantes o agravantes particulares de cada
caso (art. 40 C.P.) y valorarlas de acuerdo con las pautas
enunciadas por el art. 41 del mismo cuerpo normativo. Este
último enumera cuáles son algunos de los criterios decisivos
para fijar la pena. El primero de sus incisos se refiere a la
naturaleza de la acción, los medios empleados para ejecutarla y
la extensión del daño y el peligro causados, por su parte el
segundo inciso prevé la edad, educación, conducta precedente
del sujeto, calidad de los motivos que lo determinaron a
delinquir, su participación en el hecho, reincidencias y demás
circunstancias que demuestren su peligrosidad (cfr. Ziffer,
Patricia; ALineamientos de la determinación de la pena@, Buenos
Aires, 2005, pág. 115).
Respecto de la modalidad del accionar ponderado
por el a quo cabe referir que el hecho es el primer punto de
partida para graduar la sanción donde resulta decisivo saber
cuáles fueron los medios que empleó el autor y el lugar; esas
circunstancias (art. 41, inc. 2, del C.P.) sirven para
demostrar la gravedad del suceso.
El a quo consideró que Ala presencia de un
sacerdote católico en un centro de detención clandestino, pudo

-//- 164
inducir al detenido a pensar que su prisión no era ilegal, como
no podría serlo ningún delito cometido bajo la vista directa de
un ministro religioso lo que, por fuerza, debía alentar su fe
en su pronta liberación no estando bajo juicio; más aún, la
palabra del capellán, incluso de consuelo, bien pudo encender
en el detenido la esperanza de su salvación que nunca le llegó
o lo hizo muy tarde o con enormes e insanables daños@.
AA su vez, el daño ocasionado a las víctimas es
de una magnitud que no permite ser cuantificado. No es posible
tarifar el dolor de los tormentos de todo tipo a los que fueron
sometidas las víctimas que fueron escuchadas en debate o cuyos
testimonios se leyeron en él. O aquél de quienes fueron
asesinados y ni siquiera contamos con sus restos, o finalmente
el daño a sus familiares, muchos de los cuales pudimos ver y
escuchar en el debate. Sometidos la mayoría a interminables
peregrinaciones tratando de saber algo de sus seres queridos
cuando como hoy se sabe, fueron asesinados mientras a la
familia se le decía que estaban más o menos en un viaje de
placer@.
Lo anteriormente transcripto constituye la
valoración negativa que formuló el a quo, en cuanto a la
naturaleza y modalidad empleada en el accionar delictivo y la
extensión del daño causado.
Así entonces luce en este aspecto los fundamentos
jurídicos necesarios y suficientes, que impiden la
descalificación del fallo como acto jurisdiccional válido
(Fallos: 293:294; 299:226; 300:92; 301:449; 303:888, entre
muchísimos otros).
Por tanto, al no haberse demostrado la
concurrencia de un supuesto de arbitrariedad o apartamiento de
las normas sustantivas que rigen la gradación de la pena, no se
advierten razones que permitan modificar lo decidido en la
instancia anterior.
Tal es mi voto.
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VON WERNICH, Christian
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-//-

165
Los señores jueces doctores Juan C. Rodríguez
Basavilbaso y Juan E. Fégoli dijeron:
Que se adhieren al voto del doctor Madueño.
Por ello, y a mérito del acuerdo alcanzado, el
Tribunal RESUELVE: Rechazar el recurso de casación interpuesto
por la defensa particular de Christian Federico Von Wernich con
costas (arts. 470 y 471 -a contrario sensu-, 475, 530 y 531 del
C.P.P.N.).
Regístrese, notifíquese y oportunamente
devuélvase al tribunal de origen sirviendo la presente de
atenta nota de envío.
Fdo. Raúl R. Madueño, Juan C. Rodríguez Basavilbaso y Juan E.
Fégoli. Ante mí: Javier E. Reyna de Allende. Secretario de
Cámara.

-//- 166

ALEGATO QUERELLA UNIFICADA JUSTICIA YA! Causa Von Wernich

2010-01-22T07:06:00.001-08:00

Primera Parte (alegada por Myriam Bregman)

Como hicimos en aquel primer juicio desde la declaración de la nulidad de las leyes de impunidad que se llevó adelante contra Miguel Osvaldo Etchecolatz, un colectivo de abogados vamos a alegar en representación de una querella unificada, integrada por: 7 víctimas y familiares de víctimas, 30 querellantes particulares y 8 organismos de derechos humanos.

Alegaremos uno a continuación del otro los siguientes abogados:

1) Quién les habla Myriam Bregman, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos CeProDH

2) Elea Peliche, de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos

3) Guadalupe Godoy, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre

4) Liliana Mazea, de Fundación Investigación y Defensa Legal Argentina FIDELA

5) Liliana Molinari, del Comité para la Defensa de la Salud, la Ética y los Derechos Humanos

6) y Verónica Bogliano, de la Agrupación HIJOS, Regional La Plata

Ya al inicio del presente debate oral y en virtud del art. 376 Código Procesal Penal de la Nación, manifestamos nuestra pretensión y queremos reiterarla en esta oportunidad para exigir condena.

Entiende esta querella unificada que los delitos que aquí se juzgan, esto es 42 Privaciones ilegales de la libertad, 31 casos de torturas y 7 homicidios, fueron parte de un proceso más amplio que vivió la Argentina, un plan sistemático, ya probado y cuyas consecuencias planificadas de impunidad alcanzan al día de hoy y tienen como resultado no sólo las amenazas a testigos, abogados y jueces, sino la desaparición de JORGE JULIO LÓPEZ, hasta la fecha impune.

Por ello, en base a nuestras profundas convicciones y manteniendo la plataforma fáctica, venimos a solicitar un cambio de calificación. Exigimos que a Christian Federico Von Wernich se lo condene por el delito de GENOCIDIO.

Una vez más, vamos a demostrar en este alegato que los hechos aquí tratados no son delitos aislados sino que son parte de un plan sistemático de exterminio: un genocidio que se llevó a cabo como parte de un proyecto económico, político y social que tenía como objetivo cambiar la estructura del país, disciplinar y aumentar la explotación de la clase trabajadora, muestra de lo cual es que a un año de implantada la dictadura de Jorge Rafael Videla y su ministro José Alfredo Martínez de Hoz, los salarios reales sufrieron una de las mayores caídas de la historia nacional. Esto, a la vez que al mismo ritmo se redoblaban las ataduras con los países imperialistas.

En pos de ese objetivo es que las Fuerzas Armadas y de Seguridad, auspiciadas y alentadas por parte de otros sectores como el gran EMPRESARIADO Y LA IGLESIA, se hicieron del poder del Estado para aniquilar a otro grupo nacional.

En este sentido, la historia familiar que relató la testigo ESTELA DE LA CUADRA es una terrible muestra de este apoyo civil. La Sra. de la Cuadra relató que su hermano Roberto José De la Cuadra, era obrero de YPF y “fue denunciado por el sindicalismo prodictatorial de la época” y agregó dando cuenta del plan conjunto “la represión era centralizada: sindicalismo, directivos de fábrica y fuerzas represivas”.

También testimonió cómo su madre recurrió a la Iglesia en busca de su otra hija desaparecida, Elena de la Cuadra, y fue recibida por Monseñor Emilio Grasselli, quién recibía a los familiares de desaparecidos en la Iglesia Stella Maris, sede del Vicariato Castrense.

Él en la segunda entrevista que tienen, demuestra haber tomado conocimiento que Elena, detenida desaparecida, estaba embarazada, siendo que ello no había sido mencionado en la entrevista anterior por la mamá.

La testigo reconoce que más bien el rol de Graselli fue contenerlas y orientarlas para otro lado. Dijo con una frase que emocionó a todos “uno va despacito reconstruyendo, dado el silencio de ellos”… y preguntó “¿sigue Christian Von Wernich siendo sacerdote? ¿no sabe nada eso Jorge Bergoglio?”, exigiendo respuesta así al actual Presidente de la Conferencia Episcopal Argentina.

A ustedes les consta Sres. Jueces, que hemos sido muy críticos de cómo llega a esta instancia el presente proceso, de esta administración de justicia en cuentagotas, parcializada, distorsionada, tan es así que lo hemos encuadrado como parte de la nueva construcción de impunidad.

Es por ello, que creemos que si en algo puede aportar nuestro alegato es en dar cuenta de la verdad histórica que a 30 años no podemos soslayar, y señalar cuáles serían las elementales medidas a tomar.

Sostiene esta querella unificada que sería un error de proporciones seguir mirando los procesos históricos en forma parcializada, simplista o directamente justificadora del plan de exterminio como se ha hecho desde la Justicia.

Es así que nuestra visión del papel que cumplía Von Wernich en el plan represivo intentará ser incluida en el proceso social que por aquella época vivían las Fuerzas Armadas y de Seguridad pero también las instituciones civiles que tuvieron un rol fundamental en dicho proceso.

De otro modo no se puede comprender la impunidad y alevosía con la que Christian Federico Von Wernich se movía por los campos de concentración del denominado “Circuito Camps”.

El genocidio es un proceso que como tal tiene etapas de preparación, desarrollo y justificación y planificación de impunidad.

Por eso una práctica social genocida es tanto aquella que colabora en el desarrollo del genocidio como aquella que lo justifica ideológicamente.

Como se concluye en el libro “IGLESIA Y DICTADURA”, aportado como prueba en este debate, “El proceso militar que asoló el país pudo triunfar y mantenerse merced al apoyo o el consentimiento de importantes sectores de la sociedad argentina. Entre ellos, por su importancia, merece destacarse el otorgado por la jerarquía católica. ¿Ha sido este un traspié innecesario en su actuación o por el contrario su actitud se desprende de la naturaleza de la Iglesia en nuestro país, de su relación con el poder político, de su conformación e ideología dominante?

Surgió claro de este debate el INVOLUCRAMIENTO INSTITUCIONAL de la Iglesia Católica argentina, en la actividad de sus miembros en los campos de concentración. Las declaraciones de apoyo y justificación le dieron un marco al régimen genocida, que para legitimarse y ganar consenso social basó su discurso en la “OCCIDENTALIDAD CRISTIANA”, cuya defensa planteó como eje de su “misión”, de su “cruzada”.

Varios testigos han relatado durante el transcurso de las audiencias de debate cómo Von Wernich les aconsejaba hablar, “colaborar” según sus palabras y justificaba el accionar de las fuerzas represivas haciendo alusión a que esa tarea represiva la desarrollaban “por Dios y por la Patria”.

La dictadura se autodenominó como “Proceso de Reorganización Nacional”, pues sus objetivos no se agotaban en los políticos y económicos, sino que perseguía un quiebre y una reconstitución de las relaciones sociales que afectaba la moral, la ideología, la familia y las instituciones.

Allí el rol de la institución Iglesia se volvió fundamental.

Incluso el método de exterminio basado en arrojar personas vivas al mar “había sido consultado con la jerarquía eclesiástica que lo aprobó por considerarlo una forma cristina de muerte” (según consta en el libro Doble Juego, prueba en el presente).

También se afirma allí que ya mucho antes, desde principios del siglo XX, -y cito textual- “La Argentina sería el laboratorio donde se pondría a prueba la predicción de Donoso Cortés de que a medida que los pueblos se volvieran ingobernables la Iglesia y los Ejércitos serían el único sostén de la civilización contra la barbarie socialista y comunista.”

Entonces, Sres. Jueces, SUBVERSIVO era aquel que desafiaba a la “OCCIDENTALIDAD CRISTIANA”.

En la Argentina, no hubo una "represión indiscriminada" sino discriminada. El aniquilamiento no es casual, ni irracional.

Se trata de la destrucción sistemática de una "parte sustancial" del grupo nacional que tenía ciertas formas de organización y de participación. Destruir esas dos cosas: la organización y la participación, era uno de los objetivos a más largo plazo de la dictadura, cuyas consecuencias padecemos hasta hoy.

La actitud de la mayoría de los Obispos y la influencia de la cúpula de la Conferencia Episcopal decidieron la posición de la institución frente al terrorismo de Estado instaurado por la dictadura militar.

RUBÉN CAPITANIO, cuyo testimonio fue propuesto por Justicia Ya!, refiriéndose a los obispos de la época de la dictadura relató en este debate: “De casi 80, sólo 4 0 5 eran excepciones. Los demás tenían una prudencia muy parecida a la cobardía”.

Él también decía cuando tuvimos la oportunidad de recibir su testimonio: “el 14 de mayo de 1976 el Episcopado saca el primer documento haciendo mención a los detenidos desaparecidos y pidiéndole a la dictadura; bastante vergonzoso para la Iglesia porque era como pedir un favor, que se fuera suavizando, los crímenes no se suavizan”.

Por eso él concluía, “La actitud de la iglesia fue escandalosamente cercana a la dictadura, con un grado de complicidad pecaminosa”.

Se ha tenido que soportar esta impunidad bastante más allá de los límites de la dictadura. Establecido ya el régimen constitucional, el presidente RAÚL ALFONSÍN decidió que se publique la lista de víctimas de la dictadura elaborada por la CONADEP, pero se opuso a que se haga pública la lista de represores también compilada por la CONADEP. Señores Jueces; todavía seguimos reclamando esa lista, en la que no estaba sólo Christian Von Wernich.

El testigo OSVALDO PAPALEO indicó con referencia a Von Wernich y la patota de Etchecolatz: “Era un cuerpo colegiado de la tortura, cada uno cumplía su rol”, pero agregó algo fundamental, en referencia a la aparición de un cura como Von Wernich en los centros clandestinos: “cuando estuve detenido en 1976… recibíamos la visita del vicario castrense Tortolo… por eso la presencia de un miembro de la Iglesia no nos llamó la atención”.

A su vez, VICENTE ROMERO, relató que en una entrevista en enero de 1983 el mismo Gral. Ramón Camps le contó que había enviado un informe sobre desaparecidos al Vaticano a través de la Nunciatura, dijo textual

“hacía evidente que el más alto nivel de Roma tenía conocimiento hasta de los enterramientos clandestinos” .

Y contó como el general Camps hablaba elogiosamente de Von Wernich.

Tal era el papel asignado a la institución en el plan que ni siquiera vacilaron en avalar y acallar la desaparición, el asesinato, la tortura, el sometimiento de a los vuelos de la muerte, de miembros de la propia Iglesia como es el caso la Masacre de San Patricio, o las mojas francesas Leonie Duquet y Alice Domon (secuestrada de la Iglesia de la Santa Cruz con un grupo de familiares de detenidos desaparecidos), del obispo de San Nicolás Carlos Horacio Ponce de León, de los sacerdotes Carlos y Gabriel asesinados en el Chamical, del Obispo Enrique Angelelli, de quién aun en la actualidad un documento oficial de la Iglesia sigue hablando de que “encontró la muerte en el camino”, usando un eufemismo para dar cuenta del brutal asesinato.

Todo lo dicho, da cuenta de una intencionalidad claramente política en el accionar del imputado Von Wernich.

Da cuenta también de la planificación y conciencia plena de sus actos como parte de un plan establecido a nivel país, en el cual a Von Wernich le tocó ser un engranaje fundamental de una única maquinaria genocida.

Esa intencionalidad política y el señorío fáctico que Christian Federico Von Wernich tenía sobre los Campos de concentración y exterminio confirma que no es autor ni partícipe de una serie de delitos comunes, sino que fue una pieza clave en el genocidio que se desarrolló en la Argentina.

Es por ello que exigimos que, manteniendo la plataforma fáctica, se cambie la calificación legal y se condene al imputado como autor de genocidio, por todos y cada uno de los casos por los que fue traído a este debate oral.

Son decenas las citas que podríamos traer en este momento para magnificar lo que estamos diciendo, pero hay una extraída del libro de Emilio Mignone, que es representativa de lo que aquí sostenemos:

MONSEÑOR CARLOS MARIANO PÉREZ, en enero de 1984 sostuvo ante la prensa “Hay que erradicar a las Madres de Plaza de Mayo. Sin duda pensaría evangélicamente en la utilización de Cámara de gases”. (pág, 116)

Una de esas Madres estuvo aquí como testigo. MARÍA DEL ROSARIO CERRUTI, Madre de Plaza de Mayo nos contaba cómo las Madres volvían llorando de sus entrevistas con el Monseñor Grasselli. Sres. Jueces, que esas lágrimas no hayan caído en vano, que se condene a Christian Federico Von Wernich por genocidio es parte de esa reparación histórica.

Hoy las cenizas de otra madre, de Azucena Villaflor, están en la Plaza de Mayo acompañadas de un cerámico que hicieron hace pocos días los obreros de la fábrica recuperada Cerámica Zanon, donde exigimos, otra vez, la Aparición con Vida Ya de un compañero, de JORGE JULIO LÓPEZ.

Segunda Parte (Alegada por Elea Peliche)

Terminada la contextualización histórico política en que se insertan los hechos objeto del debate, desarrollaremos las consideraciones que hacen a la calidad de autor que atribuimos al imputado.

Previamente debemos repensar el sentido de este juicio así como de otras causas contra los genocidas que están hoy en curso. En ese camino nos preguntamos si se trata de que en el debate oral se pruebe cada caso particular, cada hecho, cada delito.

Es nuestra responsabilidad dejar aquí sentado que no es ese el objeto de nuestra búsqueda, de nuestra lucha. El objetivo esencial es otro y es mucho más ambicioso, es lograr que se juzgue y se condene a todos y cada uno de los genocidas y que se los juzgue y condene por todos y cada uno de los compañeros secuestrados, torturados, asesinados o desaparecidos.

En el debate ha quedado probado que el sacerdote Cristian Federico Von Wernich fue parte de la estructura represiva montada por el terrorismo de estado, fue uno más entre tantos otros funcionarios. CVW fue una pieza más del circuito represivo de la provincia de Buenos Aires, una pieza fungible e intercambiable por cualquier otra del aparato estatal puesto al servicio de la represión.

Sin duda su carácter de sacerdote lo distingue del común de los represores y, tal como fuera expresado por varios testigos –entre ellos, Rubén Capitanio-, muestra en concreto el papel de la jerarquía eclesiástica en la represión ilegal ya que sin su aval, CVW no hubiera podido desarrollar su tarea. Sin embargo, no debe perderse de vista que aún así, se trata de una pieza más del engranaje de la dictadura, como ya dijera, una pieza intercambiable. Uno más entre cientos de represores responsables de los delitos que aquí se investigaron y sin embargo, es el único imputado en este juicio oral.

Al igual que los otros dos genocidas condenados, Miguel Osvaldo Etchecolatz y Julio Héctor Simón, CVW ha llegado como único imputado a este juicio oral y solo por su responsabilidad en un puñado de casos, cuando aquí, durante el debate, quedó demostrado que debió ser imputado por los delitos cometidos contra centenares de víctimas más.

Ante ello cabe preguntarnos si esta forma de juzgar a los genocidas -que se reproduce en prácticamente la totalidad de los juzgados del país-, no se impone por ser funcional a los intereses políticos tanto de aquellos que pretenden mantener la impunidad absoluta como de quienes pregonan que es suficiente con juzgar a unos pocos asesinos paradigmáticos. Los primeros son los responsables de que Julio López no esté hoy en esta Sala, los segundos de que aún hoy esté desaparecido y sus secuestradores en la impunidad.

Ya hemos dicho ante cada instancia judicial e incluso ante los demás poderes del Estado, que estas causas deben ser sustanciadas en un marco conjunto, dada la evidente masividad, planificación e interrelación de los gravísimos delitos que se ventilan.

Exigimos expresamente la necesidad de un único proceso para juzgar todos los hechos acontecidos en un mismo centro clandestino de detención, porque esa fue la unidad propia del aparato represivo montado por las fuerzas del estado terrorista.

Porque inevitablemente, el que se sigan innumerables causas en las que se investigan los mismos delitos, como hechos aislados e independientes, imputando solo a uno o a unos pocos responsables en cada oportunidad, reproduce y es funcional a la impunidad.

Bajo esta perspectiva, no puede dejar de recordarse la voz de los sobrevivientes que al deponer ante el Tribunal, no ya las partes, sino los propios sobrevivientes/testigos, preguntaron y dejaron el interrogante: ¿no es absurdo acaso juzgar a UNA sola persona, que como parte del engranaje represivo, llevó a cabo la práctica genocida objeto de este juicio?

El fraccionamiento de las causas desdibuja, diluye una y otra vez el plan sistemático de exterminio, conspira contra el análisis de los esquemas de responsabilidades de los imputados.

Juzgando en forma aislada, fraccionada, empezando siempre de cero, se requiere cada vez que los sobrevivientes digan lo que vivieron y sufrieron. Se los revictimiza cuando se toma un solo elemento aislado de un relato plagado de crímenes, porque se está banalizando el relato, y también cuando se condena a uno solo de los responsables y por unos pocos de los innumerables delitos por él cometidos. Y en este caso la víctima no es solo el sobreviviente o el familiar, es toda una sociedad, que convive con la impunidad.

Estos reclamos, téngase presente, no se dirigen solo al tribunal o al poder judicial. La mirada crítica y la demanda que aquí formulamos se dirigen con el mismo énfasis al poder político pues, ante esta práctica judicial, no genera soluciones reales sino que reitera un discurso vacío. Una de esas soluciones reales que venimos exigiendo al Gobierno es la apertura inmediata de todos los archivos de la represión.

Por todo ello y en cumplimiento de la representación de las organizaciones querellantes, de las víctimas directas e indirectas, y haciendo nuestro el reclamo hecho por los sobrevivientes, dejamos expresamente peticionado al Tribunal que se expida sobre el sentido de continuar con juicios como éste, y en su caso, arbitre las medidas que considere apropiadas a fin de obtener de las autoridades políticas una solución real al conflicto planteado: es su obligación evitar que se pierda la dimensión del genocidio acontecido.

Sentado ello y adentrándome en el carácter en que serán atribuidos los hechos a CVW, adelanto que los delitos imputados integran el plan genocida descripto -ya probado largamente en las causas 13, 44, y 2251 entre otras-, y la ejecución de los hechos atribuidos merecen serlo en calidad de coautor, de acuerdo a las siguientes consideraciones.

· Cristian Federico Von Wernich era Capellán de la Dirección de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y según la información reunida hasta ahora, fue visto y reconocido en siete de los centros clandestinos de detención del circuito Camps, dependientes de tres áreas represivas diferentes, y de las tres Direcciones de la Policía Provincial.

· De las pruebas colectadas en el debate surge que entre septiembre de 1976 y febrero de 1978 concurrió asiduamente a la Brigada de Investigaciones de La Plata y al CCD conocido como Puesto Vasco. Se ha mostrado también que en ese mismo período fue reconocido en la Comisaría Quinta de la Plata, COTI Martínez, Pozo de Quilmes y en el Destacamento de Arana. En ese lapso temporal estuvieron detenidas-desaparecidas en esos seis campos clandestinos el escalofriante número de mil doscientos treinta y ocho compañeras y compañeros.

· Ahora bien, si se sostiene la absurda idea de que CVW solo es imputable por los delitos cometidos contra aquellas personas que estaban recluidas en un CCD exactamente en el período en que él fue visto allí; aún así, debió ser acusado por doscientos setenta y un víctimas. Este número surge de los trabajos de investigación que la AEDD aportó a la causa en su etapa inicial.

· Sin embargo, solo cuarenta y dos víctimas tuvieron “la fortuna” de ser seleccionadas por la instrucción al elevar a juicio este tramo, solo cuarenta y dos casos integran el objeto de este juicio y por consiguiente, el límite de esta acusación.

Detengámonos un momento en estos cuarenta y dos casos. Se hace necesario precisar que las privaciones ilegales de la libertad de veintidós de esas víctimas, ya fueron dadas por probadas en la causa 13 y/o en la causa 44, sustanciadas hace 22 y 21 años respectivamente. Ese es el caso respecto de Héctor Ballent, Juan Destéfano, José Fernando Fanjul Mahía, Liliana Galarza, Jorge Orlando Gilbert, Juan Amadeo Gramano, Cecilia Idiart, Alberto Liberman, María Magdalena Mainer, Pablo Mainer, Ramón Miralles, Julio César Miralles, María Mercedes Molina Galarza, Domingo Moncalvillo, María del Carmen Morettini, Juan Ramón Nazar, Osvaldo Papaleo, Rafael Perrota, Nilda Susana Salomone, Rubén Fernando Schell, Luis Guillermo Taub y Jacobo Timerman. Respecto de ellas, solo restaba probar la participación de Cristian Von Wernich en los ílicitos.

Sin embargo, hoy nos encontramos con que los mismos testigos que fueron citados hace más de 20 años para demostrar que estas 22 personas fueron secuestradas, privadas ilegalmente de su libertad, torturadas y en algunos casos, desaparecidas o asesinadas; tuvieron que declarar en este juicio exactamente con el mismo objetivo: demostrar que compartieron cautiverio con la víctima cuya situación se investigaba.

Tal es el caso de Jorge Allega, sobreviviente de varios campos de concentración, quien fue convocado y para declarar debió viajar desde Italia donde reside, o el Alcides Chiesa, con el agravante de que este último es además, querellante en esta causa. Ambos repitieron una vez más lo que vienen diciendo desde hace más de 20 años y que la justicia ya ha dado por probado: que Rubén Schell estuvo secuestrado en el Pozo de Quilmes. Lo hicieron una vez más y lo harán tantas veces como se les pida, pero ambos se preguntaron (y nos preguntaron): “sólo por Schell se lo acusa?” Porque ninguno de los dos, ni Allega ni Chiesa, tuvieron, repetimos, la “fortuna” de ser seleccionados por el juez de instrucción para imputar al imputado por su responsabilidad en los sufrimientos a los que fueron sometidos en el Pozo de Quilmes mientras compartían la celda con Schell. Celda que los tres ocupaban exactamente el día en que, según relató Schell, “luego de un gran alboroto un guardia nos dice: “guarden todo, ordenen, viene el Cuervo. Vení Alemán, hoy es con vos la cosa” y allí aparece CVW y lo somete según el mismo testigo a “la peor tortura… que un sacerdote haga estas cosas”.

Tampoco las restantes 59 personas que estaban detenidas-desaparecidas en el Pozo de Quilmes en ese mismo período tuvieron la “gracia” de que a CVW se le atribuya responsabilidad alguna por sus casos.

Muy particularmente queremos referirnos a la presencia del testigo Zacarías Moutoukias ante este Tribunal. Moutoukias reside en Europa desde hace muchísimos años, testimonió en la CONADEP, se presentó como querellante en esta causa y reiteró su declaración para precisar su acusación contra VW. Sin embargo, su caso no se incluyó en la elevación a juicio. Por ese motivo entre otros, esta querella se opuso a dicha elevación. El juez no hizo lugar a nuestro pedido de ampliar la acusación. Escuchamos en esta Sala el relato de Zacarías Moutoukias recordando que cuando él y Jorge Gilbert estaban a punto de ser liberados de la Brigada de Investigaciones de La Plata, ingresó VW a la sala y los amenazó con “darles máquina nuevamente”. Por ese hecho VW está imputado en este juicio por la privación ilegal de la libertad y los tormentos que sufrió Jorge Gilbert, pero no lo está por los que sufrió Moutoukias. El propio testigo concluyó su declaración con una pregunta: “¿Por qué no se lo está juzgando por mí ni por Lidia Fernández que está desaparecida?”

El Tribunal usó largos minutos para intentar contestar una pregunta para la que no tiene respuesta…

Volviendo a las consideraciones sobre por qué entendemos que el imputado es coautor de todos los delitos que aquí se ventilaron y, en definitiva, del delito de Genocidio, haremos nuestras en primer lugar, algunas de las definiciones que hace cinco años sostenía el fiscal Felix Crous (“Crous, Félix Pablo s/denuncia - Circuito Arana” causa N°16015 - Sec.1).

“… a todos y cada uno de los policías que revistaron en los CCD en ese tiempo funesto debe reprochárseles su contribución a la comisión de los hechos que nos ocupan, puesto que efectuaron su aporte mediante la custodia de los detenidos, brindado seguridad al local para la continuidad del secuestro tanto como para los demás aspectos del aparato de aniquilamiento, que requerían que los secuestrados permanecieran detenidos.

…. al ingresar en cada nuevo turno a tomar servicio a la seccional o cumplir cualquier misión que contribuyera, por mínimo que fuera el aporte, al funcionamiento del aparto de terror, han renovado la decisión de colaborar, con el cumplimiento de la misión que les era asignada, al funcionamiento del CCD, y con ello al mantenimiento -cuanto menos- de la condiciones de detención ilegal gravísimas, tormentos en sí mismas y en tantos casos antesala del asesinato.

A la luz de la magnitud de los crímenes que en esos recintos se cometían, a la vista de todo quien no fuera víctima, ninguna participación debe parecer banal, puesto que su significación se agiganta frente a la jerarquía de los bienes jurídicos afectados y a la intensidad de la afectación, y también por el máximo disvalor que entraña la decisión de actuar en crímenes aberrantes de lesa humanidad.

Y, yendo más lejos, creo que nadie que razone de buena fe a esta altura de las pacientes y minuciosas pesquisas realizadas, puede conjeturar que quien asistiera a tan dantesco panorama podía soslayar que esas dependencia infernales fueran centros de exterminio; y que la muerte fuera el destino más que probable de los cautivos.

…quien haya trabajado en ese lugar, por discreto que fuera y cumpliera las funciones que cumpliese, no podía desconocer lo que sucedía.”

Compartimos plenamente estas consideraciones y sostenemos que todos y cada uno de esos engranajes deben ser acusados y condenados como autores del genocidio.

La definición de autoría -como gran parte de los conceptos jurídicos– parten de lo empírico, de lo real, es decir, que la elaboración de los mismos tiene su origen en lo fáctico y poseen una nota ontológica ineludible.

En este sentido, la construcción jurídico-penal del concepto de autor parte del reconocimiento de límites ónticos. El derecho penal no puede inventar o modificar la realidad a su antojo, y aquello que desde el sentido común aparece, sin lugar a dudas, como una coautoría, no puede ser negado o desconocido por aquél.

Una valoración desde la esfera del profano de hechos como los de marras nos lleva necesariamente a la conclusión de que un sujeto que realiza tareas en un Centro Clandestino de Detención del terrorismo de Estado, que tiene acceso a las celdas en las cuales centenares de personas –definidas por el poder de facto como “subversivos”- eran mantenidas en cautiverio en condiciones infrahumanas, muchas de las cuales posteriormente fueron asesinadas o desaparecidas, acuerda previamente y realiza en común junto con los otros represores hechos que constituyen, desde la valoración jurídico-penal, los delitos de privación ilegal de la libertad, torturas y homicidios agravados, en definitiva, que es coautor – y no cómplice – de un Genocidio.

Y precisamente la valoración jurídico-penal coincide en este caso con la perspectiva del lego, con la visión que de los hechos tiene cualquier ciudadano.

En efecto, si bien son muchas las teorías que para definir al autor –y distinguirlo del cómplice– se han esbozado en la dogmática penal, la mayoría de ellas, no obstante los errores conceptuales de que adolecen en algunos aspectos, nos dan una idea de la figura del autor en el derecho penal y nos llevan a considerar al imputado como coautor, en el sentido jurídico-penal del término, de los hechos objeto del presente debate.

Así, las denominadas teorías subjetivas hacen hincapié en la voluntad del autor (animus auctoris), mas precisamente, en la circunstancia de que el autor quiere el hecho común como propio, tiene un interés personal en la realización del delito.

Christian Von Wernich quería como propios, sin lugar a dudas, los hechos que constituyen objeto de la presente acusación, es decir, quería como propios los secuestros, la tortura y la desaparición forzada de personas a la cual contribuía con propio aporte, tenía un evidente interés personal en la comisión de los delitos que se le atribuyen, porque era un engranaje mas –voluntario, por supuesto– del aparato represivo estructurado por la última dictadura militar.

Como ha quedado plenamente acreditado a lo largo del presente juicio oral, Von Wernich cumplía tareas en distintos Centros Clandestinos de Detención del denominado “Circuito Camps”, amenazaba y torturaba psicológicamente a las víctimas alojadas en los campos de concentración de la dictadura, hacía uso de su condición de sacerdote para obtener información de aquéllas, participaba en operativos de los grupos de tareas, presenciaba sesiones de torturas. Por ello ninguna duda tiene esta querella de que el ex-capellán policial actuaba en los Centros Clandestinos de Detención de la dictadura conforme a un acuerdo previo y a un plan criminal común con los demás represores (requisitos del aspecto subjetivo de la coautoría).

También ha quedado demostrado en el presente debate que la actuación de Von Wernich respondía, fundamentalmente en virtud de su condición de sacerdote, a una división de la tarea criminal, conforme a la cual el imputado hacía uso de su investidura para ganarse la confianza de las víctimas y así procuraba obtener informaciones útiles a los fines del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional (requisito del aspecto objetivo de la coautoría).

Por otro lado, su conducta constituyó un aporte relevante a la ejecución y mantenimiento en cautiverio, en condiciones de detención que configuran por sí solas el delito de torturas, de las víctimas de autos.

Sin embargo, no sólo co-intervino en la ejecución de los delitos que se le atribuyen sino también en la planificación y preparación de los mismos. Como correctamente expresara el Dr. Schiffrin al confirmar el procesamiento del imputado respecto de los homicidios de María del Carmen Morettini, Cecilia Luján Idiart, Domingo Héctor Moncalvillo, María Magdalena Mainer, Pablo Joaquín Mainer, Liliana Galarza y Nilda Susana Salomone, las pruebas obrantes en autos revelan “por un lado que, …, el aporte de Von Wernich en los distintos tramos del hecho - que comenzó a realizarse con las falsas promesas de libertad que efectuó el imputado – resultó de fundamental importancia y, por el otro, que tuvo claro codominio del hecho desde los actos preparatorios…”, por ello el imputado “no resulta partícipe secundario sino… coautor de los referidos ilícitos.”.

Todo ello demuestra que Von Wernich co-dominó los hechos junto con los demás represores que cumplieron tareas en los campos de concentración de la dictadura militar, que participó de un dominio colectivo del hecho en virtud de su intervención en la planificación, preparación y ejecución de los crímenes que se le imputan en el presente juicio oral (aspecto objetivo de la coautoría).

Lo expuesto no es sino la conclusión que se desprende del hecho de que un sujeto -en el caso, el imputado Von Wernich- cumplió funciones en distintos Centros Clandestinos de Detención del terrorismo de Estado, conforme a un plan sistemático de desaparición forzada de personas y de apropiación de menores, contribuyó a mantener en cautiverio, interrogar, torturar, asesinar y desaparecer a centenares de víctimas de la dictadura, definidos por ella como subversivos, todo lo cual nos lleva a decir, con la mas íntima convicción y seguridad, que el ex – capellán policial es coautor y no cómplice de los delitos por los que fue acusado y del delito de Genocidio.

Tercera Parte (Alegada por Guadalupe Godoy)

1) Decía la Dra. Peliche que tenemos la mas íntima convicción y la seguridad de que el ex–capellán policial es coautor y no cómplice de los delitos de derecho interno por los que fue acusado y del delito de Genocidio.

Amerita un párrafo especial uno de esos delitos de derecho interno: el de tormentos. Y es necesario desarrollarlo porque, entre otras cosas la Fiscalía en su requerimiento de elevación a juicio no ha incluido la co-autoría de VW en las torturas sufridas por Moncalvillo, los hermanos Mainer, Morettini, Salomone, Idiart y Galarza, cosa solicitada por esta querella. Tampoco ha calificado como tortura el caso de Maria Mercedes Galarza Molina.

Reiteradamente en esta sala se habló de tortura asimilando el concepto a la forma más paradigmática que utilizó el aparato de exterminio: la picana eléctrica. Y entonces varios sobrevivientes dijeron: “no, a mí no me torturaron”. En parte, esta construcción que realiza el testigo-sobreviviente se debe a la propia producción del sistema judicial, que en las causas 13, 44 y sucesivas negaron la existencia del delito en el caso de no poder probarse la aplicación de algunos tormentos específicos. Esta parte querellante sostiene en cambio que las condiciones generales de detención constituyen tormentos en sí mismas. Vale la pena recordar los testimonios oídos:

Para Julio César Miralles no hubo peor tormento que escuchar la tortura de su padre.

Papaleo describió el terror que se tenía a los traslados, la sensación de que era un viaje a la nada, a lo incierto. “Uno se habitúa a la cara del verdugo, del torturador, y se pone nervioso si eso cambia” dijo. Hablando de Brodsky describió “estaba demolido, en su imaginario era inconcebible, podía imaginarse ser Sandokán pero no estar ahí.”

Carlos Zaidman describió como tortura el llanto del bebé que escuchaba en Brigada, y el estar esperando que abran la celda para torturar o matar.

En este sentido, es necesario recordar que la asimilación de las condiciones inhumanas de detención a los tormentos ha sido sostenida ya en diversas resoluciones de este fuero, pero queremos remarcar su importancia porque el reconocimiento de esta circunstancia es necesaria para dimensionar el papel de V.W. en el aparato represivo, pero también para entender la magnitud del plan criminal.

El rol del capellán abarcaba todos los matices de la tortura: lo vemos como productor y legitimador al banalizarla cuando le dice a Velazco “te quemaron los pelitos”, en la ruptura moral que genera en Schell, católico practicante, en el diálogo que sostiene con Héctor Baratti al decirle que su hija tenía que pagar por la culpa de sus padres, al decirle a Néstor Bozzi “la vida de los hombres la decide dios y tu colaboración”

Vemos su rol legitimador del exterminio ante los represores: el testimonio de Vicente Romero donde afirma que Camps era un hombre católico, que consideraba que estaba haciendo una tarea cristiana, y que el hecho que en sus actuaciones estaba presente un miembro del clero que tranquilizaba su conciencia, le aseguraba que no estaba haciendo nada en contra de su fe.

Ni hablar del testimonio de Emmed, incorporado por lectura a estos autos, donde describe el consuelo que VW les dio, la justificación y la absolución por las ejecuciones que acababan de realizar.

Es precisamente en este caso, del llamado Grupo de los Siete, donde claramente se ve el papel de VW en todos y cada uno de los pasos del plan sistemático de exterminio Inicialmente, su rol fundamental al momento de quebrar sus voluntades, y su papel en el supuesto plan de “recuperación”, llevado a cabo luego de meses de tortura. Así lo acreditan los testimonios de los detenidos en Brigada, quienes refieren que el cura iba al lugar a entrevistarse con ellos, y los familiares que al entrevistarse con sus seres queridos lo hacían bajo el control de Von Wernich y otros miembros de la Brigada.

Los familiares refieren también las secuelas que las torturas habían dejado, meses después, en los miembros del grupo. Las marcas en las muñecas de Mainer, luego de intentar suicidarse, los tobillos en carne viva de Moncalvillo, cuatro meses después de ser torturado, el nacimiento de Mercedes Galarza Molina en un piso, iluminada por las luces de un auto, su cuna dentro de un calabozo, la tortura de Liliana Galarza teniendo que soportar en absoluta situación de indefensión, la farsa de un bautismo a su hija, detenida-desaparecida junto a ella, con quienes eran los dueños de su vida y de su muerte.

Von Wernich participó en todos los actos preparatorios del homicidio, convenciendo a los familiares, utilizando su investidura para lograr su confianza. El carácter absolutamente planificado de estos homicidios se ve en el testimonio de de los familiares, a los cuales se les pide que destruyan todas las cartas y la documentación que acredita el paso por la Brigada de Investigaciones, lo acredita también que una semana después de los homicidios, cambian abruptamente las autoridades de Brigada y que Von Wernich elude sistemáticamente a los familiares que reclamaban explicaciones por ser el nexo y garante de la supuesta salida del país.

La documentación a la que remite la sentencia de causa 44, donde se hace firmar un recibo a cada uno manifestando su voluntad de salir del país, con intervención en esta operatoria de Camps y Suarez Mason, demuestra que solo se intentaba borrar los rastros del homicidio de aquellos que por diversos motivos, estando ilegalmente detenidos, habían sido vistos por sus familiares dentro del Centro Clandestino de detención.

Girard dice, al relatar su descreimiento sobre la posible libertad de Cecilia Idiart y que era necesario que la blanquearan ante el PEN, que no pudo convencer a la familia. “Un hombre con poder de llegada a la gente, sumado al componente religioso de mi suegra, el tema de la fe, contra eso no se puede, por mas que yo tratara de darle una visión mas política.”

Al preguntarse a Maricel Mainer si luego de la supuesta libertad de su hermana había vuelto a Brigada para saber qué había pasado, dijo que no, porque ella siempre desconfió, una sensación absolutamente biológica. Al no tener noticias era obvio que no hubo viaje. No iba a poner la cabeza en la boca del león.

Adelina Moncalvillo dijo “ellos creyeron que un hombre de la Iglesia podía ampararlos, pero su propósito era otro, era un servicio encubierto”

Vemos finalmente el rol de VW en la ejecución y en el ocultamiento posterior del delito. Allí su tarea, también en clara utilización de la confianza que generaba su carácter de sacerdote. Las cartas de los familiares dan cuenta de cómo operaba para impedir el reclamo y la búsqueda, y en definitiva, la tortura que ejerció sobre ellos al mantener la esperanza, que paraliza e inmoviliza, siempre a la espera.

El 20 de agosto del 78 dice la esposa de Moncalvillo, “otra cosa que pienso es que si este Padre no supiera nada realmente no diría cualquier cosa, y no actuaría así como lo hace, alimentando vanas esperanzas”

La mamá de Moretini, el 4 de abril del 79 “nuestros días son tan iguales, pasa hoy y esperamos mañana y nunca la noticia esperada, es desesperante…ojalá Dios se apiade de todos nosotros y sepamos algo, es el ruego de todos los días, tener alguna noticia”

Similar tarea cumple en el caso de Pettiná, Sangla y Manazzi: concurre a ver a sus familiares y les aconseja que no hagan nada, que “piensen en los hijos que les quedan”, luego de demostrar que tenía conocimiento del lugar donde se encontraban alojados.

Todo esto es lo que muestra que su conducta no era aislada sino parte del plan criminal: la doctrina de seguridad nacional, con el modelo de guerra irregular que marcaban las doctrinas contrainsurgentes francesas, fue de clara influencia en los represores argentinos. En esta lectura del represor, el nudo de la supuesta guerra planteada era conseguir información. Mantener al prisionero vivo, romper las barreras para extraer la información. Quebrarlo para que diga todo. En ese esquema, el papel de VW es netamente de inteligencia y de producción de tortura, quebrando voluntades y vendiendo la esperanza de poder salir del campo y vendiendo la misma esperanza a los familiares a cambio de su pasividad e inacción.

En definitiva, es necesario remarcar que solicitamos la condena de VW por los 39 casos de tortura aquí demostrados, invocando para esto la doctrina fijada por la Corte Suprema de Justicia en el Fallo Santillán, y reiterada en su nueva composición en el fallo Sarvio.

2) Ya lo dijimos hace un año, el genocidio no hubiera sido posible sin la participación, aprobación y colaboración de instituciones y sectores civiles. En este debate quedó nuevamente claro:

a) En primer lugar, el rol de Iglesia. El punto fue descripto ampliamente por la Dra Bregman, En este juicio, como dijo Pérez Esquivel, se vio claramente el rol que le cupo. Las luces y las sombras de esta institución. Difícil es explicar lo que se sintió en esta sala cuando Rubén Capitanio dijo “la iglesia fue la única madre que no buscó a sus hijos”, en un país donde la mayor parte de la población profesa la fe católica. Ominoso escuchar al sacerdote Pedro Trasevet, manifestando que nunca vio, escuchó ni supo que existía un desaparecido en el país.

En este punto no podemos soslayar la actual existencia de instituciones nefastas en su simbología, contenido y su rol legitimador del genocidio: el vicariato castrense y las capellanías. Rubén capitanio y Dri plantearon claramente su innecesariedad, pero debemos agregar que dado el rol que le cupo no solo a VW sino a los demás capellanes durante la dictadura y la matriz ideológica que al día de hoy sus integrantes siguen sustentando, su actual existencia resulta cuanto menos, una provocación, y si el Estado verdaderamente pretende comenzar a reparar los efectos del genocidio, punto de partida sería su disolución.

b) Poder Judicial

Se ha escuchado aquí diversos testimonios sobre la absoluta pasividad y en muchos casos complicidad del poder judicial ante lo que estaba sucediendo. Tal es el caso relatado por la familia Miralles. Ramón Miralles había presentado un hábeas corpus preventivo ante el juez Sarmiento, lo cual no impidió su secuestro y detención ilegal, y la posterior inacción del magistrado al saber esta circunstancia.

Y el de Iaccarino, a quien le tomó declaración el Juez Russo y su secretaria Aparicio dentro de la Brigada de Lanús, ignorando sus evidentes signos de tortura.

Asimismo, tanto de la prueba documental como de los testimonios de familiares y de los sobrevivientes surge que los habeas corpus presentados siempre tuvieron resultado negativo demostrando que el Poder Judicial los realizaba como una mera formalidad. En muchos casos, se les cobraban las costas, gesto claramente dirigido a desalentar la vía judicial. Y aquí debemos decir, cuando hablamos de los efectos y las continuidades del genocidio, tal como advertimos el año pasado, que un estado moroso termina cristalizando la impunidad. Y esto debe ser receptado necesariamente por el Poder Judicial.

Durrie conjuez de esta cámara

c) Medios de comunicación: debemos detenernos aquí en el testimonio prestado por Osvaldo Papaleo. En él, se muestra claramente los intereses de los sectores hegemónicos, y el rol que cumplieron dentro del plan.

Papaleo refirió que días antes de su secuestro, un artículo de la revista Somos sobre el grupo Graiver, ameritó que enviara una carta documento a Editorial Atlántida para que corrigieran o rectificaran la publicación. Unas horas después, fue detenido y cuando llevaba unos días de cautiverio en Puesto Vasco, Dario Rojas le mostró una copia de la carta documento y le dijo que eso había sido el comienzo de sus problemas.

Pero además, denunció que Somos publicó declaraciones suyas sobre su hermana Lidia Papaleo que habían sido sacadas con torturas.

En cuanto a la Revista Cabildo, aseguró que periodistas de esa publicación "estuvieron presentes en sesiones de torturas a Jacobo Timerman, en Puesto Vasco. Cuando terminaba la tortura le daban un ejemplar de la revista para que lo leyera".

Esto también su manifestado por el hijo de Timerman, quien testificó en esta Sala, y afirmó que el diario La Nueva Provincia, de Bahía Blanca, propiedad de Vicente Massot (también director de la Revista Cabildo), reproducía, durante el cautiverio de Timerman, supuestos testimonios de su padre. Lo que le hace preguntarse que o bien ellos participaban (de los interrogatorios) o alguien le pasaba datos.

d) Finalmente, se habló aquí de quienes desempeñaron funciones en las instituciones del estado El tema fue desarrollado por el Dr Ramos Padilla, con referencia al caso Timerman.

Escuchamos también de la presencia en los interrogatorios de miembros del Banco Central.

Queremos resaltar que, si enmarcamos este caso en la lógica de la concreción de un genocidio y siguiendo lo expresado por Mignone y Conte Mc Donnell en el Coloquio de París sobre la desaparición forzada de personas de París ya en el año 1981 , el rol de los funcionarios fue el de legitimar y colaborar desde la estructura legal del Estado, aplicando y dando forma a una normativa de carácter público de excepción diseñada para enmarcar la acción represiva ilegal. Son, en definitiva, NO cómplices sino ejecutores del plan de exterminio.-

3) El genocidio tiene alcances hasta hoy

Dijimos al comienzo de este alegato “Esta querella entiende que los delitos que aquí se juzgan fueron parte de un proceso más amplio que vivió la Argentina, un plan sistemático –un genocidio- ya probado y cuyas consecuencias planificadas de impunidad alcanzan al día de hoy.”

Nos detendremos en esta última afirmación: “un genocidio cuyas consecuencias alcanzan al día de hoy.”

Una primera consecuencia que ha quedado probada en el debate es la instalación en nuestro pueblo de lecturas erróneas sobre lo que sucedió en nuestro país. Todavía hoy se plantea que en la Argentina de los ´70 hubo una guerra (así lo piensan los genocidas y así lo plasma la teoría de los dos demonios), todavía hay quienes categorizan a las víctimas en inocentes y culpables. Aquí, al igual que en el genocidio nazi, las voces de los sobrevivientes fueron desacreditadas e ignoradas, se los señaló como delatores, traidores o cómplices.

Esta querella sostuvo hace un año y reafirma hoy que en la Argentina no hubo guerra ni tampoco represión indiscriminada, en nuestro país se perpetró –como bien lo admitió este mismo tribunal en la sentencia en el juicio contra MOE- un genocidio. Y en esa lectura no hay posibilidad de confusión entre el rol de la víctima y el del victimario. La sociedad resulta víctima de los genocidas, y éstos son los que conforman el aparato represivo y los que lo sustentan y se alimentan de él.

Sin embargo, aquí en esta sala, se instaló nuevamente el genocidio.

Se instaló porque VW volvió a torturar a Luis Velasco al acusarlo de delator. Y reactivó con esa afirmación, la mirada que los genocidas quisieron instalar sobre los sobrevivientes.

Lo hizo también cuando en su indagatoria, sostuvo, 30 años después, que aquellas siete personas a quienes torturó y ejecutó salieron del país y están vivos.

VW, en definitiva, continúa cumpliendo su rol, su papel en el plan criminal.

Pero es nuestra obligación preguntarnos ¿por qué esto es posible? ¿Por qué la voz del represor sigue siendo escuchada, receptada y reproducida?

¿Por qué ni el juez de primera instancia ni el fiscal acusaron a VW de tormentos en los casos de estas siete víctimas ni en el de la hija de una de ellas nacida en cautiverio?

Más aún, ¿por qué exactamente hace una semana, a más 30 años de los hechos después de 30 años de ausencia, de sufrimiento, de impunidad, la fiscalía pide que se cite a una persona que habría dicho que vio a una de esas víctimas con vida?

La respuesta es: porque las consecuencias del genocidio siguen vigentes

¿Cómo negar esta afirmación cuando hoy, aquí, en esta sala, hay una silla vacía? Cuando esa silla -vacía de Julio López- está, en realidad, ocupada por certezas.

Ocupada por la certeza de que los represores están libres, organizados, con capacidad operativa y convicción ideológica para secuestrar y desaparecer a una persona, para asegurar el último eslabón del plan sistemático: la impunidad. Ocupada por la certeza de que el Gobierno no ha hecho nada para que Julio aparezca con vida ni para terminar con la impunidad de sus secuestradores.

Lo dijo el testigo Miralles: “…declarar en este contexto…, con López desaparecido…, que no se sabe nada y mientras tanto Tarella sin condena”.

Lo dijo Adriana Calvo: “dar testimonio es un esfuerzo grande, físico y psíquico, mucho más cuando hace un año estaba Julio López sentado aquí, detrás. Hoy está desaparecido y sus secuestradores están gozando de la más absoluta impunidad.”

Lo vivimos en la insoportable reiteración de reconocimientos a los centros clandestinos, cuando fuimos a la Comisaría 5ta y a Arana y nos recibieron los carteles de recompensa por López.

Terminamos diciendo que también en esta sala se mostró que no lograron el objetivo, ningún testigo se negó a declarar, a pesar del miedo, todos asumieron el deber de seguir reclamando justicia, porque en definitiva López es la certeza de la imperiosa necesidad de nuestro pueblo de poner fin a la impunidad.

Por todo lo expuesto, Sr. Presidente, para arribar a una sentencia justa no basta la mera subsunción de los hechos aquí descriptos (y acabadamente probados) en las figuras típicas del Código Penal. Estimamos como imprescindible, de acuerdo a los aberrantes sucesos relatados en los trascendentes testimonios desarrollados a lo largo de las audiencias, efectuar un cambio de calificación en el presente proceso.

En efecto: los crímenes investigados, además de revestir las calidades de homicidios, privaciones ilegítimas de libertad y tormentos, son (tanto en los hechos, como el derecho) un claro caso de GENOCIDIO.

Cuarta Parte (Alegada por Liliana Molinari)

Quiero agregar a lo que ya expuso mi colega en su alegato con relación a la solicitud de condena por GENOCIDIO por parte de estas querellas, que la CSJN en el caso “Colalillo” (238:550) estableció que los jueces deben utilizar todos los poderes asignados para llegar a la verdad jurídica objetiva.

En ese sentido afirmamos que la verdad jurídica objetiva es que este pedido de condena por GENOCIDIO no implica un cambio de la plataforma fáctica de la causa, sino exclusivamente un cambio de calificación legal de los hechos. Tal como surge de la descripción y consignación de circunstancias de modo, tiempo y lugar, estos hechos presentan una extensión lo suficientemente amplia como para abarcar la distinta calificación hoy propuesta.

VV.EE. establecieron en fallo “Etchecolatz”: “Por la trascendencia que tiene el planteo, corresponde un breve análisis sobre la cuestión que permita fundamentar el criterio sustentado por el Tribunal y adelantado en el fallo, además de dejar planteada la necesidad ética y jurídica de reconocer que en la Argentina tuvo lugar un genocidio.”….” Entiendo que esa demanda se satisfizo sólo en parte con la condena a la cual arribó el Tribunal por unanimidad al considerar probados los hechos enrostrados al imputado. Se tuvieron en cuenta para ello aquellos tipos penales en base a los que se indagó, procesó, requirió y finalmente condenó a Etchecolatz. Ese razonamiento es en última instancia el que se ajusta con mayor facilidad al principio de congruencia sin poner en riesgo la estructura jurídica del fallo.”

SEÑOR PRESIDENTE: con el más alto respeto que nos merece este Tribunal, no podemos dejar de manifestar que no acordamos con este aspecto de la sentencia ya que, a nuestro juicio y luego de un prolijo análisis, sostenemos, tal como lo hiciéramos en causa 2251/06, que no se está violando el principio procesal de congruencia, como así tampoco se está afectando la defensa en juicio, cuando no se verifica una diferencia esencial entre el hecho descripto en la acusación y el que sustenta la condena.

Este principio de congruencia implica necesariamente una relación entre lo pretendido en autos y lo resuelto por el juzgador.

Podemos definir el principio de congruencia, también llamado principio de consonancia o no contradicción, como aquel según el cual la sentencia debe ajustarse a la pretensión; el juez debe conceder o denegar lo que la parte le pide. Por lo que la congruencia no es más que la correspondencia entre lo pedido por la parte y lo otorgado por el magistrado.

En este sentido, hace a la esencia del principio de congruencia que los hechos en que se fundan pretensiones y defensas sean arrimados exclusivamente por las partes, y el juez, en su tarea de reconstrucción de la realidad fáctica, debe limitar su decisión a los hechos alegados por las partes y probados dentro de la sustanciación del proceso, debiendo en este marco, dictar sentencia según lo alegado y probado (“secundum allegato et probato”).

Por ello, la correlación debe darse en el triple orden de los sujetos, del objeto y de la causa pretensa.

Este requisito de correlación, en el particular que nos ocupa, está presente en todas y cada una de las pretensiones planteadas en estos actuados, por lo que no vemos alterado el principio procesal en cuestión, como tampoco lo dispuesto en el art. 18 de la Constitución Nacional, respecto de la inviolabilidad de la defensa en juicio de las personas y de sus derechos.

El cambio de calificación legal no responde sino al diverso grado de conocimiento y certeza adquirido durante el proceso.

El proceso penal supone un camino progresivo en el cual la incertidumbre inicial va siendo gradualmente despejada hasta arribarse eventualmente a la certeza necesaria para sustentar un pronunciamiento condenatorio como el solicitado por estas querellas.

Ello no implica detrimento a garantía alguna si al cambiar la calificación no se excede la primitiva extensión del hecho, que derive de un conocimiento más profundo e intensivo del mismo.

Tan es así, que la facultad de cambiar de calificación está contemplada por el art. 401 del Código Procesal de la Nación, en cuanto establece que “En la sentencia, el tribunal podrá dar al hecho una calificación jurídica distinta a la contenida en el auto de remisión a juicio o en el requerimiento fiscal, aunque deba aplicar penas más graves o medidas de seguridad”. Es decir, el Tribunal tiene plena facultad para modificar el encuadre jurídico penal del hecho recogido en la acusación.

Al igual que en el proceso llevado a cabo contra Etchecolatz, pedimos condena por GENOCIDIO para Christian Federico Von Wernich. Porque tanto entonces como en las presentes actuaciones no han existido variaciones fácticas entre la acusación y el pedido de nuestra parte ni tampoco se ha impedido u obstaculizado a la Defensa ejercer su ministerio ni al imputado defenderse adecuadamente. En ambos casos, la acusación -tanto en el requerimiento cuanto durante el debate y el alegato- ha sido correctamente formulada, describiéndose los hechos de modo claro, detallando pormenores precisos del accionar del imputado, lo que configura la calificación solicitada.

Sres. Jueces, no podemos dejar de hacer un paréntesis para reflexionar acerca de que mientras todas las garantías del ahora condenado Miguel Osvaldo Etchecolatz y del imputado Christian Von Wernich se cumplieron minuciosamente, las de Jorge Julio López se violaban y se siguen violando escandalosamente.

En definitiva, estamos ante un caso de identidad fáctica aunque jurídicamente calificado de modo diverso por estas querellas, y como pacífica y reiteradamente ha entendido la CSJN, la regla no se extiende a la subsunción de los hechos bajo conceptos jurídicos, pudiendo el tribunal que falla adjudicar al hecho acusado una calificación jurídica distinta a la expresada en la acusación (Fallos: 247:202; 276:364; 302:328; 302: 482, entre otros).

Lo que interesa es el acontecimiento histórico imputado y no la subsunción de los hechos bajo conceptos jurídicos.

El principio de congruencia, en su vinculación al derecho de defensa en juicio (art. 18, Const. Nac.) se refiere a la introducción de cuestiones de hecho en forma sorpresiva de manera que las partes no hubieran podido ejercer su plena y oportuna defensa (conf. L. 39.606, sent. del 10-V-1988, L. 41.927, sent. del 2-V-1989 y otras).

No es esto lo sucedido en autos.

Concretamente, el principio d congruencia nos impone que el núcleo fáctico que se somete a juzgamiento sea el mismo a lo largo de todo el proceso. En el caso, las circunstancias de tiempo, modo y lugar que lo rodearon han permanecido incólumes, siendo que no hubo ninguna alteración de ellas, sino tan sólo una mayor exactitud acerca de la conducta del procesado. Y, justamente, tal exactitud se halla más cerca de garantizar el derecho de defensa que de afectarlo.

Por otro lado lo principios de legalidad y del debido proceso son también un instrumento de justicia y no un instrumento de la impunidad. Se debe tener en cuenta que el proceso no sólo debe aportar garantías al imputado, sino que también debe ser un medio de defensa social. Muchas veces los sectores autoritarios se amparan en el garantismo para desacreditar el debido proceso y consagrar la impunidad.

El Considerando VII punto 6 correspondientes a la Sentencia de Causa 13, señala: “Los sucesos juzgados en esta causa no son el producto de la errática y solitaria decisión individual de quienes los ejecutaron, sino que constituyeron el modo de lucha que los comandantes en jefe de las fuerzas armadas impartieron a sus hombres. Es decir que los hechos fueron llevados a cabo a través de la compleja gama de factores (hombres, órdenes, lugares, armas, vehículos, alimentos, .etc.), que supone toda operación militar.”

En la oportunidad de contestar la vista conferida en función del art. 346 del CPPN, estas querellas expusieron la necesidad que las investigaciones penales y los juicios a los genocidas deben ser efectuados en un marco conjunto, no sólo por las evidentes características de masividad, planificación e interrelación de los gravísimos crímenes que en ellas se debaten, sino también porque se reproduce la victimización de los testigos en cuanto mayor sea la atomización de las causas.

También reafirmamos nuestra exigencia de imputación por GENOCIDIO al manifestar: “Todo ello, realzado en la especie por el primer reconocimiento jurídico efectuado en nuestro país acerca de la existencia de un GENOCIDIO durante los años referidos, lo cual afecta todas las actuaciones en trámite interrelacionándolas de una manera irrefutable”.

Es decir, ya en ese momento afirmábamos que a partir del reconocimiento de este Tribunal de la existencia de un GENOCIDIO todas las causas debieran tramitarse con esta calificación.

Sin embargo, la realidad es que estamos encerrados en un círculo vicioso, ya que una y otra vez, nos obligan a recorrer el siguiente camino:

· Esta querella pide al juez de 1ra. Instancia que indague a los imputados por genocidio

· El juez no lo hace pero eleva igualmente la causa a juicio oral

· La querella se niega a que se eleve porque no se indagó por genocidio pero igualmente se clausura el sumario

· El Tribunal Oral Federal recibe las actuaciones y no ordena la nulidad parcial del auto de elevación a juicio

· Cuando llega el momento de la sentencia, el Tribunal dice que correspondería condenar por genocidio pero que lo impide el hecho de que el imputado no haya sido indagado por ese delito….

Y así se cierra el círculo perverso de un genocidio sin autores…

Para romper ese círculo perverso es que hoy pedimos nuevamente que se condene a Christina Von Wernich por GENOCIDO, ya que entendemos, Sr. Presidente, que se han dado argumentos válidos que ameritan esa condena sin infringir el derecho de defensa ni alterar el principio de congruencia.

En este sentido, reafirmamos nuestra solicitud en el cambio de calificación, tal como lo hiciéramos en la causa Nº 2251/06, en el convencimiento de que la misma no se aparta de preceptos jurídicos reconocidos, nacional e internacionalmente, respetando las garantías del debido proceso, y respondiendo de manera acabada y satisfactoria al reclamo de una sociedad que, luego de 30 años de lucha en pos de hacer efectivo su derecho de acceso a la verdad y la justicia, merece el más amplio reconocimiento a sus derechos desde los órganos jurisdiccionales competentes, fortaleciendo los aspectos reparatorios frente a los más aberrantes delitos cometidos en el marco del terrorismo de estado llevado adelante entre los años 1976 y 1983, cuyas heridas, aún hoy, permanecen abiertas en el seno de la sociedad, traducido en el hecho más doloroso que hoy pesa sobre todos nosotros: la ausencia en este recinto de nuestro compañero Jorge Julio López, en un día en que la justicia argentina tiene nuevamente la oportunidad de ponerse de pie.

Quinta Parte (Alegada por Liliana Mazea)

Demostraremos a continuación que los hechos aquí investigados configuran efectivamente el crimen de genocidio, en tanto formaron parte de la ejecución de un plan criminal que tuvo por objeto perseguir y destruir a grupos humanos residentes en la república Argentina.

Los hechos objeto de esta causa configuran el delito de genocidio descripto en la Convención sobre la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, crimen que se configura con una serie de actos cuya comisión tiene por objeto la destrucción total o parcial de ciertos grupos de personas. Es esta intención lo que distingue el genocidio de otros crímenes de lesa humanidad. Tales actos son: a) matanza, b) lesión grave a la integridad física o mental, c) sometimiento intencional a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, d) imposición de medidas destinadas a impedir nacimientos, e) traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo.

En principio adherimos a los fundamentos de la Sentencia de este Tribunal dictada en la causa Etchecolatz, en especial cuando especificó:

…“ Entiendo que de todo lo señalado surge irrebatible que no estamos como se anticipara ante una mera sucesión de delitos sino ante algo significativamente mayor que corresponde denominar “genocidio”… “Se abrió a partir de allí y especialmente respecto de lo sucedido en nuestro país durante la dictadura militar comenzada en 1976, una interesante cuestión acerca de si las decenas de miles de víctimas de aquel terrorismo de Estado integran o no el llamado “grupo nacional” al que alude la Convención”….“Entiendo que la respuesta afirmativa se impone, que no hay impedimento para la categorización de genocidio respecto de los hechos sucedidos en nuestro país en el período en cuestión, mas allá de la calificación legal que en esta causa se haya dado a esos hechos a los efectos de imponer la condena y la pena”.

Como planteamos en el juicio citado, lo que caracteriza al Genocidio es la intención de destrucción total o parcial de ciertos grupos de personas. El grupo no existe en la naturaleza, sino que es una construcción intelectual, por lo que la construcción del grupo como tal es puramente subjetiva: es un recorte de la realidad. Por lo tanto, surge claramente que en la definición el sujeto pasivo del genocidio es el “grupo” y que quien constituye o categoriza al "grupo" sobre el que recae el obrar genocida, es el represor.-

Para que se configure el grupo sólo basta que el represor defina y decida cómo se integra el colectivo de sujetos, de seres humanos, sobre los que se ejercerá el obrar destructivo, eliminatorio, de aniquilamiento.-

Así recordamos que en Argentina el grupo perseguido fue definido por su oposición o incompatibilidad con el ideal que la dictadura militar se había propuesto. No era la nacionalidad del grupo agredido lo que motivó el propósito de su destrucción sino las características comunes que unían a sus integrantes y los conformaban como grupos humanos de y dentro de la nación.

Por lo tanto, resultan indudables e incuestionables que los ilegalismos investigados en esta causa forman parte de ese plan criminal.

También debemos destacar la diferencia que existe entre el genocidio como crimen específico de lesa humanidad y el crimen contra la humanidad considerado en forma genérica. Éste se caracteriza por ser cometido en el marco de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil. La intención del represor es delinquir contra múltiples individuos. Por lo tanto, los individuos, son los sujetos pasivos del delito. En el genocidio, como ya he expresado, ese sujeto pasivo es el grupo y sus miembros son objeto de exterminio en cuanto miembros de tal grupo.

Así, el 4 de Noviembre de 1998 el “Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional” de España, con la firma de sus diez magistrados integrantes, al intervenir en la causa donde luego se condenó a Adolfo Francisco Scilingo, consideró que los hechos sucedidos en Argentina constituían genocidio:

“La represión no pretendió cambiar la actitud del grupo en relación con el nuevo sistema político, sino que quiso destruir el grupo, mediante las detenciones, las muertes, las desapariciones, sustracción de niños de familias del grupo, amedrentamiento de los miembros del grupo. Esto hechos imputados constituyen delito de genocidio

Imputación: De los hechos aquí investigados e imputados a CVW surge con claridad que los procedimientos utilizados formaban parte de un plan sistemático cuya finalidad consistía en la eliminación total de una categoría de la población, denominada por los represores como “subversivos”. Así es que no pueden considerarse los hechos imputados como “hechos aislados”, sino un conjunto de hechos que se llevaron a cabo en el marco de la represión ilegal y que, teniendo en cuenta la colaboración que el acusado prestó para tales fines, es razonable concluir que ejecutó los ilícitos con conocimiento de este plan. En este sentido, puede citarse un pasaje de la sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal dictada el 9 de diciembre de 1985 en la "Causa 13", que en su punto XX dice: "... que el gobierno militar estuvo en el poder desde el 24/3/76 al 10/12/83 y que llevó a cabo una política sistemática que resultó en miles de víctimas de desapariciones, ejecuciones sumarias o extrajudiciales, y tortura... que el gobierno empleó todos los medios para la eliminación física de los disidentes....".

En este juicio oral los casos investigados por homicidio, tortura y privación ilegítima de la libertad se subsumen en las disposiciones del art. 2do. de la presente Convención, por lo que las personas que hayan cometido genocidio o cualquiera de los otros actos enumerados en el art. 3 (asociación, complicidad, tentativa para cometer genocidio), serán castigadas, ya se trate de gobernantes o funcionarios.

Por lo que consideramos que es esencial e ineludible una sentencia que permita a nuestro país cumplir con el mandato impuesto por la citada Convención y por la Constitución para proceder a la condena por comisión del delito de genocidio.

A su vez, es dable destacar que la no punición se enfrenta, además, con el derecho de las víctimas o de los damnificados indirectos a lograr la efectiva persecución penal de los delitos de lesa humanidad. Y la impunidad representaría consagrar la protección de los criminales de lesa humanidad que supone, al mismo tiempo, dar una licencia eventual a los futuros criminales.

Mencionaremos especialmente en este tema que tantos años de impunidad como así también la atomización de las causas contra los genocidas, permiten todavía que hoy se amenace y se atormente a los testigos o que la desaparición forzada de ellos se naturalice, por lo que exigimos a las máximas autoridades nacionales la aparición con vida de Jorge Julio López, y la protección efectiva a todos los testigos en los juicios donde se investigue delitos de lesa humanidad, evitando su exposición mientras los imputados no sean condenados y derivados a cárceles comunes.

Considerando que el delito de genocidio, previsto en la Convención no prevé una pena específica, y toda vez que las conductas criminales allí descriptas tienen, por su lado, una pena individualizada en nuestro derecho penal interno, deben aplicarse para el caso particular, las penas que correspondan según las prescripciones del Código Penal argentino para la sumatoria por concurso real de los delitos que converjan en la tipificación global del genocidio, por lo que basta que la Sentencia judicial reconozca esa adecuación típica y aplique la pena cuyo monto se determinará por la existencia del concurso delictivo.

En el presente caso, se están investigando una pluralidad de hechos delictivos, cometidos por un funcionario del Estado por medio de la aplicación de un plan sistemático criminal. Tales hechos están tipificados tanto en la Convención como en el derecho interno.

Y así el tribunal debe resolver ya que la Convención era norma positiva nacional con anterioridad a la producción de los hechos ventilados en esta causa. Más aún cuando la reforma constitucional de 1994 al incorporar la Convención en el art. 75 le otorga vigencia e imperatividad a dicha norma.

Ya VVEE dijeron en la citada Sentencia: “Es en ese punto donde radica la mayor importancia de tener en cuenta los hechos sucedidos como genocidio. La vigencia de la Convención en la materia está fuera de toda discusión, como también lo está la del resto de las Convenciones sobre Derechos Humanos contenidas en el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional. Considerar de ese modo -genocidio- y bajo ese trascendente paraguas legal las causas en trámite permitirá a mi entender ubicar los hechos investigados en el contexto adecuado, cumpliendo de ese modo la obligación contenida en el célebre fallo Velazquez Rodriguez en cuanto a investigar con seriedad y no como una simple formalidad.”

Conclusión

Estimamos entonces que los estados nacionales tienen el deber de investigar las violaciones de los derechos humanos y procesar a los responsables y evitar la impunidad.

Insistimos que la solicitud de condena por genocidio no es un cambio de la base fáctica que conforma la causa, sino que se orienta exclusivamente a una cuestión relativa a la calificación legal del hecho; y tal como surge del relato y la descripción efectuada por el tribunal, así como las circunstancias de tiempo, modo y lugar donde se desarrollaron, se considera lo suficientemente amplia como para abarcar la distinta calificación propuesta por estas querellas.

La misma Corte en su Opinión Consultiva 14 de 1994 estableció “que las obligaciones para el estado no sólo alcanzan a los poderes legislativos, sino al conjunto de los órganos estatales” y que “el cumplimiento por parte de agentes o funcionarios del Estado de una ley manifiestamente violatoria de la Convención produce responsabilidad internacional del Estado. En caso de que el acto de cumplimiento constituya un crimen internacional, genera también la responsabilidad internacional de los agentes o funcionarios que lo ejecutaron” (Opinión Consultiva OC-14/94, 9 de diciembre de 1994, sin destacado en el original).

En la misma línea se ha pronunciado el Procurador General de la Nación: "También considero necesario destacar que el deber de no impedir la investigación y sanción de las graves violaciones de los derechos humanos, como toda obligación emanada de tratados internacionales y de otras fuentes del Derecho internacional, no sólo recae sobre el Legislativo, sino sobre todos los poderes del Estado y obliga, por consiguiente, también al Ministerio Público y al Poder Judicial a no convalidar actos de otros poderes que lo infrinjan" ( Dictamen del 29 de agosto de 1992).

Por eso señores Jueces, este Tribunal tiene también hoy la obligación como parte del Estado de condenar –así lo aspiramos- como autor de genocidio a CVW y lo deberá hacer como dijo en su anterior fallo porque: “Se trata de hechos criminales cometidos por individuos que si bien por momentos parecen alejarse de la condición humana, son lo suficientemente “humanos” en términos jurídicos como para estar sentados ante un tribunal, ser imputados y como en el caso (de Miguel Etchecolatz) condenados a perpetuidad por la justicia de otros humanos”

Sexta y última parte (Alegada por Verónica Bogliano)

Concluyendo lo manifestado por las demás representantes de esta querella unificada, queremos expresar en esta parte final del alegato nuestro pedido de condena.

Considerando entonces el carácter del plan sistemático de exterminio, su modo aberrante de comisión, su masividad, los efectos devastadores que esto produjo en toda la sociedad y en las nuevas generaciones, la naturaleza de crímenes de lesa humanidad de los mismos y la evidencia de la comisión del delito de GENOCIDIO, no cabe otra posibilidad que condenar al imputado, a la pena máxima prevista por el sistema penal.

Ha quedado suficientemente acreditada la responsabilidad penal de VW en los TODOS los casos aquí juzgados. Como capellán policial, como sacerdote fue miembro de la estructura represiva anteriormente descripta, siendo autor de los diversos hechos que hoy están siendo juzgados.

VW utilizó su rol de capellán como elemento de quiebre moral de los detenidos ilegales en los CCD y de sus familiares, haciendo abuso de la influencia que ejercía su función sacerdotal para manipular, torturar, secuestrar y asesinar a los detenidos.

Esta querella quiere resaltar que el imputado no sólo no cumplió con su deber como integrante de la Iglesia, de denunciar las torturas que ocurrían en los CCD a los que él concurría habitualmente; sino que su aval ante estos hechos se corresponde con su calidad de autor de los mismos. De esta manera debe entenderse que si bien VW, al igual que el resto de los miembros de las distintas fuerzas (independientemente del cargo en que se desempeñaban), podría ser considerado un elemento fungible e intercambiable dentro del engranaje genocida, ello no implica que no sea también necesario para llevar a cabo el genocidio perpetrado en nuestro país.

Señores Jueces, ustedes tienen la oportunidad de poner fin a la impunidad de ese aparato represivo, que como sociedad desde hace 31 años y hasta el día de hoy padecemos. Tienen la responsabilidad de dejar constancia de que el GENOCIDIO en Argentina fue posible, porque tanto miembros de la Iglesia, como grupos económicos y grupos de civiles fueron parte articulada y esencial del mismo. Es fundamental que a través de esta sentencia se abra camino para que en los procesos judiciales de una vez por todas se llame a las cosas por su nombre y se juzguen los hechos de acuerdo a su verdadera naturaleza. Y que si ya este mismo Tribunal receptó nuestra demanda de reconocer la existencia de un GENOCIDIO, califique a sus autores como lo que son: GENOCIDAS.

Así nos encontramos hoy juzgando a otro criminal impune. Con la firme convicción de la necesidad de su condena, pero también con la profunda tristeza de tener que vivirlo con la desaparición de Julio Lopez a cuestas.

No caben dudas de que este juicio es indispensable, como tampoco caben dudas de que la falta de justicia y castigo durante tanto tiempo, ha permitido que la desaparición se siga ejerciendo en la Argentina como herramienta de terror.

Por eso resulta imprescindible terminar con la frustración permanente que significan estas prácticas judiciales que revictimizan a los testigos y los ponen en riesgo, a merced de sus victimarios, que se mueren de viejos, en libertad, impunes y sin confesar dónde están nuestros hermanos apropiados, o nuestros padres desaparecidos.

VW no sólo es responsable de 42 privaciones ilegales de la libertad, de 39 tormentos y de 7 homicidios, sino que como miembro del engranaje genocida, es responsable también por todas las víctimas de este plan sistemático de exterminio, y por todos y cada uno de los que pasaron por los CCD a los que tuvo acceso. Es por esto que en nombre de ellas resulta evidente que no puede caber otra pena para el imputado VW que la de reclusión perpetua.

Aclaramos que este pedido de pena para el caso de Genocidio, es el mismo que pudiera corresponderle de acuerdo a una eventual sentencia condenatoria por aplicación de la pena prevista para los delitos de homicidio calificado, privación ilegítima de la libertad y tormentos, consideradas en concurso real.

Estamos convencidos que en el presente proceso se han respetado todas las garantías constitucionales y procedimentales del imputado. Y consideramos –por todo lo que se ha dicho esta mañana- que el cambio de calificación propuesto respecto de la acusación inicial, se enmarca en los términos de las facultades que el artículo 401 del C.P.P.N. le otorga al Tribunal y no altera de ninguna manera la congruencia procesal.

Por último, queremos dejar claro que los argumentos jurídicos vertidos durante este alegato, responden de manera única e inequívoca a las particularidades que posee el Delito de Genocidio, como crimen contra el derecho de gentes y de lesa humanidad, cuya comisión sólo es posible mediante la utilización de la estructura represiva del Estado.

Petitorio:

1) Es por ello que el planteo de esta parte querellante consiste en la condena a reclusión perpetua de VW por la comisión en calidad de autor del Delito de Genocidio, conforme a lo normado en los arts. 2º y 3º inc. “a” de la CPSDG.

2) A todo evento, si el tribunal entiende que sí es necesaria la indagatoria previa por genocidio, solicitamos:

a) que deje constancia expresa y clara en la sentencia de que así lo establece, encomendando a los jueces de 1ra. instancia que lo hagan en todas las causas y contra todos los represores. De otra forma no se romperá el círculo perverso en que nos vemos encerrados hoy: un genocidio sin autores…

b) En particular, que ordene que -en el marco de las causas que están en curso sobre cada uno de los CCD donde CVW fue reconocido: COTI Martínez, Comisaría 5ta. de La Plata, Destacamento de Arana, Pozo de Quilmes, Brigada de Investigaciones de La Plata- se indague a CVW por genocidio y por los delitos cometidos contra todas las víctimas por las que no se lo procesó y que estuvieron secuestradas en esos CCD contemporáneamente.

Como antecedente históricamente trascendental de lo solicitado en este ítem, recordamos que el punto 30 de la parte dispositiva de la sentencia de la causa 13 en que se juzgó a los integrantes de las tres primera Juntas Militares que gobernaron nuestro país durante la dictadura, dispuso enjuiciar a los oficiales superiores que ocuparon los comandos de zona y subzona de Defensa durante la lucha contra la subversión, y a todos aquellos que tuvieron responsabilidad operativa en las acciones.

c) que deje expresa constancia en el fallo de que el Tribunal no abrirá su jurisdicción o bien, decretará la nulidad de todo auto de elevación a juicio oral en el que los imputados no hayan sido indagados por genocidio y/o que no hayan sido indagados por todos los delitos que surgen de la simple lectura del expediente, en los términos del art. 351 de CPPN.

Sólo así se podrá romper el perverso círculo de obstáculos que nos viene imponiendo el laberinto judicial, terminar con el evidente retardo o denegación de justicia que significan los juicios actuales y -como bien lo sentenció este mismo Tribunal hace un año- “cumplir de ese modo la obligación contenida en el célebre fallo Velazquez Rodriguez en cuanto a investigar con seriedad y no como una simple formalidad.”

3) En cualquiera de los dos supuestos, el imputado deberá ser alojado en una cárcel común y ordinaria, atendiendo a la gravedad de los delitos perpetrados y a los antecedentes registrados durante este mismo debate. Debemos recordar que la actitud de este genocida frente al Tribunal y frente a la sociedad misma denotan a todas luces la improcedencia de otorgar cualquier tipo de beneficio excepcional en la ejecución de la condena. No es admisible que sigan existiendo privilegios procesales selectivos en cabeza de quienes ha cometidos los más graves crímenes contra la humanidad, como sostuviera el tribunal en el fallo a Etchecolatz, “Un criminal de esa envergadura no puede pasar un día de los que le resta de su vida fuera de la cárcel”. Es por eso que decimos:

► Condena a todos los genocidas, justicia por todos los compañeros.

Alegatos de Justicia Ya! en el juicio por Floreal Avellaneda

2010-01-21T10:13:00.001-08:00

Alegato de la Dra. Myriam Bregman en representación de la querella unificada en la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, integrada por AEDD, MEDH, Fidela y LADH, que integramos Justicia Ya!

Para comenzar este alegato, creemos importante mencionar que si estamos acá hoy, acusando a estos imputados, en este juicio, es producto de la lucha enorme que han dado las organizaciones defensoras de los derechos humanos, y todos los que durante estos años hemos luchado incansablemente contra la impunidad de los crímenes cometidos desde el aparato del estado. Testimonió aquí Nora de Cortiñas quien dio de cuenta de esta larga pelea que comenzó bajo la propia dictadura.

A 33 años de los hechos, alegaremos en representación de la querella unificada en la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, y especialmente intentando reflejar la voz de esta Asociación que reúne a aquellos que fueron víctimas directas del plan sistemático de exterminio y desaparición implementado en el país. De allí, Señores Jueces, que algunos elementos a plantear en este alegato, en el análisis de la prueba producida, tengan la particular visión de las víctimas. Ellas, padecieron la dictadura primero y la impunidad después, teniendo que convivir todos estos años con sus torturadores en la calle, libres.

Hoy, esperan que se condene a los responsables de uno de los más CRUENTOS GENOCIDIOS QUE LLEVARON ADELANTE LAS FUERZAS REPRESIVAS DEL PAÍS, desde aquel otro genocidio que desplegaron contra los pueblos originarios para apropiarse de sus tierras.

Dos siglos, dos genocidios, ambos impunes, ambos perpetrados por las fuerzas represivas con el objetivo de reestructurar las relaciones sociales existentes. El primero para “organizar” el estado-nación argentino. El segundo, para implementar lo que los genocidas denominaron como “Proceso de Reorganización Nacional”.

Desde el Estado se implementó el terror a través de la persecución, el hostigamiento, la desaparición forzada, la tortura, el asesinato, la apropiación, el encarcelamiento, y el exilio de miles de personas.

Sres. Jueces, ante el genocidio no existe la indiferencia; ni tampoco la posibilidad de ponerse por sobre él.

Al genocidio se lo investiga y se lo juzga y se lo condena.

Si no, se lo reproduce, pues los genocidas dejaron mandatos a cumplirse.

El plan genocida tuvo un eje estratégico en el accionar clandestino, a través del secuestro y la desaparición de aquellos a los que se definió pertenecientes al grupo a exterminar.

Evidentemente, el relato del horror, según el plan represivo, debía quedar en boca de un puñado de sobrevivientes, que enteraran a la sociedad de lo que le sucedía a las personas que, de pronto, dejaban de ir al trabajo, al colegio, a su propia casa.

A los sobrevivientes: les dieron el mandato de relatar lo sucedido y transmitir el horror.

Pero el objetivo del genocidio, no era solo el exterminar al “Grupo”, sino también cambiar las relaciones socioculturales de los sectores que se desenvolvían alrededor del grupo a exterminar, que en el caso que nos atañe era el pueblo todo.

Para ello necesitaban que el horror que se vivía sea contado, con un único objetivo: sembrar el terror para inmovilizar.

Para que nadie se volviera a juntar con el otro, porque era peligroso.

Si a él le paso lo que le pasó, ¿qué me podrá pasar a mí si me reúno con el otro?

¿Qué otro objetivo tiene la imagen brutal del cuerpito del Negrito Avellaneda? Este hecho fue mencionado como imagen del terror por Rodolfo Walsh cuando en su “Carta Abierta” denunció la “magnitud genocida” del gobierno de la Junta Militar y se detuvo particularmente en la atrocidad del caso del Negrito Floreal Avellaneda.

Como parte del "plan", los genocidas contemplaron sembrar la desconfianza, ese fue el mandato para el pueblo argentino: desconfiar.

“Por algo será”. “Si se lo llevaron, por algo será”. “Si Apareció, por algo será”. “Si está vivo, por algo será”.

¿Qué quiere decir esto, qué todos los que estamos vivos, por algo será?

La desconfianza rompe el tejido social y la perspectiva de volver a recrear lazos de solidaridad.

Con terror y desconfianza los genocidas se aseguraban un largo período de desarticulación social, permitiendo a la dictadura su permanencia en el poder, y a posteriori la continuidad de la impunidad.

Sin embargo, los sobrevivientes se impusieron dar testimonio para generar conciencia. Y de esta forma rompieron el mandato genocida, peleando por el castigo a los responsables.

CAUSA 13

Como mención previa, queremos destacar que los hechos aquí analizados, ya fueron tratados en Causa 13, el llamado “Juicio a las Juntas”, hace 24 años.

A ello se referirá la Dra. Mazea posteriormente.

Aquí sólo destacaremos que el tiempo transcurrido no ha sido utilizado para perfeccionar este proceso judicial, sino que en nuestro alegato tenemos que dar cuenta de las profundas limitaciones con que nos encontramos a la hora de analizar la atribución de responsabilidades:

· En primer lugar el número limitadísimo de represores que aquí se juzga

· En segundo lugar el acotado número de víctimas que contempla

MAGNITUD DEL ATAQUE

Por que estos procesos parcializados hacen perder de vista un elemento central para nuestra querella: entender la magnitud del ataque, entender por qué tanta brutalidad, entender por qué tanta impunidad posterior, entender por qué al día de hoy viene como testigo el ex policía bonaerense CELIA y se refiere al golpe de estado como la “revolución del 76”. Primero habló de “cambio de gobierno” y luego dijo “todo esto fue días antes de la revolución” para referirse al golpe.

Los padecimientos de Iris Pereyra de Avellaneda y de su hijo Floreal Edgardo Avellaneda, el Negrito, tenemos que ponerlos en el contexto correspondiente.

Hay que decirlo claramente, LA MAGNITUD DEL ATAQUE, sólo puede entenderse si se piensa en el nivel de organización y en la militancia de los trabajadores, del movimiento estudiantil, social, cultural de aquella época.

El plan de exterminio tuvo tal magnitud, porque lo que tenían que aniquilar era muy grande, era un amplio sector popular organizado, que defendía sus derechos y no se quedaba allí: iba por más.

En ese marco se desarrollaron los crímenes que hoy se nos presentan como delitos aislados, casi como obra del infortunio personal.

PLAN CONTINENTAL – JUNTA INTERAMERICANA- DOCTRINA FRANCESA

Como testigos declararon aquí los coroneles retirados Horacio Ballester y José Luis García, miembros del CEMIDA (Centro de Militares para la Democracia), quienes describieron el rol de la Junta Interamericana de Defensa, de la que Santiago Omar Riveros fue parte.

Se nos instruyó que durante la dictadura, la doctrina de seguridad nacional alcanzó su plenitud. “Es el resultado de una serie de acuerdos internacionales que comenzaron por 1942, cuando EEUU entra en la segunda guerra y convoca a una reunión para organizar la defensa del continente: La Junta Interamericana de Defensa, donde se nos indica quién es el enemigo e hipótesis de conflicto.” tenían que mantener el orden en el interior del país combatiendo la “infiltración Comunista”.

Para eso existían lugares donde se realizaban los cursos, como la Escuela de las Américas, en Panamá.

También se relató cómo se basaban en la doctrina francesa de “guerra contra la guerrilla”. Precisamente los métodos que indicaba dicha doctrina eran: la división del país en zonas, subzonas, áreas y subáreas. “Las consecuencias eran el control integral de la población y de los poderes económicos; todo aquel que buscara una mejora en las remuneraciones, estaba atentando.”

Es de interés especial de esta querella resaltar el contexto geopolítico, el carácter de plan continental en que se desarrolló el plan criminal que estamos analizando en el presente debate oral.

El imputado Riveros se despidió en un discurso en la Junta Interamericana de defensa el 24 de enero de 1980 diciendo: "Hicimos la guerra con la doctrina en la mano, con las órdenes escritas de los Comandos Superiores".

(TRIPLE A)

Debemos mencionar que este plan sistemático tuvo una antesala.

Una frase que retumbó en esta sala de audiencias, que aparece a lo largo de la causa es aquella pronunciada por Arsinoe Avellaneda cuando llega la patota a la casa que compartían, ella atribuye los hechos rápidamente a una de las bandas fascistas que funcionó en la Argentina previo al golpe y alerta a Floreal diciendo “vino la Triple A”.

Queremos mencionar este hecho para demostrar que el ataque a los sectores más organizados ya había comenzado previamente a marzo del ’76, y que la justicia argentina todavía no ha investigado esas responsabilidades.

GENOCIDIO

Cuando ha concluido la etapa de la recepción de pruebas en el juicio podemos afirmar a partir de todos los testimonios escuchados en esta sala que la mayoría de los testigos ofrecidos por los propios represores ha reconocido los operativos conjuntos, la metodología de hacer inteligencia ilegal sobre las fábricas y el trabajo político y gremial.

Por eso, a continuación, queremos analizar brevemente cómo se demostró en este debate la aplicación de ese plan continental al interior del país.

Los aquí imputados eran parte de un plan. No cometieron delitos aislados, sino algo mucho mayor, que tenía por objetivo central cambiar la estructura económica del país.

El genocidio implementado implicó un plan sistemático de represión, dirigido a aniquilar un grupo previamente definido de personas, ese grupo como dijimos fue construido por los represores.

Con claros objetivos: implantar un proyecto económico, político y social, que perseguía cambiar la estructura del país, disciplinar y aumentar la explotación de la clase trabajadora; evitando la transformación revolucionaria de los trabajadores y sectores oprimidos de la sociedad.

De allí que la dictadura se autodenominó como “Proceso de Reorganización Nacional”, pues sus objetivos no se agotaban en los políticos y económicos, sino que perseguía un quiebre y una reconstitución de las relaciones sociales que afectaba la moral, la ideología, la familia y las instituciones, como ya dijimos.

En la Argentina, no hubo una "represión indiscriminada". El aniquilamiento no es casual, ni irracional. No hubo loquitos sueltos, ni errores, ni excesos.

Se trató de la destrucción sistemática de una "parte sustancial" de un grupo nacional que tenía ciertas formas de organización y de participación. Destruir esas dos cosas: la organización y la participación, era uno de los objetivos a más largo plazo de la dictadura, cuyas consecuencias padecemos hasta hoy.

Por eso sostenemos, Señores Jueces, que este juicio, no es un juicio del pasado, sino un juicio de presente.

Y por eso nos negamos a ver este proceso como el juzgamiento de meros delitos comunes, aislados.

Como parte de ese plan que venimos describiendo, los imputados, fueron concientes que sólo podrían imponerlo aniquilando a todo aquel que fuera un obstáculo para sus objetivos y sembrando terror en el resto.

CIVILES

Otro elemento que queremos destacar en estos alegatos, tal como quedó demostrado en el debate, es que en el genocidio implementado en el país, no participaron sólo las fuerzas represivas, sino que hubo ideólogos, impulsores y beneficiarios civiles: la clase dominante, el gran empresariado, los que se beneficiaron económicamente con la imposición del plan económico y el aniquilamiento de ese grupo.

Escuchamos sobre ello en estas audiencias largamente, Incluso de los propios policías.

El policía Landriel, de la Comisaría de Villa Martelli, relató que “Villa Martelli era una de las zonas fabriles más grandes de Buenos Aires, casi como Avellaneda”, y nombró a las empresas Algodón Estrella, Champion, y otras como aquellas que “pedían protección”.

Contó también que cuando había “una reunión frente a la fábrica tal… el comisario ordenaba e iba yo”. Relató que la idea era pacificar, por supuesto… Que las empresas “los llamaban directamente”.

También los escuchamos atribuirse responsabilidades cruzadas sobre a qué jurisdicción le correspondía la represión en la fábrica TENSA, y relatar cómo eran llamados desde las mismas empresas para poner fin a los conflictos obreros – patronales.

Obviamente que aquí, los policías se presentaban como meros “gestores del Ministerio de Trabajo”, pero en realidad estaban dando cuenta de los operativos coordinados con las empresas y el Ejército, de cómo se iniciaba una tarea que terminaba con la desaparición de los trabajadores en cuestión.

La testigo Scheiner de Cafure, esposa del ex detenido desaparecido Antonio Artemio Cafure, relató en esta sala que su marido fue perseguido y secuestrado el 7 de abril del 76, que estuvo en Campo de Mayo y en Devoto, que ella denunció el hecho en la comisaría de Villa Martelli, donde vivían.

Preguntada a qué atribuye la desaparición de su marido respondió que el trabajaba en Hidrófila de Argentina, que “fue gremialista, por eso desapareció” y que hubo otros desaparecidos de esa fábrica.

¿Pero por qué perseguían a Floreal Avellaneda, porque secuestraron a su mujer e hijo?

El punto 7 del Acta para el Proceso de Reorganización Nacional da la respuesta:

· inhibió todas las actividades gremiales.

· La Junta intervino la CGT,

· Intervino de inmediato 15 de los principales sindicatos

· subordinó a las cortes castrenses a los trabajadores de los servicios públicos,

· prohibió las huelgas y todas las medidas capaces de afectar la producción,

· anuló la convocatoria para discutir nuevas convenciones colectivas,

· derogó el Estatuto del Docente

· dictó la llamada ley de prescindibilidad que autorizó el despido de cualquier trabajador sin fundamentar las causas.

Las enmiendas a la Ley de Contrato de Trabajo:

· eliminaron el principio que en la duda consagraba la norma más favorable al trabajador

· y suprimieron obligaciones y penalidades para los empleadores

· los facultaron a exigir de sus obreros renuncias firmadas sin fecha en blanco,

· les permitieron el despido de mujeres embarazadas y de huelguistas,

· los liberaron de sanciones por accidentes a menores de edad en lugares de trabajo inadecuados.

· los obreros estaban obligados a revelar sus ideas políticas, religiosas y sindicales,

Muchas de esas modificaciones continúan vigentes.

La Ley de Seguridad Industrial militarizó a los trabajadores en huelga. El Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea controlaron los ritmos de producción en las grandes fábricas después del secuestro centenares de delegados.

Para imponer esa normativa, era necesario desaparecer de las fábricas a todos aquellos que eran un obstáculo.

En la propia declaración del imputado Aneto pudimos escuchar que “esa era una zona conflictiva”, más específicamente también dijo que “Tensa era una fábrica conflictiva”.

Completando luego con relación a los conflictos laborales: “mi jefe de calle hacía inteligencia”. Dijo que ellos proponían un arreglo y “si no concordaba el arreglo, tenía que llamar a los militares”

CONTEXTO: CIRCUITO - CAMPO DE MAYO

Ahora nos queremos referir a la interrelación represiva

¿Por qué Iris Pereyra de Avellaneda y su hijo pasan de una comisaría bonaerense a Campo de Mayo?

La respuesta es porque funcionaban circuitos represivos, que esta forma de juzgamiento parcializada desdibuja.

La dictadura dividió el país en 5 zonas militares, correspondientes a los cinco cuerpos en que se dividía el ejército.

Policía

En cuanto al rol de la policía en el circuito la testigo Claudia BERLINGERI explicó que las conclusiones que pudieron sacar a partir de los legajos obrantes en la Comisión Provincial por la Memoria, es que las fuerzas represivas tenían acción combinada desde el ’75.

Beatriz AREVALO (Ex Comisión Interna de Hidrófila): fue secuestrada en el 75 cuando salía de la fábrica con su compañero, es conducida a Comisaría de de Villa Martelli, los interrogan sobre quiénes más estaban en la Comisión Interna.

Ella lo asocia a que estaban organizando una marcha por 2 obreros de FATE que habían desaparecido.

Contó que la llevan a la Brigada Femenina, de ahí a Olmos, Luego a Devoto y la liberan en octubre del 77.

“Pensaba que eran las 3 A cuando me secuestran”, relató

Campo de Mayo

Campo de Mayo era parte del circuito represivo que funcionó en la zona IV cuya jefatura estuvo a cargo del Comando de Institutos Militares.

Tal vez sea esta la zona donde el inventario de centros clandestinos crece más rápidamente según avanzan las investigaciones, y en la que la diversidad de lugares sea más singular: desde cuarteles, comisarías y fábricas militares, pasando por un club y una reserva natural, hasta un barco como el Murature.

DE TODO ESE CIRCUITO CON MILES DE VÍCTIMAS, PARTOS CLANDESTINOS, VUELOS DE LA MUERTE, …

SE ESTÁ JUZGADO AQUÍ A UNA MÍNIMA PARTE DE LOS CO-AUTORES DE ESE GENOCIDIO.

DESMEMBRAMIENTO

Esta querella no encuentra explicación desde el punto de vista jurídico para que las causas que se deberían instruir y llevar a debate considerando los centros clandestinos y el circuito represivo, se parcelen en decenas de casos individuales.

Esta situación violenta el principio elemental que indica que la unidad represiva organizada por la dictadura, debería corresponderse con la unidad jurisdiccional en la instrucción y juzgamiento de los crímenes.

En estos casi 6 años de anuladas las leyes que impedían el juzgamiento de estos delitos, no encontramos razón jurídica alguna que explique cuál es el extraño motivo –extrajurídico seguramente- que provoca que un mismo represor esté procesado en múltiples causas o por múltiples hechos y ello no devenga siquiera como en cualquier caso en que está implicado un hijo de vecino que una causa atrae al resto por conexidad.

Pero a pesar de ese fraccionamiento que desdibuja responsabilidades y la coordinación represiva, surge una y otra vez el funcionamiento planificado y la organización de CIRCUITOS REPRESIVOS por los que se debería estar juzgando en este momento y en este lugar.

LIDIA BISCARTE, era delegada gremial de Maestranza, del puente Zárate Brazo Largo declaró aquí. Fue secuestrada y trasladada a la Comisaría de Zárate. De allí a Prefectura de Zárate. Al cabo de dos o tres días, la sacaron amordazada e hicieron un recorrido que terminó en el Arsenal de Zárate. Los subieron al “Murature”, Luego los trasladaron en camiones al Tiro Federal de Campana. De allí la llevaron en camión a la Cría. de Campana; Allí los tienen en una especie de pileta, y luego los llevan a la Cría. de Escobar. Cruzaron en una barcaza a la isla (delta), y los llevan a una casa donde los vuelven a torturar. “Me torturaron tanto, que no podía hablar”. La tiraron a una pileta de natación “donde había muchos compañeros muertos”. La subieron a otro camión, que hizo un recorrido. “Esto pasó en Escobar, y escucho que uno le dice al otro: entrá por la puerta 4”. Los llevaron a Campo de Mayo.

Después la llevaron a Olmos, después a Devoto.

REPRESORES COMO IMPUTADOS NO TESTIGOS

Para hacer funcionar tremenda maquinaria represiva fueron necesarios miles de miembros del aparato represivo en donde cada uno era un engranaje necesario.

Muchos de estos “engranajes” pasaron por esta sala en calidad de simples testigos, cuando tendrían que haberlo hecho en calidad de IMPUTADOS.

Confesaron incansablemente, ante ustedes Sres. Jueces, haber prestado una colaboración indispensable al genocidio, y sin embargo, entraron y salieron por la misma puerta.

· Víctor Ibáñez, en su rol de arrepentido.

· Juan Carlos Solís quien contó con detalle como visitaba a las prisioneras claramente en funciones de inteligencia

· Oscar Edgardo Rodríguez fotógrafo aéreo y foto-intérprete del batallón de inteligencia que entraba a Campo de Mayo y usaba nombres “de cobertura”: Rotela, Acuña, pero “todos sabían que yo era Rodríguez.”

· Ferrari: “Hacíamos servicio adicional en empresas como la Hidrófila”, dijo.

· Rodolfo Wanuffelen: agente de Martelli en el 76, actualmente vigilador privado, Recordó que traían gente a la comisaría, eran llevadas por el Ejército. A los detenidos los llevaban a los calabozos, los traían con la cara cubierta, los retiraban encapuchados. A los presos comunes los llevaron a otras comisarías después del golpe.

· José Barrionuevo, estuvo en Villa Martelli en la época que allí funcionó un CCD

· Pedro Pablo Carballo, que habló de los detenidos de la fábrica Orletti, mientras estuvo en el CCD Campo de Mayo

· Oscar Alfredo Bisignano, de la Comisaría de Villa Martelli

· Alberto Incarbone, también de Villa Martelli, el supuestamente cortaba el pelo mientras al lado se torturaba y no escuchó nada…

· Héctor Oscar Landriel, de Villa Martelli, quién nos ilustró sobre cómo “era normal que detengan a la noche y se lo lleven a la mañana”, dando cuenta de los traslados.

· Héctor Ventura Basualdo, se burló de las víctimas diciendo que el general Riveros a quién él custodiaba sólo salía para ir a desfiles y fiestas.

· Walter Alfredo Polidori, comisario, traído aquí para debatir sobre su peluca, contó cómo estaba implicado en una causa por desaparecidos uruguayos, cómo entraba y salía de Campo de Mayo. Y como casi, casi alcanza del rango de jefe de policía durante el gobierno de Alfonsín.

· Los instructores policiales Maztieri y Tejeira

· Jorge Hasan

· Horacio Michelone

· Víctor Manuel Pérez, otro bonaerense custodio de Riveros, también relató la participación en fiestas de Riveros

· Pedro Lisandro Nieva, otro chofer, de los tantos choferes que aparecen ahora, ninguno vio, ninguno oyó nada, cuando él mismo dijo que dos veces por semana al menos salían en operativos. Habló que “había diligencias que las hacían de noche”. Y llegó a decir que “los presos se atendían solos”. Tan ridículo como se oye…

· Heriberto Justo Auel, quien directamente negó los campos de concentración, cuando él por ejemplo estuvo como Teniente Coronel jefe del Regimiento 8 de Comodoro Rivadavia años 79/80

· El propio Aneto, nombró a Celia, Osvaldo Bajo, Said, Polidori, Caracachuk como implicados en el plan represivo.

· Y tantos otros…

Algunos no lo hicieron sencillamente porque no fueron ubicados como Serafín Schestopalek.

Esto es la consecuencia mas palpable de la forma de juzgar, los casos de manera aislada.

REVICTIMIZACIÓN

Derivado de esta forma de analizar hechos y responsabilidades se habló aquí también de la “revictimización” de los sobrevivientes hoy puestos en el lugar de testigos de un hecho ajeno.

Podemos decir sin temor a equivocarnos que tanto los integrantes de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos que represento en esta querella como cientos de sobrevivientes, declararan una y mil veces para dar cuenta del cautiverio de sus compañeros que hoy no pueden hacerlo producto de ese plan criminal de desaparición y exterminio.

Pero de eso no se trata cuando hablamos de revictimización, concepto aparecido en estos juicios a partir de la desaparición de nuestro compañero Jorge Julio López, hace ya 33 años de la primera vez, y 33 meses de la segunda desaparición.

Tratar los casos de Iris y el Negrito como si fueran un drama familiar aislado, parcelando sus padecimientos de los de sus compañeros de cautiverio, poniéndolos en un lugar opuesto al que eligieron como opción de vida, aquí está Iris luchando por todos y cada uno de los desaparecidos.

Si en cualquier caso esto es trágico pues impide concretamente alcanzar la justicia, en este caso se magnifica. Por Campo de Mayo pasaron unas 5000 personas, número sólo comparable al de la Escuela de Mecánica de la Armada, de esos miles de casos, se despedazaron en unos 400 incidentes.

Esta forma errónea de entender la revictimización es el motivo profundo por el cual se nos cercenó prueba fundamental en una instancia procesal completamente extemporánea para ello.

Que no pueda declarar Héctor Ratto, obrero de Mercedes Benz, perseguido por la misma causa por la que fueron a buscar a Floreal padre; resolución tomada 24 hs antes.

O la prohibición de que declare Alberto Calvo, otro sobreviviente de Campo de Mayo.

Su testimonio fue impedido el mismo día que tenía que declarar, seguramente luego de que en su cabeza se reviviera una y otra vez el horror en el que hay que sumergirse para preparar un testimonio de estas características.

Después de horas, no se lo deja declarar para protegerlo.

Esta no es la protección que los testigos necesitan, nos atrevemos a decirles señores jueces. La primera y elemental protección que necesitan es que las personas que van a identificar con su declaración estén presas.

¿Cuándo se abrirán los archivos oficiales y los de los centros de exterminio para que las pruebas dejen de recaer exclusivamente en las víctimas?, se preguntaba hace unos días el abogado Carlos Slepoy querellante en las causas por terrorismo de estado en Argentina, Chile y el Estado Español.

Tanto esta querella como las que me antecedieron en la palabra nos opusimos a que esta causa se eleve en forma parcializada en oportunidad de responder la vista del art. 346, negándonos que llegue a debate por 2 víctimas seleccionadas entre 5000 y por 6 acusados seleccionados entre otros cientos.

Incluso a la Cámara del fuero le solicitamos audiencia que nos fue concedida.

Iris Avellaneda dijo ante ella: “Si el Negrito estuviera acá, estaría pidiendo lo mismo que yo: justicia no solo para él sino para todos sus compañeros”

Esta forma de juzgar a los genocidas -que se reproduce en prácticamente la totalidad de los juzgados del país- es funcional a los intereses políticos tanto de aquellos que: pretenden mantener la impunidad absoluta, como de quienes pregonan que es suficiente con juzgar a unos pocos casos paradigmáticos.

Mientras, los ejecutores del genocidio: entraron y salieron como si nada pasara.

A 33 años de los hechos, después de dos reconocimientos en rueda de personas se pidió a Iris y Arsinoe que describan a Aneto repetidas veces.

Nos preguntamos ¿Por qué?

Y la respuesta es: por esta forma de juzgamiento.

Porque sólo Aneto está imputado en esta causa de toda la plantilla de personal que prestó funciones en una comisaría donde funcionó un centro clandestino de detención.

Donde todos y cada uno cumplía un rol en ese engranaje de la maquinaria genocida.

Si está probado que Iris y Floreal estuvieron en la comisaría de Villa Martelli, si está probado que funcionó como un centro clandestino de detención: ¿por qué sólo Aneto? ¿Por qué es necesario que la víctima reconozca a Aneto?

¿Alguien se puso a pensar cuál es el nivel de conciencia que puede tener una persona después de la tortura? ¿Después de la picana?

Al contrario, se le preguntó de qué material era el piso de la sala de tortura…

Esta mecánica retorcida de parcializar las causas por hechos y en cada uno de ellos “elegir” sólo a los represores identificados por las víctimas,

• obliga a la realización de infinitos juicios orales en los que se investiga un grupo minúsculo de delitos como hechos aislados e independientes,

• desdibuja, diluye una y otra vez el plan sistemático de exterminio y conspira contra el análisis de los esquemas de responsabilidades de los imputados.

Este modo de juzgamiento, hace que una vez más toda la responsabilidad quede sobre las espaldas de los sobrevivientes. Pero ahora por oposición tanto el Poder Judicial como el poder político los ponen en un lugar de responsabilidad de la impunidad de la inmensa mayoría de los secuestradores y los torturadores. Traen a juicio solo a Aneto de todo el personal de Villa Martelli porque fue reconocido por la víctima.

La encrucijada es de hierro: si reconocen indubitablemente a uno de ellos, ése será –quizás- juzgado, pero eso significará la impunidad de todos los demás.

Pero, mucho peor que eso, se transforma a los sobrevivientes en “testigos claves”, en blancos móviles de los genocidas que fueron reconocidos con su testimonio.

Señores jueces, a 33 años de los hechos, tienen ustedes la responsabilidad de generar las condiciones para que no haya testigos en peligro, para que no haya blancos móviles, para que los responsables de un genocidio no convivan con todos nosotros en la impunidad.

Señores jueces:

Así como hablábamos al comienzo de este alegato, sobre el mandato que los perpetradores planificaron imponer a los sobrevivientes, debemos decir que también los genocidas dejaron un mandato a los gobiernos constitucionales posteriores y al poder Judicial: garantizar la impunidad.

Esa impunidad que garantiza que se puedan cometer los crímenes más aberrantes, como los que aquí se juzgan, sin que pase nada, nada.

Esa impunidad que cajoneaba y rechazaba habeas corpus.

Esa impunidad que asistió y asiste aún a los jueces, fiscales y miembros del Poder Judicial que participaron de interrogatorios y sesiones de torturas.

Esa impunidad que durante años rigió avalada por el propio poder judicial, impidiendo el juzgamiento del genocidio.

Esa impunidad que continúa -anuladas las leyes de obediencia debida y punto final, y con el mandato represor vigente-, cuando se parcializan las causas hasta el infinito, cuando se presentan los casos como crímenes aislados, cuando se niega la verdad histórica al oponerse a juzgar y condenar lo sucedido como lo que fue: un genocidio.

Señores jueces,

Desde hace 33 años Iris Avellaneda viene luchando contra la impunidad. Por su hijo, que le fue arrancado desgarrando desde lo más profundo.

Por el Negrito, por ella misma, por sus compañeros de cautiverio, por los 30.000 compañeros detenidos-desaparecidos; con todo el dolor y con todo el horror, con su condición de MADRE, de MILITANTE, y de EX DETENIDA-DESAPARECIDA, Iris Avellaneda rompió con el mandato de los represores.

Hoy, es éste Tribunal quien tiene que romper con el mandato de la impunidad. Porque creemos que la entrega de Jorge Julio López, el Negrito Avellaneda y los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos no fue en vano, continuaremos luchando por un país sin explotadores ni explotados.

Alegato de la Dra. Liliana Mazea, de FIDELA y el equipo jurídico de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, patrocinante de la querella unificada de Justicia Ya!

Antes de pasar a desarrollar el tema específico de este alegato que es la calificación legal que pretendemos, mencionaré que antes de este juicio ya han sido acreditadas numerosas circunstancias relevantes para este proceso. Se trata de Sentencias firmes pasadas en autoridad de cosa juzgada y que representan por lo tanto, realidades jurídicas indiscutibles.

Así la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la ciudad de Buenos Aires, tuvo oportunidad de investigar este y otros hechos y al dictar sentencia el 9 de diciembre de 1985 en la causa 13/84, tuvo por acreditado el plan criminal de exterminio, donde el hoy caso 145 es una parte, y que por estar incorporada como prueba al presente juicio sólo recordaré que en el Capítulo XI punto 1) se señaló que :

“Los secuestradores eran integrantes de las FFAA, policiales o de seguridad y si bien, en la mayoría de los casos, se proclamaban genéricamente como pertenecientes a algunas de dichas fuerzas, normalmente adoptaban precauciones para no ser identificados, apareciendo en algunos casos disfrazados con burdas indumentarias o pelucas” Y en el punto 4) se hace referencia a que los secuestros ocurrían durante la noche, en los domicilios de las víctimas y siendo acompañados en muchos casos por el saqueo de los bienes de la vivienda.

En el Capítulo XII se señaló: “Las personas secuestradas eran llevadas de inmediato a lugares situados dentro de unidades militares o policiales o que dependían de ellas, que estaban distribuidos en el territorio del país, y cuya existencia era ocultada al conocimiento público.

Los principales centros clandestinos de detención se encontraban distribuidos en diversas zonas del país, dependiendo de las Fuerzas Armadas y Organismos de Seguridad, y en la forma que a continuación se detalla:…

Punto 7:…CAMPO DE MAYO Situados dentro de la guarnición de Campo de Mayo se han constatado tres centros clandestinos de detención: El primero ubicado en la plaza de tiro, próximo al campo de paracaidismo, conocido como El Campito" o "Los tordos"; el segundo, perteneciente a Inteligencia, ubicado en la ruta 8, frente a la Escuela de Suboficiales "Sargento Cabral"; y el tercero: la prisión militar de Campo de Mayo.

Y en el CONSIDERANDO V punto III. En el casos 102, se ha podido acreditar la muerte de Floreal Edgardo Avellaneda.

Asimismo por el caso 103, Iris Pereyra de Avellandea fue condenado Videla por los tormentos y la privación ilegal que sufrió la querellante del juicio, y también por robo de sus bienes en su domicilio..

La Corte Suprema de Justicia de la Nación en diciembre de 1986, al confirmar el fallo también caracterizó el plan criminal y en el punto e) mencionó: “realizar todas esas acciones con la más absoluta clandestinidad, para lo cual los secuestradores ocultaban su identidad, obraban preferentemente de noche, mantenían incomunicadas a las víctimas negando a cualquier autoridad, familiar o allegado el secuestro o el lugar de alojamiento. (Fallos 309:1689) Exactamente lo sucedido en las presentes actuaciones.

Desde la óptica de la querella, consideramos necesario la adopción de un punto de vista diferente del escogido en instancias judiciales anteriores con relación a los tipos penales seleccionados para calificar las conductas investigadas. Con ello no propugnamos una modificación de los hechos atribuidos sino un cambio del encuadre típico de los mismos, con lo que se resguarda plenamente el derecho de defensa de los aquí imputados. Todo ello en función del desarrollo sobre la materialidad de los hechos realizada por las querellas que nos precedieron, y que adherimos en su totalidad.

Antes de entrar a los tipos penales escogitados debemos mencionar que los conceptos sobre Autoría desarrollados en la Sentencia causa 13 son los que propugnaremos.

La doctrina penal asienta sus categorías de autor, en el dominio del hecho o del suceso: es autor, quien domina el hecho, quien puede decidir sobre el sí y el cómo del hecho, quien tiene la posibilidad de decidir la configuración central del acontecimiento o bien detener o impedir la concreción del mismo.

Con posterioridad, con la aparición de nuevas formas de criminalidad que no podían ser abarcadas dentro de los límites marcados por la teoría del dominio del hecho, correspondía la búsqueda de nuevos criterios. Es Claus Roxin en 1963 que formula como "teoría del dominio de la voluntad a través de aparatos organizados de poder", desarrollada y precisada en sus límites y contenidos en su obra Autoría y dominio del hecho en Derecho Penal (Ed. Marcial Pons, Madrid, Edición 2000).

Se trata de la imputación por autoría mediata para el hombre de atrás, siendo su factor decisivo la fungibilidad del ejecutor, quien también será autor responsable.-

Así, serán autores mediatos, los que dieron la orden de matar, secuestrar o torturar, porque controlaban la organización y tuvieron en el hecho incluso más responsabilidad que los ejecutores directos.

El fundamento de la autoría mediata en este caso deviene de la “fungibilidad” de los miembros de la organización criminal, que son también meros instrumentos de los que se encuentran en la cúpula del aparato cuando les ordenan la comisión de delitos. A su vez la responsabilidad de los ejecutores se funda en que la comisión de los delitos se realizó de manera libre y con perfecta conciencia de lo que sucedía, sin imposición coactiva o violenta por parte de los mandos superiores, y porque lejos de actuar con error sobre la antijuridicidad de las conductas que se les encomendaban –secuestrar, encerrar en mazmorras, torturar, matar– realizaban las mismas guardando el más absoluto secreto, lo que evidencia la plena conciencia de encontrarse desarrollando acciones de naturaleza criminal.

De acuerdo a la misma, en circunstancias como las de autos, son autores tanto el mediato como el ejecutor. El hombre de atrás controla el resultado típico a través del aparato, sin considerar a la persona que entra en escena como ejecutor. El hombre de atrás tiene el "dominio" propiamente dicho, y por lo tanto es autor mediato.

Por lo que las actividades desplegadas por los ejecutores de los secuestros, tormentos, homicidios, son la consecuencia necesaria de las órdenes impartidas desde el estamento superior, y retransmitidas por la cadena de mandos establecidas al efecto para la lucha de la llamada “subversión”.

Por eso los procesados conocían la forma de funcionamiento del aparato represivo y quisieron los crímenes ejecutados por sus integrantes como el producto de su propio comportamiento. Desde el punto de vista subjetivo, actuaron dolosamente: se representaron el resultado y lo quisieron.

PRIVACION ILEGAL DE LA LIBERTAD:

Sólo podrá ser considerado autor en sentido jurídico-penal quien revista la condición de funcionario público. De las constancias de autos y de las propias declaraciones de los imputados, todos revestían dicho carácter conforme las previsiones del art. 77 del Código Penal, al momento de los sucesos.

El delito acaecerá allí cuando las facultades conferidas al sujeto activo por la función que el mismo desempeña, sean utilizadas de modo arbitrario o abusivo; afectando -en lo que aquí interesa- la libertad del individuo.

Es de instantánea realización, ya que se consuma formalmente en el primer momento de efectiva privación de la libertad personal, siempre que el ofendido se vio impedido de disponer de su libertad de locomoción en los límites queridos por el autor.

A partir de dicho momento, el delito ya se encuentra técnicamente consumado, ya que concurren todos los elementos objetivos y subjetivos del tipo.

Sebastián Soler, destaca que el delito “puede ser cometido por omisión, consistiendo en este caso, en no hacer cesar una situación de privación de libertad preexistente, estando obligado a ello conforme con la ley o a causa de la propia conducta anterior...”. Carlos Creus coincide en ese punto al señalar que: “...La consumación puede realizarse mediante omisión , cuando el agente no hace cesar la situación de privación de la libertad preexistente en que se encuentra la víctima por obra de un tercero, o cuando no hace cesar la que habiendo sido legítima se convirtió en ilegitima, teniendo la obligación de hacerlo. Es delito permanente -la acción se prolonga mientras no cesa la privación de la libertad-..

En cuanto al aspecto subjetivo del tipo, es del caso señalar que se trata de un delito doloso, que se satisface con la comprobación de, al menos, dolo eventual (cfr. C.C.C., Sala IV, in re: “López, Norberto J.” rta. 21/12/89, publicada en: J.A., 1990-IV-92).

La clandestinidad con que los imputados realizaron las capturas, el ocultamiento de la existencia misma de los centros clandestinos de detención son claras evidencias no sólo de la ilegalidad de las detenciones y cautiverios de las dos víctimas de autos, sino de la conciencia de esa ilicitud por parte de los imputados.

Por su parte, se vuelve condición necesaria, el conocimiento del carácter abusivo de la privación ilegal de la víctima por parte del agente y la voluntad de restringirla en esa calidad, circunstancia que también se verifica en este proceso.

Agravantes.

Uso de violencias o amenazas.

La privación ilegal de la libertad sufrida por los secuestrados, conforme se desprende de los testimonios reseñados en la causa, se ve agravada, en razón de haber sido cometida bajo violencia, con empleo de fuerza física directa sobre los aprehendidos.

En concreto, media violencia cuando ésta se aplica sobre el cuerpo de la víctima o sobre terceros que intentan impedir la misma, sea mediante el empleo de energía física o por un medio que pueda equipararse; la amenaza puede estar dirigida hacia la víctima o hacia cualquier otro que trate o posea capacidad para impedir tal hecho, y se configura en la medida en que se intimide a la víctima o al tercero, anunciándole un mal que puede provenir de la actividad del agente o de un tercero a su instancia (cfr. Creus, Carlos: Derecho Penal. Parte Especial, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1992, Tomo I, p. 301).

No cabe duda alguna respecto de que los detenidos-desaparecidos de los centros clandestinos de detención eran “presos” en los términos del Código Penal. Efectivamente, dicha condición surge de su aprehensión y encierro por funcionarios públicos, y tal como señalara la Excma. Cámara en la citada causa nº 13/84, “... La circunstancia de que esas detenciones no hubiesen sido llevadas a cabo de acuerdo con las prescripciones legales...no cambia la categoría de “presos”...”

TORMENTOS A UN PERSEGUIDO POLITICO.

En este aspecto se encuentra acreditado en las presentes actuaciones que, en ocasión de encontrarse privados de su libertad, las dos víctimas secuestradas fueron sometidos a tormentos.

Sujeto pasivo del delito, es una persona privada de su libertad. Sujeto activo del delito es un funcionario público.

En este orden de ideas, tal como se ha acreditado ut supra, a raíz de numerosos documentos y testimonios que se han colectado sobre el tema, las víctimas del centro de detención, fueron sistemáticamente y por el sólo hecho de ingresar al campo clandestino, objeto de desnudamiento, amenazas constantes, palizas, tabicamiento, condiciones de salud e higiene deplorables, inanición, aislamiento tanto del entorno como del exterior, prohibición del uso de la palabra o de cualquier otra forma de comunicación, aplicación de picana eléctrica, entre otros graves sufrimientos físicos y psíquicos, sustitución de su identidad por un código alfanumérico; simulacro de fusilamiento, todo lo cual evidencia la presencia de un padecimiento permanente respecto de las dos víctimas, tanto en la Comisaría de Villa Martelli como en el centro clandestino de detención, desde su ingreso hasta su salida o traslado; los interrogatorios sobre su militancia política sin lugar a dudas y en cada uno de los casos, el encuadre típico es del art. 144 ter, segundo párrafo del C.P.

En relación al análisis del tipo subjetivo, consiste en el conocimiento por parte del sujeto activo, de que la persona a la cual se tortura está privada de su libertad y que la actividad desplegada respecto de ésta, le causa padecimiento e intenso dolor. Condición que resultaba al momento del hecho a todas luces conocida por los imputados.

Es de advertir que cuando el legislador estableció la agravante del tormento calificado por su aplicación a un perseguido político, el fundamento de la punición no estuvo dado por la ideología o práctica real del represaliado, sino por la subjetividad del sujeto activo, que selecciona a su víctima en razón de la motivación política (tenga esta sustento o no en la realidad histórica). Como bien enseña Ricardo Nuñez “perseguido político no es sólo el imputado de un delito por causa política, sino también el individuo arrestado o detenido por motivo político, como es el de ser opositor al régimen establecido o a las personas que ejercen el gobierno”.

Homicidio agravado por alevosía.

Sostiene Edgardo Alberto Donna que el homicidio cometido con alevosía consiste en dar muerte a otro empleando medios, modos o formas en la ejecución que tiendan directa y especialmente a asegurar el homicidio, sin riesgo para el autor. Es un modo traicionero de matar.

Constituye un actuar sobre seguro y sin riesgo, con ánimo cobarde. No es necesario que la indefensión de la víctima haya sido provocada por el autor, bastando que éste se aproveche de la situación.

El dolo del autor debe comprender que tanto los medios, el modo y las circunstancias, son aprovechados de manera que tiendan directamente a asegurar la muerte de la persona, con el fin de lograr una muerte sin riesgo.

En las presentes actuaciones en el caso de Floreal Avellaneda concurren las circunstancias objetivas que autorizan a tener por configurada la alevosía: el estado de indefensión de la víctima.

Sin dudas, estar secuestrado, torturado y atado acarrearon indefectiblemente una ausencia total de la capacidad defensiva del sujeto pasivo, máxime si tal situación es conjugada en un contexto en el que este tipo de actividades se realizaban en función de un “plan sistemático de represión” llevado a cabo durante la última dictadura militar; donde el destino de los secuestrados quedaban libradas al exclusivo arbitrio y señorío de los encargados de mantener en funcionamiento este inmenso aparato exterminador.

Es una figura dolosa, donde el agravante radica en las particulares circunstancias en que el agente despliega su accionar; consistente en un obrar sobre seguro y sin riesgo, con la pretensión de evitar de esa manera, cualquier acción defensiva que pueda ser llevada a cabo por la víctima o por un tercero haciendo uso, por ejemplo, de la legítima defensa.

La Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal en el marco de la causa n° 13/84, estableció que “los homicidios deben considerarse como alevosos tomando en cuenta un doble aspecto: objetivo, el primero, al verificar que la víctima estuvo en estado de total indefensión; el otro, subjetivo, atendiendo a la acción preordenada de matar sin que el ejecutor corriera riesgo en su persona...” (C.S.J.N Fallos: 309-2: 1527, Consid. IV).

La otra forma de agravamiento del homicidio que se le imputa a los encartados consistente en “la participación premeditada de dos o más personas”.

La doctrina en general, ha sostenido que el fundamento de la agravante consiste en que, al matar mediante el concurso de personas se disminuye la defensa de la víctima. Para FONTAN BALESTRA, en su obra “Tratado de Derecho Penal, Parte especial”, Edit. Abeledo-Perrot, T. IV, pág. 120: “… bastan dos personas que intervengan en el hecho.

Respecto del concurso de dos o más personas en la ejecución del homicidio de Floreal Avellaneda, agravante prevista por el inc. 6 del art. 80 C.P., cabe señalar que se encuentra plenamente acreditado en las presentes actuaciones.

De la propia planificación señalada de los hechos, y la distribución de roles se colige el concurso premeditado con anterioridad.

ROBO AGRAVADO POR EL USO DE ARMAS, EN POBLADO Y EN BANDA

Quedó acreditado desde la Sentencia en Causa 13/84 como en el presente juicio oral que al momento del ingreso al domicilio de las víctimas fueron despojadas de diversas pertenencias, lo que se encuadra en el delito previsto en el art. 166 inc. 2 y 167 inc. 2 CP que se les imputa a todos los procesados.

ALLANAMIENTO ILEGAL

También quedó demostrado que no mediaron órdenes de detención ni de allanamiento expedidas por autoridad competentes, por lo que debe también se les atribuye a los encartados. Delito previsto en el art. 151 CP.

RELACION ENTRE LAS FIGURAS

Toda vez que resultan material y jurídicamente escindibles las figuras de privación ilegal de la libertad, tormentos agravados y homicidio agravado, corresponde aplicar las reglas del concurso real, art. 55 del C. Penal con su redacción al momento de los hechos.

DELITOS DE LESA HUMANIDAD

Del simple repaso de los testimonios vertidos en el debate y de las constancias de autos, permiten designar a los hechos investigados como lesivos para la humanidad, denominados también crímenes contra el derecho de gentes, con independencia de que estén o no tipificados en el derecho interno. Es más, no es necesaria su imputación en las indagatorias de los encartados, ya que los procesados son indagados sobre hechos delictivos, no sobre la calificación jurídica que corresponde a los mismos. Ésta debe ser propuesta y fundamentada por las partes y, en definitiva, en base a las pruebas producidas es este tribunal quien debe calificar jurídicamente.

Así, tanto la doctrina como las convenciones los definen como un ataque generalizado o sistemático contra la población civil, con conocimiento de dicho ataque, y el ataque debe haber sido llevado a cabo de conformidad con la política de un Estado o parte de él y que es un delito genérico ya que de él se derivan otros específicos como el genocidio.

Entonces se pueden cometer diversos delitos sin que se tenga una específica intencionalidad por parte del represor, como los de lesa humanidad o bien tener la intención de reprimir a determinadas personas con el objetivo de destruir sus grupos de pertenencia, como en el genocidio. Y en ninguno de los dos casos se viola garantía constitucional alguna en la aplicación de las convenciones internacionales, ya que no se solicita condena por acciones lícitas al momento de su comisión, ni se aplican penas más graves.

Floreal Avellaneda, en su declaración testimonial en el debate dijo: No vinieron a buscar específicamente a los Avellaneda. Estábamos incluidos en el grupo por ser opositor a la dictadura, por nuestra militancia.

Ahora bien, la Argentina ha adherido a diversas Convenciones, incorporadas a nuestra Carta Magna luego con la reforma constitucional de 1994 al art. 75 inc. 22, con independencia que los delitos de lesa humanidad como el genocidio se encontraban al momento de los hechos como norma imperativa del derecho consuetudinario. Entre ellas la Convención para la Prevención y Sanción del crimen de Genocidio que fue ratificada por ley 14.467 en setiembre de 1958. La misma establece, según su art. 2do. [...] se entiende por crimen de genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial, o religioso como tal:

a) Matanza de miembros del grupo;

b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo;

c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial;

d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo;

e) Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo.”

Por lo que entendemos que los hechos que aquí se investigan y las conductas descriptas por los procesados se encuadran en los incisos a) y b) y c) del art. 2do. de dicha Convención ya que los responsables de su desaparición y/o asesinato tenían la intención de destruir, total o parcialmente, a un único sujeto que es el grupo de pertenencia de las víctimas, con independencia de su pertenencia política partidaria. Hay numerosos ejemplos fácticos, como la militancia social, barrial, sindical o estudiantil de la mayoría de las víctimas del universo reprimido, que no implicaban una disidencia política individual, y entonces cabe la pregunta ¿en qué grupo político habría que incluir a los cientos de niños secuestrados o asesinados?).

Por supuesto que tanto los delitos de lesa humanidad en su sentido genérico como el específico de genocidio conducen a idénticos resultados desde el punto de vista de sus consecuencias jurídicas, en lo que hace a la capacidad de ceder o renunciar a las garantías de prescripción, territorialidad y obediencia, por ser violaciones a la propia existencia de la humanidad y que, por tanto, no pierden su efecto con el tiempo, no pueden ser dejadas sólo en manos de las justicias nacionales y no pueden ser excusadas por la situación de obediencia. No se incorporó a la ley interna el tipo penal de crímenes de lesa humanidad ni, en consecuencia, pena alguna para los mismos, aplicando las penas que prevé el Código Penal Argentino. Igual situación sucede con en el delito de Genocidio.

Pero si privilegiamos al Derecho como constructor de verdad y no como hacedor o fabricante de penalidades, donde ya las sentencias dictadas en procesos por violación a los ddhh se vuelven cada más simbólicas, atento la edad de los procesados y también la de las víctimas, la distinción entre los delitos de lesa humanidad en forma genérica y el específico como el genocidio cobra mucha importancia para la sociedad.

Como señalamos, es evidente que todo genocidio implica también la comisión de crímenes contra la humanidad, pero no es así a la inversa, ya que éste último representa el ataque “discriminado” a determinados grupos de dicha población a fines de lograr la destrucción parcial del propio grupo, que produce con su ausencia la transformación de la sociedad de acuerdo a los valores que querían implantar los represores. El grupo los nominaba o señalaba el represor sin que los incluidos en el mismo tuvieran generalmente relación entre sí. Y lo conformaban todos los que se oponían filosóficamente al nuevo orden político-económico que los dictadores querían instaurar. Como dijo el Presidente de facto “Además de combatir la subversión hay que gobernar, y gobernar empieza por poner en claro los valores tradicionales de nuestro estilo de vida”. Videla, Jorge Rafael, en La Prensa, 13 de mayo de 1976. O el tan conocido “hay que destruir a quienes se oponen a la civlización occidental y cristiana". Anticipándose al genocidio venidero en el diario Clarín del día 24 de octubre de 1975, el general Videla dijo: “Si es preciso, en Argentina deberán morir todas las personas que sean necesarias para lograr la seguridad del país”

Para comprender la dimensión del grupo estigmatizado recordemos la famosa arenga el Gobernador militar de la Provincia de Buenos Aires General Ibérico Saint-Jean “Primero mataremos a todos los subversivos, luego mataremos a sus colaboradores, después... a sus simpatizantes, enseguida... a aquellos que permanecen indiferentes, y finalmente a los tímidos”.

Señaló el Dr. Carlos Slepoy, abogado especialista en la materia y acusador en la Audiencia Nacional de Madrid con relación a estos mismos delitos: “Los torturados, asesinados y desaparecidos, los hijos de las Madres, los padres de los niños secuestrados, los sobrevivientes de los centros de exterminio, los presos políticos, los exiliados, todos eran militantes sindicales, estudiantiles, políticos, sociales, culturales y estaban organizados. La dictadura no dirigió un ataque generalizado o sistemático contra la población civil. Su propósito fue destruir los grupos en que aquéllos se integraban y perpetró, en consecuencia, un genocidio.”

Sea entonces que el represor los nomine como "delincuente subversivo", "subversivo", "delincuente terrorista", "terrorista", "guerrillero" “activista sindical” etc., no se trata de una identidad innata, sólo basta que el represor los constituya en grupo; en grupo como tal, convirtiéndolos por esa sola denominación o identificación en el sujeto pasivo de la destrucción o eliminación que desata el represor.-

Lo que configura el crimen del genocidio es que el represor defina y decida cómo se integra el colectivo de sujetos, de seres humanos, sobre los que se ejercerá el obrar destructivo, eliminatorio, de aniquilamiento.-

Corrobora lo expuesto con relación al oponente que integraba el grupo elegido por los represores, el Plan del Ejército elaborado en 1975, firmado por Videla como Comandante General del Ejército, fechado en febrero de 1976 y distribuido en ese mismo mes a los distintos Cuerpos de Ejército. En el Anexo 2 de dicho Plan se define al oponente del siguiente modo: " se considera oponente a todas las organizaciones o elementos integrados en ellas existentes en el país o que pudieran surgir del proceso, que de cualquier forma se opongan a la toma del poder y/u obstaculicen el normal desenvolvimiento del gobierno Militar a establecer". Las organizaciones aludidas son detalladas en el Anexo 3 (Inteligencia) del Plan. Se incluyen las que se consideran como oponentes activas y potenciales. Entre las primeras, además de las organizaciones político-militares, una larga serie de organismos y asociaciones políticas, sindicales, estudiantiles, religiosas y de derechos humanos.

En la Directiva Secreta 504/77 se estableció: “Por elementos subversivos no solamente debían entenderse las personas vinculadas a algún tipo de actividad armada sino también aquellas que pregonaran una forma de vida contraria a nuestro sentir nacional...”. De tal forma queda evidenciado el carácter amplio y difuso del concepto "enemigo", hasta límites imposibles de advertir.

Todo lo expuesto se desarrolló dentro de la concepción sustentada a mediados del siglo XX, Doctrina de Seguridad Nacional mediante, donde la opresión se dio por los ejércitos nacionales de cada uno de los Estados, que funcionaron como “ejércitos de ocupación” de sus propios territorios.

Si bien, como advertimos anteriormente, el grupo lo semantiza el represor, algunos tribunales consideran que no habría sido un grupo nacional el afectado. Por ejemplo la Sentencia dictada el 4 de setiembre de 2008 "Vargas Aignasse Guillermo S/Secuestro y Desaparición".- Expte. V - 03/08.- dijo: “Este Tribunal reconoce que el grado de reproche de los delitos cometidos contra Guillermo Claudio Vargas Aignasse es el mismo que el que merecen las acciones que tipifican el delito internacional de genocidio previsto por la CONUG y en este sentido configuran prácticas genocidas y, asimismo, que sus autores mediatos son claramente genocidaires en el marco de una definición no jurídica del genocidio pero, por las consideraciones ut supra expuestas, entiende que la víctima no puede incluirse en ninguno de los grupos que tipifican la figura.” Luego recomienda una serie de estrategias que “permitirían especialmente en Latinoamérica resignificar jurídicamente los delitos cometidos en el curso de sus dictaduras del último tercio del siglo XX en su alcance más justo”.

Entonces es preciso analizar qué debe entenderse por grupo nacional.

Como dice el Dr. Slepoy en su artículo “Genocidio y Grupos Nacionales” “Lo cierto y revelador es destacar que en toda sociedad existen, y conviven, distintos grupos humanos con ideas, proyectos e intereses diversos que los diferencian de otros. Cuando uno de ellos decide que alguno de los otros sobra en la Nación y resuelve destruirlos, total o parcialmente, y para ello quiere y produce los distintos crímenes que señala la Convención para la Sanción y Prevención del Genocidio, estamos en presencia de un genocidio”.

Es importante recordar el genocidio cometido por los jemeres rojos camboyanos entre 1975 y 1979 contra millones de otros camboyanos, donde unos miembros del grupo nacional camboyano decidieron que otros miembros del mismo grupo nacional no tenían derecho a la existencia y se propusieron erradicarlos, exterminándolos. Siendo evidente que los grupos exterminados no lo habían sido por ninguna de las características que menciona la Convención, ya que en general las compartían con el grupo agresor, el Relator especial de las Naciones Unidas para Camboya, Benjamín Whitaker, emitió un informe donde estimó que el grupo nacional camboyano que ejerció la represión había decidido la eliminación de una parte de sí mismo. No habría dos grupos humanos diferenciados -constituidos cada uno de ellos por múltiples subgrupos -, sino que las diferencias se producirían en el propio seno del grupo. Recordar la consigna de Pol Pot, similar a las descriptas con anterioridad: El que protesta es un enemigo, el que se opone un cadáver. El grupo nacional escogido por los jemeres fue la población que vivía en las ciudades y el grupo que podía sobrevivir era el campesinado.

Y finaliza diciendo el Dr. Carlos Slepoy en el mencionado artículo: “El de Argentina, como el de Camboya, fue un genocidio porque el grupo que lo perpetró tuvo la intención de destruir grupos humanos que formaban parte de la sociedad argentina compuestos en su mayoría por personas de nacionalidad argentina, pero también de otras nacionalidades. Lo que motivó el propósito de su destrucción fueron las características comunes que unían a sus integrantes y los conformaban como grupos humanos de la nación argentina. Ya fuera que sus integrantes se identificaran a si mismos en esa común pertenencia, ya que les fuera atribuida por el grupo agresor, era necesario destruirlos para depurar la nación y, sin ellos, construir la sociedad que los represores querían. En definitiva un grupo nacional argentino decidió la destrucción de otro grupo nacional argentino, que era la mayoría del pueblo argentino en cuanto a su oposición a la dictadura y sus concepciones filosóficas. Lo mismo que ha ocurrido en todos los genocidios que en el mundo han habido y, desde luego, el que con similares características e iguales propósitos que en nuestro país se cometió en América Latina

Debemos por último señalar que con algunas limitaciones el Tribunal Oral Federal nro. 1 de La Plata en la Sentencia hoy firme contra Migual Etchecolatz, realizó el reconocimiento judicial de genocidio en el período que nos convoca, e igualmente en la Sentencia del mismo Tribunal contra Crhistian Von Wernich, donde señala: “Surgen de lo desarrollado las principales razones por las que se afirmó en el fallo que los delitos por los que se condenó a Von Wernich eran de lesa humanidad y cometidos en el marco del genocidio que tuvo lugar en nuestro país entre los años 1976 y 1983”.

Imputación: En el presente caso, se están investigando una pluralidad de hechos delictivos, cometidos por funcionarios del Estado por medio de la aplicación de un plan sistemático criminal. Tales hechos están tipificados tanto en la Convención como en el derecho interno.

Y así el tribunal debe resolver ya que más allá de su origen en el ius cogens, la Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio era norma positiva nacional con anterioridad a la producción de los hechos ventilados en esta causa. El supuesto obstáculo de que la Convención Internacional no fija una pena para el delito de genocidio, sino que delega en la legislación interna del país ratificante la fijación del monto de la pena, debemos poner de relieve sin embargo que los cinco incisos que tipifican el obrar genocida, conforme el Art. II de la Convención, se encuentran contenidos en las figuras típicas de nuestro Código Penal, por lo que basta que la sentencia judicial reconozca esa adecuación típica y aplicar la pena cuyo monto se determinará por la existencia del concurso delictivo (art. 55 del C. Penal).- Recordar que no se incorporó a la ley interna el tipo penal de crímenes de lesa humanidad ni, en consecuencia, pena alguna para los mismos. Si se está empleando esta calificación es, como sabemos, por remisión directa del derecho internacional. y se están aplicando las penas que prevé el Código Penal argentino para cada delito. ¿Porqué no habría de hacerse exactamente lo mismo calificando a los hechos como genocidio?. Por lo que este Tribunal, al entender de esta querella, debe calificar los ilícitos y aplicar la Convención Internacional que fue diseñada para hechos como los investigados en la presente causa, y no exhibir un catálogo de derechos sin aplicación concreta.

Ya en la causa “SIMON” la cámara federal porteña estableció la necesidad de subsumir los hechos y determinar la pena en los tipos penales vigentes en el código penal argentino, ya que las conductas estaban prohibidas en nuestro ordenamiento a la época de su comisión. No hay ausencia de ley penal al respecto. “...Los tipos penales vigentes en la legislación argentina ya prohibían, y continuaron haciéndolo, las conductas que integraron el plan sistemático de represión y son aptos para subsumir los hechos y determinar la pena que les cabe a los autores y partícipes en los crímenes contra la humanidad cometidos en nuestro país...En síntesis, las conductas que conforman los crímenes contra la humanidad cometidas en el marco de la represión política sistemática (1976-1983) estaban prohibidas por la legislación penal argentina vigente en aquel momento. En consecuencia, dado que no se da un supuesto de ausencia de ley penal al respecto, cabe aplicar esos tipos penales para juzgar dichos crímenes, toda vez que ellos permiten concretar su persecución y, en caso de condena, determinar la pena que cabe imponerles a quienes sean hallados culpables. Aplicando los tipos penales de su legislación, la República Argentina puede, entonces, juzgar los crímenes contra la humanidad ocurridos en su territorio y satisfacer de este modo el interés que la comunidad internacional tiene en la persecución penal de los crímenes contra el derecho de gentes cualquiera sea el lugar de su comisión...” (cfr. causa n° 8686/2.000,c. Julio Simón, Juan Antonio del Cerro y otros por sustracción de menores).

Por lo que entonces pasamos a imputar a los procesados que esta querella requirió por los delitos de privación ilegal de la libertad agravada en dos oportunidades (art. 144 bis inc.1º y último párrafo en función del art. 142 inc. 1º ley vigente al momento de los hechos) que concurren entre sí, en concurso real con torturas agravadas y reiteradas en 2 oportunidades (art. 144 ter 2do. párrafo), que concursan entre sí, y en concurso real con el delito de homicidio agravado por alevosía y por la participación premeditada de dos o más personas (art. 80 incs. 2 y 6 CP) en una oportunidad, en concurso material con el delito de robo agravado en una oportunidad (art. 166 y 167 inc. 2) y también en concurso real con el delito de allanamiento ilegal en una oportunidad (art. 151 C.P.) conformando parte del obrar genocida descripto por el art. II de la Convención para la Prevención y Sanción del delito de Genocidio. Todos (Fragni, Harsich y Aneto) en calidad de co-autores directos y en el caso de Osvaldo García como coautor mediato de los delitos descriptos, solicitando la pena de reclusión perpetua., inhabilitación absoluta perpetua, demás accesorias legales y costas. En cuanto a la atenuación o agravación, atento a la penalidad señalada no es posible efectuar ningún análisis al respecto. Inexistencia de causales de justificación o inculpabilidad. Esta querella no ha encontrado la existencia de causales que puedan justificar o impidan la culpabilidad de los acusados. En los otros tópicos adherimos a la querella que nos precedió.

Para finalizar, entonces, penalizar según la normativa del derecho interno pero considerando a los delitos cometidos como de lesa humanidad, en su sentido específico de genocidio, habilitará un reconocimiento jurídico por los hechos sucedidos en el país. Con este reconocimiento del Genocidio por la Justicia argentina permitirá a toda la sociedad no sólo prevenir, rearticularse y solidarizarse con hechos que como en la presente causa ofenden a toda la humanidad, sino que también posibilitará la resistencia firme a cualquier intento de reinstalación de estas prácticas. Este reconocimiento judicial y la condena hoy solicitadas se realiza con la aquiescencia de los sobrevivientes y familiares de los que estuvieron en los centros clandestinos detención, en nombre de los desaparecidos, asesinados y de los organismos defensores de los derechos humanos. También en representación de aquellos que como consecuencia del genocidio hoy viven en el desamparo o mueren producto de la miseria. Y también por el Negrito y Jorge Julio López, para que no sea en vano su martirio y por los 30.000 es que exigimos luego de la Sentencia cárcel común y efectiva a todos los procesados en este juicio.

SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO POR FLOREAL "EL NEGRITO" AVELLANEDA

2010-01-21T09:48:00.000-08:00

Poder Judicial de la Nación

USO OFICIAL

Olivos, de agosto de 2009.-

Y VISTOS:
Se reúnen los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal
Federal No.1 de San Martín, Dra. Lucila E. Larrandart, quien presidiera el
debate y como Vocales los Dres. Marta I. Milloc y Héctor O. Sagretti, con las
Secretarias Dras. Gabriela Basualdo y Déborah Damonte, para dictar
sentencia en la causa No. 2005 y su acumulada No. 2044, seguidas por los
delitos de allanamiento ilegal, robo agravado, privación ilegal de la libertad,
reiterada en dos oportunidades y tormentos reiterado en dos oportunidades,
uno de ellos seguido de muerte y homicidio, en concurso real, a SANTIAGO
OMAR RIVEROS, argentino, nacido el 4 de agosto de 1923 en Villa Dolores,
Córdoba, hijo de Arturo y de María Ester Castro, casado, militar retirado,
titular de la Libreta de Enrolamiento No. 3.083.907, con domicilio en Tres de
Febrero 1950, piso 4, Ciudad de Buenos Aires; a OSVALDO JORGE
GARCÍA, argentino, nacido el 28 de marzo de 1927 en Charata, Chaco, hijo
de Leandro Jorge y de Virginia Barreto, casado, militar retirado, titular del
DNI No. 4.775.188, domiciliado en Avda. Las Heras 1703, piso 7, Depto.
“B”, Ciudad de Buenos Aires; a CÉSAR AMADEO FRAGNI, argentino,
nacido el 14 de mayo de 1944 en la Ciudad de Buenos Aires, hijo de César
Clemente y de Juana Catalina Vallebellia, casado, militar retirado, titular del
DNI No. 4.433.548, con domicilio en Virrey Olaguer y Feliú 3340, piso 8
Depto.”A”, Ciudad de Buenos Aires; a RAÚL HORACIO HARSICH,
argentino, nacido el 2 de marzo de 1947 en la Ciudad de Buenos Aires,
casado, militar retirado, titular del DNI 7.784.164, hijo de Raúl y de María
Cialceta, domiciliado en calle 109 No. 443 de Navarro, Pcia. de Buenos
Aires; a ALBERTO ÁNGEL ANETO, argentino, nacido el 5 de noviembre de
1944 en la Ciudad de Buenos Aires, hijo de Natalio y de Julia María
Margarita Rossi, casado, policía retirado, titular del DNI No. 7.752.191,
domiciliado en Mariano Moreno 5150, Villa Dominico, Avellaneda, Pcia. de
Buenos Aires y a FERNANDO EXEQUIEL VERPLAETSEN, argentino,
nacido el 19 de octubre de 1925 en la Ciudad de Buenos Aires, hijo de
Fernando Emilio y de Soledad Alcaraz, casado, militar retirado, titular de la
2
Cédula de Identidad No. 4.021.499, domiciliado en Olazábal 2046, piso 3
Depto. “A”, Ciudad de Buenos Aires. Intervinieron en el debate
representando al Ministerio Público Fiscal los Dres. Marcelo García Berro,
Javier de Luca y Patricio Murray; por la querella de las víctimas los Dres.
Jorge Brioso de Armas y Melina Mahamud, por la de la Federación Juvenil
Comunista los Dres. Carlos Zamorano y Pedro Dinani, por la de la Asociación
de Ex Detenidos Desaparecidos las Dras. Liliana Mazea, Miriam Bregman,
Sabrina Dentone y el Dr. Luis Bonomi, por la de la Secretaría de Derechos
Humanos los Dres. Ciro Anicchiarico y Mariana Maurer; en la Defensa de
Aneto los Dres. Elda Berasain, Ángel R. Salguero, Graciela L. Mastrángelo y
Rafael E. Fernández Grenno y en la de los demás imputados los Defensores
Oficiales Dres. Carlos D. Palermo, Juan Carlos Tripaldi y Mariano Galletta y,

RESULTANDO:
I.- LOS REQUERIMIENTOS DE ELEVACIÓN A JUICIO.
1.- Que el Agente Fiscal requirió la elevación a juicio
considerando que en la causa 13/84 estaba probado que Floreal Edgardo
Avellaneda fue privado de su libertad el 15 de abril de 1976 en su domicilio
ubicado en la calle Sargento Cabral 2385 de Vicente López, por un grupo
armado que dependía operacionalmente del ejército y que en ocasión de su
cautiverio fue sometido a algún mecanismo de tortura, que le produjo la
muerte.
Que asimismo se había reputado probado que Iris Etelvina
Pereyra de Avellaneda fue privada de su libertad en la misma fecha señalada y
en el mismo domicilio por un grupo armado que dependía operacionalmente
del ejército. Asimismo que le fueron sustraídos de su domicilio efectos
personales, estando probado que fue secuestrada y mantenida
clandestinamente en cautiverio por las señaladas fuerzas, como también que
en ocasión de su cautiverio fue sometida a algún mecanismo de tortura,
siendo puesta a disposición del Poder Ejecutivo el 23 de abril de 1976,
recuperando su libertad el 30 de junio de 1978.
Consideró que la responsabilidad penal atribuida a los
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encausados obedecía a conductas desplegadas en ejercicio de la concreta
incumbencia funcional que a cada uno les cupo en la estructura militar y
policial en la que revestían, atento los cargos desempeñados a la fecha de los
hechos. Así para Riveros tuvo en cuenta que era Comandante a cargo del
Comando de Institutos Militares con asiento en Campo de Mayo entre los
años 1976 a 1978, el que tenía jurisdicción sobre el domicilio de los
Avellaneda; en tal carácter consideró que era responsable de todos los hechos
que se realizaron en su jurisdicción y de lo que sucedió dentro del Comando
de Institutos Militares de Campo de Mayo. Era quien daba al personal bajo su
mando las órdenes para que efectuaran procedimientos ilegales y privaciones
ilegítimas de la libertad. Asimismo leS facilitaba los medios materiales a su
alcance para el alojamiento de los cautivos en condiciones inhumanas de vida,
para lograr algún tipo de información con uso de torturas y tratos brutales.
Que todos los hechos que damnificaron a Iris y a Floreal Avellaneda fueron
realizados por subalternos de Riveros dentro del sistema que se implementó
para combatir la subversión bajo sus órdenes y supervisión directa, aportando
los medios necesarios, como los recursos humanos y materiales para que sus
subordinados llevaran a cabo el procedimiento donde fueron privados de su
libertad y luego torturados, tanto en la Comisaría de Villa Martelli como en el
Comando de Campo de Mayo y luego, en el caso de Floreal, fuera muerto.
Para García valoró su desempeño como Director de la
Escuela de Infantería – que dependía del Comando de Institutos Militares de
Campo de Mayo- durante abril de 1976, tiempo durante el cual se encontraba
a cargo del Área Vicente López, teniendo autoridad militar en el momento de
los hechos. Que tenía autoridad sobre el Teniente Coronel Arévalo,
subdirector de la Escuela de Infantería, para la ejecución de las operaciones y
también se encontraban bajo su mando el Capitán Fragni y el Teniente
Harsich.
En cuanto a Fragni y Harsich tuvo en cuenta que en la época
de los hechos se desempeñaban en la Escuela de Infantería, bajo las órdenes
de Arévalo y García como Subdirector y Director, respectivamente, de la
Escuela, siendo el superior jerárquico de todos Riveros y que suscribieron la
documental de fs. 106/9.
4
Respecto de Aneto expuso que se encontraba en funciones en
el mes de abril de 1976 en la Comisaría de Villa Martelli, que estaba bajo
control operacional del Comando de Institutos Militares.
Señaló que en la particular estructura jerárquica dispuesta por
las fuerzas armadas en la llamada “lucha antisubversiva”, son imputables
como autores inmediatos los que hayan cometido los hechos por “propia
mano” y como autores mediatos los jefes y autoridades de los centros
clandestinos de detención, los Jefes de Área, los Jefes de Subzona y el Jefe de
Zona. También considera autor mediato a quien es “eslabón intermedio” pues
cada instancia sigue dirigiendo gradualmente la parte de la cadena y desde su
posición tiene dominio del hecho.
Así consideró a Riveros y García como autores mediatos y
como coautores inmediatos a Fragni, Harsich y Aneto, el primero como Jefe
del Comando de Institutos Militares, jefe de la Zona de Defensa, en cuya
jurisdicción operó el centro clandestino de detención de Campo de Mayo. En
tanto García por haberse desempeñado como Director de la Escuela de
Infantería, que dependía del Comando de Institutos Militares de Campo de
Mayo, durante el mes de abril de 1976 y en la estructura de poder fue Jefe del
Área 450- Vicente López.
A Riveros y García les imputa la autoría mediata de los
delitos de allanamiento ilegal, robo agravado, privación ilegal de la libertad,
reiterada en dos oportunidades y tormentos reiterado en dos oportunidades,
agravado por haber sido la víctima un perseguido político y homicidio
calificado por haber sido cometido con ensañamiento y con el concurso
premeditado de dos o más personas, todos en concurso real, conforme los arts.
151, 164 –ley 11179-; 166 inc.2 –ley 20642-; 167 inc.2 –ley 20642-; 144 bis
inc. 1 –ley 20642-, 144 ter, 2o párrafo –ley 14616- y 80 inc.2 y 6 y art. 55
Código Penal.
Con relación a Harsich, Fragni y Aneto los consideró como
co-autores inmediatos de haber privado de la libertad y dada su condición de
eslabones necesarios en el plan sistemático les imputa la totalidad de las
conductas ilícitas probadas, constituyendo los delitos de allanamiento ilegal,
robo agravado, privación ilegal de la libertad, reiterada en dos oportunidades
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y tormentos reiterado en dos oportunidades, agravado por haber sido la
víctima un perseguido político y homicidio calificado por haber sido
cometido con ensañamiento y con el concurso premeditado de dos o más
personas, todos en concurso real, conforme los arts. 151, 164 –ley 11179-;
166 inc.2 –ley 20642-; 167 inc.2 –ley 20642-; 144 bis inc. 1 –ley 20642-, 144
ter, 2o párrafo –ley 14616- y 80 inc.2 y 6 y 55 Código Penal.
Expuso el Agente Fiscal que se apartaba de la calificación
asignada en la causa 13 respecto de la muerte de Floreal E. Avellaneda, por
considerar que el fallecimiento de la víctima al menos se representó en la
mente de los coautores y no fue una consecuencia no querida de los tormentos
aplicados. Que ello no afectaba el principio de congruencia por haber
identidad entre la plataforma fáctica que se le reprocha en la imputación
inicial de la indagatoria y el procesamiento y en este requerimiento de
elevación a juicio.
En cuanto al requerimiento de Fernando Exequiel
Verplaetsen en la causa 2044, al describir los hechos transcribió lo ya dicho
respecto de los otros procesados. Del mismo modo en cuanto a los
fundamentos de la petición y la “materialidad del hecho”, afirmando
asimismo que la responsabilidad penal atribuida a Verplaetsen obedecía a la
conducta desplegada por él en ejercicio de la concreta incumbencia funcional
que le cupo en la estructura militar que revestía, atento al cargo desempeñado
en la fecha de los hechos. En tal sentido valoró su calidad de Jefe del
Departamento de Inteligencia II del Comando de Institutos Militares de
Campo de Mayo desde antes del 24 de marzo de 1976 hasta el 4 de diciembre
de 1977.
Que por ello entendía que los sucesos delictivos sufridos por
Iris E. Pereyra de Avellaneda y Floreal E. Avellaneda fueron realizados por
subalternos de Verplaetsen, dentro del sistema que se implementó para
combatir la subversión bajo sus órdenes y supervisión directa. Que asimismo
aportó los medios necesarios, como los recursos humanos y materiales para
que sus subordinados interrogaran para la obtención de información, mediante
la imposición indiscriminada de torturas físicas a las víctimas, dentro del
centro clandestino denominado “El Campito” u otro lindante a éste, ubicado
6
dentro del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo y luego –en el
caso de Floreal Avellaneda- se le quitara la vida.
Que, a su vez, deberá responder por el hecho que los
nombrados fueron alojados en condiciones inhumanas de detención, lo que
implica un grave menoscabo físico y psíquico, dentro del centro clandestino
ubicado en Campo de Mayo, conducta equiparada a la imposición de
tormentos. Tal procedimiento fue habitual en la alegada lucha contra la
subversión siendo los medios más simples y eficaces para lograr la
información necesaria, con el uso de tormentos, las vejaciones y el trato
inhumano a las víctimas, lo que adquiría importancia fundamental porque
permitía la individualización y posterior captura de los elementos
supuestamente subversivos. Las torturas podían variar con el pasaje de
corriente eléctrica, golpes, simulacros de ahogamiento, de fusilamiento, etc.,
sufridas por los detenidos ilegítimamente.
Por ello entiende que el personal del Departamento de
Inteligencia II del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo y los
del Batallón de Inteligencia 601, actuaban conjuntamente bajo órbita de
decisión del titular de la Zona de Defensa IV. La función militar asignada a
Verplaetsen implicaba el conocimiento y la disposición de los métodos
utilizados para obtener la información con la que se abastecía a la
dependencia bajo su mando, para a su vez, retransmitirla a las diferentes
dependencias destinadas a ubicar a los supuestos subversivos y detenerlos.
Respecto a la participación transcribió lo ya dicho respecto de
los otros procesados en cuanto a la autoría mediata y afirmó que, en la
particular estructura jerárquica dispuesta por las Fuerzas Armadas en el marco
de la represión ilegal, son coautores mediatos quienes han constituido los
eslabones de la estructura de poder ilegal, por lo que lo consideró como
coautor mediato, calificando el accionar como privación ilegal de la libertad,
reiterada en dos oportunidades y tormentos reiterados en dos oportunidades,
agravado por haber sido la víctima un perseguido político y homicidio
calificado por haber sido cometido con ensañamiento y en concurso
premeditado de dos o más personas, en concurso real, con cita de los arts. 144
bis inc. 1 y último párrafo –ley 14616-, en función del art. 142 inc.1 –ley
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20642-, 144 ter, 2o párrafo –ley 14616- y 80 inc. 2 y 6 del Código Penal.
2.- Las querellas unificadas de la Asociación de Ex Detenidos
Desaparecidos, de la Federación Juvenil Comunista y de los querellantes
particulares Iris P. de Avellaneda y Floreal Avellaneda requirieron la
elevación a juicio respecto de Osvaldo J. García, Raúl H. Harsich, César a.
Fragni y Alberto A. Aneto, no lo hicieron en relación con Santiago O. Riveros
y Federico E. Verplaetsen.
Afirmaron que en la madrugada del 15 de abril de 1976,
aproximadamente a las 2 horas, es allanada la vivienda de la familia
Avellaneda sita en Sargento Cabral 2385 de Vicente López por un grupo de
varios hombres armados, que tenía la intención de capturar a Floreal
Avellaneda, quien huyó saltando por la ventana. Que con suma violencia
luego de robar los jornales de la Sra. Avellaneda y su esposo y otras
pertenencias, se llevan a la Sra. Avellaneda y su hijo Floreal Edgardo. Ambos
son conducidos a la Comisaría de Villa Martelli. En dicha dependencia la Sra.
Avellaneda es torturada, escuchando además cuando torturaban a su hijo. Al
día siguiente es trasladada a un centro de detención en Campo de Mayo,
donde es sometida a tratos inhumanos y a torturas, hasta que el 23 de abril de
1976 es puesta a disposición del Poder Ejecutivo. Que antes de ello recibió un
simulacro de fusilamiento en el que, entre otros, participó el imputado Aneto
y el día 30 de abril es trasladada a la unidad penitenciaria de Olmos, siendo
puesta finalmente en libertad el 13 de julio de 1978. Que el día 15 de mayo de
1976 aparece el cadáver del menor en las costas uruguayas con signos de
haber sufrido terribles vejaciones físicas.
En cuanto a las imputaciones consideraron que García era
director de la Escuela de Infantería del Comando de Institutos Militares con
asiento en la Guarnición de Campo de Mayo y que en ese rol cumplió
funciones como jefe del área Vicente López a partir de abril de 1976, donde
se encontraba la dependencia policial de Villa Martelli, la que estaba dentro
del ámbito de competencia del imputado. Que dada su posición en la cadena
de mando, recibió órdenes y las retransmitió a sus subordinados para que
éstos llevaran adelante las acciones.
Respecto de Harsich y Fragni señalaron que ambos prestaban
8
servicios al momento de los hechos en la Escuela de Infantería de Campo de
Mayo, con los cargos de Teniente 1o y Capitán, respectivamente, bajo las
órdenes de García, considerándolos responsables de los delitos previstos en
los arts. 144 bis y 144 ter inc. 1 y 2, en concurso real.
En relación a Aneto consideraron que se desempeñaba como
oficial de Asuntos Judiciales de la Comisaría 4a de Vicente López y que, si
participó en el allanamiento y posterior secuestro de Floreal E. Avellaneda e
Iris P. de Avellaneda, debía presumirse que quienes secuestraron a las dos
víctimas fueron también quienes los torturaron en Villa Martelli, quienes
trasladaron al menos a la madre a Campo de Mayo, quienes asesinaron a
Floreal e intentaron ocultar su cadáver, por lo que no podía excluirse su
responsabilidad en el homicidio del menor. Que Aneto formó parte de un
aparato criminal cuya intención última era la eliminación de personas y por
consiguiente no era necesario que hubiera ejecutado personalmente a Floreal
E. Avellaneda para que se lo considerara coautor de la muerte del menor. Por
ello consideraron que era también responsable de las figuras previstas en los
arts. 144 bis y 144 tercero inc. 1 y 2.
Que les imputaban los delitos de allanamiento ilegal, robo
agravado, privación ilegal de la libertad y tormentos, ambos reiterados en dos
oportunidades, uno de ellos agravado por la muerte de la víctima, todos en
concurso real, conforme los arts. 151, 164 de la ley 11.179; arts. 166 inc. 2 y
167 inc. 2 de la ley 20.642; art. 144 bis, inc. primero y último párrafo de la ley
14.616, en función del art. 142 inc. 1 de la ley 20.642 y 144 ter primero y
último párrafo de la ley 14.616.
3.- La querella de la Liga Argentina por los Derechos del
Hombre, requirió la elevación a juicio sólo respecto de Osvaldo J. García,
César A. Fragni, Raúl H. Harsich y Alberto A. Aneto, considerando que Iris
Pereyra de Avellaneda y su hijo Floreal Edgardo Avellaneda fueron privados
ilegítimamente de su libertad el 14 de abril de 1976, cuando se hallaban en su
vivienda de la calle Sargento Cabral 2385 de Munro, adonde ingresó de
manera ilegal un grupo armado que dependía operacionalmente del Ejército.
Ambos fueron secuestrados y mantenidos clandestinamente en cautiverio por
fuerzas del ejército, primero en la comisaría de Villa Martelli y luego en
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Campo de Mayo. Que asimismo se los sometió a diversos mecanismos de
tortura, que en el caso del menor le provocó la muerte.
Respecto de García dijo que era director de la Escuela de
Infantería y estuvo a cargo del área Vicente López, que los hechos fueron
llevados a cabo por subordinados dentro del sistema implementado; que
aportó los recursos necesarios para llevarlos a cabo desde su comienzo hasta
su finalización, que los hechos fueron realizados por agentes de la Escuela de
Infantería con apoyo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que
dependían de García, quien debía responder como autor.
Que Harsich y Fragni dependían de García, siendo oficiales
durante abril de 1976 con funciones en la Escuela de Infantería y que
participaron directamente en los hechos, que fueron llevados a cabo por
agentes de la Escuela de Infantería, siendo ambos autores materiales de los
delitos de privaciones ilegales de la libertad, de tormentos y causaron la
muerte del menor Avellaneda. Que ambos estuvieron a cargo de los hechos y
decidieron la suerte corrida por las dos víctimas, por lo que debían responder
como coautores.
Que Aneto prestó funciones en la Comisaría de Villa Martelli
durante abril de 1976, la que se hallaba subordinada a las operaciones del
Ejército. Que integró el grupo que ingresó violentamente en la vivienda de los
Avellaneda, secuestrando a Iris Pereyra y a su hijo Floreal, que las víctimas
comenzaron a ser torturadas dentro de la Comisaría de Villa Martelli, donde
se desempeñaba el imputado, debiendo responder como coautor.
Expuso que los imputados debían responder por el delito
previsto en los arts. 151 –por haber ingresado violentamente en la vivienda-;
164, robo, agravado por haber sido cometido en poblado y en banda, según
los arts. 166 inc.2 y 167 inc.2 del Código Penal. En cuanto a la privación de
libertad la encuadró en el art. 144 bis, dada su condición de funcionarios
públicos, agravado por haber sido cometido con violencia y amenazas, según
el art. 144 bis en función del art. 142 CP. Respecto de los tormentos de los
que fue víctima Iris Pereyra, los encuadró en el art. 144 ter del CP y, respecto
de Floreal Avellaneda, en el art. 144 ter, primer párrafo, agravado por el
último párrafo, por haber resultado la muerte, todos en concurso real,
10
considerando a los imputados como coautores mediatos.
4.- La querella de la Secretaría de Derechos Humanos
requirió la elevación a juicio respecto de García, Harsich, Fragni, Aneto y
Verplaetsen.
Expuso que Iris E. Pereyra de Avellaneda y su hijo Floreal
fueron secuestrados de su domicilio particular, el 15 de abril de 1976 en horas
de la madrugada, por personas pertenecientes al Ejército y a la policía de la
Provincia de Buenos Aires, siendo conducidos a la Comisaría de Villa
Martelli, donde se los sometió a tormentos y ella fue trasladada al centro
clandestino de detención que funcionaba en Campo de Mayo, oyendo los
gritos de su hijo cuando la sacaban de la comisaría. El 30 de abril fue
trasladada al penal de Olmos siendo legalizada al colocarla a disposición del
Poder Ejecutivo. Mientras que Floreal Avellaneda fue asesinado en cautiverio
y su cadáver apareció en las costas uruguayas del Río de La Plata con
diferentes hematomas, signos de desnucamiento y violencia externa.
Respecto de García merituó que fue Jefe de Área de Vicente
López y que ejercía la Dirección de la Escuela de Infantería de Campo de
Mayo al momento del hecho. Que los hechos fueron realizados por
subordinados suyos dentro del sistema represivo implementado y que García
ordenó y facilitó, considerando que era partícipe primario.
En cuanto a Harsich expuso que cumplía funciones como
oficial del Ejército –Teniente Primero-, en la Escuela de Infantería, a las
órdenes de García. Que participó en forma directa de los hechos, al haber
integrado el grupo de personas que irrumpieron en el domicilio de las
víctimas, considerándolo coautor material. En relación con Fragni dijo que
cumplía funciones como Capitán del Ejército y que también integró la
“patota” que irrumpió en la casa de los Avellaneda, por lo que también era
coautor directo de los hechos.
Calificó los hechos para estos tres imputados como
allanamiento ilegal, robo agravado y privación ilegal de la libertad, reiterada
en dos oportunidades; tormentos reiterados, uno de ellos agravado por haber
ocasionado la muerte de la víctima, todos en concurso real, conforme con los
arts. 151; 164 (ley 11.719); 166 inc. 2, 167 inc. 2 (ley 20.642); 144 bis inc. 1
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y último párrafo (ley 14.616), en función del art. 142 inc.1 (ley 20.642) y art.
144 ter primero y último párrafo (ley 14.616) del Código Penal.
Por último, para Aneto merituó su desempeño como Oficial
de policía, en la Comisaría de Villa Martelli –Vicente López 4ta.- prestando
funciones en abril de 1976, habiendo integrado el grupo que irrumpió en el
domicilio de los Avellaneda, por lo que también era autor directo. En cuanto a
su responsabilidad en la figura de tormentos seguidos de muerte del art. 144
tercero inc. 2o, expuso que si bien cabía imputarle el delito de torturas por las
acciones realizadas en el momento de la privación de libertad y durante la
breve estancia en la Comisaría de Villa Martelli, las torturas que ocasionaron
su muerte fueron posteriores, cuando el dominio absoluto sobre la suerte de la
víctima estaba en manos de personal del Ejército. Encuadró los hechos en los
delitos de allanamiento ilegal, robo agravado y privación ilegal de la libertad,
reiterados en dos oportunidades; tormentos reiterados, en concurso real,
conforme los arts. 151, 164 (ley 11.719), 166 inc.2, 167 inc. 2 (ley 20.642),
144 bis inc.1 y último párrafo (ley 14.616) en función del art. 142 inc.1 (ley
20.642) y 144 ter primer párrafo (ley 14.616) y arts. 45 y 55, del Código
Penal.
En relación con Fernando E. Verplaetsen expuso que cumplió
funciones como Jefe del Departamento de Inteligencia II, dependiente del
Comando de Institutos Militares con asiento en Campo de Mayo desde antes
del 24 de marzo de 1976 y hasta el 4 de diciembre de 1977.
Destacó la importancia de la actividad de inteligencia dentro
del organigrama operacional implantado por las fuerzas armadas, en virtud de
que tal actividad permitió la individualización y posterior captura de las
víctimas, quienes eran interrogadas, mediante torturas, con el fin de obtener
información para capturar a más víctimas. Por ello dentro de la Zona de
Defensa el personal de inteligencia cumplía una función esencial y dependían
del procesado, quien aportó los recursos humanos, materiales y necesarios que
se encontraban a su alcance para la consumación de los hechos. Entonces
como Jefe del Departamento de Inteligencia referido, estableció los medios
necesarios para que personal bajo su órbita privara ilegalmente de su libertad
a las víctimas, las interrogara, las torturara y las alojara en algún centro
12
clandestino de detención situado dentro de la Guarnición Militar de Campo de
Mayo, ocupando un lugar relevante en la estructura del aparato de poder, por
lo que debía responsabilizárselo de la totalidad de los hechos que soportaron
las víctimas.
En cuanto a la calificación legal consideró que había
privación ilegal de la libertad cometida por abuso funcional dado el carácter
de funcionario público que revestía, agravada por violencia y amenazas, arts.
144 bis inc.1 y último párrafo –ley 14.616-, en función del art. 142 inc. 1 y 5
–ley 20.642-. Asimismo la privación de libertad registraba la agravante de
haber permanecido Iris Pereyra detenida por más de un mes. En cuanto a las
condiciones de alojamiento en el centro clandestino ubicado dentro de la
citada Guarnición Militar, implicaba un grave menoscabo físico y psíquico
equiparado a la imposición de tormentos, del mismo modo que las torturas
físicas y psíquicas a las que fueron sometidas las víctimas, con cita de los arts.
144 ter, primer párrafo, del Código Penal, según ley 14.616. Respecto de
Floreal Avellaneda le imputó la agravante de haber resultado la muerte de la
víctima como consecuencia de las torturas padecidas, con cita del art. 144 ter
último párrafo CP, siendo que todos los delitos concurrían en forma real,
considerándolo coautor mediato.
II.- LOS ALEGATOS:
1.- El representante de la querella de la víctima expuso que en
la causa 13, en los casos 102 y 103, se acreditó el hecho, que se trataba de un
operativo ilegal del ejército y la policía perteneciente a Villa Martelli, siendo
que un grupo de entre diez a quince personas dispararon contra la cerradura
de la puerta de entrada e ingresaron al domicilio, que tenían medias en sus
rostros, barbas y pelucas y uno de ellos era policía con uniforme y que
portaban armas largas. Que Azucena Avellaneda observó la cara de uno de
ellos y Arsinoe Avellaneda oyó que uno del grupo le dice a otro “no pasa
nada Rolo”. Apreció los testimonios de Floreal Avellaneda, Azucena y
Arsinoe Avellaneda y el de Pedro López.
Que llevaron a Floreal y a Iris Avellaneda a la Comisaría de
Villa Martelli, de donde es trasladada a Campo de Mayo, allí la torturaron y la
dejaron en un lugar en el que había muchas personas. Que “Rolo” le hizo a
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Iris Pereyra un simulacro de fusilamiento. Que luego la suben a un celular y la
conducen al penal de Olmos. Que el 22 de abril de 1976 se pide la puesta a
disposición del Poder Ejecutivo de Iris Avellaneda, por ser activista del PC y
estar vinculada a “Montoneros”. Que en Olmos fue revisada por la Dra.
Bernal y que Arévalo y Vega describieron el estado en que se encontraba,
como también Arsinoe Avellaneda.
Expuso que Víctor Ibáñez vio en Campo de Mayo a Floreal
Avellaneda y que este apareció en las costas de Uruguay. Que Arsinoe
Avellaneda identificó al llamado “Rolo”. Apreció los testimonios de Miguel,
Arévalo, Guzmán, Rodríguez, Echave, Leiva, Dorch, Alcibíades Gómez,
Barrionuevo, Landriel, Castellanos, Ferrari, Wanufflen y Polidori. Dijo que
Aneto mintió en su declaración y que era integrante del grupo que llegó al
domicilio, que fue interrogador y torturador en Villa Martelli y en Campo de
Mayo en el centro de detención “Los Tordos”.
Respecto de Harsich y Fragni merituó las constancias de fs.
106/9, afirmando que Aneto, Fragni y Harsich eran autores y que García era
autor mediato, conforme lo expuesto por Roxin en cuanto al manejo de un
aparato organizado de poder. Citó el art, 144 bis, inc.1 por ser funcionarios
públicos y el último párrafo en función del art. 142, según ley 20642.
En cuanto a los tormentos a Iris Avellaneda lo encuadró en el
art. 144 ter, párrafo 2. Respecto de la muerte de Floreal Avellaneda lo
encuadró en los arts. 79 y 80 inc.2, afirmando que no se trataba de tormento
seguido de muerte, sino de homicidio alevoso y además agravado por el
concurso premeditado de dos o más personas, citando los incs. 3 y 7 del art.
80 CP.
Asimismo que fueron despojados de pertenencias, lo que se
trataba de un robo agravado conforme lo previsto en el art. 166 inc.2 y dado
que no mediaba orden de detención concurría el tipo de allanamiento ilegal
previsto en el art. 151, todos ellos en concurso real.
Que los hechos fueron consecuencia de las órdenes
impartidas por García, Fragni y Harsich. Agregó que no mediaba obediencia
debida, que no había atenuantes y sí agravantes tomando en cuanta la acción y
los medios empleados, así como la peligrosidad de los procesados, el pacto de
14
silencio y las consecuencias físicas y psicológicas para la víctima. Que
Fragni, Harsich y Aneto eran coautores.
Acusó entonces por comisión de los delitos previstos en los
arts. 144 bis inc.1, 142 inc.1, dos hechos; así como las torturas previstas en el
art. 144 ter 2o párrafo, homicidio agravado, robo art.166 inc.2 y allanamiento
ilegal. Asimismo consideró que se trataba de un genocidio citando el art. 2 de
la Convención respectiva.
2.- La querella de la Federación Juvenil Comunista también
se refirió a la causa 13, casos 102 y 103, en la que se le endilgaron tres delitos
a Videla. Que era aplicable el art. 144 ter por tratarse de un perseguido
político. Se refirió a la Directiva 1/75 afirmando que se diseñó un plan que
asegurara la impunidad, a través del dictado de la autoamnistía y se incineró
toda la documentación.
Aludió al contexto en que sucedieron los hechos y a los fines
y objetivos de la dictadura. Citó la Directiva 404/75 y a sus anexos de
inteligencia y de detención de personas, donde se señalaba como prioridad 2
al Partido Comunista. Se refirió a la declaración de Riveros y al testimonio de
Auel. Dijo que García, Harsich y Fragni pertenecían la zona IV y que desde
el 14 de marzo de 1976 el Comando de Institutos Militares tenía el control
operacional. Que Iris Avellaneda fue conducida a Olmos desde el Comando
de Institutos Militares. Que García declaró en 1984 que las actas de fs. 106/9
se asemejaban a los formularios que utilizaban.
Consideró que García era autor mediato. Se refirió a las
declaraciones de Aneto de 1984, de 2004 y la prestada en la audiencia
señalando contradicciones. Dijo que las conductas se encuadraban en el art.
151 como allanamiento ilegal; en el art. 144 bis ya que hubo violencia; en el
art. 144 ter, tratándose de tormento agravado por ser un perseguido político,
todos de la ley 14616. Asimismo robo agravado por el uso de armas y
cometerse en banda, citando los arts. 167 y 166 inc.2. Que el homicidio no fue
una consecuencia no querida, encuadrándolo en el art. 80 inc. 2, 6 y 7.
Solicitó la aplicación del art. 2 de la Convención contra el
Genocidio. Que se exige el propósito de destruir a un grupo nacional, y si
bien el grupo era heterogéneo, ello estaba expuesto en la directiva 404/75.
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Que no bastaba con calificar la conducta como crimen de lesa humanidad.
Que la materialidad de los hechos se encontraba en la causa
13, adhiriendo a lo expuesto por la querella de la víctima y que había que
tomar como agravante para la fijación de la pena la naturaleza de la acción,
que se trataba de hechos aberrantes y la calidad de los motivos, como
asimismo la peligrosidad.
Se refirió al Plan Contribuyente al Plan de Seguridad en su
anexo de inteligencia. Que había una decisión de acabar con una parte de la
sociedad argentina. Que se había usado la comisaría de Villa Martelli y el
centro de detención de Campo de Mayo para torturar y que se había utilizado
aparato estatal. Adhirió a la calificación de los hechos efectuado por la
querella de la víctima. Que se trataba de un crimen de lesa humanidad y de
genocidio, no concurriendo la eximente de obediencia debida.
Encuadró la conducta en los arts. 144 inc.1 y último párrafo
por el 142 inc.1; 144 ter, segundo párrafo; 80 incs. 2, 6 y 7; 166 inc.2 y 151,
todos del Código penal y en el art. 2 de la Convención sobre Genocidio.
Consideró que Fragni, Harsich y Aneto eran coautores y que
García era autor mediato, solicitando la imposición de las penas de reclusión
perpetua, inhabilitación perpetua y que su cumplimiento fuera en una unidad
del Servicio Penitenciario Federal.
3.- Por su parte la querella unificada, planteó que se trataba
de genocidio. Que los hechos estaban probados en la causa 13. Merituó lo
declarado por Cella, Ballester y José L. García. Se refirió al contexto
geopolítico y que el objetivo era la destrucción de un grupo nacional. Que se
dividió al país en cinco zonas correspondiendo cada una a un cuerpo de
ejército, que la Zona IV pertenecía al Comando de Institutos Militares de
Campo de Mayo. Apreció los testimonios recibidos en el debate. Se
remitieron a la causa 13, en cuanto a las características del plan criminal, con
cita de los capítulos XI y XII de la sentencia, así como a los casos 102 y 103,
por los que Videla fuera condenado. Que la privación de libertad por un
funcionario público puede ser por omisión y que requiere dolo, aún eventual.
Que mediaba una agravante por el uso de violencia y amenazas. Que se
trataba de tormentos a perseguidos políticos. Apreció los testimonios de Lega,
16
Arévalo y Arsinoe Avellaneda, se refirió a las condiciones en que Iris
Avellaneda llegó a la unidad de Olmos, al simulacro de fusilamiento, a la
privación de comida y aseo y al uso de picana eléctrica, señalando que se la
interrogaba sobre su militancia política.
En cuanto al homicidio dijo que era alevoso y con el
concurso de dos o más personas; el robo estaba agravado por ser en poblado y
en banda, arts. 166 inc.2 y 167 inc.2, como también había allanamiento ilegal
previsto en el art. 151, todos en concurso real.
Que se trataba de crímenes de lesa humanidad y del ataque a
una población civil, del que se deriva el delito de genocidio, pues se había
hecho con la intención de reprimir determinadas personas para destruir su
grupo de pertenencia, pero que ello no implicaría que iba a solicitar pena más
grave. Citó el art. 2 incs. a), b) y c) de la Convención sobre genocidio. Por
último solicitó la imposición de las penas de reclusión perpetua,
inhabilitación absoluta perpetua, accesorias y costas y que su cumplimiento
fuera en “cárcel común”.
4.- La querella de la Secretaría de Derechos Humanos,
expuso que había cosa juzgada en la causa 13. Que hubo normas secretas y
planificación, que en el decreto 404/75 se preveía la eliminación física y que
se trataba de un plan sistemático y de crímenes de estado de lesa humanidad.
Afirmó que no se puede aplicar el delito de genocidio pues no
estaba incorporado al orden jurídico interno, que se requería un reproche
penal concreto. Que los delitos de lesa humanidad estaban contemplados en el
derecho de gentes y en nuestro país desde 1853, por lo que no era una
aplicación retroactiva, citando los fallos de la CSJN “Arancibia Clavel” y
“Simón”.
Expuso en cuanto a los hechos, que se probó que en el marco
del plan sistemático, el 15 de abril de 1976, cerca de las dos de la madrugada,
un grupo de entre cinco a ocho personas, compuesto por integrantes del
ejército -un grupo de tareas del Comando de Institutos Miliares- y por
miembros de la policía de la provincia de Buenos Aires, llegaron en varios
vehículos a la vivienda de la calle Sargento Cabral en Munro, rodearon la
finca, ametrallaron la puerta, encontrándose disfrazados con medias en la
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cara, pelucas y que había uno llamado “Rolo”. Que se usó una inusitada
violencia, siendo el fin la captura de Floreal Avellaneda padre, que era
miembro del PC y delegado gremial y que, no encontrándolo, se llevaron a
Iris y a Floreal E. Avellaneda, apoderándose además de dinero, un grabador,
un proyector y una escopeta. Que en la casa también estaban Arsinoe y
Azucena Avellaneda. Que sacan a Iris Pereyra y a su hijo a la calle, les hacen
apoyar las manos sobre el techo de un auto, les vendan los ojos y los
encapuchan. Los llevan a la Comisaría de Villa Martelli, una vez adentro los
hacen subir por una escalera y los separan. Iris Pereyra oye música y gritos, la
llevan a un lugar donde es atada al caño de una pileta, oyendo que al atender
el teléfono decían “Comisaría de Villa Martelli, buenas noches”. Luego es
interrogada, despojada de sus ropas, rociada con agua y le aplican picana
eléctrica, mientras en otro sector estaba su hijo Floreal, escuchando la víctima
los gritos del mismo. Seis horas después la empujan dentro de un auto, se
dirigen por una autopista hasta llegar a Campo de Mayo, es identificada con
el No. 527 y llevada a un lugar donde había otras personas, indicándole que
caminara con cuidado para no pisarlas. Se trataba del lugar denominado “El
Campito”.
En ese lugar estuvo quince días, siendo sometida
reiteradamente a torturas, en una de ellas reconoció la voz del tal “Rolo”.
Estuvo en ese lugar con Silvia Ingenieros, siendo que el 30 de abril de 1976
es trasladada a la unidad 8 de Olmos, encontrándose en un estado deplorable
y a disposición del Poder Ejecutivo por Decreto 203, situación en la que
permaneció 1 año y 6 meses. De Olmos es trasladada a la Unidad 2 de
Devoto, donde estuvo hasta el 13 de junio de 1978.
Que también Floreal Edgardo Avellaneda estuvo en Campo
de Mayo, siendo sometido a tormentos atroces que le provocaron la muerte,
apareciendo su cuerpo el 14 de mayo de 1976 en Trouville, Uruguay,
En cuanto a las pruebas merituó la causa 13 respecto de los
casos 102 y 103. Destacó el valor de los testimonios de las víctimas, Iris,
Arsinoe, Azucena y Floreal Avellaneda, las presentaciones escritas en las
causas, siendo sus dichos totalmente veraces para generar convicción.
Asimismo el reconocimiento de los lugares y personas, el testimonio de Illuzi
18
y los incorporados por lectura de fs. 214 y 215. Respecto de los lugares, en
relación a la Comisaría de Villa Martelli, valoró las inspecciones oculares de
fs. 217/8 y la realizada en la instrucción suplementaria y la coincidencia con
la descripción efectuada por la víctima. Asimismo que dicha dependencia
estaba bajo control operacional de las fuerzas armadas, que había áreas
restringidas, que formaba parte de una unidad de inteligencia que reportaba al
COT. Valoró las declaraciones de los policías, en cuanto afirmaron que a
partir del 24 de marzo de 1976 había militares en la dependencia y tenían un
sector exclusivo, señalando que quienes no dieron mayores detalles lo
hicieron por espíritu corporativo o bien por temor a los superiores o a una
imputación.
En relación a la participación se refirió al testimonio de
Bellingeri, al caso 2703 de la DIPBA. Asimismo el de José García en relación
a la existencia del Comando de Institutos Militares y la zona que comprendía.
Expuso que la policía tuvo participación activa, apreciando los testimonios
recibidos en la audiencia. Rechazó la pretensión exculpatoria acerca de que
hubiera sido otra Comisaría la que participara, destacando lo declarado por
Miguel, Gómez y Lúpiz Rodríguez, desechando lo declarado por Aneto.
Asimismo merituó el testimonio de Cella. Expuso que también estaba probado
el secuestro de Floreal E. Avellaneda y su permanencia en Villa Martelli y en
“El Campito”. Asimismo destacó que la zona IV correspondiente al Comando
de Institutos Militares se había creado por el decreto 405/75 y la Directiva
1/75 e incluía al partido de Vicente López. Merituó lo dicho por Ballesteros,
José L. García y Horacio Cella. Que la existencia del centro clandestino de
detención ubicado en el campo de tiro de Campo de Mayo estaba acreditada,
valorando especialmente los dichos de Ibáñez, Solís y Oscar E. Rodríguez.
Que la víctima estuvo en ese lugar desde el que fue trasladada a Olmos se
acreditaba con la causa 28976 y con las fs. 1861 y 1869 de la presente causa
2005, que el jefe de la custodia era Sánchez Negrette, quien pertenecía al
Comando de Institutos Militares. Asimismo señaló que el testigo Solís había
visto a Iris Avellaneda en Campo de Mayo, como también a la lista que la
incluía. Que en Campo de Mayo fue sometida a torturas, un simulacro de
fusilamiento y a condiciones inhumanas de detención, valorando lo dicho por
la víctima y lo testimoniado por sus compañeras de Olmos.
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Para la permanencia de Floreal E. Avellaneda en Campo de
Mayo señaló lo declarado por las víctimas y por Víctor Ibáñez quien lo vio y
lo confirmó con su nombre en una lista y por los comentarios que relatara, así
como por el hecho de que por jurisdicción correspondía a la zona IV.
Asimismo el vínculo a través de la forma de aparición del cuerpo, siendo que
en Campo de Mayo había una pista de aviones y helicópteros, valorando lo
dicho por Solís, Auel, los planos aéreos y también señaló el testimonio de
Oscar Rodríguez. Destacó que estaba acreditado que su cuerpo apareció con
signos de brutales torturas el 15 de mayo de 1976, a través del expediente
3282 fs. 132. Que entonces estaba probada la relación directa entre la
detención y la muerte, señalando la gravedad de las lesiones de las que daban
cuenta las fotos de fs. 1000/20, señalando que la finalidad era la persecución
política.
En cuanto a la responsabilidad de los procesados dijo que
Verplaetsen y García tenían dominio del hecho mediante el dominio de la
voluntad continuando la cadena de órdenes, mientras que Harsich, Fragni y
Aneto tenían dominio de la acción. Señaló que Verplaetsen era jefe del
departamento de inteligencia desde antes de marzo de 1976 y hasta diciembre
de 1977, lo que surgía de su legajo personal. Asimismo merituó lo dicho por
Riveros a fs. 3642/7, 7045/7100 y 7648/64 de la causa 4012. Que la
inteligencia tenía un rol vital en el plan para la individualización y captura de
las personas, por lo que su función fue determinante, siendo por ello autor
mediato. Que Voso, el Jefe de “el Campito” recibía órdenes de Verplaetsen,
valorando el testimonio de Ibáñez y el de Solís, por lo que co-determinó el
procedimiento llevado a cabo en la casa de las víctimas, siendo autor mediato
de allanamiento ilegal, robo, privación ilegítima de la libertad, torturas y
muerte.
Respecto de García dijo que era el jefe del área Vicente
López, la que dependía de la Escuela de Infantería, concluyendo que García
co-determinó el procedimiento de los que fueron víctimas los Avellaneda,
siendo responsable de allanamiento ilegal, robo, privación ilegítima de la
libertad, torturas y muerte.
En relación a Harsich y Fragni afirmó que integraron la
20
estructura de la Escuela de Infantería que controlaba el área 450, que
comprendía el domicilio de Avellaneda. Destacó lo actuado a fs. 106/9 de la
causa 28976 sobre sus actuaciones durante el procedimiento, concluyendo
que integraron el grupo de tareas que llevó a cabo el hecho el 15 de abril de
1976, la coincidencia de la documentación con los hechos y personas, lo
declarado por Sánchez Negrete, afirmando la autenticidad de tales
documentos. Por todo ello concluyó en que ambos procesados formaban parte
del grupo que, cumpliendo directivas, fue a la casa el 15 de abril de 1976, por
lo que eran responsables de robo, privación ilegítima de la libertad, tormentos
y muerte.
Respecto de Aneto afirmó que integró el grupo que intervino
en la casa de la calle Sargento Cabral, señalando que prestó funciones en
Villa Martelli en ese período y valorando lo declarado por los policías en la
audiencia. Afirmó que era co-autor, que había sido reconocido en tres
oportunidades: a fs. 417 de la causa 28976 por Arsinoe; por la víctima a fs.
339 de la causa 28976, en el escrito de fs. 341, siendo que además la víctima
reconoció su voz en Campo de Mayo como la de “Rolo”. Desechó la versión
que diera Aneto, señalando asimismo las contradicciones de Aneto con
anteriores declaraciones que prestara en la causa.
En cuanto a la calificación y a las penas dijo que no
concurrían atenuantes y sí agravantes por el hecho de ser funcionarios,
haberse ensañado, solazado con el dolor, como también la naturaleza de las
acciones, el peligro común y los daños causados.
Acusó a Verplaetsen como autor mediato de los delitos de
allanamiento ilegal, art. 151; robo agravado, art. 166 inc.2; privación ilegítima
de la libertad –dos hechos-, art. 144 bis inc.1 y último párrafo de la ley 14616,
en función del art, 142 inc. 1 de la ley 20642; tormentos agravados –dos
hechos-, art. 144 ter 1o y 2o párrafo de la ley 14616 y homicidio agravado, art.
80 incs. 2, 6 y 7, todos del Código Penal, en concurso real, solicitando la
imposición de las penas de reclusión perpetua e inhabilitación absoluta
perpetua. Respecto de García afirmó que era co-autor mediato utilizando igual
calificación y solicitando la misma pena.
A Harsich, Fragni y Aneto los consideró co-autores directos
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de los mismos delitos y solicitó las mismas penas.
Por último pidió que en todos los casos que el cumplimiento
fuera efectivo y en una cárcel común, conforme lo previsto por la ley 24660.
5.- La Fiscalía en primer lugar consideró que, de acuerdo a la
sentencia dictada en la causa 13, se tuvo por acreditada la ocurrencia de los
sucesos que damnificaron a Iris Pereyra de Avellaneda y a Floreal Edgardo
Avellaneda, así como que los mismos fueron parte de un plan sistemático.
Citó los Decretos 2770. 2771 y 2772, las Directivas 1/75 y 404/75; el
Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Estados Mayores (RC-
3-30) y el Reglamento RV-200-10.
Asimismo citó el fallo de la CSJN en la causa “Simón” y el
Plan del Ejército Contribuyente al Plan de Seguridad Nacional-Secreto de
febrero de 1976. Señaló que, formando parte del plan, las autoridades de facto
dispusieron el secreto de su accionar y otorgaron impunidad a sus agentes,
citando como ejemplo lo actuado a fs. 46 de la presente causa, así como el
Decreto 2726 del 19 de octubre de 1983 y la ley 23040. Asimismo que
deliberadamente ocultaron lo que sucedía a los jueces, familiares, entidades y
organizaciones nacionales y extranjeras, a la iglesia, a gobiernos extranjeros y
a la sociedad en general y que la Cámara Federal tuvo por probada la
existencia de órdenes secretas e ilegales.
Expuso que los Centros Clandestinos de Detención era
secretos, que tal como se afirmó en las causas 13 y 44, el secuestrado llegaba
encapuchado o “tabicado” y así permanecía todo el tiempo de su permanencia,
se le daba un número, la alimentación era deficiente y faltaba la higiene. Allí
eran sometidos a torturas, señalando que no sólo eran torturas las prácticas
sobre el físico de los detenidos, sino también las que derivaban de las
condiciones generales de la detención, como el encapuchamiento, la falta de
alimentación, de atención sanitaria, de asesoramiento jurídico, la
incomunicación prolongada, la incertidumbre sobre su destino y el hacerlos
percibir las operaciones realizadas sobre terceros para influir en su psiquismo.
Consideró probado que dentro de la guarnición Campo de
Mayo funcionó un Centro Clandestino de Detención desde antes del 15 de
abril de 1976, compuesto de galpones y otros inmuebles, en el predio
22
denominado Plaza de tiro, “El Campito” o “Los Tordos”, el cual fue un campo
de concentración de detenidos, donde se los torturaba, mantenía en
condiciones infrahumanas y exterminaba, citando la causa 13 y los
testimonios de Rodríguez, Solís e Ibáñez, destacando que éste último había
visto en el centro clandestino de detención al menor Floreal Avellaneda,
mientras que Solís tuvo contacto con Iris Avellaneda y Silvia Ingenieros,
refiriendo además el reconocimiento de Riveros en cuanto a la existencia del
LRD y lo que surgía del Legajo personal del teniente coronel Alberto José
Voso, agregado a la causa 4012.
Afirmó que el Comando de Institutos Militares operó como
una gran unidad de combate a partir de octubre de 1975. Que en el Plan del
Ejército previo al golpe del 24 de marzo de 1976, en el anexo 10 de
jurisdicciones se determinaban los partidos de la provincia que se encontraban
bajo su jurisdicción y que posteriormente, el 21 de mayo de 1976, cuando se
transforma en Zona IV se le agregan más partidos. Que el partido de Vicente
López, al que pertenecía el domicilio de la calle Sargento Cabral 2385 de
Munro y la Comisaría de Villa Martelli, pertenecían al Área de Defensa 450.
Que en el Plan del Ejército la jurisdicción de Campo de Mayo
comprendía los partidos mencionados en el Plan de Capacidades para el año
1972 (PFE-PC MI72), que comprendía los de San Fernando, San Isidro,
Vicente López, San Martín, Tres de Febrero y General Sarmiento. También
citó la Directiva del Comandante General del Ejército PON No. 217/76 y el
informe firmado por el Jefe de Estado Mayor General del Ejército, que obra a
fs. 176 de la causa 28976, que da cuenta que el imputado García durante abril
de 1976 era Jefe del Área de Vicente López y además era Director de la
Escuela de Infantería, así como la fotocopia de fs. 107 en la que aparece el
Subdirector Arévalo.
Expuso que, conforme las normas citadas, la actividad de los
imputados implicaba el control sobre la Jefatura de la Policía de la Provincia
y todas sus seccionales, así como de las otras dependencias, como los LRD
dentro de la guarnición militar de Campo de Mayo.
Valoró los testimonios de Iris Avellaneda, Floreal
Avellaneda, Azucena Avellaneda de López, Arsinoe Avellaneda, Ethel Estela
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Avellaneda, Pedro Joaquín López, Francisco Illuzi, Mario Vicente Niemal y
Alba Margarita López, las constancias del acta agregada a fs. 3 de la causa
28976, considerando acreditada la privación de libertad de Iris Pereyra de
Avellaneda y su hijo Floreal Edgardo por parte de un grupo armado mediante
el uso de violencias físicas y psicológicas y la sustracción de bienes por parte
de los captores. Que el grupo dependía operacionalmente del Ejército,
apreciando lo actuado a fs. 38, 46 y cctes. de la misma causa, donde consta
que Iris Avellaneda había sido trasladada a la Cárcel de Olmos desde el
Comando de Institutos Militares.
Asimismo que se acreditó que, luego de ser apresados en la
madrugada del 15 de abril de 1976, ambos fueron conducidos con sus rostros
cubiertos por un pelotón que dependía operacionalmente del Ejército a la
Comisaría 4ta. de Vicente López (Villa Martelli) donde Iris Pereyra fue
sometida a interrogatorios bajo tormentos por personal dependiente del
Comando de Institutos Militares, lo que también sucedió con el menor Floreal
Avellaneda.
Refirió lo acreditado en la causa 13, las declaraciones de la
víctima y de Arsinoe Avellaneda y lo declarado por el personal policial que
entonces trabajaba en la citada Comisaría. Señaló que el testigo Julio
Insaurralde no ratificó la versión de Aneto, apreciando lo declarado por el
Subcomisario Echeverría.
Valoró lo actuado a fs. 519 de la causa 28976, de donde surge
que en la Escuela de Infantería en 1976 había revistado el Teniente Coronel
Svencionis, siendo que tal Escuela tenía asignado el territorio donde se
ubicaba la Comisaría de Villa Martelli. También apreció el testimonio de
Horacio Cella.
Asimismo consideró acreditado que Iris Pereyra de
Avellaneda, el mismo día de su aprehensión y luego de su paso por la
Comisaría de Villa Martelli, fue trasladada a un Centro clandestino de
detención ubicado en el interior de Campo de Mayo, donde fue despojada de
su reloj y sometida a tratos denigrantes e inhumanos, siendo golpeada,
sometida al pasaje de corriente eléctrica, a un simulacro de fusilamiento y a
interrogatorios por parte del personal de inteligencia. Que las personas que le
24
administraron malos tratos y torturas dependían muchos de ellos del Área o
Departamento de Inteligencia, y en todos los casos del Comando de Institutos
Militares.
Valoró lo actuado a fs. 145, 148, 155 y 158 de la presente
causa 2005, así como la declaración de Sánchez Negrette de fs. 270/1, el
legajo 267 de la causa 4012, las fotocopias de fs. 106/109 de la causa 28976,
las que coinciden con lo probado en el debate y con la documental de fs.
1875/9. A ello agregó las indagatorias de García de fs. 2779/84, 2785/88 y
2789/92, lo que acreditaba que la víctima ingresó a Olmos proveniente del
Comando de Institutos Militares.
En cuanto a las torturas padecidas por Iris Pereyra de
Avellaneda, ponderó sus dichos, así como los testimonios de Arsinoe
Avellaneda, Cristina B. Arévalo, Alicia Lega, Natalia Ratcheff y Ethel Estela
Avellaneda, el Decreto de fs. 89/91, el informe de fs. 92 y lo que consta a fs.
101 y 34 vta., considerando que las torturas ocurrieron desde el 15 al 23 de
abril de 1976, fecha en la que fue colocada a disposición del Poder Ejecutivo.
Del mismo modo respecto de Floreal Edgardo Avellaneda que ocurrieron
entre el 15 de abril hasta el 14 de mayo, cuando fue hallado muerto.
En relación a la muerte de Floreal afirmó que ocurrió por
homicidio. Que su cuerpo fue hallado el 14 de mayo de 1976 en la costa
uruguaya del Río de la Plata atado de pies y manos, con lesiones propias de
torturas físicas y expuso que ante la ausencia de autopsia resultaba difícil
saber si fue arrojado con vida o ya muerto, pero que en cualquier caso la
muerte debe ser imputada al accionar doloso de quienes tenían dominio sobre
su cautiverio y destino final, es decir la decisión sobre su vida o su muerte.
Valoró lo actuado a fs. 16 de la causa 28976, las constancias de fs. 35 vta. y
36 y el cotejo dactiloscópico de fs. 128/32 de la causa 28479; el parte
informativo de fs. 399/400; el legajo “NN Identificación de Cadáver Sub-
Prefectura de Trouville 14 de mayo de 1976, Juzgado Ltdo. de Instrucción de
3er. Turno” que corre agregado a la causa 28976, donde se encuentran las
fotos y el detalle de las lesiones que presentaba el cuerpo.
Expuso que en la sentencia de la causa 13 se concluyó que la
muerte de Floreal había sido resultado de las torturas inferidas, hecho por el
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cual fue condenado Videla, que revela que las torturas continuaron en Campo
de Mayo, donde fue visto por Ibáñez, afirmando que fue víctima de un
homicidio, en condiciones de indefensión procuradas y aprovechadas por los
victimarios, es decir alevosía y con el concurso premeditado de todos ellos,
considerando que no está acreditado que la muerte haya sido causada por las
torturas, tratándose de un hecho independiente, agregando que el haberlo
arrojado atado al Río de la Plata y los signos de desnucamiento podrían
indicar que la muerte se produjo fuera del contexto de los tormentos.
Nuevamente valoró los dichos de Ibáñez y de Solís, de Claudia Bellingeri y
de Pedro P. Carballo.
En cuanto a la calificación de los hechos afirmó que había
allanamiento ilegal, previsto en el art. 151 para el ingreso al domicilio de la
calle Sargento Cabral. En segundo lugar que al domicilio ingresó un grupo de
más de dos personas, munidos de armas de fuego que dispararon, que
sustrajeron diversas cosas muebles ajenas, considerando que se encuadraba en
el art. 167 inc.2 y 166 inc.2 texto ley 20642. En cuanto a las privaciones
ilegítimas de la libertad, fueron realizadas por funcionarios públicos, con
abuso de sus funciones y sin las formalidades legales, encuadrando la
conducta en el art. 144 bis inc.1, agravado por una de las circunstancias del
art. 142 inc. 1, texto según ley 20642, por haberse cometido con violencias o
amenazas. Consideró que esas dos privaciones de la libertad son más graves
por haberse transformado en desapariciones forzadas, lo que tomaría en
cuenta para la graduación de la pena. Agregó que si no se tuviesen por
probadas las intervenciones de los imputados en los tipos activos señalados,
deberá considerarse la aplicación de las figuras del art. 143 incs. 2 y 6, texto
según ley 14616, por ser acontecimientos posteriores al inicio de las
privaciones de la libertad. Que las privaciones de libertad subsistieron en el
caso de Floreal hasta la aparición de su cadáver y la de Iris Pereyra hasta que
fue puesta a disposición del Poder Ejecutivo y remitida a Olmos,
concurriendo en forma real con los delitos de robo agravado y de
allanamiento ilegal.
Respecto a los tormentos señala que en la causa 13 se lo
encuadró en el art. 144 ter, primer párrafo, según texto ley 14616. Sostiene
26
que en el caso de Floreal Avellaneda no corresponde su agravamiento por
muerte de la víctima, sino que éste fue un hecho independiente, es decir
homicidio agravado. Aclaran que se apartan de la causa 13 pero que se respeta
la congruencia, dada por la descripción de los hechos imputados en las
indagatorias, procesamiento y requerimientos de elevación a juicio que
satisface ambas calificaciones, no obstante lo cual advierte que formulará una
acusación alternativa y subsidiaria. Que la muerte como consecuencia de los
tormentos estaba tipificada en el art. 144 ter, último párrafo, según ley 14616.
Que la otra posibilidad es la del homicidio, agravado por alevosía y por el
concurso de dos o más personas, art.80.
Para el imputado Riveros merituó que el domicilio de la
familia Avellaneda estaba bajo su poder, lo que él mismo admitiera; que
reconoció que los Directores de Escuelas cumplieron la doble función de
Jefes de Áreas. Que el Plan del Ejército asignó al Comandante de Institutos
Militares distintas misiones a cumplir desde el 24 de marzo de 1976, con la
misma categoría que los Cuerpos de Ejército. Afirmó que al haber sido el Jefe
del Comando de Institutos Militares con asiento en Campo de Mayo entre los
años 1976 a 1978 -con cita del informe de fs. 499/505 de la causa 4012-, tenía
bajo su jurisdicción diferentes áreas que se encontraban a las órdenes de los
Directores de las diferentes Escuelas, citando fs. 533/40, como la de
Infantería que por medio de varios de sus integrantes propició y llevó a cabo
los actos materiales en juzgamiento y aportó los medios, recursos humanos y
materiales para que sus subordinados llevaran a cabo los procedimientos bajo
sus órdenes y supervisión directa, por lo cual lo considera responsable de los
hechos.
En cuanto a Verplaetsen, valoró el reconocimiento de haber
estado a cargo del área de inteligencia al momento de los hechos, con cita de
fs. 11.762/771 de la causa 4012. Afirmó que era el responsable por el área de
inteligencia asignada al mencionado ámbito territorial e integraba el Estado
Mayor del Comando de Institutos Militares; que el estudio de los
antecedentes y la decisión de las personas a detener se tomaban en una “mesa
chica” de la que era parte imprescindible; que el fin de esas detenciones era el
interrogatorio bajo tormentos, lo cual estaba a su cargo directo o indirecto.
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Apreció el legajo personal en que consta que era Jefe de Inteligencia en
Campo de Mayo, siendo calificado por Riveros; que Harsich dijo que todo
detenido debía ser entregado al personal de inteligencia del Comando y que
los testimonios de Solís, Carballo, Rodríguez e Ibáñez lo ponen en Campo de
Mayo y a cargo de las mencionadas tareas, afirmando que el Comando de
Institutos Militares tuvo su Departamento de Inteligencia (D2) y que el
imputado había admitido que, por inidoneidad del Jefe del Departamento de
Inteligencia del Comando de Institutos Militares, fue llamado por Riveros
para que se hiciera cargo del mismo, teniendo bajo sus órdenes a oficiales de
inteligencia.
Consideró por ello que debe responder por todos los hechos
de los que fueran víctimas Iris Pereyra de Avellaneda y Floreal E. Avellaneda,
por haber conformado el Estado Mayor del Comando en su calidad de vértice
de Inteligencia de esa unidad de combate, donde se disponía el destino de las
personas desde la preparación de su secuestro en adelante, y entre cuyas
dependencias se encontraba el Centro de Detención donde estuvieron las
víctimas, así como el resto de la jurisdicción, entre ellos la Comisaría de Villa
Martelli, donde fueron privados de su libertad y torturados.
En relación a Osvaldo Jorge García, valoró su declaración de
fs. 258 de la causa 28976, donde refiriera que en abril de 1976 era Director de
la Escuela de Infantería y haber sido jefe del Área Vicente López, asimismo
se refiere a fs. 427/9 y 848/55 de la causa 4012 de donde surge que era Jefe de
dicha Escuela, como asimismo el informe de fs. 176 de la causa 28976 por el
cual a la fecha de los hechos era el Jefe de Área. Consideró acreditado que
estaba a cargo del Área de Vicente López por lo que le atribuyó
responsabilidad en el allanamiento ilegal, las privaciones de libertad, el robo
agravado y los tormentos en la Comisaría de Villa Martelli, ya que tenía
autoridad sobre el personal perteneciente a la Escuela de Infantería –Arévalo,
Fragni y Harsich-, ejecutores directos de esos hechos. Después su
responsabilidad pasa a ser la de disponer sus entregas a quienes estaban a
cargo de “El Campito” con los tres posibles destinos ya conocidos, pero sin
un dominio total sobre esa porción del sistema, porque estaba a cargo de
otros. Por ello su aporte, respecto a los tormentos que siguieron en el Campito
28
y los relacionados a la muerte del menor, sólo puede considerarse como una
participación necesaria.
Al referirse a César Amadeo Fragni, analizó sus
declaraciones de fs. 828/31 de ésta causa 2005 y la de fs. 264 de la 28976 y al
hacerlo respecto de Raúl Horacio Harsich refirió sus declaraciones de
fs.927/30 y la de fs. 268 de la causa 28976. Analiza conjuntamente la
situación de ambos, valorando que se desempeñaban en la Escuela de
Infantería bajo las órdenes del Comando de Institutos Militares, con Arévalo
como subdirector y García como Director, a su vez, subjefe y jefe del Área
Vicente López.
Valoró lo actuado a fs. 106/9 y afirmó que cuando aparecen
firmando esa documentación ello indica que fueron ellos quienes se
encargaron de ejecutar esa parte de la maquinaria. Los considera parte de un
engranaje por lo que sus responsabilidades no se agotan cuando entregaban a
los detenidos a otras dependencias, tales como el campo de concentración de
Campo de Mayo, siendo que todos estaban al tanto de cómo funcionaba esa
maquinaria, así como los destinos que tenían los detenidos: a disposición del
PEN, libertad o eliminación física. Pero consideró que tiene una significación
distinta la imputación, pues pasan a ser partícipes en los hechos que ocurren
desde que son alojados en el “Campito” y hasta su destino final, previsible y
asentido.
En relación a Alberto A. Aneto analizó sus declaraciones y
afirmó que se encuentra acreditado que se encontraba en funciones en el mes
de abril de 1976 en la Comisaría de Villa Martelli, valorando los informes de
fs. 327 y 372/3 de la causa 28976 y sus dichos. Que dicha dependencia se
encontraba operacionalmente subordinada al Comando de Institutos Militares,
al Área 450 y era frecuentada por personal de la Escuela de Infantería,
apreciando lo dicho por Ferreño a fs. 347/8 de la causa 28976 y fs. 281/2, así
como el testimonio de Arsinoe Avellaneda y lo declarado por Iris Avellaneda.
Sostuvo que se encontraba de servicio desde la tarde del 14 de abril hasta la
mañana del 15 de abril de 1976 y que aparece en todos los tramos del suceso,
como un ejecutor, con dominio de los hechos a su cargo y que el Estado
Mayor y el Comando no podía decidir la suerte de los detenidos sin la
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información que extrajesen de ellos los ejecutores de las detenciones y de los
tormentos.
Señaló que quienes se encontraban en la cúpula del aparato
organizado de poder, analizaban y decidían los cursos de acción, con dominio
por sobre la estructura que de ellos dependía, fueron Riveros y Verplaetsen,
quienes deben responder como autores mediatos de los delitos de
allanamiento ilegal, en concurso ideal con robo agravado por armas y en
banda, en concurso real con privación ilegal de la libertad agravada por
violencias, amenazas y por no poner a los detenidos a disposición de
autoridad competente ni dar cuenta de ello, reiterada en dos oportunidades,
tormentos reiterados en dos oportunidades y homicidio calificado por haber
sido cometido con alevosía y con el concurso premeditado de dos o más
personas, los que concurren materialmente o, en el último supuesto,
alternativa y subsidiariamente, por tormentos seguidos de muerte.
A Osvaldo Jorge García le reprochan acciones en una
posición inferior, ya que era Jefe del Área 450 Vicente López, superior de
Arévalo, de Harsich y de Fragni que ejecutaron las órdenes por su intermedio,
pero que no integraba el Estado Mayor del Comando de Institutos Militares,
por lo que le imputa autoría en los delitos que se desarrollaron bajo su
dominio de esa porción del aparato: allanamiento ilegal en concurso ideal con
robo agravado por armas y en banda, en concurso real con privación ilegal de
la libertad agravada por violencias, amenazas y por no poner a los detenidos a
disposición de autoridad competente ni dar cuenta de ello, reiterada en dos
oportunidades, tormentos reiterados en dos oportunidades y, en grado de
partícipe necesario, homicidio calificado por haber sido cometido con
alevosía y en concurso premeditado de dos o más personas, los que concurren
materialmente o, en el último supuesto, alternativa y subsidiariamente, por
tormentos seguidos de muerte.
A Raúl. H. Harsich y César A. Fragni los califica como
autores inmediatos de las órdenes recibidas, en sus calidades de Teniente
Primero y Capitán, de los delitos de allanamiento ilegal en concurso ideal con
robo agravado por armas y en banda, en concurso real con privación ilegal de
la libertad agravada por violencias, amenazas y por no poner a los detenidos
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a disposición de autoridad competente ni dar cuenta de ello, reiterada en dos
oportunidades, tormentos reiterados en dos oportunidades y, en grado de
partícipe necesario, homicidio calificado por haber sido cometido con
alevosía y en concurso premeditado de dos o más personas, los que concurren
materialmente o, en el último supuesto, alternativa y subsidiariamente, por
tormentos seguidos de muerte.
A Alberto A. Aneto lo considera en igual situación que los
anteriores, por haber intervenido como ejecutor en el allanamiento ilegal en
concurso ideal con robo agravado por armas y en banda, en concurso real con
privación ilegal de la libertad agravada por violencias, amenazas y por no
poner a los detenidos a disposición de autoridad competente ni dar cuenta de
ello, reiterada en dos oportunidades, tormentos reiterados en dos
oportunidades y, en grado de partícipe necesario, homicidio calificado por
haber sido cometido con alevosía y con el concurso premeditado de dos o más
personas, los que concurren materialmente o, en el último supuesto,
alternativa y subsidiariamente, por tormentos seguidos de muerte.
Para graduar las sanciones la Fiscalía tuvo en cuenta la
altísima responsabilidad que detentaban Riveros, Verplaetsen y García, los
gravísimos perjuicios a las víctimas, el mecanismo perverso desplegado y el
sadismo de imponer tormentos a un menor de 15 años y a su madre, a quien se
colocó de modo que escuchase los gritos de su hijo. En cuanto a Fragni,
Harsich y Aneto, tiene en cuenta que contaban con menor responsabilidad en
la cadena de mando.
Con cita de los arts. 2, 12, 19, 45, 55, 80 inc. 2 y 6, 143 inc.2
y 6 (según ley 14616); 144 bis inc.1 con la agravante del art. 142 inc.1 (según
ley 20642); 144 ter (según ley 14616), 151, 166 inc.2 y 167 inc.2 (según ley
20642) del Código Penal, solicitó para Riveros y Verplaetsen las penas de
prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales y
costas. Alternativamente, para el caso de que uno de los hechos no fuera
calificado como homicidio sino como tormentos seguidos de muerte, se les
impongan las penas de 25 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua,
accesorias y costas.
Para García las penas de prisión perpetua e inhabilitación
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absoluta perpetua, accesorias legales y costas. Alternativamente, para el caso
de que uno de los hechos no fuera calificado como homicidio sino como
tormentos seguidos de muerte, se le imponga la pena de 18 años de prisión e
inhabilitación absoluta perpetua, accesorias y costas.
Para Harsich y Fragni las penas de prisión perpetua e
inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales y costas.
Alternativamente, para el caso de que uno de los hechos no fuera calificado
como homicidio sino como tormentos seguidos de muerte, se les impongan
las de 15 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua, accesorias y
costas.
Para Aneto pidió se le impusieran las penas de prisión
perpetua e inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales y costas.
Alternativamente, para el caso de que uno de los hechos no fuera calificado
como homicidio sino como tormentos seguidos de muerte, se le imponga la
pena de 17 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua, accesorias y
costas.
6.- La Defensa de Aneto, en primer lugar, hizo un análisis de
los testimonios de Arsinoe y Azucena Avellaneda y los de Pedro y Alba
López, incluyendo los que no habían sido incorporados al debate y los
prestados ante la policía, lo que por ello no será valorado. Dijo que Arsinoe
Avellaneda había afirmado que poco podía decir de la fisonomía de las
personas, al igual que Azucena Avellaneda. Planteó que el hecho pudo
haberse llevado a cabo por la Comisaría de Munro y no en la de Villa
Martelli. Objetó el reconocimiento de su pupilo, negó que tuviera como apodo
“Rolo”, afirmando que su defendido tramitaba las causas judiciales y las
contravenciones, siendo esta su tarea en la dependencia, lo que estaba
acreditado por la causa seguida a Insaurralde, en la que trabajó desde el 14 de
abril de 1976, por lo que no pudo haber participado en los hechos.
Asimismo objetó la acusación por homicidio agravado,
considerando que se afectaba el principio de congruencia, ya que no había
sido indagado ni procesado por tal delito. Concluyó en que su defendido era
ajeno a los hechos que se le endilgaran, por lo que debía ser absuelto.
7.- La Defensa oficial comenzó la primera parte de su alegato
32
efectuando una suerte de monografía crítica de los fallos de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Suprema de la Nación,
intentando descalificar lo resuelto en las causas “Mazzeo”. “Arancibia
Clavel”, “Simón”, “Videla” “Velásquez Rodríguez”, “Barrios Altos”,
“Almonacid” y otras y tratando que el Tribunal no aplique lo sustentado en
dichos fallos.
Dijo que se trataba de un proceso irregular y que era nulo,
habiéndose violado las garantías de los procesados; que se había violado el
art. 8 párrafo 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el art.
18 CN, afirmando que se había violado la igualdad de armas, la cosa juzgada,
el principio del juez natural, la igualdad ante la ley y el plazo razonable, entre
otros. Así se refirió al principio de la cosa juzgada y al non bis in idem,
afirmando que dicha garantía no está disponible en la Argentina para los
procesos por delitos de lesa humanidad, criticando fallos de la CSJN y de la
Corte Interamericana. De igual modo consideró la no aplicación de la
prescripción. Igual consideración tuvo en cuanto al principio del juez natural
afirmando que sus defendidos hubiesen estado mejor si los juzgaban sus
pares, criticando los fallos “Nicolaides” y “Mazzeo”, como asimismo el
dictamen de la Procuración General de la Nación.
Se quejó también de que no se otorgara la excarcelación en
los delitos de lesa humanidad y el hecho de que se hubiera dejado sin efecto la
detención domiciliaria antes del debate. También apuntó a que se había
violado el derecho al juzgamiento en un plazo razonable, que luego de las
declaraciones de Riveros y García se habían dictado las leyes de punto final y
de obediencia debida. Que en 1987 la Cámara Federal de San Martín
extinguió la causa por prescripción y sobreseyó a Riveros y a García y que
luego se indultó a Riveros lo que fue convalidado por la Corte, que luego se
dicta la ley 25779 anulando las mencionadas leyes, por lo que se los vuelve a
indagar y a procesar. Criticó asimismo el fallo “Espósito”.
Afirmó que los fallos de la Corte Interamericana han
modificado el art. 14 de la ley 48 en contra de los derechos de los imputados,
considerando que se aplicaba el derecho penal del enemigo. Finalmente pide
la nulidad con cita del art. 167 incs. 1 y 2 y 168 CPPN, del Preámbulo
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constitucional en cuanto a “afianzar la justicia”, el art. 18 CN y art. 8.1 de la
Convención Americana de Derechos Humanos.
Luego efectúa lo que llama el segundo planteo, para el caso
que no prospere el anterior, que es la excepción de prescripción de la acción
penal. Plantea que entre el hecho y el primer llamado a indagatoria pasaron
más de 10 o 12 años. Critica el fallo “Arancibia Clavel” y afirma que la
imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad aplicada a este juicio
implicaba una aplicación retroactiva de la ley penal, dado que los
instrumentos internacionales no habían sido ratificados por el Estado
argentino a la época de los hechos. Cita las leyes 26200, 25390 y 26298.
Consideró que el recurrir al derecho de gentes no es adecuado.
La Defensa se manifestó en contra de los juicios de
Nuremberg, los que en su opinión no merecerían el aplauso del mundo.
Asimismo, dijo que en el orden jurídico interno no hay regla escrita que
señale cuando un crimen es contra la humanidad de la cual se pueda derivar la
imprescriptibilidad.
En el tercer planteo, para el caso que los anteriores no fueran
admitidos, pide que el tribunal se aparte de los precedentes de la Corte y
declare válidas las leyes de punto final y de obediencia debida, así como el
indulto a Riveros y absuelva a los procesados.
Señala nuevamente que Riveros fue indultado y sobreseído,
fallo que estaba firme, que se trata de la cosa juzgada y del non bis in idem,
garantía derivada de la inviolabilidad de la defensa del art. 18 CN y arts. 14.7
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 8.4 de la
Convención Americana de Derechos Humanos, criticando nuevamente el fallo
“Mazzeo” y el dictamen de la Procuración, apoyando el voto de Fayt y
preguntándose por qué vale más el castigo que las garantías de los imputados,
creyendo que se trata de un justificativo moral y no jurídico. Señala que tanto
la Convención Americana de Derechos Humanos como el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos habilitan amnistiar o indultar delitos sin
distinción alguna, cosa que la Corte no tuvo en cuenta. Critica nuevamente el
fallo “Simón” que modificó el fallo “Camps”, considerando que la Corte
interpretó erróneamente la recomendación 28/92, como asimismo volvió a
34
objetar el fallo “Barrios Altos”.
Para el caso que no se admitieran tales planteos, aduce la
Defensa que el proceso excedió el plazo razonable, reseñando nuevamente la
sanción de las leyes de punto final y de obediencia debida, los indultos y la
ley 25779. Dijo que el Estado dictó decretos, leyes y fallos con incidencia en
el trámite de la causa, siendo que a veces le interesó perseguir y otras veces
no, mezclándose política con justicia, considerando lesionado el derecho a ser
juzgado en un plazo razonable.
Pide al Tribunal que declare la violación a la mencionada
garantía y se declare la nulidad de la imputación que recae sobre los
imputados y su absolución o bien que se declare la nulidad del proceso o la
insubsistencia de todo lo actuado o bien otro mecanismo que el Tribunal
considere que conduzca a la absolución.
Luego agregó que en abril la entonces Defensora de
Verplaetsen había pedido la suspensión del trámite a su respecto, con
fundamento en el art. 77 CPPN y se había rechazado el pedido. Dijo que
replanteaba el tema por incapacidad sobreviniente, pidiendo la suspensión del
trámite en relación con Verplaetsen, así como la nulidad de todas las
actuaciones a su respecto, considerando que no tiene aptitud para defenderse
en el juicio, con cita de los arts. 167 inc.3 y 168, segundo párrafo CPPN. Esto
lo basó en los estudios periciales ya realizados a Verplaetsen en la causa,
reiterando planteos ya efectuados.
Por otra parte dijo que se había violado el “fair play”, en base
a lo cual pediría las absoluciones de Harsich, Fragni y Verplaetsen, lo que no
haría respecto de Riveros y de García porque habían sido intimados por los
hechos de la causa 13. Que a Verplaetsen se lo había indagado en el año 2008
y a Harsich y Fragni se les había tomado declaración testimonial en 1984, y
no habían sido citados en otros términos, no habiendo nuevas pruebas por las
cuales se los citara a indagatoria posteriormente, no pudiendo ser citados a
indagatoria cuando se habían valido de ellos como testigos, quebrándose la
igualdad de armas entre acusador e imputado y el juicio justo o “fair play”.
Afirmó que se vulneró el principio de igualdad, lesionándose el juego limpio.
Que para la requisitoria y la acusación se cita la sentencia de la causa 13
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respecto de los casos 102 y 103 y que no había cosa juzgada para Harsich,
Fragni y Verplaetsen y se los había traído a juicio “por efecto de la inercia”.
Apuntó que los testigos habían agregado en la audiencia
temas no declarados antes. Objetó así la declaración de Víctor Ibáñez quien
refirió circunstancias nuevas y afirmó que mintió en cuanto dijo haber visto a
Floreal Avellaneda y a Verplaetsen en Campo de Mayo, acusándolo de falso
testimonio, art. 275, segundo párrafo, CP. Asimismo atacó el testimonio de
Solís, pidiendo la absolución de Harsich, Fragni y Verplaetsen por violación
del debido proceso, con cita de los arts. 18 CN y 8.1 de la Convención
Americana de Derechos Humanos, debiendo por ello nulificarse el proceso.
En otro planteo pidió que se unificaran todos los casos de
Campo de Mayo en un único juicio oral y público, que todos eran hechos de
la causa 4012, que tiene más de 400 casos y se preguntó por qué el Estado
luego de 33 años no puede decirles a los imputados cuántos juicios deberán
enfrentar, manifestando que si se esperaba un año y medio podían tomarse
juntas todas las causas. Consideró que ello afecta el derecho de defensa, que
afecta la salud de los procesados, con cita del art. 360 del rito y de la
Acordada 42/02 CSJN y que los procesados debían tener un único juicio ante
un mismo tribunal, que así había sucedido en la causa 13.
Luego afirmó que no estaba probado que existiera la zona IV
al momento del hecho; tampoco que fueran afiliados al Partido Comunista;
que el Comando de Institutos Militares hubiera participado en los hechos; que
las víctimas hubieran estado en Campo de Mayo, como tampoco que hubieran
sido torturados; que había indicios de que Floreal Avellaneda hubiera estado
en al ESMA; que no estaba acreditado que el cadáver hallado fuera el de
Floreal Avellaneda y que la fotocopia de fs. 108 no fue firmada por Harsich y
Fragni.
En relación con Riveros dijo que, de acuerdo a decreto
404/75 existían sólo las zonas de defensa 1, 2, 3 y 5, no existiendo la zona IV,
que la creación de ésta zona fue posterior a los hechos y esa zona
correspondía entonces al Primer Cuerpo. Respecto de la inteligencia dijo que
el batallón 601 dependía del Estado Mayor General del Ejército, no del
Comando; que el Departamento de Inteligencia asesoraba al Comandante de
36
Institutos Militares, no teniendo tareas específicas de inteligencia y que
Verplaetsen no era Jefe del destacamento de inteligencia.
En cuanto a García dijo que en su declaración expuso las
funciones que cumplía antes de la creación de la zona IV. Asimismo que no
había una imputación concreta, sólo su cargo por lo que se trataba de
imputación objetiva prohibida por el derecho penal. Consideró que lo único
que se le imputaba era su condición de militar.
Pidió como conclusión que se absolviera a Riveros,
Verplaetsen y García por el beneficio de la duda.
En cuanto a Harsich y Fragni, citó distintos escritos
presentados a lo largo de la causa por Iris y Arsinoe Avellaneda y señaló que
ni ellas ni nadie de quienes estuvieron en el procedimiento reconocieron a
Harsich o a Fragni. Objetó asimismo las copias agregadas a fs. 106/8, dijo que
se trataba de copias simples, que no tenían fecha cierta, que nadie había visto
que se llevara una máquina de escribir al procedimiento en la casa de la calle
Sargento Cabral, que no tenía membrete, ni sello ovalado, que las firmas de
los testigos estaban en la misma línea y quien da la orden firma debajo, que
sus defendidos no habían reconocido las firmas y que la pericia de fs. 1729/30
tampoco afirmaba su autenticidad. Afirmó que no estuvieron en el
allanamiento, que no fueron reconocidos, que no estaba creada la zona IV y
que en sus legajos no constaba que hubieran estado en comisión en el Primer
Cuerpo, resultando absurdo que si el grupo que entró lo hizo con pelucas y
medias en la cara para ocultarse, hicieran firmar el acta a alguno de ellos para
que se conociera su identidad, afirmando que los posibles interesados en que
así aparecieran los hechos eran la Comisaría de Munro y la Escuela de
Mecánica de la Armada; que la única prueba que había merituado la
acusación era la señalada fotocopia, por lo que no estando probada la
participación de Harsich y de Fragni solicitaba sus absoluciones.
Respecto de las torturas a Iris Avellaneda dijo que, de
acuerdo a la historia clínica, sólo tenía conjuntivitis y que en la pericia no se
constatan lesiones. Que se consideraron tormentos las condiciones de
detención e invocando a Jakobs, pareció que la defensa quería justificar la
tortura cuando de su resultado dependiera la vida de la persona.
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Como otro punto objetó la identificación del cadáver de
Floreal Avellaneda y, a través del análisis de actuaciones en la causa 28976 y
28479, concluyó en que no estaban satisfechas las exigencias de la
dactiloscopía, que no se había hecho reconocer las fotos de cadáver a los
familiares, que no estaba acreditado que las huellas del mismo pertenecieran
al menor y que nunca se había hecho autopsia, por lo que no se había
acreditado la causa de la muerte, que podría haberse tratado de un accidente o
haber sido arrojado desde una nave. Dijo que era estéril la discusión acerca de
si se trataba de tormento seguido de muerte o de un homicidio, porque no se
había probado ni lo uno ni lo otro.
Afirmó que el menor había estado en la Escuela de Mecánica
de la Armada, adonde habría sido entregado pues en un momento había
querido ingresar a dicha escuela y por lo que constaba en una carta de
Rodolfo Walsh, señalando que se trataba de un periodista y escritor,
refiriendo su currículo, que había pertenecido a las Fuerzas Armadas
Peronistas, luego a Montoneros con grado de oficial mayor y jefe de
inteligencia, por lo que se trataba de una opinión autorizada. Asimismo dijo
que no se había probado la permanencia de ninguna de las víctimas en Campo
de Mayo y que podrían haber estado en la Brigada Güemes o Puente 12.
Asimismo objetó los testimonios de Ibáñez, de Solís, de
Rodríguez, de Bellingeri, de José L. García, como también el de Carballo por
haberse incorporado su declaración por lectura.
Agregó que Ibáñez, Rodríguez, Solís, Echeverría, Ferrari,
Pedersoli, Cella y Svencionis debían concurrir al juzgado instructor en otros
términos, pidiendo la remisión de los antecedentes y que sus testimonios no
fueran valorados ni aún como indicios.
Dijo que agradecía a la Corte Suprema por su continua
evolución por la que adaptaba las decisiones a los tiempos que corren.
Por último solicitó que se mantuviera la detención
domiciliaria de Riveros, García y Verplaetsen, con cita del art. 32 de la 24660
y 26462; que los fundamentos para pedir el cumplimiento de la pena en la
cárcel, efectuado por los querellantes, estaban basados en la peligrosidad, que
la Fiscalía no había pedido esa forma de cumplimiento y que, por lo dispuesto
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en el art. 491 del rito, el único autorizado para la solicitud era el Fiscal. Luego
citó el art. 18 CN, los arts. 5 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos, 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 5 de la
Convención Americana de Derechos Humanos, solicitando que se tengan en
cuenta sus perspectivas de vida, sus faltas de antecedentes, los informes
ambientales y médicos, la necesidad de tratamientos médicos y que la prisión
traía también efectos nocivos para sus familias, como así también el tiempo
transcurrido desde los hechos y la sentencia, y que habían actuado con base
emotiva creyendo estar ante una gesta patriótica, siendo alentados por el
Estado, el que ahora los juzga; que no eran peligrosos siendo imposible que
vuelvan a cometer delitos por sus edades, su salud y porque ya no cumplen
funciones en cargos del Estado, considerando que no podían emplearse
criterios de “mano dura” en una sentencia, señalando que el Tribunal a través
de las sentencias que ha dictado ha garantizado el debido proceso y las
garantías.

III.- RÉPLICAS Y DÚPLICAS.
1.- El Fiscal aclaró que no replicaría el alegato de la Defensa
de Aneto en función de lo dispuesto en el art. 393 del rito y que replicaría el
alegato de la Defensa Oficial de los imputados Riveros, Verplaetsen, García,
Harsich y Fragni.
En cuanto a la primera parte del alegato consideró que todos
los argumentos que diera la Defensa ya habían sido tratados y decididos por la
Corte Suprema en la causa “Mazzeo”, que fue dictada en la causa 4012, es
decir en ésta causa, fallo en el cual se resolvieron las mismas cuestiones que
las planteadas sea en forma expresa o por remisión a las causas “Arancibia
Clavel” y “Simón”. Señaló que el Tribunal no tiene competencia para rever lo
resuelto por la Corte, que no había argumentos novedosos respecto de lo ya
resuelto y que se debía acatamiento a dichos fallos por seguridad jurídica y,
además, porque sería inútil revisar dichas decisiones porque nuevamente
llegarían a la Corte, con cita de los arts. 116 y 177 de la Constitución. Que
sólo cabe la posibilidad de rever dichas decisiones cuando hubiera
argumentos nuevos y en una causa en la que la Corte no hubiera fallado, no
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cuando se trata de la misma causa y que, si se discutiera lo decidido por la
Corte, el Tribunal se arrogaría competencia para revocar los
pronunciamientos de la misma.
Asimismo respecto a la inimputabilidad sobreviviente
alegada, dijo que la única inimputabilidad que guarda relación con el objeto
del proceso es la del art. 34 CP, que debe medirse al momento del hecho. Que
si durante el debate el imputado deviene incapaz el resultado no es la nulidad,
ni la absolución, sino la suspensión del debate. Que el tema no puede ser
objeto de alegato, ni de réplica, ni de la sentencia, con cita de los arts. 393,
398, 399 y cc. del rito, tratándose de una cuestión incidental, con cita del art.
77 del Código Procesal y que dicho incidente ya había sido resuelto en la
causa. Que, por otra parte, la consecuencia de ello no puede ser la nulidad, de
acuerdo a los arts. 166 y 167 del mismo Código que fueran invocados por la
defensa.
En cuanto a lo planteado por la Defensa oficial respecto de la
tortura manifestó su desagrado de que se trajeran ejemplos acerca de grados
de tortura en determinadas circunstancias, ya que la tortura estaba proscripta
desde la Asamblea de 1813, no habiendo casos en que fuera legítima.
Con relación al argumento acerca de que no se había
acreditado la afiliación de los Avellaneda al Partido Comunista dijo que poco
importaba si lo eran o no.
2.- La querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la
Nación, en primer lugar respondió a la Defensa de Aneto respecto de que la
calificación como homicidio hubiera alterado el principio de congruencia,
señalando que habían sido requeridos por los delitos por los que se los
acusara. Que, de acuerdo al art. 401 del rito, el Tribunal podía dar una
calificación distinta a los hechos juzgados, que distinto era el caso de que en
el debate surgieran hechos diferentes y que el principio de congruencia era
por hechos.
Luego pasó a considerar lo argumentado por el Dr. Tripaldi
en la Defensa de Verplaetsen respecto a la violación del principio del juez
natural, citando los fallos “Videla” y “Mazzeo” de la Corte Suprema y el art. 9
de la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas.
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Respecto a los delitos de lesa humanidad citó lo dicho por la
Corte en los fallos “Arancibia Clavel” y “Simón”. Para el planteo de violación
de la igualdad ante la ley y de los derechos de los imputados se refirió a las
normas de derecho humanitario, citó el art. 55 de la Carta de Naciones Unidas
y el art. 118 CN. Que el Estado tenía la obligación de esclarecer los hechos y
sancionar a los responsables, y que eran inadmisibles las amnistías. Que se
trataba de castigar a los responsables, no a los que no lo sean, se debate sobre
la autoría y responsabilidad de quienes fueran autores.
En relación con la violación a la cosa juzgada y al ne bis in
idem, afirmó que tiene por fin impedir la doble persecución penal, pero ello
tiene las excepciones de las sentencias fraudulentas, cuando no ha habido un
verdadero proceso judicial. Respecto de la prescripción, el tema ya había sido
resuelto en “Priebke” y en “Arancibia Clavel”.
En cuanto a la descalificación de los testigos Solís e Ibáñez
dijo que sólo se trataba de meras afirmaciones de la parte y señaló que durante
el debate no fueron puestas en evidencia por las Defensas y que resultaba
inexplicable que si pretende que a Solís se lo impute y se le reciba
indagatoria, a la vez pretendiera la absolución de sus defendidos que tenían
más altos cargos. Para el agravio por la incorporación por lectura del
testimonio de Carballo señaló que la Defensa no manifestó su oposición en la
audiencia y que esa era la oportunidad para hacerlo.
Al argumento de que no se había probado la afiliación
comunista contestó que se había acreditado que los hechos habían sido por
motivos políticos y gremiales. Por otra parte consideró como una enormidad
la afirmación sobre la tortura y el ejemplo que puso citando a Jakobs, que
nada tenía que ver el caso del niño secuestrado en Alemania con este caso,
que la tortura es contraria a principios constitucionales y que la misma debía
ser sancionada en todos los casos. En cuanto a que no estaba probada la
tortura a Iris Avellaneda, afirmó que estaba acreditada no solo por su
testimonio, sino también en la causa 13 y por las declaraciones de sus
compañeras de cautiverio.
Respecto a que el cuerpo hallado no hubiera sido el de
Floreal Avellaneda, la inexistencia de autopsia se debía a que la dictadura
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uruguaya había hecho desaparecer el cadáver. Que estaba acreditado que
había sido llevado a Campo de Mayo con su madre, que fue visto allí y que es
la primera vez que escucha que se le resta valor probatorio al examen
dactiloscópico.
Señaló que Verplaetsen reconoció haber sido jefe de
inteligencia, que el dominio funcional no implicaba imputación objetiva, sino
facultad de disponer y de dictar las órdenes y que la imputación a García no
era por el cargo. Asimismo respecto de Harsich y Fragni y lo asentado a fs.
106/9 sostuvo que se probó su autenticidad
Al planteo acerca de la forma de cumplimiento de la pena,
efectuado por el Dr. Galleta, señaló que las condiciones de detención eran las
de todos los casos que se daban para los presos, que no existen lugares
distintos a los regulados por la ley 24660 y que resolver una cosa distinta
sería un privilegio y violaría el principio de igualdad. Afirmó asimismo la
existencia de peligrosidad concreta de los procesados dado que hasta hoy han
negado el genocidio y no han aclarado qué hicieron con los desaparecidos, ni
dónde están los niños que entregaron.
3. La querella de la víctima en primer lugar replicó a la
defensa de Aneto en tanto señalara que había contradicciones en los relatos de
los testigos, que se trataba de apreciaciones subjetivas.
En cuanto a la defensa oficial adhirió a lo expuesto por la
Fiscalía en el sentido que se trataba de cuestiones resueltas. Asimismo
también objetó el ejemplo de la tortura, señalando que en este caso los
torturadores sabían dónde estaba el niño y lo torturaron ellos, que no han
dicho donde están los desaparecidos y los bebés de los que se apropiaron y
que las víctimas no pedían que se los torturara para que dijeran donde están.
4. La querella representante de la Federación Juvenil
Comunista respecto a la imprescriptibilidad dijo que ya estaba admitida por el
jus cogens. Asimismo señaló que era la primera vez que se los juzgaba y que
si ello no fuera así otro Estado tomaría la jurisdicción para su juzgamiento.
En cuanto a Campo de Mayo como zona de defensa se refirió
a la capacidad operativa del Comando de Institutos Militares, a los decretos
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404 y 405 y que efectivamente la Zona IV funcionaba, que ello estaba
probado, como también que la familia Avellaneda era del Partido Comunista y
que estuvieron secuestrados en Campo de Mayo siendo salvajemente
torturados.
5. La querella representante de la Asociación de Ex
Detenidos Desaparecidos replicó lo expuesto por el Defensor Tripaldi
señalando que la presunta violación de las garantías del non bis in idem, del
debido proceso y de la cosa juzgada, así como de la imprescriptibilidad, se
trataba de cuestiones ya tratadas por la Corte Suprema por lo que eran
improcedentes.
En cuanto al argumento de que el paso del tiempo había
atentado al derecho de defensa porque no había podido solventar un abogado
de confianza, dijo que había estado resguardado el derecho de defensa
técnica, que la habían tenido durante todo el juicio, señalando el esfuerzo y el
empeño puesto por la defensa oficial para lograr la impunidad de sus
defendidos. No obstante destacó que ésta había introducido cuestiones
impropias de un funcionario público que represente a la Defensoría General
de la Nación, pidiendo se rechace el planteo de violación de la defensa en
juicio. Consideró que la Defensa había hecho planteos más allá de lo
razonable para su función negando la existencia de las torturas a Iris Pereyra y
a Floreal Avellaneda y la muerte de éste y atribuirlo a la posibilidad de un
accidente implicaba negar la realidad. Que existían hechos probados en la
causa 13 siendo que había un exceso en la función de la defensa pública al
llegar al extremo de justificar la tortura, la que era injustificable.
Asimismo dijo que se trataba de una imputación concreta y
que más allá de la teoría que se tomare para determinar la autoría ninguna de
ellas llevaba a la impunidad.
6. La Defensa oficial dijo que no habían sido contestados
todos sus planteos. En relación con el acatamiento a los fallos de la Corte
expuso que había introducido nuevos argumentos y que había leyes
posteriores a los fallos “Simón” y “Arancibia Clavel”; que la Corte en la
causa se había expedido dos veces y que podía revisar el precedente
“Mazzeo”; que sus defendidos no habían contado con todas las garantías.
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Planteó nuevamente que se había afectado el derecho de defensa porque el
defensor oficial no era el defensor de confianza; reiteró el planteo de la
violación al plazo razonable y de la falsedad de la declaración de Ibáñez.
Asimismo señaló que el planteo acerca de Verplaetsen no era incidental;
reiteró la falta de pruebas de que Iris Avellaneda hubiera sido torturada, como
también que no estaba acreditado que el cadáver fuera el de Floreal
Avellaneda.
Por su parte la Defensa de Aneto señaló contradicciones entre
las distintas declaraciones de Iris Avellaneda. Asimismo que en el hecho no
había intervenido la Comisaría de Villa Martelli; que el reconocimiento de su
defendido por parte de Arsinoe Avellaneda no era tal; que no había prueba de
que su defendido hubiera estado en Campo de Mayo y afirmó que se fueron
variando las declaraciones para inculpar a un inocente y que sólo se contaba
con el testimonio de la víctima.

Y CONSIDERANDO:
I.- LOS PLANTEOS DE LA DEFENSA.
En cuanto al primer planteo del Defensor Oficial,
pretendiendo la nulidad del proceso, basado en argumentos referentes a
cuestiones que debieron haber sido planteadas como cuestiones preliminares y
no como causales de nulidad del juicio, pues no citó ninguna norma de las que
ocasionan tal sanción procesal, como también interponiendo excepción de
prescripción y, asimismo, pidiendo “nulidad de la imputación” o
“insubsistencia de todo lo actuado”, deben rechazarse los pedidos los que,
además de no poder formar parte de un alegato, traen nuevamente planteos
definitivamente resueltos por el más Alto Tribunal, en ésta causa y en otras
similares. Por eso procederemos a recordarlo.
En esta causa, precisamente, tenemos el precedente
“Mazzeo”, en el cual ya el Procurador General en su dictamen, señalara que
ya en un principio, la Comisión y la Corte interamericanas reprobaron el
dictado del decreto presidencial 1002/89, en la inteligencia de que su texto
resultaba inconciliable con las obligaciones asumidas por la República
44
Argentina en su carácter de Estado parte de la Convención. Mediante su
informe n° 28/92, del 2 de octubre de 1992, la Comisión se pronunció
conjuntamente sobre la compatibilidad de las leyes 23.492 y 23.521 y del
indulto 1002/89 con la Convención, y concluyó que tales disposiciones
“...son incompatibles con el artículo XVIII (Derecho de Justicia) de la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y los
artículos 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos” y
recomendó al Estado argentino “la adopción de medidas necesarias para
esclarecer los hechos e individualizar a los responsables de las violaciones
de derechos humanos ocurridas durante la pasada dictadura militar”.
A su vez la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la
citada causa “Mazzeo”, resuelta el 13 de julio de 2007, al declarar la
inconstitucionalidad del decreto 1002/89 que dispuso el indulto a Riveros,
expuso que, “en cuanto a lo sustancial de la cuestión, referente a la
interpretación adecuada de los delitos de lesa humanidad, cabe señalar que
esta Corte los ha definido y examinado exhaustivamente en los precedentes
‘Arancibia Clavel’ (Fallos: 327:3312) y ‘Simón’ (Fallos: 328:2056) a cuyas
consideraciones cabe remitirse”. Agregó que, “sobre la base de tal premisa,
cabe tener presente que el derecho internacional humanitario y de los
derechos humanos, en diversos tratados y documentos prescriben la
obligación por parte de toda la comunidad internacional de ‘perseguir’,
‘investigar’ y ‘sancionar adecuadamente a los responsables’ de cometer
delitos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos”. Señaló
que “Las cláusulas concernientes a la protección de los derechos humanos
insertas en la Declaración se sustentan, además, en la Carta de las Naciones
Unidas”, con cita de los arts. 55 y 56. Enfatizó que “la importancia de esa
tradición jurídica fue recogida por el art. 102 de la Constitución Nacional (el
actual art. 118)”, por lo que “desde sus mismos orígenes se ha considerado
que la admisión de la existencia de los delitos relacionados con el derecho de
gentes dependía del consenso de las naciones civilizadas, sin perjuicio, claro
está, de las facultades de los diversos estados nacionales de establecer y
definir los delitos castigados por aquel derecho...”.
En consecuencia expuso que “la consagración positiva del
Poder Judicial de la NaciónPoder Judicial de la NaciónPoder Judicial de la NaciónPoder Judicial de la Nación

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derecho de gentes en la Constitución Nacional permite considerar que existe
un sistema de protección de derechos que resulta obligatorio
independientemente del consentimiento expreso de las naciones que las
vincula y que es conocido actualmente dentro de este proceso evolutivo como
ius cogens. Se trata de la más alta fuente del derecho internacional que se
impone a los estados y que prohíbe la comisión de crímenes contra la
humanidad, incluso en épocas de guerra. No es susceptible de ser derogada
por tratados en contrario y debe ser aplicada por los tribunales internos de
los países independientemente de su eventual aceptación expresa...”, con cita
de los precedentes “Arancibia Clavel” y “Simón”.
Señaló que, a la fecha de promulgación del Decreto 1002/89,
“existía un orden normativo formado por tales convenciones y por la práctica
consuetudinaria internacional, que consideraba inadmisible la comisión de
delitos de lesa humanidad ejecutados por funcionarios del Estado y que tales
hechos debían ser castigados por un sistema represivo que no
necesariamente se adecuara a los principios tradicionales de los estados
nacionales para evitar la reiteración de tales aberrantes crímenes
(considerando 57 del voto del juez Maqueda in re: ‘Arancibia Clavel’ -fallos:
327:3312-)” y que “tales principios se vieron fortificados y cristalizados,
entre otros tratados, por la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, así como por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, que establecían los mismos principios, proclamando derechos
básicos de las personas y deberes de los Estados para respetarlos”.
Aseveró que la preeminencia de los tratados sobre las leyes
ya había sido justificada por la Corte con anterioridad en el caso
"Ekmekdjian" (Fallos: 315:1492), donde se sostuvo que la interpretación de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos debe guiarse por la
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la que se
trata de una insoslayable pauta de interpretación a los efectos de resguardar
las obligaciones asumidas por el Estado argentino en el sistema
interamericano de protección de los derechos humanos.
Expuso que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya
en el caso "Barrios Altos" consideró "inadmisibles las disposiciones de
46
amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de
excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y
sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos
humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o
arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por
contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos" (CIDH - Serie C N° 75, Caso
Barrios Altos, sentencia del 14 de marzo de 2001, párr. 41). Recordó que el
juez García Ramírez, en su voto concurrente, señaló que las "disposiciones de
olvido y perdón no pueden poner a cubierto las más severas violaciones a los
derechos humanos" (párr. 11).
Señaló que, tal como la Corte Interamericana afirmara en
“Almonacid”, “...los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad,
dondequiera y cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido, serán
objeto de una investigación, y las personas contra las que existan pruebas de
culpabilidad en la comisión de tales crímenes serán buscadas, detenidas,
enjuiciadas y, en caso de ser declaradas culpables, castigadas”.
Recordó que la Convención de Naciones Unidas contra la
Tortura fue suscripta por nuestro país en 1984 y ratificada en septiembre de
1986, es decir previamente al dictado del decreto 1002 y que el “Comité
contra la Tortura también se ha expedido en contra de las medidas de
impunidad en la Argentina (Comunicaciones 1/1988; 2/1988; 3/1988), y en
recientes precedentes ha recordado su jurisprudencia según la cual los
Estados Partes tienen la obligación de sancionar a las personas
consideradas responsables de la comisión de actos de tortura, y que la
imposición de penas menos severas y la concesión del indulto son
incompatibles con la obligación de imponer penas adecuadas (‘Sr. Kepa
Urra Guridi v. Spain’, Comunicación N° 212/2002, U.N. Doc.
CAT/C/34/D/212/2002 [2005])”.
Destacó que sobre la base de esos presupuestos dispuso
“...reconocer el carácter imprescriptible de los delitos de lesa humanidad
(‘Arancibia Clavel’, Fallos: 327:3312); ... declarar la inconstitucionalidad
de las leyes de obediencia debida y punto final (‘Simón’, Fallos: 328:2056);
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... reconocer el derecho a la verdad sobre los hechos que implicaron graves
violaciones de los derechos humanos (‘Urteaga’, Fallos: 321: 2767); ...
otorgar rol protagónico de la víctima en este tipo de procesos (‘Hagelin’,
Fallos: 326:3268); y también a replantear el alcance de la garantía de cosa
juzgada compatible con los delitos investigados (‘Videla’ Fallos: 326:2805)”.
En cuanto a la declaración de inconstitucionalidad del decreto
1002/89 dijo el Alto Tribunal que “le corresponde a esta Corte declarar la
imposibilidad constitucional de indultar a autores y partícipes de esa clase
de delitos, pues dicho acto de gobierno conlleva de modo inescindible la
renuncia a la verdad, a la investigación, a la comprobación de los hechos, a
la identificación de sus autores y a la desarticulación de los medios y
recursos eficaces para evitar la impunidad”.
Expresó que si bien el art. 99 de la Constitución Nacional –
previsto anteriormente en el inc. 6° del art. 86- establece que el Presidente
puede indultar, sin embargo “los delitos que implican una violación de los
más elementales principios de convivencia humana civilizada, quedan
inmunizados de decisiones discrecionales de cualquiera de los poderes del
Estado que diluyan los efectivos remedios de los que debe disponer el Estado
para obtener el castigo”. Precisó que tratándose de delitos de lesa humanidad,
“cualquiera sea la amplitud que tenga el instituto del indulto, él resulta una
potestad inoponible para este tipo de proceso, pues para el supuesto que se
indultara a procesados partícipes de cometer delitos de lesa humanidad, ello
implicaría contravenir el deber internacional que tiene el Estado de
investigar, y de establecer las responsabilidades y sanción; del mismo modo,
si se trata de indultos a condenados, igualmente se contraviene el deber que
tiene el Estado de aplicar sanciones adecuadas a la naturaleza de tales
crímenes”. Señaló que, en síntesis, al momento de la promulgación del
decreto 1002/89 “existía un doble orden de prohibiciones de alto contenido
institucional que rechazaba toda idea de impunidad respecto de los Estados
Nacionales. Por un lado, un sistema internacional imperativo que era
reconocido por todas las naciones civilizadas y, por otra parte, un sistema
internacional de protección de los derechos humanos constituido, entre otros,
por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto
48
Internacional de Derechos Civiles y Políticos” (conf. considerando 32); y que
“De este modo, la decisión de cerrar los procesos criminales cercenó las
obligaciones internacionales destinadas a comprobar los delitos
denunciados, de identificar a sus autores, cómplices y encubridores, y de
imposición de las sanciones correspondientes, así como el derecho de las
víctimas a un recurso eficaz para lograr tal cometido”.
En cuanto a la presunta aplicación retroactiva en “Arancibia
Clavel” se señaló que la Convención sobre Imprescriptibilidad de los
Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad “constituye la
culminación de un largo proceso que comenzó en los primeros años de la
década de 1960 cuando la prescripción amenazaba con convertirse en fuente
de impunidad de los crímenes practicados durante la segunda guerra
mundial, puesto que se acercaban los veinte años de la comisión de esos
crímenes”. “Que esta convención sólo afirma la imprescriptibilidad, lo que
importa el reconocimiento de una norma ya vigente (ius cogens) en función
del derecho internacional público de origen consuetudinario. De esta
manera, no se fuerza la prohibición de irretroactividad de la ley penal, sino
que se reafirma un principio instalado por la costumbre internacional, que ya
tenía vigencia al tiempo de comisión de los hechos”.
“Que en rigor no se trata propiamente de la vigencia
retroactiva de la norma internacional convencional, toda vez que su carácter
de norma consuetudinaria de derecho internacional anterior a la ratificación
de la convención de 1968 era ius cogens, cuya función primordial ‘es
proteger a los Estados de acuerdos concluidos en contra de algunos valores e
intereses generales de la comunidad internacional de Estados en su conjunto,
para asegurar el respeto de aquellas reglas generales de derecho cuya
inobservancia puede afectar la esencia misma del sistema legal’ (Fallos:
318:2148, voto de los jueces Nazareno y Moliné O'Connor). Desde esta
perspectiva, así como es posible afirmar que la costumbre internacional ya
consideraba imprescriptibles los crímenes contra la humanidad con
anterioridad a la convención, también esta costumbre era materia común del
derecho internacional con anterioridad a la incorporación de la convención
al derecho interno” y “Que al momento de los hechos, el Estado argentino ya
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había contribuido a la formación de la costumbre internacional a favor de la
imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad (conf. Fallos:
318:2148, voto del juez Bossert, considerando 88 y siguientes)”.
También la Cámara Federal en la causa 35.543 “Riveros,
Santiago s/excepción de prescripción de la acción”, en la que la Defensa había
planteado que la imprescriptibilidad de los ilícitos imputados implicaría la
retroactividad de leyes penales más gravosas y aplicación arbitraria de la ley
violando de esa manera el principio del debido proceso de jerarquía
constitucional, en la resolución del 7 de agosto de 2003, expuso que ya había
sostenido en la causa 30.514 de 1999 que la evolución del derecho ha
experimentado una modificación sustancial a partir de la incorporación del
derecho internacional en las consideraciones del derecho interno de cada
nación y, de acuerdo con el mismo, los crímenes contra la humanidad tienen
indudablemente el carácter de imprescriptibles.
Asimismo debe tenerse como referencia que la aparición en el
ámbito internacional de la discusión sobre imprescriptibilidad de los crímenes
de lesa humanidad se remonta, por lo menos, a 1965, cuando la Comisión de
Derechos Humanos de la ONU aprobó la resolución 3 (XXI) en la que
estableció que “las Naciones Unidas deben contribuir a la solución de los
problemas que plantean los crímenes de guerra y los crímenes de lesa
humanidad, que constituyen graves violaciones del derecho de gentes y que
deben especialmente estudiar la posibilidad de establecer el principio de que
para tales crímenes no existe en el derecho internacional ningún plazo de
prescripción”. (Comisión de Derechos Humanos, Informe sobre el 21o
periodo de sesiones (22/3-15/4/1965). Asimismo se encuentra la Convención
sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de
Lesa Humanidad, aprobada por ley 24.584 y que fuera adoptada por la
Asamblea General de la ONU en 1968, cuyo texto permite afirmar que el
derecho internacional público admite la aplicación retroactiva de normas que
determinen la imprescriptibilidad de ciertos crímenes. Ello se desprende del
art. I que enuncia: “Los crímenes siguientes son imprescriptibles, cualquiera
sea la fecha en que se hayan cometido”. En el art. IV dispone que los
“Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus respectivos
50
procedimientos constitucionales, las medidas legislativas o de otra índole que
fueran necesarias para que la prescripción de la acción penal o de la pena
establecida por ley o de otro modo, no se aplique a los crímenes mencionados
en los arts. I y II de la presente convención y, en caso de que exista, sea
abolida”.
En “Bulacio” la Corte Interamericana afirmó que “De
acuerdo a las obligaciones convencionales asumidas por los Estados,
ninguna disposición o instituto de derecho interno, entre ellos la
prescripción, podrían oponerse al cumplimiento de las decisiones de la Corte
en cuanto a la investigación y sanción de los responsables de violaciones de
los Derechos Humanos. Si así no fuera, los derechos consagrados en la
Convención Americana, estarían desprovistos de protección”·
Bacigalupo (“Jurisdicción Penal Nacional y Violaciones Masivas de
Derechos Humanos Cometidas en el Extranjero”), señala que los derechos humanos
tienen una clara tendencia a superar toda clase de fronteras estatales, pues
llevan en sí la pretensión de validez universal, mientras que el derecho penal
tiene, en principio, los límites territoriales de la autoridad de cada Estado y
que estos conceptos, a primera vista contradictorios, pueden traducirse al
lenguaje jurídico y ser estudiados desde esta perspectiva. Señala que la
tradicional concepción de la soberanía tenía que sufrir una cierta
transformación cuando en diciembre de 1948, después de los horrores de la
segunda guerra mundial, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó
la declaración general sobre derechos humanos y cuando a partir de 1950 se
aprobaron las convenciones internacionales de derechos humanos, por las
cuales se convirtió en una materia que los Estados sometían a la jurisdicción
de un tribunal supranacional, cuyas sentencias se obligaron a acatar.
Esa nueva situación tenía inmensas implicaciones. En primer
lugar los derechos humanos reconocidos en las convenciones internacionales
constituyen un límite interno a la legitimidad del ejercicio del poder estatal
frente a las personas, el que debe reconocer una frontera interna en el respeto
de los derechos inherentes a las personas. Las fronteras internas ya no serán
los únicos límites del poder que emerge de la soberanía, la pretensión de
legitimidad reconoce también límites internos en el respecto de los derechos
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humanos y la comunidad internacional los garantiza mediante tribunales
supranacionales.
Destaca que el ámbito del derecho más afectado por esta
nueva situación de los derechos humanos fue sin duda el derecho penal, por la
posibilidad de intervención de la comunidad internacional en decisiones
internas de un Estado, lo que por otra parte ya había sido contemplado en el
Tratado de Versailles y en el Pacto de la Sociedad de las Naciones y, después
de la segunda guerra mundial, los Tribunales de Nüremberg y de Tokio dieron
lugar a un precedente de decisiva importancia respecto de la intervención de
la comunidad internacional en la represión de las personas que tomaron
decisiones en el ámbito de la soberanía de un Estado.
Señala el autor que la cuestión de la punibilidad, anterior a la
comisión del hecho, debe regirse por la interpretación correcta posterior a
los hechos de los tribunales del Estado que juzga, que “un cambio retroactivo
de la interpretación de la ley del Estado en el que se cometieron los hechos
no afecta la prohibición de aplicación retroactiva de la ley”.
Asimismo y referente al tema encontramos que Alejandro
Carrió (“Principio de legalidad y crímenes aberrantes: una justificación alternativa a su
imprescriptibilidad”) plantea que la prescripción es un límite temporal del
Estado de su poder represivo, es auto limitativo del poder estatal. En cuanto a
los alcances del principio de legalidad, cita a Fuller quien refiere que la
obligación moral de las personas de acomodar sus conductas a los mandatos
de la ley, se apoya en una suerte de reciprocidad, un gobierno dice a sus
ciudadanos que esas son las reglas a observar y el compromiso para juzgar su
conducta, si ese compromiso de reciprocidad se rompe por el Estado, no hay
base para exigir al ciudadano el cumplimiento de las normas. El Estado no
puede exigir a los habitantes que observen la ley penal, si él es el primero en
violar las garantías que lo protegen contra la extralimitación del propio
Estado. El recaudo de ley anterior contenido en el art. 18 CN para la
aplicación de una pena tiene por fundamento permitirle a las personas adecuar
su conducta a los mandatos del legislador. El principio de legalidad se apoya
en el acuerdo tácito entre el Estado y los particulares en el sentido de que la
autoridad moral del primero para aplicar penas, se basa en su compromiso de
52
no modificar las reglas de conducta previamente impuestas y se pregunta
¿qué sucede en los casos donde los individuos, con aprovechamiento de una
estructura estatal, se valen de las prerrogativas del poder para cometer delitos
si se quiere prohijados desde el propio Estado? Si el Estado mismo, o
personas actuando a su nombre, se involucran en delitos del tipo de los
juzgados en “Riveros”, es claro que ese involucramiento implica deshacer el
fundamento mismo de la “reciprocidad” que subyace en el principio de
legalidad. La coherencia que es dable exigir de todo orden legal, impide que
funcionarios de un gobierno monten un aparato de represión estatal, y luego
reclamen del mismo Estado cuya autoridad subvirtieron, que éste continúe
autolimitándose.
Por otra parte cabe recordarle a la Defensa, en relación con
Verplaetsen, que durante la instrucción la entonces Defensora particular ya
había interpuesto la excepción de falta de acción por prescripción, planteando
que la Convención sobre Imprescriptibilidad había sido incorporada con
posterioridad a la comisión de los hechos endilgados en ésta causa, por lo que
su aplicación afectaría el principio consagrado en el art. 18 CN, lo cual fue
rechazado por el a quo teniendo en cuenta que en el marco de la causa 4012,
de la que se desprende la presente como caso 145, ya había sido resuelto el
tema, inclusive por la Corte Suprema, en el sentido que se trataba de delitos
de lesa humanidad y por ende imprescriptibles.
En relación a las leyes de punto final y de obediencia
debida, que pretende sean aplicadas por el Tribunal, recordamos lo afirmado
en “Simón”, en el voto del Dr. Maqueda respecto de que “las leyes de punto
final y obediencia debida, son incompatibles con diferentes cláusulas de
nuestra Constitución Nacional (arts. 16, 18, 116). Pero la invalidez de tales
leyes también proviene de su incompatibilidad con diversos tratados
internacionales de derechos humanos suscriptos por el Estado argentino,
pues al momento de sancionarse las leyes 23.492 y 23.521 el orden jurídico
argentino otorgaba primacía a los tratados por sobre las leyes del Congreso
(art. 27 Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, suscripta el
27 de enero de 1980)”(consid. 68).
Recordaba lo dispuesto por la Convención Americana de
Poder Judicial de la NaciónPoder Judicial de la NaciónPoder Judicial de la NaciónPoder Judicial de la Nación

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Derechos Humanos en el art. 4 sobre derecho a la vida; en art. 5.1 en cuanto
al derecho a la integridad y a no ser sometido a torturas; en el art.7.1 respecto
al derecho a la libertad personal, como asimismo los arts. 2 y 1.1 en cuanto al
compromiso del Estado de respetar y garantizar los derechos. Como así
también lo establecido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, también vigente en el derecho interno al tiempo de sanción de esas
leyes, en el que además de establecer iguales derechos al tratado
interamericano, a través de los arts. 2.1 y 14.1, el Estado argentino también
asumió la obligación de garantía.
Agregaba que, la Convención contra la Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes, estableció el deber del
Estado de perseguir esa clase de delitos, así como el deber de imponer penas
adecuadas (art. 4.2), y la imposibilidad de que pueda "invocarse una orden de
un funcionario superior o de una autoridad pública como justificación de la
tortura" (art. 2.3). El principio de buena fe obligaba al Estado argentino a
obrar conforme a los fines allí establecidos.
“Que, consecuentemente, la sanción y vigencia de las leyes
23.492 y 23.521, en tanto impedían llevar adelante las investigaciones
necesarias para identificar a los autores y partícipes de graves delitos
perpetrados durante el gobierno de facto (1976-1983) y aplicarles las
sanciones penales correspondientes, resultaban claramente violatorias de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, y del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos”.
Afirmaba que las Naciones Unidas, en el informe conocido
como "Joinet", señala que la obediencia debida no puede exonerar a los
ejecutores de su responsabilidad penal; a lo sumo puede ser considerada como
circunstancia atenuante (Principio 29). La prescripción no puede ser opuesta a
los crímenes contra la humanidad (Principio 24), y la amnistía no puede ser
acordada a los autores de violaciones en tanto las víctimas no hayan obtenido
justicia por la vía de un recurso eficaz (Principio 25) (U.N. E/CN. 4/Sub.
2/1997/20/Rev. 1). Por su parte el Comité de Derechos Humanos, creado por
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, específicamente al
referirse al caso argentino, sostuvo que la ley de punto final y de obediencia
54
debida y el indulto presidencial de altos oficiales militares, son contrarios a
los requisitos del Pacto, pues niegan a las víctimas de las violaciones de los
derechos humanos durante el período del gobierno autoritario de un recurso
efectivo, en violación de los arts. 2 y 9 del Pacto (Comité de Derechos
Humanos, Observaciones Finales del Comité de Derechos Humanos:
Argentina, 5/04/95, CCPR/C/79/Add 46; A/50/40, párr. 144-165). También
ha señalado que “Las violaciones graves de los derechos civiles y políticos
durante el gobierno militar deben ser perseguibles durante todo el tiempo
necesario y con toda la retroactividad necesaria para lograr el
enjuiciamiento de sus autores" (Observaciones finales del Comité de
Derechos Humanos: Argentina. 03/11/2000 CCPR/CO/70/ARG).
Que más recientemente el Comité de Derechos Humanos
sostuvo que "en los casos en que algún funcionario público o agente estatal
haya cometido violaciones de los derechos reconocidos en el Pacto, los
Estados no podrán eximir a los autores de responsabilidad jurídica personal,
como ha ocurrido con ciertas amnistías y anteriores inmunidades. Además,
ningún cargo oficial justifica que se exima de responsabilidad jurídica a las
personas a las que se atribuya la autoría de estas violaciones. También
deben eliminarse otros impedimentos al establecimiento de la
responsabilidad penal, entre ellos la defensa basada en la obediencia a
órdenes superiores o los plazos de prescripción excesivamente breves, en los
casos en que sean aplicables tales prescripciones" (Comité de Derechos
Humanos, Observación General No 31, Naturaleza de la Obligación Jurídica
General impuesta a los Estados parte en el Pacto, aprobada en la 2187a
sesión, celebrada el 29 de marzo de 2004, págs. 17 y 18).
Concluía que en tal marco surgía claramente que las leyes de
"punto final" y "obediencia debida" dirigidas a procurar la impunidad de
crímenes contra la humanidad, frente al derecho internacional al que el Estado
se encontraba vinculado, resultaban ineficaces.
En el Informe del Comité de Derechos Humanos sobre
Argentina de 1995 se manifestó que: “El Comité nota que los compromisos
hechos por el Estado parte con respecto a su pasado autoritario reciente,
especialmente la ley de Obediencia Debida y la ley de Punto Final y el
Poder Judicial de la NaciónPoder Judicial de la NaciónPoder Judicial de la NaciónPoder Judicial de la Nación

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indulto presidencial de altos oficiales militares, son contrarios a los
requisitos del Pacto”(ver “Human Rights Committee, Comments on
Argentina, U.N. Doc. CCPR/C/79/Add.46 [1995]. Entre sus “Principales
Temas de Preocupación” expuso que: “El Comité ve con preocupación que
las amnistías e indultos han impedido las investigaciones sobre denuncias de
crímenes cometidos por las fuerzas armadas y agentes de los servicios de
seguridad nacional incluso en casos donde existen suficientes pruebas sobre
las violaciones a los derechos humanos tales como la desaparición y
detención de personas extrajudicialmente, incluyendo niños. El Comité
expresa su preocupación de que el indulto como así también las amnistías
generales puedan promover una atmósfera de impunidad por parte de los
perpetradores de violaciones de derechos humanos provenientes de las
fuerzas de seguridad. El Comité expresa su posición de que el respeto de los
derechos humanos podría verse debilitado por la impunidad de los
perpetradores de violaciones de derechos humanos”.
Es por ello que no haremos lugar al pedido de la Defensa
oficial acerca de que se declare la validez de las leyes de punto final, de
obediencia debida y del indulto y se absuelva a los procesados.
En relación al non bis in idem y a la cosa juzgada, que
planteara también la Defensa, la Corte en “Mazzeo” afirmó que “en el
derecho humanitario internacional los principios de interpretación
axiológicos adquieren plena preeminencia, tanto al definir la garantía del ne
bis in idem como la cosa jugada”. Que esto es así “en la medida en que tanto
los estatutos de los tribunales penales internacionales como los principios
que inspiran la jurisdicción universal, tienden a asegurar que no queden
impunes hechos aberrantes. Por ello, sin perjuicio de dar prioridad a las
autoridades nacionales para llevar a cabo los procesos, si tales procesos
locales se transforman en subterfugios inspirados en impunidad, entra a
jugar la jurisdicción subsidiaria del derecho penal internacional con un
nuevo proceso”. Al respecto, afirmó que “el Estatuto de la Corte Penal
Internacional otorga un carácter acotado a la cosa juzgada. En efecto en su
art. 20 señala que el tribunal internacional entenderá igualmente en aquellos
crímenes aberrantes, cuando el proceso llevado a cabo en la jurisdicción
56
local tuviera como finalidad sustraer de su responsabilidad al imputado, o el
proceso no haya sido imparcial o independiente, o hubiera sido llevado de un
modo tal que demuestre la intención de no someter al acusado a la acción de
la justicia”.
Con remisión al caso “Barrios Altos” de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, recordó que se ha dicho que“... ‘a
partir de lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el
caso 'Barrios Altos' CIDH - Serie C 75, del 14 de marzo de 2001, han
quedado establecidas fuertes restricciones a las posibilidades de invocar la
defensa de cosa juzgada para obstaculizar la persecución penal respecto de
conductas como [las aquí investigadas]’ (considerando 12 del voto del juez
Petracchi en ‘Videla’; considerando 16 del voto del juez Maqueda en
‘Videla’). Y, citando el fallo “Almonacid”, señaló que: “En lo que toca al
principio ne bis in idem, aun cuando es un derecho humano reconocido en el
artículo 8.4 de la Convención Americana, no es un derecho absoluto y, por
tanto, no resulta aplicable cuando: i) la actuación del tribunal que conoció el
caso y decidió sobreseer o absolver al responsable de una violación a los
derechos humanos o al derecho internacional obedeció al propósito de
sustraer al acusado de su responsabilidad penal; ii) el procedimiento no fue
instruido independiente o imparcialmente de conformidad con las debidas
garantías procesales, o iii) no hubo la intención real de someter al
responsable a la acción de la justicia. Una sentencia pronunciada en las
circunstancias indicadas produce una cosa juzgada 'aparente' o
'fraudulenta'. Por otro lado, dicha Corte considera que si aparecen nuevos
hechos o pruebas que puedan permitir la determinación de los responsables
de violaciones a los derechos humanos, y más aún, de los responsables de
crímenes de lesa humanidad, pueden ser reabiertas las investigaciones,
incluso si existe una sentencia absolutoria en calidad de cosa juzgada, puesto
que las exigencias de la justicia, los derechos de las víctimas y la letra y
espíritu de la Convención Americana, desplazan la protección del ne bis in
idem”. Recordó que el Tribunal Interamericano finalmente resolvió que “el
Estado no podrá argumentar prescripción, irretroactividad de la ley penal, ni
el principio ne bis in idem, así como cualquier excluyente similar de
responsabilidad, para excusarse de su deber de investigar y sancionar a los
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responsables (caso ‘Almonacid’, CIDH - Serie C N° 154, del 26 de
septiembre de 2006, parágrafo 154)”. Precisó que “los principios que, en el
ámbito nacional, se utilizan habitualmente para justificar el instituto de la
cosa juzgada y ne bis in idem no resultan aplicables respecto de este tipo de
delitos contra la humanidad porque, ‘los instrumentos internacionales que
establecen esta categoría de delitos, así como el consiguiente deber para los
Estados de individualizar y enjuiciar a los responsables, no contemplan, y
por ende no admiten, que esta obligación cese por el transcurso del tiempo,
amnistías o cualquier otro tipo de medidas que disuelvan la posibilidad de
reproche...’ (voto de la jueza Argibay in re: ‘Simón’ -Fallos: 328:2056-)”.
Finalmente aseveró, al declarar la inconstitucionalidad del
decreto presidencial que contemplaba el indulto a Riveros (en virtud de los
arts. 18, 31, 75, inc. 22, 99, inc. 5, 118 de la Constitución Nacional; 1°, 8.4 y
25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y 14.7 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos), que “si bien la declaración de
inconstitucionalidad de una disposición legal es un acto de suma gravedad
institucional que impone a la Corte la mayor mesura al ejercer el elevado
control de constitucionalidad de las leyes (Fallos: 311:394; 312:122, 1437,
entre otros), lo cierto es que a través de tal decisión se pretende cumplir con
el deber que tiene el Estado de organizar las estructuras del aparato
gubernamental a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder
público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y
pleno ejercicio de los derechos humanos (CIDH Serie C N° 7 ‘Velásquez
Rodríguez’)”.
En sintonía con lo anterior, se afirmó que el decreto en
cuestión fue dictado con posterioridad a la aprobación de nuestro país de
varios pactos internacionales, tales como la Convención Americana sobre
Derechos Humanos (ley 23.054), la Convención contra la Tortura y otros
Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (ley 23.338) y la Convención para
la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio (decreto-ley 6286/56,
ratificado por ley 14.467).
Se ha señalado (Di Corletto “El derecho de las víctimas al castigo a
los responsables de violaciones graves a los derechos humanos”) que el aceptar que un
58
organismo internacional revoque sentencias dictadas a favor del imputado
pasadas en autoridad de cosa juzgada hace frente a dos fuertes
cuestionamientos: la garantía del non bis in idem y el principio de
inmutabilidad de las sentencias firmes, de cosa juzgada. Acá hay una tensión
entre los derechos de los imputados y los de las víctimas. La tensión existiría
respecto del Estado como garante de la persecución penal y del sometido a
proceso. La seguridad jurídica que se traduce en la estabilidad de las
decisiones judiciales prohíbe la revisión incesante de lo resuelto, pero no por
razones de justicia. Entre los fundamentos de la cosa juzgada se han
mencionado la paz, la seguridad y la certeza, como presupuesto del derecho.
Sin embargo la inmodificabilidad de la cosa juzgada no hace a la esencia del
derecho y se corresponde más con una exigencia política que con una
propiamente jurídica (Hitters). Así frente a decisiones de órganos del sistema
interamericano que cuestionen la validez de los procedimientos locales, el
principio non bis in idem y el valor de la cosa juzgada no debería ser
imperturbable.
Nuestra Corte en la “Causa originariamente instruida por el
Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas en cumplimiento del decreto
158/83”, en la cual Massera había sido sobreseído por el Consejo Supremo de
las Fuerzas Armadas e invocó violación al art. 17 CN, el 30 de diciembre de
1986, declaró inválida esa decisión. En el caso seguido a María Estela
Martínez de Perón el Procurador dijo que no había existido “persecución
penal”.
Por su parte Andrés Gil Domínguez (“Constitución, Indultos,
Crímenes de Lesa Humanidad: Habrá más Penas y no Olvidos”) afirma que la
institución de la cosa juzgada debe ser analizada y construida sobre pilares
compatibles con los derechos y garantías constitucionales, no pudiendo
reconocerse como inmutable toda sentencia que no ha respetado sino
avasallado la defensa en juicio y el acceso a la jurisdicción. Una resolución
judicial adoptada por un tribunal nacional que responda a una mera aplicación
de una ley o decreto cuya constitucionalidad y validez ha sido fundadamente
objetada, que viola por acción u omisión, obligaciones internacionales del
Estado o vulnera derechos humanos internacionalmente protegidos, no puede
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invocarse con el carácter de inmutabilidad que otorga el instituto jurídico de
la res judicata. El instituto jurídico de la cosa juzgada constituye una garantía
judicial estrechamente enlazada con el principio del non bis in idem, pero su
análisis no puede ser elemental, formal, superficial y automático sino fruto de
examen sustancial y de fondo, la validez de la cosa juzgada está subordinada
y condicionada al cumplimiento de los requisitos y a la observancia de los
estándares sobre el debido proceso o proceso justo.
Más allá de la disconformidad de la Defensa respecto a la
aplicación del derecho de gentes, la Corte Suprema ha sostenido que el
derecho de gentes forma parte del derecho interno argentino y para su
aplicación siempre ha tenido en cuenta la evolución paulatina que fue
registrando esa rama del derecho. En el caso “Priebke” consideró que los
principios del derecho de gentes ingresaban a nuestro ordenamiento jurídico
interno a través del art. 118 CN y realizó una interpretación de dichos
principios conforme la evolución que registraron en las últimas décadas. De
este modo, consideró incluidos a los crímenes contra la humanidad, al
genocidio y a los crímenes de guerra, calificó los hechos que se le imputaban
a Priebke de acuerdo a dichas categorías del derecho internacional penal y
entendió que, sobre la base de tal definición, los hechos eran imprescriptibles.
Como señalaron los Dres. Boggiano, López y Fayt “la
calificación de los delitos contra la humanidad no depende de la voluntad de
los estados requirente o requerido...sino de los principios del ius cogens del
derecho internacional”. Asimismo afirmó categóricamente que no hay
prescripción para tales delitos, como consecuencia de su carácter aberrante.
También encontramos el concepto de ius coggens en un caso
resuelto en 1983, donde lo ha definido como “norma imperativa de Derecho
Internacional General, aceptada y reconocida por la comunidad
internacional de Estados” conforme la terminología usada por el art. 53 de la
Convención de Viena sobre derecho de los tratados (C.S.J.N., 5/12/1983,
“Cabrera, Washington Julio Efraín v. Comisión Técnica Mixta de Salto
Grande”)
En cuanto al planteo referente a que no estaban tipificados en
nuestro derecho los crímenes de lesa humanidad cabe recordarle a la Defensa
60
que los delitos de privación ilegítima de la libertad, torturas, homicidios y
otros estaban tipificados como delitos y que en “Arancibia Clavel” la Corte
Suprema afirmó que los delitos como el genocidio, la tortura, la desaparición
forzada de personas, el homicidio y cualquier otro tipo de actos dirigidos a
perseguir y exterminar opositores políticos -entre los que debemos contar el
formar parte de un grupo destinado a llevar adelante esta persecución-,
pueden ser considerados crímenes contra la humanidad, porque atentan contra
el derecho de gentes tal como lo prescribe el art. 118 de la Constitución
Nacional.
Asimismo que “se tratan de supuestos que no han dejado de
ser vivenciados por la sociedad entera dada la magnitud y la significación
que los atañe. Ello hace que no sólo permanezcan vigentes para las
sociedades nacionales sino también para la comunidad internacional
misma”. En este sentido se ha dicho que "Tanto los 'crímenes contra la
humanidad' como los tradicionalmente denominados 'crímenes de guerra"
son delitos contra el 'derecho de gentes' que la comunidad mundial se ha
comprometido a erradicar" (Fallos: 318:2148, voto de los jueces Nazareno y
Moliné O'Connor). Que “los crímenes contra la humanidad son generalmente
practicados por las mismas agencias de poder punitivo operando fuera del
control del derecho penal, es decir, huyendo al control y a la contención
jurídica. Las desapariciones forzadas de personas en nuestro país las
cometieron fuerzas de seguridad o fuerzas armadas operando en función
judicial; los peores crímenes nazis los cometió la Gestapo (Geheiminis
Staatspolizei o policía secreta del Estado); la KGB estalinista era un cuerpo
policial. No es muy razonable la pretensión de legitimar el poder genocida
mediante un ejercicio limitado del mismo poder con supuesto efecto
preventivo”.
También en el fallo “Simón” se trató el tema, recordando que
en el voto del Dr. Maqueda se dijo que “los crímenes contra la humanidad
habían sido considerados ya en el Prólogo a la Convención de La Haya de
1907 en cuanto se señalaba que hasta que se haya creado un más completo
código de leyes de la guerra, las Altas Partes Contratantes consideran
conveniente declarar que en casos no incluidos en las regulaciones
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adoptadas por ellas, los habitantes y beligerantes quedan bajo la protección
y la regla de los principios del derecho de las naciones (law of nations),
como resultan de los usos establecidos entre los pueblos civilizados, de las
leyes de la humanidad, y los dictados de la conciencia pública (un lenguaje
similar había sido usado en el punto 9 del preámbulo de la Convención de la
Haya de 1899 y posteriormente fue utilizado en los Protocolos I y II de 1977
de la Cuarta Convención de Ginebra)” y que tales delitos se los reputa
como cometidos "...contra el 'derecho de gentes' que la comunidad mundial
se ha comprometido a erradicar, porque merecen la sanción y la reprobación
de la conciencia universal al atentar contra los valores humanos
fundamentales" (considerandos 31 y 32 del voto del juez Bossert en Fallos:
318:2148)”.
Asimismo que “de acuerdo con lo expresado, las fuentes del
derecho internacional imperativo consideran como aberrantes la ejecución
de cierta clase de actos y sostienen que, por ello, esas actividades deben
considerarse incluidas dentro del marco normativo que procura la
persecución de aquellos que cometieron esos delitos. Es posible señalar que
existía, a la fecha de comisión de los actos precisados un orden normativo -
formado por tales convenciones y por la práctica consuetudinaria
internacional- que consideraba inadmisible la comisión de delitos de lesa
humanidad ejecutados por funcionarios del Estado y que tales hechos debían
ser castigados por un sistema represivo que no necesariamente se adecuara a
los principios tradicionales de los estados nacionales para evitar la
reiteración de tales aberrantes crímenes”.
En la citada sentencia de la Cámara Federal en la causa
35.543 “Riveros” se recordaba que ya el 8 de agosto de 1945 se concluyó el
“Acuerdo de Londres” firmado por las potencias aliadas que actuaron “en
interés de todas las Naciones Unidas”, mediante el cual se anunció la creación
de un Tribunal Militar Internacional y en cuyo Estatuto se definieron los actos
que se consideraban crímenes, clasificándolos en tres categorías (art. 6):
“crímenes contra la paz”; “crímenes de guerra” y “crímenes contra la
humanidad”, estos últimos definidos como “asesinatos, exterminio,
sometimiento a esclavitud, deportación y otros actos inhumanos cometidos
62
contra cualquier población civil antes de, o durante la guerra; o
persecuciones por motivos políticos, raciales o religiosos en ejecución de o
en conexión con cualquier crimen de la jurisdicción del Tribunal, sean o no
una violación de la legislación interna del país donde hubieran sido
perpetrados” (Cfr. Mattarollo, Rodolfo, “La jurisprudencia argentina reciente
y los crímenes de lesa humanidad”, en Revista Argentina de Derechos
Humanos, Año 1- Número 0, Ad-Hoc, Buenos Aires, 2001, p. 117).
Bacigalupo, en la obra ya citada, enseña que “el problema de
la ley previa y de la irretroactividad de la ley penal ha sido objeto de
importantes contribuciones jurídicas tendentes a justificar una cierta
relativización de estos principios”, señalando en tal sentido la posición de
Radbruch, para quien la seguridad jurídica no es el único valor ni el decisivo
que el derecho debe realizar, junto a ella se deben considerar también otros
dos valores: la adecuación al bien común y la justicia, planteando la idea de la
ilicitud legal. Señala que tal idea fue aplicada por el Tribunal Supremo
alemán en la sentencia de noviembre de 1992 respecto del caso de los
disparos del muro de Berlín, en el que se citó a Radbruch y se afirmó que
“una causa de justificación existente en el momento del hecho sólo puede ser
inaplicada por su contradicción de un derecho de rango superior, si esta
vulneración del derecho pone de manifiesto una infracción grave y manifiesta
la idea de justicia y humanidad; la infracción debe tener un peso tal que
lesione la convicción jurídica respecto del valor y dignidad de las personas,
común a todos los pueblos”. Que por ello era posible aplicar el Pacto de
Derechos Civiles y Políticos de diciembre de 1966, el que había sido suscripto
por la República Democrática Alemana pero no había sido ratificado por la
Cámara Popular, no obstante lo cual el Tribunal sostuvo que ello no afectaba
el vínculo de derecho internacional asumido por dicha República, por lo tanto
estaba obligada a respetar el Pacto, en cuanto establecía que todos tienen
derecho a salir de un Estado, inclusive del propio, así como el derecho a no
ser privado arbitrariamente de su vida, por lo que la antijuridicidad derivaría
de la infracción de deberes internacionales y no de la ley del Estado en el que
los hechos fueron cometidos. Asimismo rechazó también la posibilidad de
una infracción de la prohibición de aplicación retroactiva de la ley penal,
prevista en la Constitución, debiendo interpretarse de tal forma que resultara
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compatible con las obligaciones de derecho internacional asumidas por el
estado con relación a los derechos humanos.
Tampoco acordamos con que se hubiera violado la garantía
del juez natural, lo que sí hubiera sucedido de haber sido juzgado por jueces
militares, fuero notoriamente inconstitucional hoy derogado. Con lo que sí
concordamos con la Defensa es cuando expresara que sus defendidos
“hubiesen estado mejor si los juzgaban sus pares”.
Con relación a la pretensión de la Defensa acerca de que este
Tribunal se pronuncie en un sentido totalmente distinto a los precedentes de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, recordamos a la Defensa que en
el caso “Almonacid” dicha Corte ha señalado que “...es consciente que los
jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello,
están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento
jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como
la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado,
también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de
las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de
leyes contrarias a su objeto y fin, que desde un inicio carecen de efectos
jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de
‘control de convencionalidad’”...”En esa tarea, el Poder Judicial debe tener
en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del
mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención
Americana” (“Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile”, sentencia del 26
de septiembre de 2006, considerando 124).
En cuanto a la similar pretensión defensista, relacionada a que
este Tribunal no tome en cuenta lo asentado en los fallos de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, tampoco ha de ser acogida favorablemente, en
primer lugar porque acordamos con el contenido de los mismos y en segundo
lugar recordamos al letrado que ya hace mucho tiempo el más Alto tribunal
afirmó que “La Corte Suprema es el tribunal en último resorte para todos los
asuntos contenciosos en que se le ha dado jurisdicción, como pertenecientes
al Poder Judicial de la Nación. Sus decisiones son finales. Ningún tribunal
las puede revocar. Representa en la esfera de sus atribuciones, la soberanía
64
nacional, y es tan independiente en su ejercicio, como el Congreso en su
potestad de legislar, y como el Poder Ejecutivo en el desempeño de sus
funciones ... Esta es la doctrina de la Constitución, la doctrina de la ley, y la
que está en la naturaleza de las cosas” (Fallos: 12:134 del 8/8/1872).
Por todas las razones expuestas no se hará lugar a lo
planteado en la primera parte de la Defensa.
Con relación al planteo respecto del imputado Verplaetsen,
en el sentido que se suspenda la tramitación del juicio a su respecto y se
declare la nulidad de lo actuado por no estar en condiciones para estar en
juicio, la Defensa viene a reiterar un planteo ya efectuado por la anterior
Defensora y que fuera resuelto oportunamente el pasado 20 de abril a fs.
475/77 de la causa 2044. Tal planteo lo hace sobre la base de los exámenes
periciales efectuados antes de tal resolución y que, por ende, fueron evaluados
en esa oportunidad y reiterando los mismos argumentos de la anterior
Defensa, por lo que no corresponde su replanteo en el debate. Que por ello,
tratándose de la reiteración de un planteo ya resuelto por el Tribunal y sin que
del debate haya surgido prueba alguna que sustente lo expuesto en el alegato,
no se hace lugar y se está a lo resuelto en la citada resolución.
En cuanto al argumento relativo al “fair play”, respecto a
Verplaetsen, Harsich y Fragni, le recordamos a la Defensa que Verplaetsen
fue llamado a indagatoria luego de 32 años por causa de las leyes de
obediencia debida y de punto final que impidieron continuar la investigación
respecto de los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos
y no por lentitud de la justicia. Igual situación se dio respecto de Harsich y de
Fragni, a quienes sólo se les había tomado declaración testimonial cuando se
comenzara la investigación, la que no continuó por las mismas razones y que
de ninguna norma surge que quien fue llamado como testigo no pueda ser
posteriormente citado a indagatoria, no tratándose de “manipulaciones
dirigidas a doblegar al imputado” como pretende la defensa, la que desconoce
la sanción de las señaladas leyes y omite los resultados a que las mismas
dieran lugar. No se advierte entonces que se hubiera quebrantado la igualdad
de armas entre acusador e imputado y por ende el juicio justo como pretende
la Defensa.
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En relación con la pretendida violación del derecho de
defensa por no haber sido asistidos por defensores de confianza, tal planteo
carece de sustento alguno, los procesados contaron con sus defensores y, de
seguir el criterio planteado por el Dr. Tripaldi, en más del 90% de los juicios
que ha llevado a cabo éste Tribunal, se habría afectado el derecho de defensa
puesto que en ese porcentaje los procesados han contado con defensor oficial.
El Defensor Oficial no es un mero “defensor de pobres y ausentes”, sino un
órgano del Estado que existe precisamente para garantizar el derecho de
defensa y como tal ha actuado en este juicio.
De otra parte y más allá de las citas a lo probado en la causa
13, efectuadas en las requisitorias, los procesados han sido convocados a
juicio oral y público, se han recibido las pruebas en base a las peticionadas
por las partes y la resolución que se adopte respecto de todos los imputados
tendrá como base tales pruebas. Han tenido todos la oportunidad de declarar
ante el Tribunal, derecho que no ejercieron los defendidos de quien interpone
el reclamo, seguramente por consejo de la Defensa, se les han asegurado
ampliamente sus derechos y garantías en el curso del debate, de modo que el
planteo de nulidad de la Defensa resulta inmotivado e inaceptable, por lo cual
se lo rechaza.
En cuanto al pedido de unificación de todos los juicios, en
primer lugar cabe señalar que el mismo no puede formar parte del alegato,
atento que ello no fue planteado por la parte antes del debate, no resulta
consecuencia del juicio, ni puede interponerse para impedir un
pronunciamiento, como tampoco se basa en norma alguna del Código ritual y,
además, en otra causa ya fue resuelto por el Tribunal.
Más allá de ello la pretensión defensista provocaría un grave
retardo y resultaría contraria al derecho a tener sentencia en un plazo
razonable, lo que así es reconocido por el propio Defensor cuando manifiesta
que si se esperara un año y medio más se podría hacer un único juicio. Por
otra parte recordamos, respecto al argumento de que así se hizo en el juicio en
la causa 13, que el mismo respondió a una norma procesal distinta, ya que lo
fue por avocamiento de la Cámara Federal en la causa que se encontraba ante
la justicia militar. Asimismo le recordamos a la Defensa que el art. 360 del
66
rito que citara, establece claramente que la acumulación de juicios se podrá
ordenar “siempre que ella no determine un grave retardo”.
El hecho de que se tomen distintos juicios a medida que los
casos estén listos para el requerimiento y que sean elevados a éste Tribunal,
se adecua a lo preceptuado en el Código Procesal Penal y a las normas
constitucionales, en ninguna norma se establece que sea un derecho que se
acumulen los casos en un único juicio cuando se trata de distintos hechos,
como pretende el Defensor. Si son muchos los casos será porque los
procesados están sospechados de haber cometido muchos delitos y por los
mismos serán juzgados oportunamente, más allá de que para el Tribunal lo
pretendido ahorraría esfuerzo y trabajo, pero se trata de cumplir con las
normas y no de adecuarlas para disminuir los costos.

II.- LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS Y LAS
GARANTÍAS DE LOS IMPUTADOS.
Evidentemente en esta clase de delitos que implican graves
violaciones a los derechos humanos pueden existir aparentes contradicciones
entre algunos principios del derecho procesal penal y las obligaciones que
tiene el Estado frente a la comunidad internacional. Se trata de conciliar
ambas perspectivas, de modo de garantizar los derechos de los imputados, los
derechos de las víctimas y el deber del Estado.
Se ha señalado acertadamente (Julieta Di Corletto “El derecho
de las víctimas al castigo a los responsables de violaciones graves a los derechos humanos”)
que el derecho procesal penal promueve un enfoque orientado más hacia el
acusado, que hacia las víctimas, busca, por un lado, hacer efectiva la sanción,
y por el otro, limitar la magnitud del poder punitivo estableciendo un marco
de garantías que protegen al imputado. Por su parte el derecho internacional
de los derechos humanos se orienta hacia la víctima de violaciones a los
derechos humanos, por ello puede estar en conflicto con los objetivos
tradicionales del proceso penal.
El derecho procesal penal está pensado para la investigación
de crímenes comunes y no para las graves violaciones a los derechos
humanos, mientras que en el derecho internacional el afectado es siempre una
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víctima del Estado y no de una persona individual. Según la jurisprudencia de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos el Estado debe dar a las
víctimas y a sus familiares la oportunidad de ejercer, no sólo el derecho a la
verdad, sino el derecho a la justicia (“Barrios Altos”). En “Castillo Páez” y en
“Bulacio” afirmó que la investigación y sanción penal es un elemento
reparador a los derechos de la víctima. Y que toda persona que se considere
víctima o bien sus familiares tienen derecho de acceder a la justicia para
conseguir que se cumpla el deber del Estado de investigar las violaciones de
los derechos y sancionar a los autores y a quienes encubran dichas
violaciones, en su beneficio y en el del conjunto de la sociedad.
Asimismo la investigación y castigo a los responsables de
esas graves violaciones es un deber del Estado. Ese deber del Estado de
investigar, perseguir y castigar esas violaciones comprende, además, el deber
de multiplicar los mecanismos para controlar que esas investigaciones sean
desarrolladas por órganos imparciales y eficientes. Se trata de una forma de
garantizar la vigencia de los derechos y reparar los daños sufridos. En cuanto
a este deber del Estado la Corte Interamericana ha señalado que el art. 63.1 de
la CADH recoge uno de los principios básicos del derecho internacional. “Al
producirse un hecho ilícito imputable a un Estado, surge la responsabilidad
internacional de éste por la violación de la norma internacional, con el
consecuente deber de reparar y hacer cesar las consecuencias de la
violación” (“Bulacio”).
Si bien entre ambos puede existir una aparente tensión,
ambos sistemas coinciden cuando pretenden la investigación, persecución y
castigo de las personas responsables de violaciones graves a los derechos
humanos, pues la persecución penal de esas violaciones sustenta el Estado de
Derecho, facilita los procesos de transición y consolidación de la democracia
y previene la repetición de hechos similares. El desafío entonces es el de
interactuar armoniosamente cuando en un proceso penal se investigan esos
graves hechos.
Bacigalupo, en la obra citada afirma que “La protección de
bienes jurídicos como la vida de las personas, su integridad corporal y la
libertad personal deja de ser una cuestión regida por el derecho interno y se
68
convierte en una cuestión internacional cuando existen múltiples afectados y
cuando los hechos son cometidos con prevalimiento del poder Estatal
(genocidio, tortura, etc.)”, casos en que la justificación no depende sólo de
derecho positivo interno “sino de la compatibilidad de éste con el orden de
valores fundamentales de la comunidad internacional expresado en las
convenciones internacionales de derechos humanos”.
Las reglas que rigen los procesos penales en el orden
doméstico pueden ser modificadas por la influencia del derecho internacional
de los derechos humanos y por las decisiones de sus órganos de aplicación.
Esto puede marcar el surgimiento de un modelo de proceso penal orientado a
garantizar las necesidades de las víctimas, y en consecuencia, traer aparejada
la redefinición de ciertas garantías constitucionales para el imputado.
Si la Corte Interamericana está facultada para declarar la
responsabilidad internacional de un Estado porque la investigación y
juzgamiento de una violación grave a los Derechos Humanos condujo a la
impunidad de sus autores, sería contrario a las normas de la Convención que
no pudiera garantizar la reparación a esas infracciones al ordenamiento
internacional.
Como señala Di Corletto “Para la consecución de los
objetivos del derecho internacional, el derecho procesal penal local –
generalmente pensado para la persecución de crímenes comunes- aporta sus
reglas específicas, no siempre adecuadas para la investigación y sanción de
hechos de suma gravedad. En el diálogo entre esos dos sistemas de leyes que
tienen iguales objetivos pero distintos métodos para alcanzarlos, tiene
preeminencia el derecho internacional de los Derechos Humanos”.
Y bien, se trata entonces de conciliar los derechos de los
imputados, los de las víctimas y de resguardar -a través de la decisión judicial
a adoptar en esta causa- el deber y la responsabilidad del Estado ante la
comunidad internacional.
Esto es lo que, como Jueces de un Estado de Derecho, hemos
tratado de hacer en el curso de este proceso, aún a costa de planteos de
algunos querellantes quienes, pareciendo no pertenecer a organismos
defensores de derechos humanos, trataron de obstruir el derecho de defensa,
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consagrado en todos los pactos de Derechos Humanos, objetando que se
permitiera a la Defensa de uno de los imputados ejercer su derecho a
interrogar a los testigos.

III.- LA PRUEBA
Tratándose de hechos muy particulares, en el sentido que se
distinguen de los que comúnmente son objeto de juicio, atento el
ocultamiento y el secreto que cubrieron a los hechos sucedidos durante el
denominado “proceso de reorganización nacional”, tendientes a lograr la
impunidad de los mismos, los parámetros probatorios tienen necesariamente
que tener una particularidad y su apreciación también adecuarse a tales
características, como bien ha sido señalado en la jurisprudencia.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que
“...una política de desapariciones, auspiciada o tolerada por el Gobierno,
tiene como verdadero propósito el encubrimiento y la destrucción de la
prueba relativa a las desapariciones de los individuos objeto de la misma.
Cuando la existencia de tal práctica o política haya sido probada, es
posible, ya sea mediante prueba circunstancial o indirecta, o ambas, o por
inferencias lógicas pertinentes, demostrar la desaparición de un individuo
concreto, que de otro modo sería imposible, por la vinculación que ésta
última tenga con la práctica general” (“Godínez Cruz”).
Se sostuvo que la práctica de los tribunales
internacionales e internos demuestra que la prueba directa, ya sea
documental o testimonial, no es la única que puede legítimamente
considerarse para fundar la sentencia y que la prueba indiciaria o
presuntiva resulta de especial importancia cuando se trata de denuncias
sobre desaparición, ya que esta forma de represión se caracteriza por
procurar la supresión de todo elemento que permita comprobar el
secuestro, el paradero y la suerte de las víctimas.
Así señaló en varios precedentes que, en adición a la prueba
directa de carácter testimonial, pericial y documental, “la prueba
circunstancial, los indicios y las presunciones, pueden utilizarse, siempre
70
que de ellos puedan inferirse conclusiones consistentes sobre los hechos, en
particular cuando ha sido demostrada una práctica gubernamental de
violaciones a los derechos humanos”. (en “Velásquez Rodríguez”, “Godínez
Cruz”, “Fairén Garbi y “Solís Corrales”, entre otros).
En la causa 13 se expresaba que “...los procesados
deliberadamente ocultaron lo que sucedía a los jueces, a los familiares de
las víctimas, a entidades y organizaciones nacionales y extranjeras, a la
Iglesia, a gobiernos de países extranjeros y, en fin, a la sociedad toda. Esta
garantía de impunidad para los autores materiales de los procedimientos
ilegales, a través del ocultamiento de prueba, de la omisión de denuncia y
de la falsedad o reticencia en las informaciones dadas a los jueces,
constituyó un presupuesto ineludible del método ordenado. Integró también
la impunidad asegurada, la no interferencia de las autoridades encargadas
de prevenir los delitos, la que también dependía operacionalmente de los
enjuiciados”.
Que “La declaración testimonial es un medio de prueba
que se privilegia frente a modos particulares de ejecución en los que
deliberadamente se borran las huellas, o bien se trata de delitos que no dejan
rastros de su perpetración, o se cometen al amparo de su privacidad. En tales
supuestos a los testigos se los llama necesarios. En la especie, la manera
clandestina en que se encaró la represión, la deliberada destrucción de
documentos y de huellas, el anonimato en que procuraron escudarse sus
autores, avala el aserto. No debe extrañar, entonces, que la mayoría de
quienes actuaron como órgano de prueba revistan la calidad de parientes o
de víctimas. Son testigos necesarios”.
Asimismo, se afirmó que la Comisión Nacional sobre
Desaparición de Personas “constituyó un ente de carácter público y que sus
miembros revistieron la calidad de funcionarios públicos, con lo cual las
actuaciones labradas por ellos constituyen instrumentos de igual carácter”.
Agregó luego el tribunal que “...las pruebas recogidas por la CONADEP
introducidas a través de un medio apto, son de utilidad para crear un estado
de certeza en el juzgador, cuando se encuentran acompañadas de un marco
probatorio que las refuerce, sin tener como base exclusiva la prueba
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proveniente de dicho organismo”.
En la causa 44, en el capítulo Tercero, referente a
“Introducción al tratamiento de los casos”, se dijo, respondiendo a planteos de
las defensas, que se trataba “del cuestionamiento genérico de testigos sobre la
base de que, en muchas ocasiones declaran de oídas, o a veces, aseverando
haber estado con los ojos vendados o en condiciones de cautiverio que
impedían la comunicación con terceros, luego testifican sobre hechos que, en
esas condiciones no podrían haber caído bajo la apreciación de sus
sentidos”, y que “esos testimonios, sin perjuicio de los casos individuales que
puedan caer por la efectiva comprobación de una falsedad, mendacidad o
sustancial contradicción, son válidos”, señalando que ello se debía a la
naturaleza de los hechos investigados; por la clandestinidad con que se
llevaron a cabo; por la destrucción de la prueba que pudiera haberse
mantenido; por la notoriedad de los episodios sobre los que se declara, en fin,
por el conjunto de probanzas de otra naturaleza que los corrobora. Se cita lo
expuesto por Devis Echandía en su “Teoría general de la prueba judicial”, en
relación a que no debe exagerarse el requisito de la concordancia de los
diversos testimonios, hasta exigir que resulte en todos los detalles, porque es
contrario a la psicología y a la experiencia que diversas personas capten un
mismo acontecimiento con absoluta fidelidad, como si su cerebro y sus
sentidos fueran máquinas de fotografiar, siendo por el contrario que los
desacuerdos son más signos de espontaneidad y sinceridad en los testimonios.
Señalaba asimismo la Cámara que es útil puntualizar que
“frente a testigos que han sido llamados a declarar reiteradamente ante este
u otros tribunales del país, resulta francamente comprensible que incurran
en alguna diferencia de matiz entre uno y otro dicho, el olvido de un aspecto
en un relato y su recuerdo en otro”, añadiendo que tampoco era razonable
invalidar o tan siquiera enervar el valor probatorio de los testimonios porque
los presten personas afectadas por la misma situación, cuyos dichos sirven de
comprobación recíproca y múltiple.
En la causa “Olivera Róvere” la Cámara Federal señaló que
existen casos en que, si bien no se cuenta con testigos presenciales de las
circunstancias, en tales supuestos, la convicción respecto de la ocurrencia de
72
la hipótesis delictiva se logra a través de otros medios probatorios o,
básicamente, mediante indicios (en su mayoría, testigos de oídas). Asimismo
que el reproche en torno a un importante conjunto de casos puede formularse
a partir de una serie de indicios, en su mayoría anfibológicos, que tornan
verosímil la ocurrencia de estos hechos tal como fueron imputados; que
convergen una serie de indicios que valorados integralmente permiten
alcanzar el nivel de convicción requerido y, consecuentemente, probar la
materialidad de tales hechos y la responsabilidad penal de su autor.
En una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, dictada el
18 de abril de 1977, cuando estaban sucediendo los hechos, en una
presentación de 405 personas desaparecidas -“Pérez de Smith s/privación de
justicia”-, se afirmaba: “Que si, tal como plantean los presentantes, fuesen
numerosos los recursos de hábeas corpus en los que las autoridades han
contestado que las personas a cuyo favor se han interpuesto no están
registradas como detenidas, podría verse configurada una situación que, de
hecho, equivaldría a una efectiva privación de justicia, y ello, por causas
totalmente ajenas a las funciones y competencia específica de los
magistrados, a cuyo alcance no está poner remedio a aquella situación”.
Que “esta Corte estima su deber poner en ejercicio los
poderes implícitos que hacen a la salvaguarda de la eficacia de la función
judicial, principalmente en cuanto se refiere a la protección de los derechos y
garantías consagrados en la Constitución Nacional”. Que “Sobre tales
bases, el Tribunal considera oportuno dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional
a fin de encarecerle intensifique, por medio de los organismos que
correspondan la investigación sobre el paradero y la situación de las
personas cuya desaparición se denuncia judicialmente y que no se
encuentran registradas como detenidas, a fin de que los magistrados estén en
condiciones de ejercer su imperio constitucional resolviendo, con la
necesaria efectividad que exige el derecho, sobre los recursos que se intenten
ante sus estrados en salvaguarda de la libertad individual y sobre las
eventuales responsabilidades en caso de delito”. Por lo que resolvió librar
oficio al Poder Ejecutivo Nacional en tales términos adjuntando copia de la
resolución.
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Y entre los casos que se consideraban se encontraba el de
“Floreal Edgardo Avellaneda: 15 años. Desaparición el 15-4-76. Se
desconoce su paradero. Hábeas corpus presentado en el Juzgado Federal
No. 1 de San Martín”.
El ocultamiento y desaparición de las pruebas y el accionar
tendiente a lograr la total impunidad se evidencia también en esta causa.
Así en la causa 28976, a fs.6 hay un oficio del Encargado de
Servicio Externo de la Comisaría de Munro del 22 de abril de 1976, dirigido
al Comisario, en el que informa que “pese a las múltiples averiguaciones
efectuadas por el suscripto y personal a sus órdenes, tendientes a lograr el
paradero de las víctimas y secuestro del dinero sustraído, como así la
detención de los autores del hecho, las mismas hasta la fecha, han resultado
infructuosas”, pero que continuaban. A fs. 12 vta. el Comisario Américo V.
Ferreño de la Comisaría de Villa Martelli, el 18 de mayo de 1976, informa al
Juez que Iris Pereyra y Floreal Avellaneda no se encuentran detenidos en esa
dependencia, ni lo han estado en momento alguno. Respecto de un oficio
librado por el Juez, en el que se pedía se informara si Iris Pereyra de
Avellaneda se encontraba detenida a disposición del Ministerio de Defensa,
desde qué fecha e identidad de las personas que procedieron a trasladarla a
Olmos, destino donde se desempeñaban las mismas o cualquier otro dato que
permita ubicarlos, a fs.29 se encuentra el teletipograma del Comando General
del Ejército, en el que informan que Iris Pereyra se encuentra a disposición
del PEN por Dec.203/76 y alojada en Unidad 8 Olmos, agregando que el
“resto de la información no se evacua en razón del secreto operacional
militar amparado en el Decreto 2772/75 y Nro. 97 de la reglamentación de
la justicia militar”.
En la causa 28479 s/ hábeas corpus a fs. 6, el 4 de mayo de
1976, obra una nota actuarial de la Secretaria del Juzgado Federal de San
Martín, en la que se informa que se recibió nota de la Delegación de la Policía
Federal en la que consta que no se encuentran detenidos Iris Pereyra y Floreal
Avellaneda. A fs. 8, el 30 de abril de 1976, la Policía de la Provincia de
Buenos Aires informa que no se encuentran detenidos en su jurisdicción. A
fs.10 hay un informe actuarial del 12 de mayo de 1976 en el que se asienta
74
que no existen antecedentes en el Comando en Jefe del Ejército de Floreal
Edgardo Avellaneda. A fs. 28, el 29 de mayo de 1976, el Comisario Américo
Ferreño informa que no estuvieron detenidos en la comisaría de Vicente
López 4a Villa Martelli. A fs. 51, el 28 de septiembre de 1976, informan que
en el Comando General del Ejército no hay antecedentes de Floreal Edgardo
Avellaneda. A fs. 72 el Comando de la Zona de Defensa IV informa que
“respecto al paradero del Menor Floreal Avellaneda este Cdo. Zona Def 4 no
dispone de antecedentes”. A fs. 77 se informa al Juez Federal que en el
Comando en Jefe del Ejército no existen antecedentes del ciudadano Floreal
Edgardo Avellaneda. A fs.142, 31 de marzo de 1978, después de las
infructuosas averiguaciones, se desestima el habeas.
En la causa 1640 del Tribunal de Menores No.3 de San
Isidro, incoada por privación de la libertad de Floreal Avellaneda, a fs. 7 vta.
el Juez, el 23 de abril de 1976, pide informe a las Unidades Regionales de
Tigre y San Martín y a la Brigada de investigaciones de la zona norte para que
informen si Floreal Avellaneda está detenido. Las respuestas son negativas y
a fs. 18, el 13 de mayo de 1976, la jueza pide informes a la Jefatura de Policía
de la Provincia de Buenos Aires para averiguar si el menor estaba detenido y
libra exhorto al Juez de Menores de Capital para que pida dicho informe a la
Policía Federal. A fs. 21/2 y 30 los informes son negativos. Finalmente a fs.
31, el 31 de mayo de 1976, la Jueza sólo ordena la búsqueda del menor.
En el legajo 13692, exhorto del Juez de Menores del 17 de
junio de 1976 al Juez de Instrucción de Menores de Capital para que se recabe
información al Ministerio del Interior acerca de si Floreal Avellaneda está a
disposición del PEN y al Servicio Nacional del Menor para ver si está
internado, a fs. 4 el 25 de junio de 1976 el Ministerio contesta negativamente.
A fs. 10 el 29 de junio del citado año el Comisario Jefe de la División
Minoridad, en la averiguación de paradero de Floreal Avellaneda, contesta
que no han obtenido resultados positivos y a fs. 11 el 2 de julio el Director del
Registro General de Menores informa que no cuenta con antecedentes
asistenciales ni internativos.
En la fotocopia de la causa 11542 s/habeas corpus de Floreal
Avellaneda del Juzgado Federal 2 de Capital vemos que a fs. 1/2, el 17 de
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mayo de 1976, Arsinoe Avellaneda denuncia lo sucedido e informa acerca de
la aparición de cadáveres. El 8 de junio el juez ordena informes a la Policía
Federal y al Ministerio del Interior. Los informes son negativos y a fs. 10 vta.,
el 18 de junio de 1976, se desestima el hábeas corpus y se da intervención al
Juzgado Federal de San Martín por los apremios de Iris Avellaneda, lo que
recién se efectiviza a fs. 14 el 18 de abril de 1978.
Así se forma la causa 30296 en abril de 1978, a raíz de lo que
Arsinoe Avellaneda manifestara en el hábeas corpus respecto de los apremios
sufridos por Iris Pereyra de Avellaneda cuando la detuvieron, a fs. 32 el 27 de
diciembre de 1978 el juez pide a la Comisaría de Villa Martelli informe si en
abril de 1976 se detuvo a Iris Pereyra de Avellaneda y a su hijo. A fs.36 el
Comisario de Vte López 3 Munro informa, el 4 de enero de 1979, que el 15 de
abril de 1976 se instruyó sumario s/robo y privación libertad “Arsinoe
Avellaneda y otros” con intervención del Juzgado 2 de San Isidro. A fs. 57, el
4 de abril de 1979, la Comisaría de Vte. López 4a Villa Martelli informa que
no hay constancia del procedimiento llevado a cabo en abril 1976. Dando
todos los informes negativos, a fs. 58 el 26 de abril de 1979 se dicta el
sobreseimiento.
Asimismo en el Expte. 526, exhorto del Juez de San Martín
a La Plata en denuncia de apremios, en marzo de 1979 el Juez pide informe a
la Comisaría de Villa Martelli acerca de si se realizó un procedimiento en
abril del 76, la causa y si fue por orden de la autoridad militar y a fs. 25 se
responde que en los libros no hay constancia del procedimiento.
En el Legajo correspondiente al expte. 11427, del Juzgado
Federal 2 de Capital s/hábeas corpus, Iris Pereyra de Avellaneda se presenta
para solicitar el cese del arresto a disposición del PEN el 10 de junio de 1977,
el mismo se rechaza y se apela. En la Cámara se pide informe al Ministerio
del Interior y se contesta a fs. 43, el 11 de mayo de 1978, informando que los
motivos de la detención fueron la vinculación con la subversión y que se
ordenó el arresto en el entendimiento que de encontrarse en libertad podría
coadyuvar a mantener o expandir las causas que originaron la implantación
del estado de sitio. A fs. 44 se pide informe respecto vinculaciones con la
subversión y a fs. 45/6, el 22 de junio de 1978, el Ministro del Interior Albano
76
Harguindeguy, responde que “Como es obvio –y no escapará al criterio de V.
E., no siempre es fácil determinar con exactitud la ubicación de determinada
persona en ese contexto general de la ‘organización’, dados los múltiples
cambios e interconexiones existentes. Por otra parte, en mérito a la lucha que
todavía se lleva a cabo en este campo, en caso de poder efectuarse en
concreto esa determinación, la información reunida al respecto debe
mantenerse en estricto secreto, dentro de la esfera de Gobierno, por las
implicancias que su divulgación traería aparejadas con respecto a la
seguridad nacional. En este último aspecto, debo señalar que el Poder
Ejecutivo es respetuoso de las facultades y atribuciones del Poder Judicial,
que es, nada más ni nada menos, que uno de los tres Poderes del Estado,
cuya preservación está confiada a todos por igual. Pero, en este caso, se
encuentra en juego algo tan esencial como lo es, por una parte, la
seguridad del Estado frente a la situación interna del país, y, por el otro, la
necesidad de llevar hasta el final la lucha contra aquella subversión, en la
que se encuentran empeñados ambos Poderes como medio de lograr los
objetivos básicos del Proceso de Reorganización Nacional”. A fs.47 el
abogado informa el 23 de agosto que fue dejada en libertad, por lo que a fs.48
el 28 de diciembre de 1978 se declara cuestión abstracta.
En cuanto a la destrucción de las pruebas en la presente causa
2005 a fs. 1998 y 1744 obra agregado el decreto 2726, del 19 de octubre de
1983, en el que teniéndose en cuenta lo dispuesto por ley 22.924 y
considerando específicamente el art. 5 de la citada ley que disponía: “Nadie
podrá ser interrogado, investigado, citado a comparecer o requerido de
manera alguna por imputaciones o sospechas de haber cometido delitos o
participado en las acciones a que se refiere el artículo 1o de esta ley o por
suponer de su parte un conocimiento de ellos, de sus circunstancias, de sus
autores, partícipes, instigadores, cómplices o encubridores”, en consonancia
con ello se disponía “ARTÍCULO 1o.- Dénse de baja las constancias de
antecedentes relativos a la detención de las personas arrestadas a
disposición del Poder Ejecutivo Nacional durante la vigencia del estado de
sitio...”.
En el informe del Estado Mayor General del Ejército del 12
de febrero de 1987, de fs. 533/40 de la causa 4012, en el punto g) del Anexo I,
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se señala que “como quedó demostrado en el juicio contra los Ex-
Comandantes las órdenes correspondientes a la guerra contra la subversión
fueron recibidas verbalmente, por lo tanto no hay registro ni antecedentes
de las mismas lo que influye negativamente en la obtención de la
información requerida a través de la CAI por las Cámaras Federales u
otras autoridades judiciales tanto civiles como militares”.
A fs. 1718 se encuentra un informe de la Comisaría 4ta. Villa
Martelli, del 20 de diciembre de 2008, en el que consta que, luego de haberse
realizado una “minuciosa compulsa en la oficina de archivos de esta
Seccional Policía”, no fue factible hallar constancias de elevación “a la
Dirección general de Seguridad de la Policía de la Provincia de Buenos
Aires, del libro de guardia y novedades correspondiente al año 1976 de esta
Comisaría. Tampoco fue factible hallar libros de guardia ni actas de
incineración de la fecha en cuestión”, como asimismo a fs. 1795 hay otro
informe de la misma dependencia, del 2 de enero de 2009, en el que consta
que “Habiéndose realizado una amplia compulsa en los archivos de la
presente Dependencia, el mismo arrojó resultado negativo, no se
encuentran archivos del año (1976) solicitado” y a fs. 1800 el Ministerio de
Seguridad de la Provincia de Buenos Aires responde al requerimiento de
remisión de los libros de guardia y novedades correspondientes al año 1976,
informando que “luego que las distintas áreas de este Ministerio tomaran
intervención” la Superintendencia de Coordinación Operativa informa “la
falta de la documentación requerida”.
Igualmente a fs. 1677 se agrega el oficio del Ministerio de
Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, del 17 de diciembre de 2008, en
el que se informa, respecto del libro de guardia del 15 de abril de 1976 de la
Comisaría Vicente López 3a Munro, que la tarea “arrojó un resultado
negativo, tanto de la existencia del Libro aludido, como de acta de
incineración, desconociéndose si el mismo fue o no incinerado”.
Asimismo a fs. 1827 obra un oficio del 30 de enero de 2009,
remitido por el Ejército, en el que consta que “en los archivos de la
Institución no se han localizado libros y/o documentos donde conste el
ingreso y egreso de personas y vehículos a la Guarnición Militar de Campo
78
de Mayo correspondientes al mes de abril de 1976, como así tampoco de los
relacionados a cada uno de los ingresos o puertas existentes en dicho
predio”.
A fs. 2021 encontramos el informe del Ejército, del 19 de
febrero de 2009, librado en respuesta a la solicitud del Tribunal de remisión
del Libro de Guardia del 15 de abril de 1976 de la Escuela de Infantería-
Campo de Mayo del Comando de Institutos Militares, en el que se manifiesta
que “de acuerdo a lo informado por el Archivo General de Ejército, no se
ha localizado el libro de guardia de la Escuela de Infantería que estuviera
en uso el 15 de abril de 1976, por lo cual no se pudo determinar la nómina
exacta del personal militar que prestó servicio en la misma durante el año
en cuestión”.
Durante la instrucción suplementaria asimismo se había
solicitado al Ministerio de Defensa la remisión del Memorando de solicitud a
disposición del PEN de Iris Etelvina Pereyra y Silvia A. Ingenieros, el
Apéndice 1 (Antecedentes de los detenidos a disposición del PEN) y el Acta
Apéndice 3 (Modelo de Actuación) al PON 212/75 y actuación Decreto
1860/75 del 15 de abril de 1976, a lo cual a fs. 1735 el Ejército responde, el
20 de enero de 2009, que “dentro de la órbita de esta Fuerza no se
encuentran archivados antecedentes de documentación relacionados con lo
que es materia del presente requerimiento”; el Archivo Nacional de la
Memoria a fs. 1737 responde que “compulsados que fueron nuestros
archivos, no se ha encontrado la documentación solicitada” y a fs. 1738 el
Ministerio del Interior también contesta que ”no surgen antecedentes de la
documentación solicitada”, agregando que por Decreto No 2726 del año
1983 “se dispuso dar de baja las constancias de antecedentes relativos a la
detención de personas arrestadas a disposición del Poder Ejecutivo
Nacional”.
A fs. 1844/5, el 4 de febrero de 2009, se informa que en el
Servicio Penitenciario Federal no existen constancias de la detención de Iris
Pereyra de Avellaneda y de Silvia Ingenieros, pese a que permanecieron
detenidas en una unidad de ese servicio. A fs. 2044 el Servicio Penitenciario
Federal, al que se le había solicitado la remisión de la totalidad de la
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documentación con la que contare en los registros relativa al ingreso,
permanencia y egreso de la Unidad No.2 (Devoto) de Iris Pereyra de
Avellaneda, alojada entre 1976 y 1978, se informa el 27 de febrero de 2009
que “no registra antecedentes de detención en la órbita de éste Servicio
Penitenciario federal”.
Ello demuestra palpablemente el plan de ocultamiento y
destrucción de pruebas que acompañó el accionar de las fuerzas armadas.

IV.- EL PLAN
Las acciones respondieron a un siniestro plan diseñado por
las fuerzas armadas, que se patentiza en la forma de ejecución de los hechos
los que responden a un esquema común.
Como se afirmara en la Causa 13 “los ex Comandantes
aprobaron un plan criminal por el cual en forma secreta y
predominantemente verbal ordenaron a sus subordinados que: a) privaran
de su libertad en forma ilegal a las personas que considerasen sospechosas
de tener relación con organizaciones terroristas. b) que las condujeran a
lugares de detención clandestinos. c) que ocultaran todos estos hechos a
familiares de las víctimas y negaran haber efectuado la detención a los
jueces que tramitaran hábeas corpus. d) que aplicaran torturas a las
personas capturadas para extraer la información obtenida, dispusieran la
libertad, la legalización de la detención o la muerte de la víctima...”
Se señalan las características comunes de los hechos:
“1) los secuestradores eran integrantes de las fuerzas
armadas, policiales o de seguridad...normalmente adoptaban precauciones
para no ser identificados, apareciendo en algunos casos disfrazados con
burdas indumentarias o pelucas”
“2) Otras de las características comunes que tenían esos
hechos, era la intervención de un número considerable de personas
fuertemente a armadas”.
“3) Otras de las características comunes, era que tales
operaciones ilegales contaban frecuentemente con un aviso previo a la
80
autoridad de la zona en que se producían, advirtiéndose incluso, en algunos
casos, el apoyo de tales autoridades al accionar de esos grupos armados. El
primer aspecto de la cuestión se vincula con la denominada ‘AREA LIBRE’,
que permitía se efectuaran los procedimientos sin interferencia policial, ante
la eventualidad de que pudiera ser reclamada para intervenir”
“No sólo adoptaban esas precauciones con las autoridades
policiales en los lugares donde debían intervenir, sino que en muchas
ocasiones contaban con su colaboración para realizar los procedimientos
como así también para la detención de las personas en las propias
dependencias policiales”
“4) El cuarto aspecto a considerar con característica común,
consiste en que los secuestros ocurrían durante la noche, en los domicilios
de las víctimas, y siendo acompañados en muchos casos por el saqueo de los
bienes de la vivienda”
“5) El quinto y último aspecto a considerar en cuanto a las
características comunes que tenían esos hechos se refiere a que las víctimas
eran introducidas en vehículos impidiéndosele ver o comunicarse, y
adoptándose medidas para ocultarlas a la vista del público” (Cap. XI)
Asimismo que las víctimas del secuestro eran posteriormente
trasladadas en vehículos a centros clandestinos de detención, donde eran
ocultadas y generalmente, torturadas; algunos de los detenidos fueron
posteriormente liberados, otros puestos a disposición de las autoridades
competentes, desconociéndose el destino final del resto.
En la sentencia de la Cámara Federal de la Capital Federal en
la “Causa 44" concordantemente describió tales circunstancias del mismo
modo con lo que se había determinado en la “Causa 13".
Veremos que tales características comunes coinciden
perfectamente con los hechos probados en esta causa.
En el Informe de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos de 1980, en el punto A. “Conclusiones” se expuso que:
1. A la luz de los antecedentes y consideraciones expuestos
en el presente informe, la Comisión ha llegado a la conclusión de que, por
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acción u omisión de las autoridades públicas y sus agentes, en la República
Argentina se cometieron durante el período a que se contrae este informe –
1975 a 1979—numerosas y graves violaciones de fundamentales derechos
humanos reconocidos en la Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre. En particular, la Comisión considera que esas
violaciones han afectado:
a) al derecho a la vida, en razón de que personas
pertenecientes o vinculadas a organismos de seguridad del Gobierno han dado
muerte a numerosos hombres y mujeres después de su detención; preocupa
especialmente a la Comisión la situación de los miles de detenidos
desaparecidos, que por las razones expuestas en el Informe se puede presumir
fundadamente que han muerto;
b) al derecho a la libertad personal, al haberse detenido y
puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional a numerosas personas en
forma indiscriminada y sin criterio de razonabilidad; y al haberse prolongado
sine die el arresto de estas personas, lo que constituye una verdadera pena;
esta situación se ha visto agravada al restringirse y limitarse severamente el
derecho de opción previsto en el Artículo 23 de la Constitución, desvirtuando
la verdadera finalidad de este derecho. Igualmente, la prolongada
permanencia configura un atentado a su libertad personal, lo que constituye
una verdadera pena;
c) al derecho a la seguridad e integridad personal,
mediante el empleo sistemático de torturas y otros tratos crueles,
inhumanos y degradantes, cuya práctica ha revestido características
alarmantes;
d) al derecho de justicia y proceso regular, en razón de las
limitaciones que encuentra el Poder Judicial para el ejercicio de sus
funciones; de la falta de debidas garantías en los procesos ante los tribunales
militares; y de la ineficacia que, en la práctica y en general, ha demostrado
tener en Argentina el recurso de Habeas Corpus, todo lo cual se ve agravado
por las serias dificultades que encuentran, para ejercer su ministerio, los
abogados defensores de los detenidos por razones de seguridad y orden
82
público, algunos de los cuales han muerto, desaparecido o se encuentran
encarcelados por haberse encargado de tales defensas.
En este punto asimismo veremos que tales derechos
fundamentales también fueron violados en los casos que forman parte del
objeto de esta causa.
Asimismo la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha
señalado que "las desapariciones forzadas implican una violación múltiple, a
la vez que continuada, de numerosos derechos esenciales de la persona
humana, de manera especial de los siguientes derechos: i) derecho a la
libertad personal, por cuanto el secuestro de la persona constituye un caso
de privación arbitraria de la libertad que vulnera además el derecho del
detenido a ser conducido sin demora ante un juez y a interponer los recursos
adecuados para controlar la legalidad de su detención: ii) derecho a la
integridad personal, por cuanto el aislamiento prolongado y la
incomunicación coactiva a los que se ve sometido la víctima representan por
si mismos, formas de tratamiento cruel e inhumano, que constituyen lesiones
a la integridad psíquica y moral de la persona y del derecho de todo detenido
al respeto de su dignidad inherente al ser humano. Además, las
investigaciones sobre desapariciones forzadas demuestran que ella incluye el
trato despiadado a los detenidos, quienes son sometidos a todo tipo de
vejámenes, torturas y demás tratos crueles, inhumanos o degradantes; iii)
derecho a la vida, por cuanto la práctica de las desapariciones ha implicado
con frecuencia la ejecución de los detenidos, en secreto y sin fórmulas de
juicio, seguida del ocultamiento del cadáver con la finalidad de no dejar
ningún tipo de huella de la comisión del crimen y de procurar la impunidad
de quienes lo cometieron". (“Velásquez Rodríguez”).
Como señalan Ambos y Grammer (“Dominio del hecho por
organización. La responsabilidad de la conducción militar argentina por la muerte de
Elizabeth Käsemann”) las fuerzas de seguridad cumplían una doble función, ya
que junto con los deberes oficiales que tenían asignados, realizaban además
tareas de represión ilegal y secreta. Para llevar a la práctica esta represión se
recurrió a la estructura existente (legal) de las fuerzas armadas. En este
contexto Emilio Mignone habla de un “paralelismo completo”: “Las fuerzas
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armadas se decidieron, a pesar de que tenían a su disposición un inmenso
arsenal represivo, por ejecutar sus operaciones en secreto y de una manera
paralela, las cuales, sin embargo, estaban completamente bajo el control de
la conducción militar y política del Estado”.
En la declaración que prestara Néstor Roberto Cendón ante la
Conadep, al referirse a la desaparición de los cadáveres de quienes hubieran
muerto en enfrentamientos y al ocultamiento de la causa de la muerte,
manifestó que “Esto fue normativo a partir de que la Junta Militar asumió
el gobierno. Durante el gobierno constitucional se propagandizaba la
existencia de los caídos en general con la intención de provocar una
inestabilidad interna y desestabilizar al gobierno. Luego la Junta Militar
procura obtener una imagen de pacificación en el orden interno por razón
derivada de la intervención militar en el gobierno que brindara asimismo
hacia el exterior una imagen de estabilidad política y paz interior”.
Como señalara Sancinetti (“Análisis crítico del juicio a los ex-
comandantes”) el esquema organizado de un aparato de poder tuvo un
reconocimiento oficial por parte de la última Junta Militar, mediante el
documento del 28 de abril de 1983 (BO del 2-5-83) que decía: “Todas las
operaciones contra la subversión y el terrorismo, llevados a cabo por las
fuerzas armadas y por las fuerzas de seguridad, policiales y penitenciarias
bajo control operacional, en cumplimiento de lo dispuesto por los decretos
261/75, 2770/75, 2771/75 y 2772/75, fueron ejecutadas conforme los planes
aprobados y supervisados por los mandos superiores orgánicos de las
fuerzas armadas y por la junta militar a partir del momento de su
constitución”. Según esto, entonces, el sistema no sólo implicaba una
estructura piramidal de subordinación dentro de cada fuerza –como es propio
de cualquier fuerza armada-, sino también una relación de distribución de
funciones y asistencia recíproca entre las respectivas fuerzas, conforme a un
plan aprobado y supervisado desde las instancias superiores.
Ilustrativo resulta acudir al llamado “Plan del Ejército
(Contribuyente al Plan de Seguridad Nacional)” del mes de febrero de
1976, firmado por el entonces Comandante General del Ejército Jorge Rafael
Videla, en el que en el punto b) en el que se disponía la preparación del golpe
84
militar, se asignaba como “MISIÓN: El ejército Argentino realizará a
partir del día D a la hora H las operaciones necesarias para asegurar,
conjuntamente con las otras FFAA, la destitución del gobierno en todo el
ámbito del país, a fin de facilitar la asunción del gobierno Militar y
contribuir a la consolidación del mismo”, diseñándose la ejecución en sus
fases I de “Preparación”, II de “Ejecución” y III de “Consolidación”.
En el anexo 2 de “Inteligencia” se efectuaba una
determinación y caracterización del oponente y sus categorías. A tal punto era
la determinación y caracterización que, luego de describir en el punto (5) las
manifestaciones que se darían en las organizaciones así caracterizadas, en el
inc. (e) se establecía que “Los elementos negativos que integran los
nucleamientos incluidos en cada Prioridad serán adecuadamente
seleccionados y considerados conforme las previsiones del Anexo ‘Detención
de Personas’”, llegando a tal precisión que en el inc. (f) se refería a “Otros
agrupamientos políticos no incluidos en el presente documento como podrán
ser la Unión Cívica Radical y el Partido Federalista es probable no se
opongan al proceso y hasta lleguen a apoyarlo por vía del silencio o no
participación”, caracterizándose luego a las organizaciones gremiales,
estudiantiles, religiosas y a “personas vinculadas”.
En el Anexo 3 (Detención de personas), en el punto “2.
CONCEPTO DE LA OPERACIÓN”, “a. Aspectos generales”, se establecía
que:
“1) La operación consistirá en: a) Detener a partir del día D a
la hora H a todas aquellas personas que la JCG establezca o aprueba para cada
jurisdicción, que signifiquen un peligro cierto para el desarrollo de las
acciones militares o sobre las que existan evidencias de que hubieran
cometido delitos o acciones de gran notoriedad en contra de los intereses de la
Nación y que deban ser investigados. b) Prever la detención de oponentes
potenciales en la medida que éstos se manifiesten.
2) Elaboración de las listas de personas a detener. En la
elaboración de las mismas deberá primar un concepto eminentemente
selectivo y limitado a lo determinado en el acápite anterior.
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En el “APÉNDICE 1 (Instrucciones para la detención de
personas) AL ANEXO 3 (Detención de personas) AL PLAN DEL
EJÉRCITO PARA EL PLAN DE SEGURIDAD NACIONAL”, en el
punto 2 se consignan los “detalles fundamentales” que se incluirían, como
filiación, aspecto físico, domicilio, vías de escape, gráficos y fotografías del
lugar, entre otros, mientras que en el punto 3 se establece que “Los citados
antecedentes serán obtenidos por vía de reconocimientos y/o por intermedio
de los naturales medios de inteligencia de cada jurisdicción, pero siempre
pretextando intereses distintos al verdadero motivo”.
En el punto 5 se expresa “Los efectivos a asignar a cada CD
deberán guardar la necesaria proporción a la capacidad del blanco, de forma
tal que el éxito de la operación quede asegurado”. En el punto 6 que “Podrán
establecerse lugares de reunión de detenidos los cuales dispondrán de la
adecuada seguridad”.
En el punto 11 se ordenaba la incomunicación de los
detenidos y en el punto 12 que “No se permitirá la intervención de personas
extrañas a las FF AA en defensa de los detenidos”; en el punto 13 se ordena la
detención de “toda persona que se oponga o dificulte” el procedimiento. En el
punto 14 se dice que “Cuando la persona a detener esté definida como
subversiva o manifieste una actitud violenta contra la Fuerza, su domicilio
será minuciosamente registrado, incautándose de toda documentación de
interés, armamento y explosivos que pudiera existir”.
En abril de 1976 se dicta la DIRECTIVA DEL
COMANDANTE GENERAL DEL EJÉRCITO Nro. 217/76
(Clasificación, normas y procedimientos relacionados con el personal
detenido a partir del 24 Mar 76), de carácter secreto, siendo la finalidad
“Concretar y especificar los procedimientos que deberán adoptar los distintos
elementos de la Fuerza para con el personal detenido a partir del 24 Mar 76,
sobre la base de las normas legales vigentes y/o a dictarse en relación al
Proceso de Reorganización Nacional” (Punto 1), y entre las “BASES
LEGALES Y NORMATIVAS” (punto 2) la Directiva del Cte. Gral Ej No.
404/75 y el Plan del Ejército (Contribuyente al Plan de Seguridad Nacional),
estableciéndose asimismo (punto 3) la “CLASIFICACIÓN A CONSIDERAR
86
Y LOS PROCEDIMIENTOS A ADOPTAR CON RESPECTO A
PERSONAS DETENIDAS SEGÚN LOS CASOS” el inc. a) referido a
detenidos “por hechos subversivos”, b) como consecuencia de la aplicación
del Plan del Ejército y c) concomitantes con hechos subversivos; en el punto
1) (b) sobre “Procedimiento” en el No. (1) “Serán puestos a disposición del
PEN”, mientras que en el inc. c) referente a los “Concomitantes con hechos
subversivos” en el No. 1) se dice que comprende a “aquellas personas que
deban ser detenidas por considerarse que, con su actividad, afectan la
seguridad y/o tranquilidad públicas sin que se las pueda especificar
estrictamente como delincuentes subversivos” se consigna en el No.2) como
“Procedimiento” que (a) “Serán puestos a disposición del PEN”. Lo que
sucediera con Iris Pereyra de Avellaneda.

V.- EL COMANDO DE INSTITUTOS MILITARES.
CAMPO DE MAYO.
La existencia de una zona con funciones asignadas dentro del
plan comandada por Institutos Militares de Campo de Mayo, con su área
geográfica delimitada y dentro de la cual funcionaba un centro clandestino de
detención, no sólo se acreditó en esta causa, sino que existían constancias y
reglamentaciones anteriores.
Así surge de la causa 13 que la distribución espacial de la
ofensiva militar estaba a cargo, entre otros, del Comando de Institutos
Militares, con sede en Campo de Mayo. En la sentencia se tuvo por acreditado
que, para llevar adelante el plan criminal, las fuerzas armadas dispusieron de
centros clandestinos de detención, entre los cuales menciona a “Campo de
Mayo“. Que “Las personas secuestradas eran llevadas de inmediato a
lugares situados dentro de unidades militares o policiales o que dependían de
ellas, que estaban distribuidos en el territorio del país, y cuya existencia era
ocultada al conocimiento público”. “Los principales centros clandestinos de
detención se encontraban distribuidos en diversas zonas del país,
dependiendo de las Fuerzas Armadas y Organismos de Seguridad, y en la
forma que a continuación se detalla:... ...CAMPO DE MAYO Situados
dentro de la guarnición de Campo de Mayo se han constatado tres centros
Poder Judicial de la NaciónPoder Judicial de la NaciónPoder Judicial de la NaciónPoder Judicial de la Nación

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clandestinos de detención: El primero ubicado en la plaza de tiro, próximo
al campo de paracaidismo, conocido como “El Campito" o "Los tordos"; el
segundo, perteneciente a Inteligencia, ubicado en la ruta 8, frente a la
Escuela de Suboficiales "Sargento Cabral"; y el tercero: la prisión militar
de Campo de Mayo”(cap. XII).
En la Directiva del Comandante General del Ejército No.
404/75, cuyo propósito era la “Lucha contra la Subversión”, en el “Apartado 3
“Finalidad” enunciaba que: “...tiene por finalidad instrumentar el empleo de
las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, Fuerzas Policiales y otros
organismos puestos a disposición del Consejo de Defensa para la lucha contra
la subversión, de acuerdo por lo impuesto por los Decretos Nro. 2770, 2771 y
2772...”. En el punto 3 de “ORGANIZACIÓN”, apartado a) sobre “Elementos
Orgánicos” aparece Institutos Militares. En el punto 5 referente a “Ideas
Rectoras”, en el punto n) se refiere a la Brigada MAYO y en la letra a), a su
organización que era: - Cdo Br: a organizar por el Comando de Institutos
Militares y - FT IIMM: a organizar por el Comando de Institutos Militares
y el orden que debía tener.
En el Anexo 2 (Orden de Batalla del Ejército) aparece el
gráfico de organización, “RESERVA Cdo. Gral. Ej”, que “permanecerán a
órdenes de sus comandos naturales para la realización de operaciones contra
la subversión y se constituyen como reserva cuando lo ordene el
Cdo.Gral.Ej.” y se encuentra la denominada “Mayo”, organizada por el
Comando de Institutos Militares.
En el Apéndice 5 se halla la Jurisdicción Guarnición
“CAMPO DE MAYO”.
A ello se agrega, lo que resulta fundamental en la presente
causa, el Plan del Ejército (Contribuyente al Plan de Seguridad
Nacional)” del mes de febrero de 1976, en el que en el punto sobre
“Instrucciones de coordinación” se establecían en el inc. 1 las
“Jurisdicciones” y se determinaba que en el Gran Buenos Aires se asignaba
jurisdicción territorial al Comando de Institutos Militares “en los siguientes
partidos de la Provincia de Buenos Aires: San Martín-3 de Febrero-Vicente
López-San Isidro-San Fernando-Tigre-Gral. Sarmiento, la que regirá a partir
88
de la hora H-2 del día D”, es decir el día del golpe militar.
Asimismo, en el “ANEXO 10 (JURISDICCIONES) al
PLAN DEL EJÉRCITO (Contribuyente al Plan de Seguridad Nacional), se
consigna la “FINALIDAD”, que es ratificar las jurisdicciones para el ámbito
nacional y las correspondientes a Capital y Gran Buenos Aires, “con la
finalidad de coordinar y satisfacer las exigencias de las operaciones que
ejecutarán las FF AA” y en el punto b. “Jurisdicción Capital Federal y Gran
Buenos Aires” inc. 3) a) se consigna “Comando Institutos Militares. Se le
asigna como jurisdicción la determinada por los siguientes partidos de la
provincia de BUENOS AIRES: TIGRE – SAN FERNANDO - SAN
ISIDRO – VICENTE LÓPEZ – SAN MARTÍN - 3 DE FEBRERO -
GENERAL SARMIENTO”.
Esto descarta las versiones dadas por los procesados respecto
a la inexistencia del área designada como zona IV y el argumento de la
Defensa acerca de la inexistencia de funciones asignadas al Comando de
Institutos Militares de Campo de Mayo hasta la creación de la zona IV en
mayo de 1976, es decir posterior a la fecha de los hechos.
En el legajo No. 7170 de la CONADEP, Néstor Roberto
Cendón declara explicando la conformación de los Grupos de Tareas (GT), la
reunión de información y la división del GT 2 en tres equipos, siendo el
equipo 3 un grupo de tareas en sentido operacional y estaba subdividido en
Columna Capital, Columna Oeste, Columna Norte y Columna Sur, que
correspondían a las denominaciones adoptadas por la organización
Montoneros. La información de la columna Norte era girada al Comando de
Institutos Militares de Campo de Mayo, el que debía informar sobre el
resultado de los procedimientos al GT2. Este GT tenía dos delegados en
Campo de Mayo.

VI.- LOS HECHOS
En la causa 13, al analizarse los casos 102 y 103 se afirmó
que:
“Está probado que Floreal Edgardo Avellaneda fue privado
Poder Judicial de la NaciónPoder Judicial de la NaciónPoder Judicial de la NaciónPoder Judicial de la Nación

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de su libertad el 15 de abril de 1976 en su domicilio de Sargento Cabral
2385 de Vte. López, por un grupo armado que dependía operacionalmente
del Ejército Argentino”.
“Está probado que Floreal Edgardo Avellaneda fue
secuestrado por fuerzas que dependían operacionalmente del Ejército
Argentino”.
“Está probado que Iris Etelvina Pereyra de Avellaneda fue
privada de su libertad el 15-4-76 en su domicilio de la calle Sargento
Cabral 2385 de Vte. López por un grupo armado que dependía
operacionalmente del Ejército Argentino”
“También está probado que le fueron sustraídos de su
domicilio efectos personales”
“Está probado que Iris Etelvina Pereyra de Avellaneda fue
secuestrada y mantenida clandestinamente en cautiverio por fuerzas que
dependían operacionalmente del Ejército Argentino”.
“Está acreditado que en ocasión de su cautiverio fue
sometida a algún mecanismo de tortura”.
“Durante ese tiempo o parte de él se le impusieron
condiciones infrahumanas de vida y alojamiento”
“Está probado que fue puesta a disposición del PEN el 23-
4-76 y recuperó su libertad el 30-6-78”
Todo ello se reafirmó mediante la prueba recibida en la
audiencia y se probó, además, que en la madrugada del 15 de abril de 1976,
siendo aproximadamente la 1,30 o 2 horas de la madrugada se hizo presente
en el domicilio de la Calle Sargento Cabral 2385 del Partido de Vicente
López, un grupo de más de 6 personas, conformado por militares
pertenecientes a la Escuela de Infantería del Comando de Institutos Militares
y policía perteneciente a la Comisaría de Villa Martelli, golpeando
violentamente la puerta de entrada y preguntando por Floreal Avellaneda
padre, quienes luego de producir disparos en la cerradura de la puerta
ingresaron, todos portando armas, a la vivienda en la que residían tres
familias, una era la del nombrado, su esposa Iris Etelvina Pereyra de
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Avellaneda y su hijo Floreal Edgardo; la otra compuesta por Azucena
Avellaneda, su esposo Pedro J. López, la hija de ambos Alba Margarita y una
sobrina y la tercer vivienda era ocupada por Arsinoe Avellaneda. Que ésta
última le avisa a su hermano Floreal que venían a buscarlo “los de las tres A”,
por lo cual éste huye de la casa saltando a la casa de al lado y continuando por
los techos. Los ponen a todos contra la pared, se apropian de dinero, una
escopeta, una filmadora y un grabador; luego encapuchan y sacan de la casa al
menor Floreal y a Iris Pereyra, a quien le vendan los ojos y es introducida en
un coche y conducida primero a la comisaría de Villa Martelli, la que
dependía operacionalmente de la Escuela de Infantería del Comando de
Institutos Militares de Campo de Mayo, donde fue sometida a torturas
mediante el empleo de picana eléctrica, oyendo que también torturaban a su
hijo. De allí fue llevada a Campo de Mayo, donde le asignan un número y le
sustraen el anillo, siendo llevada al centro clandestino de detención ubicado
en la Plaza de tiro, denominado “El Campito” o “Los Tordos”, donde también
fue torturada con picana eléctrica y sometida a un simulacro de fusilamiento,
además de serle proporcionadas condiciones inhumanas de alojamiento,
permaneciendo hasta el 30 de abril, fecha en la que es trasladada desde
Campo de Mayo hasta la Unidad penitenciaria de Olmos, adonde se la
condujo detenida a disposición del Poder Ejecutivo Nacional.
Asimismo, que Floreal Edgardo Avellaneda también fue
llevado primero a la mencionada comisaría y sometido a torturas y luego al
mismo centro clandestino de detención de Campo de Mayo, donde también
fue torturado, produciéndole la muerte, siendo arrojado al río y apareciendo
su cadáver en la costa uruguaya el 14 de mayo de 1976.
En la audiencia Iris Pereyra de Avellaneda expuso que eran
las dos de la mañana, cuando oye que dicen “abrí o tiramos la puerta abajo”,
apareciendo individuos que tenían pelucas, bigotes y uno a cara descubierta al
que llamaban “Rolo”. En la calle les vendan los ojos y les ponen la capucha.
Relató que desde que salió de su domicilio estuvo vendada, la vendan cuando
la sacan a la calle y la suben al coche y que le robaron un grabador, una
filmadora, dinero y una escopeta.
Manifestó que en la Comisaría de Villa Martelli primero la
Poder Judicial de la NaciónPoder Judicial de la NaciónPoder Judicial de la NaciónPoder Judicial de la Nación

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torturan con picana eléctrica, hasta en los genitales, ella gritaba y le colocaban
una almohada y la radio alta. Que, mientras lo torturaban en otra habitación,
el hijo le decía “decí que papi se escapó”.
Afirmó que en Campo de Mayo, además de torturarla, le
hicieron un simulacro de fusilamiento. Que finalmente la trasladaron con
Silvia Ingenieros y cuando baja del celular en Olmos le sacan la capucha y la
venda, tenía conjuntivitis y había un papel que la acusaba de ser comunista
montonera. Expuso que tuvo otro hijo y no le pudo dar el pecho porque tenía
quemadas las glándulas mamarias por la tortura.
Por su parte Floreal Avellaneda dijo que oye ruidos y golpes,
entonces la hermana le dice “andate, son los de las tres A”, oye disparos,
estaban con ropa de fajina del Ejército y otros con la cara tapada. Trata de
saltar por una ventana con el hijo, pero le dispararon y le dijo al hijo que se
quedara adentro, saltó a la casa de al lado y siguió por los techos. Dijo que
afuera había bastante gente, un grupo como de 14 o 15 personas, algunos sin
uniforme, no se les veía las caras y había varios uniformados, era gente
armada con armas largas y había vehículos particulares Falcon y Citroen.
Que, antes de entrar, dispararon contra la cerradura y que le robaron una
escopeta de caza, tres mil y pico de pesos, un proyector y una cámara de fotos.
Relató que se enteraron por “Crónica” de la aparición de un
cadáver el 14 de mayo de 1976, que era el día que su hijo cumplía 16 años, el
cadáver tenía una tatuaje de un corazón con las letras F y A, pero dijeron que
tenía 30 o 35 años y lo identificaron por las huellas dactilares, de lo que se
enteró después de varios meses.
Arsinoe Avellaneda sostuvo que era de madrugada,
aproximadamente la 1,30 hs., cuando oye ruido de coches, movimientos en la
calle, mira por la ventana y ve cuatro o cinco coches grandes y personas con
los rostros cubiertos con medias, otros con pelucas, le dicen que abra la
puerta, ella pregunta quienes son y le preguntan si ahí vivía Avellaneda de la
fábrica Tensa. Golpean la puerta y la balean, pasan y van al fondo. El
hermano se había asomado por la ventana y le grita que se fuera que lo
vinieron a buscar y que dispararon hacia arriba cuando su hermano se escapa.
Que la ponen contra la pared y como su sobrina estaba descalza, una persona
92
la acompañó al dormitorio y ve el rostro de esta persona, describiéndolo como
de tez mate, con entradas en el cabello, nariz grande, edad media que no
puede determinar pero que no era un chiquilín, estaba vestido de particular y
una vez lo vio en una rueda. Los otros estaban de civil, vaquero, campera,
ropa de fajina, borceguíes. Dijo que en un momento alguien pregunta qué
estaba pasando y le contestan “nada Rolo”. Ve que les ponen la capucha, que
sacan al sobrino y le preguntan si su hermano se había escapado. Cuando se
van, como habían desconectado el teléfono, ella lo conecta y llama a la
Comisaría de Munro. Viene policía uniformada de Munro, van a la Comisaría
donde le dicen que ellos no intervinieron, que era el Ejército y que podía ser
que estuvieran en Villa Martelli, donde la atiende el Comisario Ferreño y le
dice que allí no había nadie.
Que también fueron a Campo de Mayo, a la Escuela de
Infantería y no les informan nada. Asimismo fueron a la Comisaría de Olivos,
allí culparon al Ejército, “nosotros no tenemos nada que ver” le expresaron y
le dicen que fueran al COT de la zona que funcionaba en la Municipalidad de
Vicente López, donde le dijeron que no sabían nada y que quien la atendió, el
Coronel González, le dijo que allí no había nadie y que él no confiaba ni en su
propio hijo.
Que van al Juzgado de San Martín y presentan un hábeas
corpus y también van al Primer Cuerpo. Agregó que a su cuñada la visita a los
veinte días en Olmos y que un mes después ven en el diario la aparición de un
cadáver con un tatuaje.
Azucena Avellaneda expuso que sintió disparos, que vio a un
hombre joven que tenía el rostro descubierto, a quien luego vio en Villa
Martelli y estaba igual. Calcula que eran diez u once personas y lo calcula por
las voces porque no los vio. Que entraron dos o tres, pero no vio a nadie,
salvo el que la llevó a la pieza para que su hija se pusiera unas chinelas, tenía
jean y remera. A la mañana van primero a Munro y después a Villa Martelli y
el Comisario les dijo que allí no había nadie y luego van a la Municipalidad.
Que fue una vez a Campo de Mayo; finalmente su cuñada apareció en Olmos
afirmando que “estaba a la miseria”. Agregó que les robaron anillo o joya y
dinero.
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Pedro Joaquín López, cuya declaración de fs. 177/8 de la
causa 28976, prestada en abril de 1984, fue incorporada por lectura atento su
fallecimiento, declaró que vivía en el segundo departamento con su esposa
Azucena Avellaneda, su hija Alba López y su sobrina Lidia López. Que a la
una o dos de la madrugada del 15 de abril de 1976 sintió varios disparos de
armas de fuego, alertó a su familia y les dijo que no salieran. Después de unos
minutos sintió ruidos en la terraza y por la escalera bajaron varias personas,
uno de ellos tenía uniforme de la policía, los otros estaban de civil, todos
portaban armas largas y escopetas Itaka. Tres de ellos entraron a su
dormitorio, lo sacaron afuera, lo pusieron contra la pared con las manos en
alto y los otros ingresaron a su casa y desalojaron a toda la familia, poniendo
a todos contra la pared. Otras dos personas golpearon la puerta del lado de
afuera y abrió la puerta, uno estaba de civil y el otro vestido con ropa de
fajina militar, con una boina verde con un escudo o algo parecido, era joven y
el de uniforme policial también. El que entró con el militar era de lentes, de
unos 45 años. El militar y el civil de lentes lo sacan fuera de la casa a la
puerta de calle y ve que en la vereda estaban Iris y su hijo encapuchados,
custodiándolos el personal de civil, entonces lo llevan a la vuelta de la casa y
le dijeron que golpeara la puerta de un vecino y se hiciera a un lado, como no
salió nadie lo llevaron a su casa, pero Iris y el hijo ya no se encontraban. El
militar le pidió documentos, por lo que van al dormitorio y él le muestra la
cédula y un carnet de la Comisión de Energía Atómica donde trabajaba;
después el militar lo llama al pasillo donde se encontraba con otras personas y
le preguntó si se hacía cargo de su familia, en ese momento las personas de
civil y pelo largo estaban sacando a su familia a la calle. Ese día a la mañana
la esposa y la cuñada fueron a Munro para hacer la denuncia. También en la
puerta de acceso al departamento de Arsinoe había disparos sobre la cerradura
de la puerta, adentro estaba todo revuelto, había signos de disparos contra la
pared y contra la mesa y la cuñada informó que a Iris le habían sustraído
algunos efectos y dinero.
Alba Margarita López, cuya declaración también fue
incorporada por su lectura por acuerdo de partes, ya que no pudo concurrir a
la audiencia, había declarado a fs. 185/6 de la causa 28976 en abril de 1984,
manifestando que era sobrina política de Iris y prima hermana de Floreal, que
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vivía en el segundo departamento con sus padres y una prima. Que eran tres
departamentos, en el de adelante vivía Arsinoe y en el tercero Iris. Que el 15
de abril de 1976, entre la una y la dos de la madrugada, se despierta por el
ruido de disparos de armas, va hasta la puerta de su habitación y escucha la
voz de Arsinoe que salía gritando al patio que venían buscando a Floreal
Avellaneda integrantes de las tres A. Su padre le gritaba que no salieran de la
casa. Ella observó que personas, la mayoría de civil con pelucas y portando
armas tipo Itaka, bajaban de la terraza por la escalera que lleva al patio, sacan
a su padre y al resto de la familia y los ponen contra la pared, pudiendo ver
unos segundos a su tío Floreal en el paredón lindante a los fondos y todos les
peguntaban donde estaba su tío Floreal, hicieron que su padre abriera la
puerta de entrada y entra más gente, uno vestido con ropa de fajina con una
boina con un escudo y todos con armas enfundadas. Que vio a su primo
Floreal discutiendo con unas personas que estaban tratando de sacarlo de la
casa maltratándolo. Que su madre y su tía fueron a la Comisaría y les dijeron
que no sabían nada, pero un policía que estaba en la garita les dijo que podían
haber sido efectivos de Villa Martelli.
Francisco Illuzi afirmó que era vecino, vivía a una cuadra en
la misma manzana, en la madrugada golpean su puerta, dicen que son policías
y que buscaban terroristas, entraron, revisaron todas las habitaciones, la
terraza y se retiraron. Eran seis o siete vestidos de civil que estaban armados y
al otro día se enteró de las detenciones de la señora de Avellaneda y el hijo.
Por haber fallecido también fue incorporada por lectura la
declaración de Mario Vicente Niemal prestada a fs.141/2 de la causa 28976
en marzo de 1984, donde declaró que Iris era vecina, vivía a una cuadra y
media. Que tomó conocimiento en 1976 de la detención por un vecino. Que
en su casa estuvieron policías pasadas las 4 de la mañana eran cuatro
personas, tres de civil y uno con uniforme de policía, éste tenía un arma y
entró a su dormitorio, los otros tres subieron por las escaleras a la terraza
portando ametralladoras y no los vio más. Expuso que, alrededor de la una,
había sido despertado por el disparo de un arma, al que siguieron entre seis y
ocho disparos más, pareciéndole que eran con ametralladora y varios días
después vio en la cerradura de la casa de Avellaneda rastros de disparos que
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formaban un círculo en torno a la cerradura y por los agujeros piensa que por
el calibre podrían ser de ametralladora.
En la causa 28976, se encuentra a fs. 1 el acta labrada por la
comisaría Cria. Vte. López Tercera, del 15 de abril de 1976 con la denuncia
de los hechos. A fs.3 se encuentra el acta de constatación de la misma fecha
en el domicilio, que consigna que alrededor de la cerradura había 7 disparos
de grueso calibre y a fs. 4 el plano de la vivienda.
En la causa 1640 del Tribunal de Menores de San Isidro,
seguida por privación de la libertad de Floreal E. Avellaneda, se asienta fs.10
vta. que el 23 de abril el Juez ordena a la policía de Tigre, San Martín, y Zona
Norte que informen si está detenido, con resultado negativo. A fs. 17 el 13 de
mayo declara Arsinoe Avellaneda que le dijeron por teléfono que su hermana
había sido trasladada a Olmos y que la visitó y le dijo que el 15 de abril ella y
su hijo estuvieron en la Comisaría de Villa Martelli y luego fueron
trasladados, que el mismo día habían sido careados preguntándoles por su
hermano Floreal. Que hacía unos días una sobrina recibió un llamado
anónimo que le advertía que no buscaran más al menor que no iba a aparecer
jamás y que era mejor que se quedaran tranquilos en beneficio de la familia.
En la causa 28479 a fs. 29 hay un informe de la Unidad
Regional San Martín en el que se asienta que, en la madrugada del 15 de abril
de 1976, personal de Comisaría Vicente López 3a fue al lugar y tomó
conocimiento que personas no identificadas los detuvieron.

VI. 1.- LA COMISARÍA DE VILLA MARTELLI.
Se acreditó que esta dependencia policial estaba bajo
comando operacional del Comando de Institutos Militares de Campo de
Mayo, Escuela de Infantería, circunstancia que estaba prevista en la Directiva
404/75, la que en el punto 12 sobre “Medidas de Coordinación”, en relación a
las Policías Provinciales, en el punto f. 1) determinaba en el inc. a) que las
policías que se encuentren emplazados en la jurisdicción de una Zona de
Defensa, a los efectos de la lucha contra la subversión quedan bajo control
operacional del respectivo Comandante; en el inc.c) (1) que la autoridad
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militar con el asesoramiento policial, formulará los requerimientos de los
medios necesarios para la ejecución de cada operación, los que deberán ser
satisfechos con carácter prioritario por la autoridad policial pertinente; en el
(3) que los medios policiales afectados a una operación, permanecerán bajo
control directo de la autoridad militar durante el tiempo que demande el
cumplimiento de la misión y en el (4) que durante el desarrollo de sus
misiones específicas ejecutarán aquellas acciones contra la subversión, que
según la situación local, determine la autoridad militar.
Iris Avellaneda expuso que cuando llegan, luego de ser
sustraída de su casa, subió una escalera, primero estuvo en un baño, estaba
vendada y encapuchada, no podía ver nada. Oía que atendían el teléfono y
decían “Comisaría de Villa Martelli buenas noches”.
En la diligencia que consta a fs. 146 de la causa 28976,
llevada a cabo el 7 de marzo de 1984, cuya firma reconociera, la víctima
concurre a la Comisaría de Villa Martelli a fin de llevar a cabo una inspección
ocular. Allí manifiesta que “tras ingresar a un recinto con sus ojos vendados,
fue conducida hasta una escalera por un pasillo o corredor. A esa escalera
que estaba a la derecha de su marcha llegó rápidamente, delante de su hijo
que la seguía, y la misma podría tratarse de la que aquí ve”, dejándose
constancia de la existencia de una escalera cuyo comienzo se encuentra a unos
3,20 mts. de la puerta de acceso a la seccional, a la que se llega por un pasillo
flanqueado por oficinas. Se asciende por la escalera y al llegar al descanso la
Sra. de Avellaneda continúa el ascenso por una bifurcación hacia la izquierda,
al cabo de la cual se llega a la entrada de un recinto en el cual funciona un
Casino; a la izquierda hay dos ventanales que miran hacia un techo de chapa,
al fondo un toilette y los accesos a dos habitaciones. En cuanto al toilette
“manifiesta que podría haber estado atada al caño de desagüe del lavatorio”.
Asimismo se consigna la existencia de otro toilette con un caño idéntico al del
anterior y a su izquierda una dependencia utilizada como consultorio médico,
que posee una ventana manifestando la Sra. de Avellaneda “haber sido
sacada por una abertura similar y depositada sobre el techo de un
automóvil”. Finalmente el Juez le pregunta si ha reconocido el lugar, a lo que
responde afirmativamente, acotando que “lo que es medio dudoso es el piso,
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porque el del casino es de flexi-plast y ella entendía que el piso era de
madera”, aclarando que tenía los ojos vendados y que por el ruido de sus
zapatos con taco al caminar suponía que era de madera, pero agrega que tal
ruido no difiere del provocado por el transitar con igual calzado sobre el piso
cubierto con flexi-plast. Asimismo, luego de describir las torturas a que fue
sometida, agregó que finalmente fue tomada de ambos brazos, sacada por una
ventana y colocada sobre el techo de un automotor, luego dentro del mismo y
partieron, viajando por espacio de más o menos una hora.
La utilización de esta dependencia policial fue confirmada
por Cristina Beatriz Arévalo, quien declaró que fue secuestrada el 25 de
noviembre de 1975, que policías de civil la secuestraron en la calle, que
estuvo en la comisaría de Villa Martelli cuatro días y de ahí fue a la Brigada
de mujeres de San Martín y, finalmente, la trasladan a la cárcel de Olmos. Que
le preguntaban por su vinculación con elementos subversivos, que en Villa
Martelli había un gran patio, en el primer piso distintas habitaciones y que
ella estuvo en una, que aparentemente era donde se cambiaba el personal.
Había otra habitación, un baño y otra habitación grande con mesa grande.
Estuvo esposada a un elástico y en la otra habitación estaba el novio. A la
madrugada vio alguien encapuchado, era su madre y después se enteró que
estuvieron los padres, que de allí la llevaron a San Martín y que estuvo en
Olmos hasta mitad de octubre de 1976, siendo trasladada a Devoto.
Claudia Bellingeri, Perito del archivo de la Dirección de
Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires, afirmó que había acción
combinada entre comisarías y áreas con las tareas operativas desde 1975,
instrucciones para operar información a las áreas, a las direcciones de cada
una de las instancias. Que la Comisaría de Villa Martelli y la Dirección de
Seguridad particularmente reportaban al COT, además de la vía
administrativa y jerárquica común y que había grupos operativos que llevaban
adelante las acciones.
Por su parte Aneto, en la declaración prestada en la audiencia,
expuso que el 24 de marzo de 1976 estaba de servicio y a la madrugada llegan
militares, el Coronel Svencioni quien dijo que a partir de ese momento
estaban subordinados, que había habido un golpe de estado, llamó al
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Comisario y éste les dijo que la Comisaría estaba a disposición de los
militares.
Asimismo los testigos ofrecidos por la Defensa, integrantes
del plantel de la dependencia, lo corroboraron.
Así, quien fuera segundo jefe de la dependencia, Carlos
Echeverría dijo que estuvo en 1976 cuando el golpe de estado, que el 24 de
marzo llegaron a la mañana las fuerzas armadas, custodiaban la entrada de la
comisaría, había soldados a la entrada, también en la parte superior, lo
acompañan al despacho del comisario, con el que estaba un oficial y le dicen
que a partir de ahora el ejército se hacía cargo de la dependencia y que ellos
continuaron sus tareas en la parte judicial y administrativa. Expuso que los
militares realizaban operaciones, tomaron como asiento las instalaciones de la
dependencia, no sabe que clase de operaciones hacían, que las tareas todos las
supieron después “se había planteado una lucha con los opositores y los del
golpe”. Que era permanente que fueran y vinieran, conversaban entre ellos,
estaban uniformados y de civil, iban en vehículos particulares, siempre
estaban en la comisaría, era un asiento militar, estaban en toda la comisaría,
generalmente arriba donde había un comedor, cocina y baño, ahí estaban
bastante y también usaban el despacho del comisario. Los militares hacían
procedimientos en la calle y en casas, avisaban que iban a operar en tal zona y
esos procedimientos no figuraban en los libros de la comisaría. Que en Gaspar
Campos continuó la gente del ejército que estaba en Villa Martelli. Dijo que
los militares estuvieron bastante tiempo en la comisaría, meses y que después
él se fue.
Expresó que cuando sonaba el teléfono en la dependencia se
contestaba “Comisaría de Villa Martelli, fulano de tal atiende”. Agregó que
con el tiempo tuvieron conocimiento de la denuncia acerca de que había sido
detenido un chico y podría haber pasado por la comisaría y se preguntaban
entre ellos. Recuerda que el nombre era Floreal, que empezó a llegar gente a
la Comisaría y preguntaba y había recursos de habeas corpus por ese hecho,
que estuvieron familiares de Avellaneda, y con el tiempo tomaron
conocimiento de ese crimen horrible, ya que se enteró después que había
desaparecido y aparecido muerto en otro lugar.
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El testigo Juan Carlos Miguel, que pertenecía a la
dependencia en abril de 1976, expuso que el ejército estaba en el casino de
oficiales y que ellos no tenían acceso a la parte superior, que estaban todo el
día. Supo que hacían patrullas para controlar la zona y que los policías salían
con el ejército a patrullar, pero no sabía que la policía hubiera participado en
procedimientos con el ejército, agregando que el ejército permaneció en la
Comisaría. Que tenía que cumplir órdenes de los militares o del comisario y
que no se asentaban los operativos militares en el libro de guardia. Manifestó
que el casino estaba en la planta alta, había baños, con bachas; que en el
casino había guardarropa, cocina, mesa, sillas y dos camas superpuestas y que
el material de las camas del casino era de hierro.
Por su parte Ernesto Lupíz Rodríguez expuso que se presentó
cuatro o cinco días después del golpe y el comisario le dijo que la comisaría
estaba intervenida por el Tte. Coronel Svencioni, a quien vio una vez, era muy
alto y pertenecía a Infantería de Campo de Mayo. Que él cumplía horario
nocturno y no habló con los militares. Que hacían operativos de
interceptación de vehículos, pero no les avisaban de los operativos y que él no
participó en operativos conjuntos, manifestando no saber si se pidió personal
policial para algún procedimiento militar; que los militares usaban una
camioneta que ellos llamaban “guerrillera”, que sólo se pedía área libre
cuando había que salir de la jurisdicción y que había un asiento militar en
Gaspar Campos. Afirmó que hubo intervención militar de la dependencia y
que una vez tuvo un altercado con un suboficial; que el que estaba a cargo de
la dependencia era un teniente coronel y se entrevistaban con el jefe de turno.
Respecto de la llamada “área libre” expuso que el jefe de la dependencia por
cualquier circunstancia, si el personal tenía que movilizarse para esclarecer un
hecho, llamaba a la Unidad Regional y ésta pedía autorización a Campo de
Mayo, que era quien autorizaba, y que los militares que iban a la
dependencia venían de Campo de Mayo.
Dijo que en la Comisaría de Villa Martelli había una escalera
con un descanso y en el primer piso a la izquierda un pasillo que tenía a la
izquierda el casino de oficiales, dormitorio de oficiales, había una cama de
madera, bañito y cocina y también un casino de suboficiales. Que cuando
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atendían el teléfono decían “Buenas noches, Vicente López 4a. Villa Martelli.
Alcibíades Gómez dijo que trabajaba en la Comisaría de Villa
Martelli, que era suboficial y que cuando el golpe de estado estaban
acuartelados a disposición de las fuerzas armadas, que estaban los militares,
doce o catorce hombres, permanentemente en la comisaría. Cubrían los
puestos de imaginaria, en el techo y salían solos sin personal policial. Tenían
el primer piso, el casino de oficiales, donde ellos no podían entrar. Que a
veces los militares hacían operativos y les daban la dirección para que se
abstuvieran de actuar. Manifestó que hablaban con el comisario Ferreño y que
estaban vestidos con ropas militares.
El entonces Jefe de calle Héctor O. Landriel declaró que en
1976 el personal militar tomó la comisaría, que cuando el golpe llegan en un
camión y bajan ametralladoras; que desde ese momento la comisaría estaba
tomada y que estaban bajo sus órdenes. El comisario era el que recibía las
órdenes y las repartía, o el subcomisario o el jefe de turno; que los militares
tenían un área restringida en la dependencia. Expuso que había un capitán y
unas diez personas; que no documentaban nada en la comisaría; que el
personal militar estaba de uniforme y de civil. Les informaban el área que no
podían tocar. Que las personas detenidas podían pasar por la comisaría, pero
no era lo normal y no los alojaban con los presos comunes. Que después los
militares se trasladaron a Vicente López. Manifestó que la comisaría era
pequeña, arriba había un altillo para estar y comer y cuando llegan los
militares usaron ese lugar. Que su superior era el comisario y arriba de ellos
estaba la Unidad Regional.
Oscar H. Castellanos, integrante del servicio de calle en
1976, expuso que vino personal militar y se hicieron cargo de la comisaría.
Que estaban todo el día y tenían un camión a su disposición, que estaban
permanentemente en la guardia. Que no había contacto con los militares y que
nunca salieron con ellos. Dijo que no sabía si le dieron órdenes al comisario;
que hacían todo ellos “no querían que nosotros hiciéramos nada”, “estábamos
en un rincón”, “venían en el camión, iban arriba y hacían y deshacían”.
Agustín E. Rocha afirmó que había personal militar en todas
las comisarías, entraban y salían, estaban arriba en el área restringida,
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uniformados y de civil, no sabe qué hacían, que él no tuvo contacto y que
había un móvil del ejército.
Mario Ferrari dijo que cuando el golpe llegaron los militares,
que estaban acuartelados por completo, no tenían horario, custodiaban
empresas y dormían donde podían. Que los militares se hicieron cargo de una
parte de la dependencia, estaban todo el día en la parte alta, “en la parte
nuestra estaban ellos” dijo, no se podía entrar. Que había un montón de
militares, todos los días, no les pedían ningún tipo de colaboración y no
podían hablar con ellos, estaban subordinados; entraban y salían
continuamente a toda hora, recorrían la calle, no sabe si detenían gente y no
vio detenidos en el área restringida. Que había un general que vino una vez a
la comisaría, era petisito.
Rodolfo Wanuffelen declaró que en 1976 personas que
estaban en la subversión eran llevadas por el ejército. Que en la Comisaría de
Villa Martelli había muchos del ejército, que hicieron una zona restringida en
el casino de oficiales donde no pasaba nadie, estaban con ropa de combate, y
utilizaban jeep y camioneta. Que supo que había un coronel y trataban con el
oficial de servicio o con el comisario. Salían solos a hacer procedimientos, a
los que detenían los ponían en los calabozos, los traían con la cara cubierta,
encapuchados, y los retiraban en camionetas.
Pánfilo Leiva expuso que a los pocos días del golpe hubo una
especie de toma de la Comisaría por el ejército y estaban bajo sus órdenes, les
indicaban lo que tenían que hacer. Así a los pocos días del golpe vino un
grupito de militares, doce o catorce, venían con sus vehículos, como en un
colectivo abierto, entraban a la oficina del jefe y hablaban con los jefes. El
jefe era un teniente coronel, venía en ropa de fajina y llegaban en móviles
militares. Manifestó que él no actuaba con ellos, “era un grupo de represión”;
los militares le daban órdenes al jefe y éste a ellos y que los militares iban a
Gaspar Campos donde tenían un comando.
David A. Dorsch dijo que después del golpe se modificó la
manera de trabajar en la Comisaría, ya que estaban más estrictos. Los
militares venían con el camión y hablaban con el jefe. Iban en jeep o
camioneta y que participaban como apoyo a la interceptación de vehículos.
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Alberto B. Cabaña expuso que hubo interventores militares,
que estaban arriba en el casino, estaban de uniforme, que no los vio de civil,
eran militares de ejército. Afirmó que de Campo de Mayo llamaban a la
Unidad Regional y de ésta a la comisaría, que avisaban que en su jurisdicción
iba a haber una recorrida militar para que no los interceptaran. Que Arévalo
era el que pasaba las áreas libres y que falleció en un accidente, supone que
estaba a cargo de la zona de Vicente López y que el teniente coronel
Svencioni era de Infantería.
Alberto Jorge Guzmán a fs.310 había declarado que los
militares que concurrían a la comisaría eran de Campo de Mayo, de Infantería.
Carlos Guillermo Quirez expuso que cuando el 24 de marzo
de 1976 fue a la comisaría ya estaba el personal militar y le comunicaron que
estaba supeditado a ese personal militar. Que el personal militar entraba y
salía, a veces estaban uniformados; que participó en procedimientos con
personal militar, en función de apoyo, por ejemplo cortar el tráfico en una
esquina y el personal militar interceptaba los autos e interrogaban.
José Ismael Debaisi dijo que raras veces él colaboró con las
fuerzas armadas, por ejemplo en parar coches, solicitando identificación de
los ocupantes, que el procedimiento lo hacía personal militar. Que los
militares a veces iban de uniforme y otras veces de civil, que andaban por
toda la comisaría, iban y venían.
Epifanio Ayala declaró que en la Comisaría de Villa Martelli
había militares, que hacían recorridas por la zona, recorrían y visitaban
fábricas “para ver como se portaba la gente”; que hablaban con el oficial de
servicio que se encontraba en la guardia y venían en camión del ejército.
Héctor Marcelino Luna quien declarara a fs. 308/9 de la
causa 28976, manifestó que entre el 14 y el 18 de abril de 1976 trabajaba en la
Comisaría de Villa Martelli como Cabo, donde se desempeñaba desde 1974 y
era chofer. Que intervino con personal militar en recorridas porque no
conocían la zona, le decían que les indicara el parámetro de la jurisdicción, las
calles y las fábricas más importantes. Que el personal militar iba en vehículos
unimog, con soldados uniformados y ametralladoras de pie y él iba en auto
policial con el suboficial de mayor jerarquía y otro agente. A él lo dirigía el
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suboficial de mayor jerarquía, que le indicaba los lugares donde debía ir y el
móvil militar iba atrás. Que les daban órdenes y le decían cómo debían estar
apostados. Que el personal militar hablaba con el comisario o quien estuviera
a cargo, el subcomisario o el oficial de servicio.
Respecto de la relación de las dependencias policiales con el
Comando de Institutos Militares, Walter Polidori expuso que en abril de 1976
era Comisario de Vicente López 3a Munro. Dijo que conocía a Riveros porque
era el jefe de Campo de Mayo y los comisarios iban a recibir órdenes a
Campo de Mayo. Que el interventor militar de la comisaría de Munro era
Calatayud, quien era de Infantería de Campo de Mayo, que era el área que
correspondía y el segundo jefe estaba en Gaspar Campos. Que estaban
subordinados a la autoridad militar, tenían efectivos en la comisaría; que
siempre había militares y tenían una parte donde no se podía entrar, era en el
primer piso subiendo a la derecha. Tenían que informar al COT, no al
juzgado. Que los militares que estaban dentro de la comisaría eran de Campo
de Mayo. Cuando intervinieron se hicieron cargo de la comisaría los militares
y ellos tenían que mandar notas a Gaspar Campos. Las actuaciones se
mandaban al COT, “más que intervenir y mandar los papeles al COT no
podíamos hacer otra cosa”. Agregó que discutían todos los días por el mando
de la comisaría, daban órdenes para coordinar y que ellos dependían de la
Regional San Martín.
Horacio Cella, quien fuera jefe de la Unidad Regional San
Martín, de la que dependía, entre otras, la Comisaría Villa Martelli, afirmó
que las Comisarías situadas en San Martín, Vicente López y San Isidro,
dependían de Campo de Mayo, que después del golpe toda la jurisdicción
dependía del Comando de Institutos Militares. Que los procedimientos de
carácter militar eran dispuestos por la autoridad militar. Que Vicente López
dependía de la Escuela de Infantería y que creía que San Isidro dependía de la
Escuela de Comunicaciones. Que no supo que la policía participara en las
operaciones de los militares, pero que ello puede haber ocurrido sin su
conocimiento. Que luego del golpe de estado era mucho el movimiento, los
militares iban de uniforme o de civil, entonces avisaban si iban a la
jurisdicción de una comisaría para que no hubiera interferencias. Que como
104
las Comisarías dependían de las Fuerzas Armadas puede haber ocurrido que
hubieran utilizado una Comisaría, pero que de ello no tiene conocimiento.
Recordó que Calatayud estaba en la Comisaría de Munro, que
esa era su área y que en la Comisaría de Villa Martelli también hubo militares.
Que los militares tenían una casa en Gaspar Campos y también tenían gente
en la Intendencia Municipal de Olivos. Que no tuvo conocimiento del caso
Avellaneda, sólo se enteró que una noche fueron a buscar a una persona que
no estaba, que se había ido y que solicitaron el envío de patrulleros para que
recorrieran la zona y más adelante se enteró de la aparición de un cuerpo en
Uruguay y entonces “fue atando cabos”.
José Luis García, quien fuera perito militar en el juicio a las
juntas, afirmó que la policía provincial tenía participación activa, estaba bajo
control operacional de los comandantes de zona y de los jefes de área,
operaban bajo las órdenes de éstos, para tener el comando total de las zonas.
Había zonas, subzonas y áreas. Había zonas liberadas debido a que antes
había sucedido que a veces había enfrentamientos porque concurrían con la
misma información distintas fuerzas, por eso la centralización. Que Vicente
López era el área 450 y dependía de la Escuela de Infantería.
La prueba se completa con la nómina del personal que
prestaba funciones en la Escuela de infantería de Campo de Mayo durante
1976, agregada a fs. 519 de la causa 28976, en la que aparece con el No.5 el
Teniente Coronel José Faustino Svencionis, es decir quien fuera sindicado
como el militar que intervino la dependencia. También en la misma nómina
aparece con el No. 2 Arévalo y con el No. 3 Jorge Felipe Calatayud.
Toda esta prueba deja sin sustento el planteo de la Defensa de
Aneto acerca de que no fuera la Comisaría de Villa Martelli, sino la de Munro
la que interviniera en el hecho, como también la de la Defensa Oficial acerca
de que no estaba probado que personal del Comando de Institutos Militares
hubiera participado en el procedimiento.

VI.2.- CAMPO DE MAYO
Como ya se señalara, se acreditó que ambas víctimas fueron
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conducidas desde la dependencia policial hacia Campo de Mayo, al centro
clandestino de detención conocido como “Los tordos” o “El Campito”
Iris Avellaneda declaró que en Campo de Mayo estuvo 15
días, primero tuvo el No. 17 y después el 527. En el lugar, que era un galpón,
había colchones en el piso y mucha gente, teniendo que tener cuidado para no
pisarla, siendo interrogados y torturados en otro lugar, no en el galpón. Que
tenían que avisar cuando querían ir al baño y, en una oportunidad, uno de los
guardias le dijo que gritara “viva Hitler” bajo amenaza de no llevarla. Expuso
que oía ruidos de trenes y helicópteros, así como el ladrido de perros. Recordó
que a uno lo llamaban “Padre Francisco”, a otro “Escorpio”, quien tenía una
fusta, siendo que en una oportunidad la sacaron afuera y le pegaron un fustazo
en la nalga.
De modo coincidente en el legajo de la CONADEP No. 6493
correspondiente a Iris Pereyra de Avellaneda, se encuentra su declaración del
16 de julio de 1984, en la que expuso que desde la Comisaría de Villa
Martelli la llevan y alojan en Campo de Mayo, viajando encapuchada y
vendada. Que antes de entrar al Campo el vehículo se detuvo en una guardia y
prosiguió el viaje, que descendió en un lugar abierto, el piso era de tierra, la
recibe una persona, le saca el reloj pulsera y le dice que si colaboraba su
libertad sería más rápida. Que es conducida a una habitación amplia donde
estaban alojadas muchas otras personas y tiradas en un colchón sobre el piso,
que en ese galpón había hombres y mujeres y se oía constantemente ladridos
de perros y ruidos de helicópteros. Durante los 15 días de cautiverio nunca se
le suministró ningún tipo de alimentos, que le ofrecían sustento al que ella se
negaba. Una vez por día sacaban a los detenidos y los ponían espalda contra
espalda. Las llevaban al baño todas juntas y tomadas por la cintura en fila, los
baños eran con inodoro a la turca y con una puerta de aproximadamente un
metro de alto, frente a los inodoros había piletas grandes. Los perros oficiaban
de custodios. Los sobrenombres que escuchó eran: “Escorpio”, “Cacho”,
“Rolo” y “Padre Francisco”, que una vez al salir de la sala de torturas estando
muy dolorida fue atendida por un hombre al que le decían “el médico”. En un
momento escuchó que otro de los secuestrados había sido mordido por los
perros. Una noche oyó gritos desgarradores de un hombre y luego no sintió
106
más nada, al otro día escuchó una conversación entre dos guardias donde
expresaban que con el obrero de Swift “se les había ido la mano” y había
muerto. Se oían ruidos de armas de fuego como si estuviese cerca de un
polígono de tiro y escuchaba ruidos de trenes.
Víctor Ibáñez, expuso que egresó como suboficial de ejército,
Cabo, de la Escuela Gral. Lemos a fines de 1973, fue destinado al Comando
de Institutos Militares de Campo de Mayo, a la compañía Comando y
Servicios dependiente del Comando, donde estuvo hasta mitad de 1978. En
marzo de 1976, luego del golpe, estuvieron acuartelados y le ordenan
presentarse en un lugar, que en un jeep van al lugar de detención, allí había
ido como estudiante a hacer un ejercicio, era la plaza de tiro. Quedaba en el
centro de Campo de Mayo, eran construcciones antiguas, le dijeron que tenía
que atender el teléfono e ir a buscar comida para la gente que estaba detenida.
En una construcción había 10 o 12 habitaciones, galpones, un baño, la
caldera, pileta de natación, galpones, galponcitos y quinchos de paja. Había
detenidos en los galpones, en el galpón mayor, que había sido un aserradero,
eran muchos, estaban sobre un colchón, colchoneta o trapo en el piso y otros
con la espalda contra la pared, que él repartía comida y que la Gendarmería
custodiaba. Las mujeres estaban separadas de los hombres y la Gendarmería
los sacaba a todos juntos, los hombres orinaban en el campo, las mujeres iban
al baño de a dos o tres o individualmente, el baño tenía inodoro a la turca, un
pozo. Había perros que eran de la policía militar.
Que se agregaron otras personas, muchas, eran los
torturadores, los suboficiales, los que atendían los perros, soldados, oficiales
y personas desconocidas que tenían seudónimos o “nombres de guerra”. A
algunos los conocía: capitán Martín Rodríguez, mayor Jorge Voso, de
Gendarmería San Román segundo comandante. Los torturadores estaban de
civil le llamaban GT 1, 2, 3 y 4, se dedicaban a torturar a la gente, no vio las
torturas, pero vio que salían rengos, se quejaban, los ayudaban a caminar. Por
ejemplo el GT1 se ocupaba de Montoneros. Estaban el mayor Getino, el
mayor Tamini, el Capitán López Fader, el mayor Serenlaf, el Comandante de
Gendarmería Casenave. A uno lo llamaban el “Padre Francisco”, él creyó que
era un cura, pero era un torturador, también estaba “Escorpio”. En el lugar
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había personal militar y de otras fuerzas, el Gordo 1 era de la Policía Federal
y el Gordo 2 era civil, había un torturador Losaza de la Policía Federal.
También “Clarinete” y “El alemán” que era de la Prefectura, lo que supo en
un reconocimiento por fotos que hizo hace poco.
Relató que su casilla era el paso obligado de ingreso al lugar,
traían gente a cualquier hora, en autos de los grupos de tareas, que estaban de
civil y eran de distintas Unidades. La radio estaba en el mismo edificio de los
torturadores, por la radio se comunicaban para dar novedades. Había de
montoneros, del ERP, de la juventud guevarista.
Dijo que no vio que los perros mordieran a los detenidos,
pero que se enteró que al chico Avellaneda lo mordió un perro. Él vio al chico
cuando fue a llevar comida a alguien, venía con él una enfermera de primeros
auxilios, el chico estaba en una habitación de 2,50 por 3 metros, al fondo de la
habitación, parado, preguntó “¿y mamá?”, pensando que quizás se confundió
porque oyó la voz de la enfermera. Estaba encapuchado. Él lo confirmó
después de un par de días, los torturadores hacían reuniones y desplegaban
gráficos para mostrarle a Voso el trabajo y vio el nombre de Avellaneda y
también una mañana llevó la nota de presentismo de los detenidos, iba al
Comando de Institutos Militares con la lista y lo vio en la lista, estaba la edad
y el domicilio. La lista donde estaba Floreal Avellaneda la llevó él en papel
oficio, hecha a mano por el oficial de servicio, el conductor de turno que
llevaba las listas. Había comentarios de la gente, decían que era un chico;
hubo indignación cuando se supo que había un chico y la pregunta “¿y
mamá?”, afirmó que supo quien era por la lista, los comentarios y la
fisonomía.
Agregó que dejó de pertenecer al ejército en 1994. Tuvo un
episodio con el Gral. Riveros por rebeldía hacia lo que estaban haciendo con
las personas y lo obligaron a firmar la baja, previa detención de 3 meses en un
calabozo por rebeldía. Lo reincorporan a mitad de 1979 por el conflicto con
Chile, estuvo en varios destinos, después estuvo 3 años con parte de enfermo
y se le da la baja en 1994 por rebelde. Dijo que se desbordó emocionalmente
por los traumas.
Juan Carlos Solís declaró que es militar retirado, que en abril
108
de 1976 estaba en el Batallón de Arsenales 101, Escuela Superior Técnica que
dependía del Comando de Institutos Militares, donde estaba desde 1975, era
teniente primero. Que el 24 de marzo de 1976 estuvo en la Escuela Técnica
como guardia, lo llevaron al Comando de Institutos Militares, a Campo de
Mayo al Departamento de Inteligencia. En un momento le ordenaron ir a la
Plaza de tiro a cargo de Voso. Expresó “el lugar no me gustaba, había muchas
personas detenidas”, “no encuadraba dentro de lo que a mí me enseñaron”.
Eran prisioneros alojados en filas en colchones en el suelo, encapuchados, las
manos atadas. Había seis sectores en la cuadra, uno de mujeres y otro de
hombres y otro local con cuartitos. En una ocasión vio una persona que tenía
la cara con vendas. Adentro estaba Gendarmería y en el exterior personal
militar. Había un camino de tierra hasta la Plaza de Tiro. En la plaza de tiro se
oían ruidos de aviones, de vehículos por la cercanía de la ruta 202, había
perros detrás de la cuadra. Estaba el Batallón de aviación del ejército y la
pista, que ocupaba 3 km.
A los detenidos los sacaban a tomar aire y a veces se
presentaba gente de civil para retirarlos, los llevaban a otros edificios en
Campo de Mayo o bien a otro lado, algunos retornaban y otros no, viendo que
algunos tenían dificultades cuando volvían.
Expuso que no le vio la cara pero pudo haber sido Iris
Avellaneda, por la lista manuscrita con el nombre de Avellaneda, cuando
intentó darle algo estaba gimiendo, fue aproximadamente una semana antes
del 18 de mayo de 1976, la vio uno o dos días. También vio a Silvia
Ingenieros, recordando que era jovencita. Que no le asignan tareas en la Plaza
de Tiro, que estuvo pocos días antes de la semana santa de 1976, hasta el
veinte y pico de mayo de 1976. Dijo que estaba la Dirección de Inteligencia
del Comando de Institutos Militares, el Batallón 601 estaba en Callao y
Viamonte, dependía del EMGE, había un destacamento en Campo de Mayo,
el Departamento 2 de Inteligencia del Comando de Institutos Militares.
Oscar Edgardo Rodríguez dijo que es técnico fotográfico
aéreo. Trabajó en el Departamento de fotointerpretación, cuando no existía la
ley secreta era supernumerario de inteligencia del ejército, que en 1977 sale la
ley para personal civil de la SIDE y Servicios de inteligencia de las Fuerzas
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Armadas y entonces él entró en tal carácter. Expuso que en ocasión de llevar
unos materiales fue al LRD El Campito, equivalente militar a campo de
concentración. El LRD quedaba a la derecha del Comando de Institutos
Militares, por un camino de tierra, salida puerta 7. La plaza de tiro estaba en
la parte trasera, donde estaba la pista de aviación.
Manifestó que había declarado en la CONADEP en 1984,
cuando estaba preso en la unidad 1 de Caseros, procesado por tenencia de una
cédula de identidad con otro nombre que le había dado el ejército y luego en
la causa lo negó, que él había dejado la cédula en el auto, ahí quedó y cuando
se produjo el procedimiento se la incautaron. Era del Batallón de inteligencia
y tenía varios nombres de cobertura.
A fs. 1823 se encuentra el informe de la CONADEP acerca
de su testimonio, remitido al Juez Federal de San Martín, haciéndole saber
que Rodríguez había manifestado su deseo de declarar sobre las actividades
que desarrolló como delegado del Grupo de Tareas DOS en la PLAZA DE
TIRO, lugar de detención que había funcionado dentro de Campo de Mayo,
dependiente del Comando de Institutos Militares.
Judith Catalina Martín Allio expuso que trabajó en la
CONADEP como abogada para tomar testimonios. Se le exhibe fs. 1601
donde consta el testimonio de Rodríguez y relató que tomaban el testimonio a
mano, luego lo escribían y después lo pasaban. Reconoce su letra donde dice
Campo de Mayo y Plaza de tiro, a partir de lo cual supone que ella lo tomó.
Recuerda que eran dos personas que estaban en la cárcel donde le tomaron el
testimonio y luego entrevistaron a la jueza que estaba a cargo.
A fs. 371/80 se agregó la declaración como imputado de
Oscar Edgardo Rodríguez, prestada el 22 de julio de 2002 en la que, respecto
de los lugares de reunión de detenidos, dijo que había muchos, eran lugares de
detención, Centros Clandestinos o LRD, algunos como el de Campo de Mayo
era de Ejército y lo conoció, era conocido como Plaza de tiro de Campo de
Mayo. Que “el Campito”, es la Plaza de Tiro de Campo de Mayo, según la
denominación de la cartografía militar, que lo conoció cuando fue a llevar
productos de oficina y había una guardia de Gendarmería. Que “El Campito”
tenía dos caminos de acceso, uno por la entrada de Gendarmería Nacional y el
110
otro por el camino que se viene desde la Estación Torcuato hacia el Caballo
de Guerra y una conexión trasera con el Batallón de Aviación de ejército; que
en un mapa denominado Carta Campo de Mayo, del Instituto Geográfico
Militar, se puede indicar claramente la ubicación de la Plaza de Tiro.
José Luis García, profesor de derechos humanos en la
Escuela de guerra y de defensa nacional, dijo que el Comando de Institutos
Militares era una zona desde 1975 y en mayo de 1976 se amplía la
jurisdicción agregando Zárate, Campana, Pilar, Exaltación de la Cruz, es decir
se amplía el área. Que la responsabilidad territorial estaba en cada una de las
fuerzas de las zonas; que la tortura era el método de investigación.
Pedro Pablo Carballo declaró que es músico militar y que
Riveros lo dio de baja. Reconoce la firma de fs. 320/1 y se incorpora por
lectura con acuerdo de partes. En esa declaración el 18 de agosto de 2004,
dijo que en 1976 estaba trabajando en Campo de Mayo, era sargento primero
hacía seis años y jefe de guardia, controlaba que se cumplieran los servicios
de turno, cuidaba que no atacaran y que no se escapara nadie. En Campo de
Mayo había un lugar llamado LRD, cuyo significado desconoce, o Campo
Los Tordos, ubicado detrás de Gendarmería y de Aviación de la Escuela
Lemos. Él prestaba servicios en Gendarmería. En el campo vio a detenidos
clandestinos encapuchados en los galpones, eran golpeados con palos,
pateados y torturados con picana eléctrica. A los que estaban heridos los
torturaban hasta su muerte, no los curaban, los detenidos que eran médicos
curaban a los enfermos. Como Jefe de guardia tuvo acceso a esos lugares y
por eso vio lo que relata. También los ahogaban en piletones y los ahorcaban
con alambres, a algunos los hicieron matar por perros de guerra. No pudo
conversar con los detenidos, sólo les pudo dar agua y comida. Que el apodo
del teniente coronel Voso era “Ginebrón”; que García Cambón era capitán y
mataba gente mediante las formas que describió. Que trabajó en Campo de
Mayo en los años 1976 y 1977.
Héctor Ventura Basualdo declaró que en 1976 trabajaba en
Campo de Mayo, era custodia de Riveros. Tenía una pieza al fondo de la
comandancia, cuando el comandante iba a salir lo llamaban por teléfono y lo
acompañaban. Fue después del golpe. Eran cuatro custodios de la policía y
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estaban de civil. Él no podía circular por ninguna zona del Campo.
La permanencia de Iris Pereyra de Avellaneda en Campo de
Mayo está además acreditada por las siguientes pruebas documentales:
En la causa 28479 s/hábeas corpus a fs. 31 hay un oficio del 1
de julio de 1976, dirigido al Juez Federal de San Martín, suscripto por el
Subjefe de de la Unidad penitenciaria de Olmos informando acerca de Iris
Pereyra, en el que se asienta que “la causante ingresó a esta Unidad
Correccional, procedente del Comando de Institutos Militares (Campo de
Mayo), acusada de pertenecer al P.C., a disposición del P.E.N. mediante Dto.
No. 203” y que no recibió la visita de su hijo Floreal Edgardo Avellaneda,
ignorando su paradero. Igual información la encontramos a fs.460 de la causa
28976.
A fs. 49 el Juez pide al Comandante General del Ejército que
informe si Floreal Avellaneda fue detenido por el Comando de Institutos
Militares, haciendo saber que el menor desapareció con su madre, quien fuera
remitida a la Unidad Penal de Olmos, proveniente del Comando de Institutos
Militares.
A fs. 53, el 26 de octubre de 1976, el juez ordena nuevamente
oficiar a Videla y a Institutos Militares de Campo de Mayo pidiendo informe
sobre el paradero del menor y a fs. 54 está el teletipograma dirigido al
Comandante del Ejército solicitando información sobre el menor haciendo
saber nuevamente que “la madre se encuentra detenida en la Cárcel de
Olmos, figurando que fue detenida por la Dirección de Institutos Militares
de Campo de Mayo” y que por ello “se labraron actuaciones
administrativas que llevaron el No. zz-60923, con fecha 15 de julio de
1976, pasando aparentemente a Institutos Militares con el número: U 1-
6/0298/301”, y a fs. 55 se encuentra el mismo telegrama remitido a la
Dirección de Institutos Militares Campo de Mayo. A fs. 68 el 14 de febrero
de 1977, el juez asimismo pide que se informe acerca de las referidas
actuaciones administrativas, lo que se reitera a fs. 70 el 14 de febrero de 1977,
como también el pedido de información sobre Floreal Edgardo Avellaneda,
“cuya madre figura detenida en la Unidad carcelaria de Olmos, por ese
Instituto Militar”.
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A fs. 72 se asienta que el Comando de Institutos Militares por
disposición del “Cte. IIMM informó que la ciudadana Pereyra Iris
Etelvina se encuentra detenida a disposición del PEN en U2 Devoto por
decreto Nro. 203/76” y que respecto del menor no dispone de antecedentes.
En el expte. 526, que es un exhorto del Juez de San Martín al
de La Plata en la denuncia por apremios a Iris Avellaneda para que requiera a
la Unidad de Olmos la fecha y causa de la detención, a fs. 7 el director de la
Unidad de Olmos informa el 18 de diciembre de 1978 que ingresó el 30-4-76
procedente del CIM-Campo de Mayo y fue trasladada a Devoto el 9-11-76.
En la causa 30296, labrada por denuncia de Arsinoe
Avellaneda por apremios ilegales, a fs. 51 bis hay un oficio del Servicio
Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires, con fecha 18 de diciembre de
1978 en el que se informa al Juez Federal que “la ex D.T. PEREYRA
MALDONADO de AVELLANEDA, Iris Etelvina, ingresó a la Unidad 8-
Cárcel de Mujeres-Olmos, el día 30-04-1976, procedente del Comando de
Institutos Militares-Campo de Mayo, siendo trasladada a la Unidad 2-Villa
Devoto el día 9-11-1976”, habiendo permanecido a disposición exclusiva del
Poder Ejecutivo Nacional, por Decreto 203/76. A fs. 53 la Unidad de Olmos
informa el 30 de enero de 1979 que “estuvo detenida en esta Unidad
Carcelaria desde el 30-4-76 al 9-11-76 procedente del Comando General del
Ejército, Comando de Institutos Militares, Campo de Mayo, a disposición
del P.E.N. mediante Decreto No 203/76 y MMC No. 4479/76 (Esmayorum),
acusada de pertenecer al PC (responsable financiera de la Célula No.1 del
Partido de Vte. López”. El mismo informe se encuentra a fs. 1880 de la
presente causa 2005.
En la causa No. 28976, a fs. 93 se encuentra una ficha
remitida por el Ministerio del Interior al Juez en enero de 1984, en la que
consta nombre, documento y domicilio de Iris Avellaneda, el número de
decreto del 23 de abril de 1976, por el que se la puso a disposición del Poder
Ejecutivo y se asienta “causa Act. del PC conectada con la OPM
Montoneros, Alojado en Cdo. IIMM”. A fs. 101 obra un informe del 26 de
enero de 1984, de la Unidad 8 de Mujeres Olmos del Servicio Penitenciario
Bonaerense al Juez Federal 1 de San Martín, donde nuevamente consta que
Poder Judicial de la NaciónPoder Judicial de la NaciónPoder Judicial de la NaciónPoder Judicial de la Nación

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Iris Etelvina Pereyra de Avellaneda “ingresó a esta Unidad con fecha 30-04-
76, procedente del Comando General del Ejército, Comando de Institutos
Militares, Campo de Mayo, a disposición del PEN, mediante Decreto No.
203/76, acusada de pertenecer al PC (responsable financiera de la célula
No.1 de Vicente López)”, siendo trasladada al penal de Devoto el 9-11-76
de acuerdo a Decreto 1289/76. El mismo informe se agregó a fs. 155 de la
presente causa.
A fs.102 hay un informe de la misma unidad del 2 de febrero
de 1984 dirigido al mismo juzgado, el que dice que “fue trasladada a esta
Unidad desde el Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo,
siendo el jefe de la custodia portadora el Capitán Roberto Sánchez
Negrette”, ingresando con Silvia Ingenieros. El mismo informe lo
encontramos en la presente causa a fs. 158 y a fs.1889.
A fs.106 se agrega un documento del Comando General del
Ejército. Comando de Institutos Militares que dice: “Campo de Mayo, 22
de abril de 1976. Objeto: Solicitar puesta a disposición del PEN personal
detenido”, dirigido al Comandante General del Ejército para que “quiera
tener a bien se recabe la puesta a disposición del PEN” de “PEREYRA
Iris Etelvina”, asentándose sus datos personales y que “se la detuvo en su
domicilio el 15 Abr76. CAUSA DE LA DETENCIÓN: activista del PC,
conectada con la OPM Montoneros. LUGAR DE DETENCIÓN:
Comando de Institutos Militares” y a Silvia Ingenieros a quien se detuvo en
el Tribunal de Menores No.2 de San Isidro el 2 Abr76, causa: activista de
izquierda, actúa en el PST está conectada a Montoneros y como lugar de
detención el Comando de Institutos Militares. Igual documento se agrega a
fs. 165 de la presente causa y asimismo se encuentra agregada a fs. 33 del
Legajo agregado por cuerda al Expte. 366M. Y a fs. 107 en un formulario
“Apéndice 1 (Antecedentes de los detenidos a disposición del PEN)” figura
como lugar de alojamiento Cdo.IIMM.
En el Legajo 2703 “Mesa DS varios Detenidos a disposición
del PEN”, proporcionado por el Archivo D.I.P.B.A. de la Comisión Provincial
de la Memoria, en la foja 560 con fecha 17 de junio de 1980, se hace constar
que “Pereyra Iris Etelvina. Activ. del PC CONEC. Montoneros EJ Arg.
114
Decreto 00203 fecha 23-4-76 Dec 1436/78 No. de orden 14194 Alojado en
lugar Cdo. IIMM”.
En la presente causa, asimismo, a fs. 792 se encuentra un
oficio del Comando Gral. del Ejército. Comando de Institutos Militares
firmado por el Cnel. Omaechaverría, secreto, dirigido al Director del
Servicio Penitenciario Federal. Instituto de Detención (U8) Olmos, que
dice “Campo de Mayo, 28 de abril de 1976. Objeto: remitir detenidos”
por el que remiten a Iris Avellaneda y a Silvia Ingenieros a la Unidad 8
Mujeres de Olmos, el 30/4/76 a las 13 horas, enviando asimismo la
documentación correspondiente a cada una, que lleva el sello del Cdo IIMM
con fecha de salida 29 Abr 76.
A fs. 794 el Subjefe de la Unidad 8 Olmos el 30 de abril de
1976 oficia al Director de Seguridad para informarle que “en el día de la
fecha ingresaron a esta Unidad las detenidas PEREYRA MALDONADO
de AVELLANEDA IRIS ETELVINA, por pertenecer al PC., é
INGENIEROS SPIKING SILVIA AMALIA”, por pertenecer al PST,
procedentes del Comando de Institutos Militares (Campo de Mayo), a
disposición del P.E.N.”.
El mismo informe consta a fs. 795 cuando el Subjefe de la
Unidad 8 Olmos oficia al Jefe de Informes Policiales y Judiciales, Sección
Archivo, el 30 de abril de 1976, comunicando el ingreso de ambas detenidas.
A fs. 796 un oficio igual de la misma fecha dirigido al Jefe del Distrito Militar
La Plata, en el que también consta que procedían del Comando de Institutos
Militares (Campo de Mayo). A fs. 797 otro igual dirigido al Jefe del Rgto.
de Infantería 7 La Plata con la constancia de la procedencia del Comando de
Institutos Militares (Campo de Mayo) y a fs. 798 otro igual dirigido al Jefe
de Subzona 1 Palermo Capital Federal.
A fs. 1881 hay otro oficio librado por la Subjefe de la Unidad
de Olmos el 13 de diciembre de 1978 dirigido al Jefe del Servicio
Penitenciario- Dirección de Tratamiento (DDE), en el que también consta que
“ingresó a esta Unidad con fecha 30-4-76, procedente del Comando de
Institutos Militares, Campo de Mayo, acusada de pertenecer al PC
(responsable financiera célula no.1 Vicente López), a disposición del P.E.N.,
Poder Judicial de la NaciónPoder Judicial de la NaciónPoder Judicial de la NaciónPoder Judicial de la Nación

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mediante Dcto. No. 203/76” y fue trasladada a Unidad 2 de Villa Devoto, el
9-11-76 por Decreto 1.209/76.
En la Causa 4012 a fs. 2417/31 obra un informe del Equipo
Argentino de Antropología Forense, del 7 de septiembre de 2004, en el que se
realiza un “bosquejo general del estado de las investigaciones relacionadas
con la actuación del Comando de Institutos Militares (Zona IV de Seguridad)
durante la campaña de represión clandestina”, en el que, entre otras cosas, se
consigna que la naturaleza clandestina de las actividades impiden conocer
certeramente cuando comenzó a operar, pero que el 24 de marzo de 1976
establece un hito “Pues a partir del mismo golpe de estado un gran número
de personas comienzan a ser llevadas en detención a Campo de Mayo, de
una manera masiva diferente de lo que sucediera con anterioridad. Durante
ese período resulta bastante claro el criterio extensivo de las detenciones.
La mayoría de estas se producen en un espacio geográfico bastante
consolidado (los partidos del norte y oeste del gran Buenos Aires) e
involucran a personas con reconocida actividad sindical o política. Gran
número de estas personas serán más adelante ‘legalizadas’ mediante su
arresto a disposición del Poder Ejecutivo, lo cual marca otra de las
características distintivas de la etapa: la coexistencia de personas cuya
detención devendrá reconocida con otras en las que la privación de libertad
permanecerá clandestina”. Asimismo se asienta que hacia mediados de abril
de 1976 pueden percibirse nuevas manifestaciones, que genéricamente puede
suponerse que gran parte de las personas secuestradas en el norte y noroeste
del Gran Buenos Aires deben haber sido conducidas a lugares de detención
que dependían de la Zona IV.
A todo ello se agrega el CD remitido por la Secretaría de
Derechos Humanos en el que constan los mapas, fotos y planos, así como una
construcción, hoy no existente, de la que daba cuenta los planos y mapas del
Instituto Geográfico Militar de 1975.
La conclusión entonces de toda la prueba colectada es que
Iris Etelvina Pereyra de Avellaneda y Floreal Edgardo Avellaneda estuvieron
en el centro clandestino de detención ubicado en la Plaza de Tiro,
denominado “Los tordos” o “El Campito”, ubicado dentro de la guarnición
116
militar bordeada por las rutas 8, 9 y 202, próximo a la pista de aviación por el
que se accedía a través de un camino que salía en forma perpendicular a la
izquierda de la ruta que, por el interior del Campo, iba de la ruta 8 hacia Don
Torcuato y que comienza sobre la ruta 8 frente a la entrada al Polígono de
tiro. A la izquierda del “Campito” o “Los Tordos” hay una ruta que
desembocaba al costado de Gendarmería Nacional y por detrás se ubicaba la
pista de aviación.
Las citadas pruebas dan por tierra el argumento de la Defensa
en el sentido de que no se había acreditado que Iris Pereyra y Floreal Edgardo
Avellaneda hubieran estado en Campo de Mayo. Lo que la Defensa tituló
como “indicios claros” de que el menor hubiera estado en la Escuela de
Mecánica de la Armada queda sin sustento alguno pues no surge de ninguna
de las pruebas y resulta poco serio afirmarlo por el contenido de una carta de
Rodolfo Walsh, más allá de la admiración del defensor por su obra y su
militancia.
En cuanto a las objeciones expresadas por el Defensor Oficial
a la declaración de Víctor Ibáñez, no se coincide en absoluto con que el
testigo haya declarado falsamente. Por el contrario su declaración fue
consistente y creíble, explicó claramente las circunstancias en las que vio al
menor y las razones por las que lo identificó y cabe hacerle notar a la Defensa
que en este juicio se trataba del caso de Floreal E. Avellaneda por lo cual es
en este juicio donde el testigo se explayó sobre esa circunstancia, más allá de
que también lo haya expuesto ante el Juez Rafecas o se lo haya contado a
Hebe de Bonafini, aún cuando la defensa desconozca cómo se acercó Ibáñez a
Bonafini, la que por otra parte es una persona de actuación pública en el
ámbito de los Derechos Humanos y ampliamente conocida.
En relación a la comparación que hiciera el Defensor, para
desechar la versión de Ibáñez, respecto del ordenanza de un juzgado que no
tiene acceso a una declaración bajo identidad reservada, para afirmar que le
resultaba “inverosímil” que hubiera visto el nombre del menor en una lista, le
señalamos que Campo de Mayo no era precisamente similar a un juzgado y
que quienes allí trabajaban se movían necesariamente con pautas distintas y
nada hay que permita sospechar de lo declarado claramente por Ibáñez. Es por
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eso que no se hará lugar a la denuncia por falso testimonio.
El mismo razonamiento hemos de emplear para rechazar el
pedido respecto del testigo Solís, cuyo testimonio puso en duda la Defensa
con el argumento del horario que cumplía, que ingresaba a las 8 y salí a las 5
y cuyas funciones en versión de la defensa eran entregar tarjetas, y respecto
de su interés en contar con su legajo personal hubiera sido satisfecho de
haberlo solicitado en el ofrecimiento de prueba.

VI.3.- TORTURAS A IRIS E. PEREYRA DE
AVELLANEDA.
La Convención contra la Tortura y Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes, incorporada al art. 75 de la Constitución Nacional
en 1994, la define en su art. 1.- A los efectos de la presente Convención, se
entenderá por el término "tortura" todo acto por el cual se inflija
intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean
físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o
una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que
ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por
cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos
dolores o sufrimientos sean infringidos por un funcionario público u otra
persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su
consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o
sufrimiento que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que
sean inherentes o incidentales a estas.
En el Capítulo XIII de la sentencia en la causa 13, como se
señalara al tratar del plan, se constató la existencia de torturas en los centros
de detención, afirmándose que: “En los centros de cautiverio los secuestrados
fueron interrogados en la casi totalidad de los casos bajo tormentos a través
de métodos de tortura similares. Las conclusiones a las que se arriba
precedentemente inician, junto con el tema de los secuestros ya tratado, uno
de los capítulos más significativos del proceder enjuiciado, pues el tormento
fue, en la enorme mayoría de los casos, la forma indiscriminadamente
aplicada para interrogar a los secuestrados. No existe constancia en autos de
118
algún centro de cautiverio donde no se aplicaran medios de tortura y, en casi
todos, la uniformidad de sistemas aparece manifiesta. Sólo pueden señalarse
pequeñas variantes de tácticas o de modos, pero al pasaje de corriente
eléctrica, los golpes y la asfixia, se repiten en casi la totalidad de los casos
investigados, cualquiera sea la fuerza de la que dependía el centro o su
ubicación geográfica”.
Que “... a veces, los propios familiares de las víctimas
percibían sus torturas. Así, da cuenta Iris Etelvina Pereira de Avellaneda
que oía los apremios a que estaba siendo sometido su hijo Floreal, de
catorce años de edad, en otro ámbito de la misma dependencia policial en
que se encontraban. Cuenta que oyó el ruego que el menor le hacía para que
la madre pusiera fin al castigo contando lo que sabía de la fuga del padre,
dato éste que, en definitiva, era lo único que interesaba a los aprehensores.
Los tormentos oídos por la madre fueron luego comprobados con el hallazgo
del cadáver de su hijo en las costas uruguayas del Río de la Plata...”.
“Asimismo, durante el secuestro, se imponía a los cautivos
condiciones inhumanas de vida, que comprendían a muchos el déficit casi
total de alimentación, el alojamiento en lugares insalubres, en los que no
podían sustraerse a percibir los lamentos o ruidos que se producían al
torturarse a otros cautivos y el permanente anuncio, a través de hechos y de
palabras de que se encontraban absolutamente desprotegidos y
exclusivamente a merced de sus secuestradores”
“Todo ello debía seguramente crear en la víctima una
sensación de pánico cuya magnitud no es fácil comprender ni imaginar, pero
que, en sí, constituye un horroroso tormento”.
Como sostienen M. Sancinetti y M. Ferrante ("El Derecho Penal
en la protección de los derechos humanos"), "ya el primer acto de tortura era
ejercido en el domicilio, en el momento de la aprehensión, a más tardar al
retirar al secuestrado del domicilio, dado que se procedía siempre al llamado
‘tabicamiento’, acción de colocar en el sujeto un tabique (vendas, trapos o
ropas de la propia víctima) que le impidiera ver; así era introducido en un
automóvil, donde se le hacía agachar la cabeza, que le seguía siendo
cubierta hasta el lugar de detención, y, como regla, así quedaba durante toda
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su detención".
En la diligencia que consta a fs. 146 de la causa 28976,
llevada a cabo el 7 de marzo de 1984, de reconocimiento de la Comisaría de
Villa Martelli, Iris Avellaneda dijo que “de entrada la atan a un desagüe, la
sacan de allí, y tras recorrer pocos pasos, la acuestan en una camilla de
flejes donde la torturaron. Que la levantan de esa camilla y la llevan a un
pasillo, en ese pasillo sintió los gritos de su hijo y allí fue cuando su hijo le
pidió que dijera que su esposo se había escapado. A todo esto la declarante
se hallaba con los ojos vendados y sobre la cabeza además una capucha”.
En el legajo de la CONADEP No. 6493 correspondiente a Iris
Pereyra de Avellaneda, relata que en Campo de Mayo al poco rato de estar
tirada en el colchón le preguntan al oído si era Iris de Avellaneda, dice que sí,
luego la llevan a una habitación distante 50 metros donde escucha música a
muy alto volumen. En esa habitación es torturada con picana eléctrica estando
recostada sobre un elástico, atada de pies y manos, le levantan la vestimenta y
le echan agua., después la sacan de ahí y la vuelven al galpón. Un día la sacan
del galpón, la hacen caminar aproximadamente 20 metros, sobre camino de
tierra, le dicen que pida tres deseos, y expresa que uno de sus mejores deseos
es saber dónde se encontraba su hijo, a lo que se le responde que no lo busque
más porque lo habían matado, practicándole un simulacro de fusilamiento,
apoyándole en la sien un revólver y gatillando, luego de lo cual fue llevada
nuevamente al galpón.
Iguales circunstancias relató la víctima en la audiencia y
respecto del señalado simulacro de fusilamiento afirmó que la voz era la del
llamado “Rolo”.
A fs. 42/6 del expte. 30296 sobre apremios, se encuentra
copia de la historia clínica de Iris Pereyra de Avellaneda, proporcionada por
el Jefe del Hospital de la Unidad 8 de Olmos, en la que consta que “presenta
dolor e impotencia funcional en hombro izquierdo a consecuencia de
traumatismo”.
En las fotocopias del legajo 526 del Juzgado Federal 1 La
Plata, que es un exhorto en la denuncia por apremios, a fs. 1, el 20 de
noviembre de 1978, el Juez Federal de San Martín libra exhorto al Juez
120
Federal de La Plata en la causa 30296 para que requiera informe a la Unidad
Penal de Olmos si desde fines de abril del 1976 estuvo detenida y por qué y
quien la trasladó y si fue sometida a reconocimientos médicos. A fs.5/6 se
encuentra la historia clínica, en la que figura el ingreso el 7/5/76 y la
constancia de dolor en hombro izquierdo. A fs. 8 el juez ordena, el 29 de
diciembre de 1978, que se amplíe información y a fs.9/11 se encuentran los
informes médicos y análisis del 10-5-76 y a fs. 14/8 copia de la historia
clínica.
Asimismo en la presente causa 2005 a fs. 148/54 hay una
copia de la historia clínica de Iris Avellaneda en el Hospital de la Unidad 8
Olmos. Se consulta al kinesiólogo por “restablecimiento de la función de
brazo izquierdo”. A fs. 152 está el examen clínico al ingreso el 7/5/76, ya
mencionado.
Natalia Ratcheff dijo que conoce a Iris Avellaneda pues
estaba detenida en Olmos, que a ella la detuvieron el 24 de marzo de 1976
estando embarazada. Que estuvo en la cárcel de San Nicolás y la trasladaron
esposada a Rosario y de allí a Olmos. Expuso que conoció a Iris en un recreo
y que estaba en un estado deplorable, tenía roto un hombro, que le contó que
había estado en la comisaría de Villa Martelli, donde la torturaron con su hijo
y que después la llevaron a Campo de Mayo. Le impactó el estado en que
estaba; le contó que en Campo de Mayo le hicieron un simulacro de
fusilamiento. Que también conoció a Silvia Ingenieros y que Cristina Arévalo
también estaba en Olmos.
Cristina B. Arévalo dijo que conoció a Iris cuando llegó a
fines de abril de 1976 a Olmos, que el aspecto era lamentable, tenía los ojos
supurados y lloraba continuamente, parecía de 70 años y tenía 38. Refirió que
había estado cuatro días en Villa Martelli, donde también estaba su hijo, que
allí fue la última vez que lo vio y que después había estado en otro lugar.
Alicia Lega declaró que compartió con Iris el pabellón en
Olmos y en Devoto y que estuvo detenida desde noviembre de 1975 a junio
de 1977. Dijo que cuando Iris llegó a Olmos le llamó la atención el deterioro
físico, tenía los ojos con conjuntivitis y le costaba caminar, le decían “la
vieja” y tenía 30 y pico de años. Le contó que había estado en una comisaría
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con el hijo y que buscaban al esposo; que a Silvia Ingenieros la vio,
recordando que era la nieta de José Ingenieros.
Sin sustento alguno resulta el planteo de la Defensa Oficial
acerca de que no estaba acreditado que hubiera sido torturada y que
pericialmente no existieron las lesiones. En primer lugar resulta por lo menos
desatinado pretender una pericia sobre las lesiones provenientes de la tortura,
la que debiera haber sido hecha durante la dictadura y mientras estaba
detenida a disposición del poder ejecutivo, lo que evidentemente resulta una
pretensión absurda, pues si se encargaron de destruir todas las pruebas y de
ocultar los hechos, no puede pretenderse eso. En cuanto a la imposición de las
torturas las mismas quedaron certeramente acreditadas a través de las
declaraciones testimoniales recibidas, que fueron precisas y concordantes y,
como se señalara en el apartado III de la prueba, en estos delitos la misma no
puede parangonarse con la de los otros delitos y deben emplearse otros
criterios. Lo cierto es que se acreditó ampliamente y sin margen de dudas la
existencia de las torturas, por lo que la objeción de la defensa queda sin
sustento.

VI.4.- DETENCION A DISPOSICIÓN DEL PODER
EJECUTIVO NACIONAL.
En la causa 28479 s/hábeas corpus a fs. 9, el 3 de mayo de
1976, el Jefe de la Delegación San Martín de la Policía Federal informa que,
por radiograma No.183 la Dirección General de Asuntos Policiales e
Informaciones del Ministerio del Interior, se informó que Iris Pereyra de
Avellaneda se encuentra detenida a disposición del PEN por decreto 203/76.
A fs. 60/1 hay copia decreto 203 por el que se pone a disposición del Poder
Ejecutivo, entre otros, a Iris Pereyra, el que también se encuentra agregado a
fs. 141/3 de la presente causa 2005.
En la causa 28976 a fs.89/91 se encuentra el decreto 203 del
23 de abril de 1976 poniendo a disposición del PEN a Iris Pereyra y a Silvia
Ingenieros y a fs. 92 el decreto 1436 del 30 de junio de 1978 dejando sin
efecto el arresto de la primera. A fs. 415 el Estado Mayor General del Ejército
informa al Juez Federal de San Martín que Iris Pereyra de Avellaneda fue
122
puesta a disposición del PEN el 23-4-76 y que cesó la detención el 30-6-78.
A fs. 799 de la presente causa 2005 el Jefe de la Unidad 8 de
Olmos comunica, el 28 de octubre de 1976, al Director de Tratamiento del
Servicio Correccional que fueron trasladadas a la Unidad 2 Villa Devoto por
Decreto 1209 (72) “internas subversivas”. Igual comunicación es cursada a fs.
800 al Jefe del Área Operacional 113 (Regimiento 7 de Infantería), a fs. 801
al Jefe del Distrito Militar La Plata y a fs. 802 al Director de Seguridad del
Servicio Correccional.
En el legajo de fotocopias de la causa 11427 s/ habeas corpus
a favor de Iris Avellaneda, tramitado en el Juzgado Federal 2 Capital, a fs. 1/3
el 7 de junio de 1977 Iris Pereyra interpone el hábeas para que se le otorgue
la libertad. A fs. 7/9 está el decreto 203 del 23-4-76 donde se la pone a
disposición del PEN. A fs. 12 el 1 de julio de 1977 se rechaza el hábeas y ella
apela. A fs. 19/30 está el memorial presentado el 12 de agosto de 1977. A
fs.32, el 23 de agosto de 1977, el fiscal pide se confirme el auto apelado y en
la misma fecha pasan los autos al acuerdo. A fs. 33 se pide pronto despacho el
27 de febrero de 1978. A fs. 37 hay un auto del 10 de abril de 1978 en el
que, para mejor proveer, piden al Ministerio del Interior informe las causas
que motivaron la detención. A fs. 40 se reitera el pedido el 8 de mayo de
1978. A fs. 43 está la contestación del 11 de mayo del Ministerio del Interior
informando que los motivos de la detención fueron “las vinculaciones de la
misma con la subversión”, “en el entendimiento que de encontrarse en
libertad dicha persona podría coadyuvar a mantener, expandir, las
causas que originaron la implantación del Estado de Sitio”. A fs. 44 el 23
de mayo de 1978 se ordena que se amplíe el informe respecto de las
vinculaciones de Iris Pereyra con la subversión. A fs. 45/6 el 22 de junio
Harguindeguy ratifica el anterior informe, describe cómo actúan las bandas de
delincuentes subversivos y dice que Iris Pereyra forma parte de esa
“organización subversiva” descripta, circunstancia que fue evaluada por el
Poder Ejecutivo en uso de sus propias facultades, y que nada informa en
concreto debido al “estricto secreto” de la información. Este informe es
recibido el 23 de junio de 1978 y el 28 de junio se ordena su agregación y
que pasen los autos al acuerdo. A fs. 47 el 23 de agosto el abogado se
Poder Judicial de la NaciónPoder Judicial de la NaciónPoder Judicial de la NaciónPoder Judicial de la Nación

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presenta diciendo que Iris Pereyra estaba en libertad. Y a fs. 48 el 28 de
diciembre de 1978 se declara la cuestión abstracta.
Así observamos las dificultades del acceso a la justicia
durante la dictadura y la imposibilidad que había de poder tener un
pronunciamiento judicial en un plazo razonable.
En la presente causa 2005 a fs. 1726/7 el Servicio
Penitenciario bonaerense remite fichas fonéticas de Iris Pereyra de
Avellaneda y de Silvia Ingenieros detenidas en el ámbito de esa institución
entre los años 1976 y 1978 y a fs. 1874/91 se remiten copias certificadas de
las fichas de Iris Pereyra y la de Ingenieros.
A fs. 1878 respecto de Iris Pereyra se le adjudica como
“delito”: pertenecer al PC. Fecha en que fue detenido: 15-4-76. Causa: el
marido se fugó por una ventana al realizarse el procedimiento. Pertenece a la
célula No. 1 de Vicente López.
En el expediente No. 331.333/92 “Pereyra de Avellaneda Iris
Etelvina” de la Secretaría de Derechos Humanos, vemos que requiere, en
enero de 1992, la indemnización de la ley 24043 por haber estado a
disposición del PEN entre el 15 de abril de 1976 y el 13 de julio de 1978. A
fs.3 se asienta que, de la compulsa del listado de detenidos a disposición del
Poder Ejecutivo remitido por la Secretaría de Seguridad Interior, surge que
Iris Etelvina Pereyra sufrió arresto por Dec. 203 de fecha 23-04-76 y cesó por
Dec. 1436 del 30-06-78, lo que se tiene por acreditado a fs.5 y a fs. 11 el 24
de mayo de 1994 se le otorga el beneficio.

VI.5.- TORTURAS Y MUERTE DE FLOREAL
EDGARDO AVELLANEDA.
En la causa 13 se afirmó que “Está probado que en ocasión
de su cautiverio Floreal Edgardo Avellaneda fue sometido a algún
mecanismo de tortura, que le produjo la muerte”
En el Capítulo XVI de la sentencia se señaló que se
produjeron otros hechos que adquieren especial trascendencia, pues conducen
a inferir que los secuestrados que no fueron puestos en libertad, ni a
124
disposición del Poder Ejecutivo Nacional, ni sometidos a proceso, fueron
eliminados físicamente a saber: a) fue hallado en la costa del mar y en los ríos
un llamativo número de cadáveres. “1. Ello ha quedado acreditado con las
constancias de la causa “Avellaneda, Arsinoe s/ privación ilegal de la
libertad”, del Registro del Juzgado Federal no 1 de la Ciudad de San
Martín, de donde surge el hallazgo de ocho cadáveres en las costas de la
República Oriental del Uruguay, uno de los cuales tenía un tatuaje en
forma de corazón con las iniciales F. A., que permitió identificarlo con
quien fuera en vida Floreal Avellaneda. Es de destacar, que todos los
cadáveres, tenían lesiones y fracturas visibles, y se encontraban atados de
pies y manos”.
A fs.362 se encuentra la copia del diario Crónica del 16 de
mayo de 1976 donde se refiere el hallazgo de un cadáver “de un hombre de
mediana estatura, que aparenta tener 35 años de edad”, que “un comunicado
oficial de la Prefectura Nacional Naval, dijo que el último cadáver hallado era
de ‘cutis trigueño’, cabellos castaño oscuro y de una estatura de 1,70 metros y
de complexión fuerte. Tenía un tatuaje en forma de corazón con las iniciales
‘F’ y ‘A’” y “que se advirtieron ‘lastimaduras en la región anal y fracturas
visibles’”y que “al igual que los anteriores cuerpos estaba atado de pies y
manos”.
A fs. 379/80 hay fotos del cadáver. A fs. 389/404 obra un
exhorto a Uruguay para que remitan las actuaciones por el hallazgo del
cadáver y estudios que se hubieran hecho. A fs. 397 se encuentran las huellas
digitales. A fs. 399/400 se halla un informe del 20 de mayo de 1976 dirigido
al Juez Letrado de 1er. Turno de Montevideo, en el que informan que, siendo
aproximadamente las 10,45 hs. del día 14 del corriente, el encargado del
Destacamento No.1 de Mántaras, comunicó que habían atracado en el muelle
de pescadores trayendo a una persona que fue rescatada de las aguas, que
quien lo trajo dijo que estaba pescando y notó que un objeto estaba flotando y
vio que era un ser humano, que lo izaron y el cuerpo fue trasladado a la
Morgue de Trouville, quedando en depósito. De la revisión ocular se
comprobó: 1,65 a 1,70 de estatura, entre 20 y 25 años, trigueño, hematomas
en la cara, en antebrazo tatuaje corazón con iniciales F y A, en la espalda
hematomas por golpes de látigo o similares, en cintura y en cadera golpes, en
Poder Judicial de la NaciónPoder Judicial de la NaciónPoder Judicial de la NaciónPoder Judicial de la Nación

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la nuca hematomas, lastimadura en región anal tal vez con algún objeto
punzante, ataduras en pies y manos, permanencia en las aguas entre 15 a 25
días.
A fs. 456/7 hay un artículo periodístico en fotocopia del
diario “La Prensa” del 27 de abril de 1995 sobre el caso de Floreal y una
declaración de Ibáñez de que estuvo en Campo de Mayo.
Asimismo en el Legajo agregado I (identificación de cadáver)
No.366 del Juzgado Federal 1 de San Martín, a fs. 1 está la carátula de la
Dirección de Policía Técnica identificación cadáver. A fs. 2 se encuentra un
oficio del 11 de mayo de 1977 por el cual la Policía Técnica eleva a la
Prefectura la carpeta 682/76 con las fotos y fichas dactiloscópicas de
identificación de cadáver del 14 de mayo de 1976 y a fs. 3/12 se encuentran
las fotos.
En la causa 28479 a fs. 15 está la noticia del diario sobre la
aparición de cadáveres y a fs. 16/7 hay un escrito de Arsinoe Avellaneda del
27 de mayo de 1976, donde da cuenta de la aparición de los cadáveres y del
tatuaje de uno y pide se requieran informes. A fs. 18, el 28 de mayo de 1976,
libran pedidos de informes y un exhorto al Juez penal de Montevideo. A fs.
26 está el oficio al Ministro de Relaciones Exteriores acompañando exhorto a
Uruguay, a fs. 27 el exhorto pidiendo información; a fs. 34 un exhorto
ampliatorio al Uruguay del 10 de junio pidiendo remisión fichas
dactiloscópicas cadáver. A fs. 126 se remite la ficha dactiloscópica obtenida
en Uruguay a la Policía Federal para su identificación y a fs. 132, el 3 de
septiembre de 1977, la División Información de Antecedentes determina que
la remitida y la del prontuario de Floreal Edgardo Avellaneda “se
corresponden entre sí y por lo tanto a una sola y única persona”.
En el Legajo del Expte. Suprema Corte de Justicia de
Montevideo, Exhorto 2321 del Juzgado Letrado de Instrucción de Tercer
Turno, a fs. 4 está el exhorto del juez federal de San Martín del 10 de junio de
1976 pidiendo identificación cadáver, lugar de inhumación y fichas. A fs.6
hay otro exhorto del 28 de mayo describiendo el tatuaje y pidiendo informe. A
fs.12 la Cancillería lo eleva al juez el 7 de enero de 1977.
Asimismo en la causa 1640, del Tribunal de Menores 3 de
126
San Isidro s/privación de libertad de Floreal Avellaneda, a fs. 23 hay otra
declaración de Arsinoe Avellaneda del 19 de mayo de 1976 y dice que en
“Última Hora” del 16 apareció una noticia sobre aparición de cadáveres en la
costa uruguaya, que da cuenta de un cadáver de cutis trigueño, cabellos
castaño oscuro y de 1,70 metros y fuerte complexión física, que presentaba un
tatuaje en forma de corazón con las iniciales F y A y tenía lesiones y fracturas,
estando atado de pies y manos, que dicha descripción concuerda exactamente
con el aspecto físico del menor y que tenía ese tatuaje, solicitando se arbitren
los medios para confirmar la noticia. Acompaña la noticia que está a fs. 24, el
juez sólo ordena la búsqueda el 31 de mayo de 1976 (fs.31).
En el Legajo del exhorto 13140 de la Cámara Criminal y
Correccional de la Capital a fs.1 se encuentra un informe de la Prefectura de
Uruguay, del 11 de mayo de 1977, respecto de un cuerpo y de su lugar de
inhumación, que se eleva al Juez y éste a la embajada; a fs.3 el Ministerio de
Relaciones Exteriores el 5 de agosto de 1977 lo eleva en la causa 28479; a fs.
6, el 24 de agosto de 1977, el Juez Federal atento a que se pudo extraer una
ficha dactiloscópica solicita a la Policía Federal que extraiga fotos de la
huella. A fs. 13 el juez recibe las fotos y la remite para que digan si pertenece
a Floreal Avellaneda. A fs. 19 se consigna que son de Floreal Avellaneda el
30 de septiembre de 1977.
En la causa 28976 a fs. 34 vta. hay un informe del Secretario
Federal del 1 de septiembre de 1976, en el que certifica que se tramita el
habeas corpus, que se comunica que Iris Avellaneda está en la Unidad de
Olmos y que se remitió exhorto diplomático el 10 de junio de 1976 para que
informen si el cadáver es el de Floreal Avellaneda y que estaba
diligenciándose. A fs. 263 se encuentra un oficio del Ministerio de Relaciones
Exteriores al Juez del 7 de junio de 1984, en el que se informa donde está
sepultado. En el Agregado I (identificación de cadáver) al Expte. 28976, a fs.
3/12 se encuentran las fotos del cadáver y luego el trámite del exhorto.
Asimismo hay una copia a fs. 453/517 del expediente sobre la identificación.
En el exhorto 282/84 –que es un exhorto del Juzgado Federal
1 de San Martín del 10 de mayo de 1984 dirigido al Juzgado de 1a Instancia
de 6to. Turno de Montevideo, en el que solicita copia autenticada de todas las
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actuaciones en relación al cadáver de Floreal Avellaneda hallado el 14 de
mayo de 1976-, se encuentra la carpeta No. 682/76 de la Dirección de Policía
Técnica de la Policía de Montevideo s/identificación de cadáver. Sub-
prefectura de “Truville” del 14-5-76. A fs. 11/20 hay fotos del cadáver y hay
fotocopias certificadas de todo el trámite. A fs. 83 la División Información de
Antecedentes informa que las huellas se corresponden con las del Floreal
Avellaneda y pertenecen a la misma persona.
En el expte. 41807/84 del Juzgado de San Martín sobre
reasunción de competencia -que trata de un pedido de los abogados de Iris
Avellaneda pidiendo revisión de incompetencia en el homicidio Floreal
Avellaneda, ya que el anterior juez había declinado la competencia por haber
sido hallado el cadáver en las costas uruguayas-, el juez reasume la
competencia y oficia a Uruguay. En la resolución del 19 de noviembre de
1984 el juez dice que “no puede negarse, a esta altura de los
acontecimientos, que la detención del menor Avellaneda –ocurrida
indudablemente en el país- y el poco tiempo transcurrido entre tal evento y
su posterior muerte y arrojamiento al río- que también hacen presumir en
principio, su ocurrencia en el país-, muestran la conexidad existente entre
todos esos hechos, relación de conexidad esta que no permite la separación
de aquellos”, lo que torna aconsejable que reasuma la competencia en el
homicidio.
En el Informe del Equipo Argentino de Antropología
Forense, glosado en la Causa 4012 a fs. 2417/31 se asienta la cuestión
referente “al destino de las personas que estuvieron clandestinamente
detenidas en Campo de Mayo”, señalándose que “no ha habido un
tratamiento regular o uniforme durante todo el período estudiado”, que en
algunos casos se apeló a la ejecución extrajudicial embozada como un
supuesto enfrentamiento, pero que no era esta la práctica en todos los casos.
Que “Ha habido versiones consistentes que mencionan el empleo de
‘vuelos’ en los cuales los detenidos eran arrojados a las aguas del Río de la
Plata desde aviones que decolaban en la pista de Campo de Mayo”,
señalándose que al comienzo del informe se habían mencionado “las
dificultades para recrear de manera completa la serie a) secuestro-b)
128
cautiverio-c) ejecución- y d) aparición. Si bien, dadas las características del
medio empleado son tantos los casos en los que se hayan producido
apariciones en las costas (tanto argentinas como uruguayas) fluviales, en la
mayoría de los que hemos conocido parece percibirse cierta relación
posible con la Zona IV”, citando el caso de “Floreal AVELLANEDA” y
otros, los que “comparten el hecho de haber sido secuestrados en la que
venimos denominando como ‘zona de influencia’ de la Zona IV”.
En el Legajo CONADEP 3674, agregado a fs.2366/70, a fs.
2369 se refiere al batallón de aviación de combate 601 de Campo de Mayo y
consta “operaciones 666-2755 enlace con el Mayor Rossi este estaba
encargado de los ‘vuelos’ sin retorno vía aguas afuera”.
En el legajo 7170 de la CONADEP, en el que consta la
declaración de Néstor Roberto Cendón, éste relata que en caso que hubiera
enfrentamientos en los que cayeran personas de las fuerzas de seguridad o
armadas o sus circunstanciales oponentes debían retirarse los cuerpos de los
caídos llevándolos a la Central de Operaciones o los lugares destinados al
efecto, donde se ordenaba el destino ulterior del cadáver. Asimismo
manifiesta que había varias maneras de hacer desaparecer los cuerpos, una
posibilidad era incinerarlos en lugares destinados al efecto, por ejemplo
Chacarita, en horarios que no fueran de acceso al público; o se los sepultaba
en fosas comunes o individuales como N.N. en los sectores habilitados para
ese efecto en los cementerios. Otra forma era la participación de la Fuerza
Aérea que proporcionaba aeronaves con el objeto de arrojarlos en alta mar (fs.
22/23).
En el expediente No. 331.333/92 “Pereyra de Avellaneda Iris
Etelvina” de la Secretaría de Derechos Humanos, se encuentra el acta de
defunción, a fs. 46 obra el dictamen favorable y a fs.50 se encuentra la
resolución declarando que se acreditó que la muerte de Floreal Edgardo
Avellaneda “fue ocasionada por el accionar de las fuerzas armadas”, en las
condiciones previstas por la ley 24411 y a fs. 55/7 se le otorga la
indemnización a la familia.
Nora Irma Cortiñas en la audiencia relató que se enteran del
caso del Negrito Avellaneda, quien había aparecido muerto en Colonia. Que
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luego supieron que los tiraban de los aviones, después de torturarlos, los
adormecían y los tiraban de los aviones.
Víctor Ibáñez dijo que a 2 kms. de la plaza de tiro estaban los
aviones del ejército, había una pista de aviación, era enorme, como un
aeropuerto. Relata que una vez llevó en el jeep a dos personas de la fuerza
aérea hasta un avión, en el que estaban cargando personas que estaban
encapuchadas, que por comentarios supo que los llevaban a una base del sur o
a Ushuaia o bien eran lanzados de los aviones, sobre lo que había comentarios
en el campo y en los cuarteles, “era vox populi”.
José Luis García afirmó que en el Comando de Institutos
Militares se torturaba, asesinaba y los tiraban desde los aviones.
Todo esto acredita que Floreal E. Avellaneda fue arrojado al
Río de La Plata desde un avión proveniente de Campo de Mayo.
La Defensa Oficial afirmó que no se había acreditado la
imposición de torturas al menor, como tampoco que hubiera muerto por ellas
o hubiera sido asesinado, como asimismo que no se acreditó que el cadáver
hallado fuera el de Floreal Edgardo Avellaneda. Comencemos por esto último
el Defensor objeta el valor del confronte dactiloscópico, lo que no puede
aceptarse, ya que se trata del tradicional método mediante el cual se identifica
un cadáver. Por otra parte quedaría sin explicación en el interés de quien y por
qué se identificó la huella digital con la del menor, o bien tampoco se explica
la coincidencia con el tatuaje igual al del menor, ninguna prueba hay que
posibilite la duda. El otro argumento que utilizó, que podría denominarse de
“humor negro”, ya que planteó por qué razón no se hizo reconocer el cadáver
a través de las fotos a la familia, ya que si bien la madre estaba presa y el
padre prófugo había otros familiares a los que se les podía haber exhibido.
Con solo mirar las fotos surge lo atinado que resultara que no se las
exhibieran, ya que hubiera significado un nuevo dolor e inútil, ya que la
identidad fue establecida del modo fehaciente que significa la comparación
con las fichas del prontuario.
En cuanto a la duda de la causa de la muerte y a que la misma
podría haberse producido hasta por un accidente, tal planteo resulta
inaceptable a esta altura de la causa y huérfano de prueba alguna que pudiera
130
poner en duda la muerte. Distinto es el tema de la determinación de si la
misma fue como consecuencia de las torturas o si fue un homicidio agravado,
lo que se evaluará al tratar la calificación y la responsabilidad de los
procesados. Sin embargo, la Defensa planteó que tal discusión no tenía
importancia porque no se había acreditado la causa de la muerte, cuando
desde el punto de vista de las consecuencias de la elección de alguna de tales
alternativas para sus defendidos dependía, nada más ni nada menos, que una
pena temporal o una perpetua.
Es por ello que no se hacen lugar a las objeciones de la
Defensa en cuento a la prueba de las torturas al menor, de su muerte y de la
identidad del cadáver.

VII.- AUTORÍA
Kai Ambos afirma que sólo el tratamiento del pasado por
medio de la justicia penal tiene como presupuesto –aparte de una
comprobación exhaustiva de los hechos- la valoración jurídica de las
relaciones de participación.
Asimismo señala, en relación a las sentencias en el caso
“Eichmann”, que se constató que la teoría tradicional de la participación (en
especial inducción y complicidad) no podía aprehender de modo adecuado los
delitos juzgados.
Asiste razón a Donna (“La Autoría y la participación criminal”)
cuando expone que para pensar en este tipo de autoría se debe pensar en el
régimen nazi, en las estructuras mafiosas de poder y en lo sucedido luego del
golpe del 76, supuestos en los que es difícil interpretar los hechos con los
parámetros normales de la autoría. La doctrina está de acuerdo en que para
explicar e interpretar estos asesinatos llevados a cabo por la maquinaria
nacionalsocialista de exterminio no bastan, en principio, los conceptos
corrientes de la dogmática penal, tratándose de delitos inimaginables como
hecho individual, y es por ello que las figuras jurídicas de autoría, inducción y
complicidad no serán aptas para adaptarse, sin más, a un acontecimiento
delictivo así.
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Para evaluar los hechos y la responsabilidad de los imputados
resulta fundamental acudir nuevamente al Plan del Ejército de febrero de
1976, en el que se establecían las “Misiones:
1) Generales (Cuerpos de Ejército I, II, III y IV e IIMM)
“Planearán a partir de la recepción del presente plan y ejecutarán a partir del
día D a la hora H” asignándole, entre otras misiones, en el punto b) “Las
detenciones de personas según lo establecido por el Anexo 3”.
2) “Particulares”, en el punto b) a “Institutos Militares”, se le
asigna, entre otras misiones, el bloqueo y eventualmente el ataque a la
residencia presidencial de Olivos.
Como ya se señalara en el apartado V, en el punto I sobre
“Instrucciones de coordinación” se establecían en el inc. 1 las
“Jurisdicciones” y se determinaba que en el Gran Buenos Aires se asignaba
jurisdicción territorial al Comando de Institutos Militares “en los siguientes
partidos de la Provincia de Buenos Aires: San Martín-3 de Febrero-Vicente
López-San Isidro-San Fernando-Tigre-Gral. Sarmiento, la que regirá a partir
de la hora H-2 del día D”, determinándose en el punto a) En caso que una
fuerza requiera el empleo en su jurisdicción de efectivos de otra fuerza, la
responsabilidad de coordinación del planeamiento y conducción de las
operaciones será de la que ejerza el comando de la jurisdicción, la que
asumirá el control operacional sobre los efectivos agregados.
En el Anexo 3 (Detención de personas), en el punto 2 sobre
“Concepto de la operación” a) Aspectos generales, en el punto 3)
Procedimientos de detenciones se determinaba que “Estarán a cargo de
Equipos Especiales que se integrarán y operarán conforme a cada
jurisdicción”.
“b) Aspectos particulares”, se determinaban las “1)
Jurisdicciones. Las áreas de responsabilidad de los respectivos
Comandantes de Cuerpo e Institutos Militares son las que se determinan
en el anexo 10”. Asimismo se establecía (punto 2) la “Organización” y en el
punto 3) la “Dependencia y funcionamiento”:
“a) Cada Comando de zona establecerá en su jurisdicción
132
los Equipos Especiales que resulten necesarios de acuerdo a las
características de la misma.
b) La planificación respecto a los elementos a detener se
hará, en principio, sobre la base de las listas que cada Comando de
jurisdicción confeccionará y que en todos los casos deberá contar con la
aprobación de la JCG. Estas listas podrán ampliarse como producto de
estudios y necesidades posteriores...”.
c) Los equipos especiales de cada jurisdicción se integrarán e
iniciarán su planeamiento de detalle a partir de la recepción del presente
Anexo.
“d) Cada Comandante establecerá en su jurisdicción
lugares de alojamiento de detenidos, debiendo hacerlo sobre las siguientes
bases: (1) “las personas de significativo grado de peligrosidad serán alojadas
en Unidades penitenciarias de su Jurisdicción”; (2) “El resto de las personas
serán alojadas en dependencias militares y agrupadas según el trato que
cada Comandante de Cuerpo e Institutos Militares estime se le debe dar
al detenido”.
“e) Los medios de movilidad para el cumplimiento de la
totalidad de las acciones en cada jurisdicción serán asignados por los
respectivos Comandos.”
“f) Los estudios de detalle de cada Equipo Especial serán
aprobados por los respectivos Comandantes...”
“k) El asiento de la Jefatura, Plana Mayor y efectivos que
integren los Equipos Especiales queda librado al criterio de cada
Comandante.”
“m) Todo el accionar de los Equipos Especiales será
registrado en documentos a elaborar dentro del más estricto marco de
seguridad y secreto militar”
“n) Un informe final de todo lo actuado en este sentido será
confeccionado en cada Comando y elevado a su término a la JCG”
En el punto 5) se establecían las “Prioridades” y en el inc. a)
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(2) aparece la “Prioridad II: integrada por el oponente potencial para prever su
detención en el momento en que se evidencie”.
En el punto 7) se encuentran las “Instrucciones de
coordinación” y en el punto b) se establece que “En cada jurisdicción la
confección de listas será responsabilidad exclusiva de los Comandos de
Cuerpos, e Institutos Militares...”, mientras que en el punto e) se determina
que “Toda acción relacionada con las otras FF AA será coordinada por el
Comando de cada jurisdicción”.
En el “APÉNDICE 1 (Instrucciones para la detención de
personas) AL ANEXO 3 (Detención de personas) AL PLAN DEL
EJÉRCITO PARA EL PLAN DE SEGURIDAD NACIONAL en el punto
16 se determinaba que “Los Jefes de cada CD impartirán instrucciones
especiales a los componentes de las mismas sobre normas de conducta con
personas ajenas al procedimiento y bienes del inculpado (incautados o no)”
En el punto 18 se establecía que “A todo personal integrante
del Equipo Especial se le darán claras y precisas instrucciones sobre empleo
de las armas para asegurar la detención de las personas buscadas o anular
eficazmente toda resistencia”.
En el “APÉNDICE 2 (Ficha individual)” se encuentra la ficha
con los datos a consignar y en el APÉNDICE 3 (Lista de personas a detener)”
se encuentra la planilla que debería llenarse.
En el punto 3 de “INSTRUCCIONES PARTICULARES”
inc. b) No.2) se establece que los puestos de comando “serán fijados por
los comandos de Zonas de Defensa, Subzonas, Áreas y Fuerzas de
Tareas”.
A partir de la tarea del sector inteligencia las listas de las
personas a detener eran confeccionadas por cada Comando de
Jurisdicción y aprobadas por la JCG, siendo la base para planificar
quienes serían los elementos a detener.-
En el Anexo 2 de “Inteligencia” en el punto 3 bajo el título
“Contrainteligencia” se dice:
“a) Por las características del objetivo perseguido, las
134
medidas de seguridad que rodearán la presente planificación deberán superar
los niveles habituales de restricción. En la misma deberán participar los
elementos indispensables, del más alto nivel jerárquico y debidamente
seleccionados por los respectivos comandantes.
b) Las actividades emergentes de esta planificación deberán
ser encubiertas como derivadas de la lucha contra la subversión”.
Entre las “operaciones” se consignaban: “1) Actividades de
Inteligencia; 2) Operaciones Militares; 3) Operaciones de Seguridad; 4)
Operaciones psicológicas; 5) Operaciones electrónicas; 6) Actividades de
acción cívica; 7) Actividades de enlace gubernamental. Los Comandos y
Jefaturas de todos los niveles tendrán la responsabilidad directa e
indelegable en la ejecución de la totalidad de las operaciones.”
En la DIRECTIVA DEL COMANDANTE GENERAL
DEL EJÉRCITO Nro. 217/76 (Clasificación, normas y procedimientos
relacionados con el personal detenido a partir del 24 Mar 76), de abril de
1976, en el punto 4 referido a “INSTRUCCIONES A SEGUIR POR LOS
COMANDOS DE ZONA DE DEFENSA Y ELEMENTOS
DEPENDIENTES PARA CONCRETAR LOS PROCEDIMIENTOS”, se
establece: “a. Para colocar personal detenido a disposición del PEN”, se
procederá de acuerdo a lo establecido en el PON No. 212/75”, debiendo los
Comandos de Zona de Defensa y Subzona solicitar la puesta a disposición
del PEN, ratificarla a las 24 horas y en el inc. d “Para hacer cesar la situación
de detenido a disposición el PEN” 1) los “Comandos de Zona y/o Subzona
de Defensa”: (a) Solicitarán al Comando General de Ejército el cese a
disposición del PEN, consignando los datos de nombre, filiación, No. de
Decreto por el que se los detuviera y las causas que motivan la solicitud.
El punto 5 sobre “INSTRUCCIONES
COMPLEMENTARIAS” “a. Carta de situación” establece que el Comando
General del Ejército y los Comandos de Zona de Defensa mantendrán, dentro
de su jurisdicción, la “carta de situación de detenidos”, en 1) que los
Comandos de Zona de Defensa actualizarán semestralmente la carta de
actuación ante el Comando General y en el inc. e. se consigna que el “Nivel
mínimo facultado para requerir la puesta la disposición del PEN” es el
Poder Judicial de la NaciónPoder Judicial de la NaciónPoder Judicial de la NaciónPoder Judicial de la Nación

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Comando Subzona de Defensa. En cuanto a los lugares de detención (f)
“Detenido por aplicación Fuerza Ejército, no clasificados como de máxima
peligrosidad, en establecimientos carcelarios y/o unidades, organismos, etc.,
conforme al criterio que, para cada caso, fijen los respectivos
comandante de Zonas de Defensa”.
En la causa 4012 a fs. 533/5 hay un informe del Estado Mayor
General del Ejército, del 12 de febrero de 1987, en el que se puntualizan
algunos aspectos de la “guerra contra la subversión” y en el No.2 se consigna
que “Resulta imprescindible clarificar la diferencia que existe en la
organización del Ejército para tiempo de paz y la que se adopta para llevar a
cabo la guerra contra la subversión”, en cuanto a la organización del Ejército
para la Guerra contra la Subversión, el Ejército se organizó en zonas,
subzonas y Áreas de Defensa. El entonces Comando en Jefe del Ejército
(EMGE) sólo registraba las Zonas, pero en lo concerniente a las divisiones
jurisdiccionales inferiores, eran, en cuanto a su determinación geográfica
y titular que las comandaba, del exclusivo resorte del Comandante de
Zona (fs.534), por lo que el Estado Mayor General de Ejército no tenía
registros sobre eventuales subdivisiones que los Comandantes de Zona
hayan efectuado en sus respectivas jurisdicciones, así como la organización
de los elementos que hubieran operado en la misma. A fs. 539/40 hay otro
informe del 11 de febrero de 1987, en el que se destaca que “la información
correspondiente a los niveles inferiores a zona, que responden a la orgánica
de guerra contra la subversión (esto es subzonas o áreas) no fueron del
registro de este EMGE, sino que su determinación fue de exclusiva
competencia de los Comandantes de Cuerpos como Jefes de Zona”.
Es decir que el Comando de Institutos Militares tenía
claramente asignada su función y el territorio, siendo que en mayo de 1976 se
dicta la Orden Parcial No. 405/76 (Reestructuración de jurisdicciones y
adecuación orgánica para intensificar las operaciones contra la
subversión), en el punto 3 inc. c) se establece el Cdo Z Def. 4 (Cdo IIMM),
asignándole nuevamente los partidos de Tres de Febrero- San Martín- Vicente
López- San Isidro- San Fernando- Gral. Sarmiento y agregándole: Tigre-
Pilar- Escobar- Exaltación de la Cruz- Zárate y Campana.
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Como ya se señalara, todo ello da por tierra la versión de los
procesados, en el sentido de que hasta mayo de 1976 no tenían asignada
ningún área.
Ahora bien, siendo que la cúpula de las fuerzas armadas había
diseñado el plan secreto a cumplir en cada una de las zonas y que Riveros,
Verplaetsen y García, en sus posiciones de Comandante, Jefe de Inteligencia y
Director de la Escuela de Infantería que dirigía el Área de Vicente López,
respectivamente, se encontraban a cargo de la Jefatura de la zona, de la
Jefatura de Inteligencia y de la del área que comprendía a Vicente López en el
período comprendido entre marzo y abril de 1976, deberá analizarse el
carácter de su participación y responsabilidad en los hechos. Es decir que
debe establecerse si la posición jerárquica que ocupaban permite determinar y
diferenciar sus respectivos grados de participación.
En la causa 13 la Cámara Federal sostuvo que los
comandantes otorgaron a los cuadros inferiores libertad para la ejecución del
plan. Así en el capítulo XX, punto 2 se afirma que “... el personal
subordinado a los procesados detuvo a gran cantidad de personas, las alojó
clandestinamente en unidades militares o en lugares bajo dependencia de las
fuerzas armadas, las interrogó con torturas, las mantuvo en cautiverio
sufriendo condiciones inhumanas de vida y alojamiento y, finalmente, o se las
legalizó poniéndolas a disposición de la justicia o del Poder ejecutivo
Nacional, se las puso en libertad, o bien se las eliminó físicamente”.
Asimismo que “...los comandantes establecieron secretamente un modo
criminal de lucha contra el terrorismo. Se otorgó a los cuadros inferiores
de las fuerzas armadas una gran discrecionalidad para privar de libertad a
quienes aparecieran, según la información de inteligencia, como
vinculados a la subversión; se dispuso que se los interrogara bajo
tormentos y que se los sometiera a regímenes inhumanos de vida, mientras
se los mantenía clandestinamente en cautiverio; se concedió, por fin, una
gran libertad para apreciar el destino final de cada víctima, el ingreso al
sistema legal (Poder Ejecutivo Nacional o justicia), la libertad o,
simplemente, la eliminación física”.
En la causa 44 también, concordantemente con lo que se
Poder Judicial de la NaciónPoder Judicial de la NaciónPoder Judicial de la NaciónPoder Judicial de la Nación

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había determinado en la causa 13, se afirmó que se otorgó a los cuadros
inferiores de las fuerzas una gran discrecionalidad para privar de libertad
a quienes aparecieran como vinculados a la subversión, que se dispuso que a
los capturados se los interrogara bajo tormentos, que se sometiera a los
detenidos a regímenes de vida inhumanos, y que se concedió a los cuadros
inferiores gran libertad para disponer el destino final de cada víctima
(eliminación física, puesta a disposición del Poder Ejecutivo Nacional o la
libertad).
A tal efecto debe resaltarse, primeramente, que ya en la
Directiva del Comandante General del Ejército n° 404/75 (“lucha contra la
subversión”) se establecía que “[l]os Comandos y Jefaturas de todos los
niveles tendrán la responsabilidad directa e indelegable en la
ejecución de la totalidad de las operaciones” (punto 5, apartado g).
Es decir que quienes fueran condenados en la causa 13
diseñaron el plan a llevar a cabo en todo el territorio, distribuyeron la
competencia territorial de los Comandos y en lo que aquí interesa del
Comando de Institutos Militares, dejando a cargo de éstos la ejecución del
plan y la provisión de los elementos necesarios. Como se sostuvo en la causa
“Menéndez”: “En conclusión, no cabe duda de que lo acontecido fue
producto de un plan estratégico ideado desde las filas militares superiores;
que a los fines de su aplicación, cada fuerza conservó el comando efectivo y
exclusivo de su sector, con variantes de tácticas y modos pero siempre dentro
de una uniformidad en el accionar represivo como consecuencia natural del
sistema adoptado”. Se afirmó que para analizar el grado de participación en
los delitos atribuidos a los acusados, cabía señalar que los imputados estaban
todos incluidos dentro de la organización de un plan sistemático integral
criminal que, amparado por los mecanismos estatales, tenía como objetivo la
eliminación de los opositores políticos. Que la represión ilegal estuvo
caracterizada –entre otros aspectos- por la discrecionalidad y libertad
otorgada a los jefes de zona para organizar la represión en la zona bajo
su mando, como así también la libertad dada al personal inferior en sus
distintas jerarquías y grados y que, más allá de la tarea específica que cada
uno cumplió, todos los acusados efectuaron los aportes que formaban los
138
tramos del plan, de tal manera que sin ese aporte los hechos no hubieran
podido llevarse a cabo según estaba diseñado. De esta manera sus
intervenciones llevaban a afirmar que eran coautores por dominio de la
acción en la ejecución del plan. Efectuaron una contribución esencial en el
estadio de la ejecución de los hechos, los que se inscriben como desenlace y
tramo final del plan concreto. Los aportes de los acusados a los hechos, no
constituyen así meros actos preparatorios no punibles, ni aportes por
participación necesaria sino delitos co-configurantes de este último tramo del
plan.
Estamos de acuerdo con tales afirmaciones, si bien a través de
ellas llegaremos a conclusiones distintas de las que se llegara en la citada
causa respecto a la clase de autoría.
La Cámara Federal en lo Criminal de la Capital en la causa
“Olivera Róvere” recordaba lo sostenido por los Fiscales Strassera y Moreno
Ocampo respecto de que “... no nos caben dudas que el Comandante de la
Subzona en la que funcionaba un Centro Clandestino, es en principio
responsable de lo que allí ocurría, así como de los homicidios vinculados
con su jurisdicción...”. Por ello sostuvo que esto fundamentaba la idea de
que los hechos ocurridos en el ámbito de centros clandestinos de detención
eran imputables -a título de autoría- al Comandante de la Subzona en cuya
jurisdicción se situaban los centros.
A diferencia de los Comandantes en Jefe, que fueron autores
mediatos, al poner en marcha la estructura de poder y diseñar el plan,
consideramos que quienes dirigían la zona y el área son co-autores directos
por co-dominio de la acción, al efectivizarse el Plan a través de los Comandos
de cada zona, diseñando y llevando a cabo las acciones con libertad y de
acuerdo a las características de cada una de las zonas. Asimismo esta parece
ser la opinión de la Corte, en cuanto modifica la sentencia de la Cámara
Federal y califica la participación de los Comandantes en Jefe como de
participación primaria, evidentemente entonces quienes efectivizaron el plan
eran los autores. Pero, más allá de tales calificaciones, y teniendo en cuenta
que la posición de la Corte pareciera responder a la teoría formal objetiva, hoy
abandonada por la doctrina, igualmente deben tenerse en cuenta las
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particularidades que representa este tipo de delincuencia, para la cual ese
criterio no puede ya considerarse.
Sancinetti (“Teoría del delito y disvalor de acción”) advierte
innecesaria la discusión de si constituye un supuesto de autoría mediata o de
co-autoría. Parte de reconocer que “...si el autor es mediato, en el sentido de
que domina el aparato de poder sin intervenir en la ‘ejecución’, y,
concurrentemente, deja en manos de otros la organización de la realización
del hecho, como autores directos, entre éstos y aquél hay propiamente una
coautoría, porque con su aporte, cada uno domina la correalización del
hecho, aunque ‘pierden el control’ en tiempos distintos”. Dice que sería una
forma de coautoría vertical (en desnivel, con autores mediatos y directos), por
oposición al caso corriente de la coautoría horizontal (al mismo nivel).
Kai Ambos (“Dominio del hecho por dominio de la voluntad en virtud
de aparatos organizados de poder”), tomando en cuenta las sentencias en el caso
Eichmann -del Tribunal de Distrito del 12 de diciembre de 1961 y la sentencia
confirmatoria del Tribunal Supremo del 29 de mayo de 1962-, señala que la
solución del Tribunal de Distrito consistió en hacer aumentar la
responsabilidad jurídico-penal individual –invirtiendo la teoría habitual de la
participación- en la medida en que la distancia hacia el hecho fuera mayor, de
modo que se arribaba a la conclusión de que el hombre de atrás que dirigía el
suceso poseía una mayor responsabilidad que el autor directo, se afirmó: “Los
delitos juzgados son delitos masivos...de modo que la cercanía o el
alejamiento respecto del hombre que mató de hecho a la víctima no puede
tener ninguna influencia en el alcance de la responsabilidad”. En el caso se
llegó a la conclusión que se trataba de co-autoría.
Como señala Righi (“Derecho Penal Parte General”), en la
mayoría de los casos, la descripción de los delitos contenidos en el Código
Penal se refieren a acciones que realiza una sola persona, a quien la norma
adjudica una determinada escala de punibilidad. En esos casos, la imputación
al ladrón, como autor del robo, resulta sencilla. Pero, también es frecuente que
el hecho sea obra de un colectivo de personas, que deciden robar un banco
acordando un plan común, en el que los participantes realizan
comportamientos que permiten sostener la concurrencia de una infracción
140
colectiva a la norma que contiene el deber. Respecto de la coautoría
funcional, a la que considera la modalidad verdaderamente relevante, “se
presenta en los casos en que es posible la división del trabajo, cuando los
intervinientes se distribuyeron los aportes necesarios para la consumación en
función de un plan y los realizaron durante la etapa de ejecución. Es decir
que cada coautor se ha reservado un dominio funcional, pues el aporte de
cada uno es imprescindible para que el delito pueda cometerse del modo
previsto...” .
Jescheck (Tratado de Derecho Penal Parte General”, T.II) considera
que se da un supuesto de coautoría en razón de la pertenencia a la
organización, la decisión de pertenecer a ésta le da el carácter común
requerido indispensable por la doctrina. “La persona en la central sería
coautor, precisamente porque domina la organización. El carácter común de
la decisión respecto a la realización del hecho viene dado por la pertenencia
a la organización”. La coautoría también se basa en el dominio del hecho,
pero, puesto que en su ejecución intervienen varios, el dominio del hecho
tiene que ser común, cada uno ha de aportar objetivamente una contribución
al hecho que, por su importancia, resulte cualificada para el resultado.
Atendiendo a la “división de papeles” más apropiada al fin propuesto, ocurre
en la coautoría que también una contribución al hecho que no entre
formalmente en el marco de la acción típica resulte suficiente para castigar
por autoría. Basta con que se trate de una parte necesaria de la ejecución del
plan global dentro de una razonable “división del trabajo” (dominio funcional
del hecho). Cada coautor domina el suceso total en unión con otras personas.
La coautoría consiste así en una “división del trabajo” que es la que llega a
hacer posible el hecho, o lo facilita, o reduce notablemente su riesgo. En el
aspecto objetivo, la aportación de cada coautor debe alcanzar una determinada
importancia funcional, de modo que la cooperación de cada cual en el papel
que le correspondiera constituya una pieza esencial en la realización del plan
conjunto (dominio funcional). Los coautores no precisan siquiera conocerse
entre sí, “con tal que cada uno sea consciente de que junto a él cooperan otro
u otros, y éstos tengan esa misma conciencia”.
Para Maurach, Gossel y Zipf (“Derecho Penal. Parte General”),
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coautoría es la concurrencia querida, consciente y con división del trabajo de
varios autores, con el fin de obtener el mismo resultado típico. En atención a
los aportes fácticos particulares subordinados a la meta común, se habla del
dominio funcional del hecho. El dominio colectivo del hecho se caracteriza
por cuanto la dirección final del desarrollo típico del acontecer no se
encuentra en manos de una persona individual, sino de un conjunto de
personas. Toma parte de esta coautoría todo aquel que con su aporte parcial
da fundamento y posibilita la dirección final del desarrollo objetivo del
acontecer, de manera tal que la realización del resultado global pase a
depender también de su voluntad. Por ello afirman que es coautor quien, sin
poner mano propia, supervisa el acontecer típico, regulándolo y dominándolo.
El dominio del hecho así presupuestado por parte de esta comunidad se
muestra objetivamente en el curso, dominado por ella, del conjunto de todos
los actos individuales necesarios para la lesión típica al bien jurídico, los
cuales por vía de la división del trabajo, son ejecutados por diversas personas
individuales y en relación objetiva con los restantes actos. Entonces participa
del dominio del hecho de este conjunto de personas aquel cuyo aporte sea co-
fundante del dominio del hecho del ente colectivo con respecto al resultado
global de la lesión al bien jurídico, debido a la relación objetiva con los
aportes restantes. Ponen como ejemplo los casos del jefe de banda, que
instruye a su gente para la ejecución de acciones punibles de acuerdo con un
plan previamente establecido. La selección del objeto del hecho, el instante de
la acción típica y la determinación al plan conjunto conducen también aquí a
la participación del jefe en el dominio colectivo del hecho, incluso cuando
éste ha perdido ya toda conexión con su “grupo de trabajo” durante la
ejecución de los hechos.
Para Stratenwerth (Derecho Penal Parte General, I El hecho punible)
en la coautoría el dominio del hecho se encuentra en manos de un sujeto
“colectivo”, el coautor individual participa únicamente como miembro de este
sujeto colectivo. Por ello sería correcto, en principio, tomar como punto de
partida el “dominio funcional del hecho”, que corresponderá a un partícipe
cuando su aporte –según el plan total- constituya un presupuesto que tiene
lugar durante la ejecución y sin el cual el resultado perseguido no hubiera
podido alcanzarse, o sea, cuando de esta manera la empresa total se pone en
142
marcha o se detiene. En la cuestión de si el aporte al hecho era esencial “en el
momento de la ejecución”, sostiene que lo importante no es el momento en el
cual se lo ha prestado, sino el modo en que se producen los efectos en la
ejecución. En la planificación y organización de un delito ejecutado por varias
personas, por ejemplo, también fundamentarán la coautoría, aún cuando el
organizador no aparezca durante la ejecución: el plan da sentido al
comportamiento de los partícipes durante la ejecución, conforma los roles
individuales y determina la participación del organizador en el dominio del
hecho.
Para Wessels (“Derecho penal. Parte General”) la esencia de la
autoría no se agota en la “posibilidad objetiva de dominar” el suceso concreto.
El criterio del dominio “propio” del hecho pierde importancia frente a la
voluntad que planea y estructura con respecto al si y cómo del hecho. El jefe
de una banda que proyecta el plan delictivo y organiza su ejecución, responde
como coautor incluso si no está presente en el lugar del hecho y sus cómplices
llevan a cabo el hecho solos, con arreglo a un convenio.
García Vittor (“La Tesis del Dominio del Hecho a través de los
Aparatos Organizados de Poder”) se muestra partidario de la coautoría, si se
entiende que el requisito del plan común, de la decisión conjunta al hecho, no
debe apreciarse en el sentido común de exigir un acuerdo previo al delito. Es
suficiente que quien se suma a una empresa delictiva ya comenzada, realice
parte de la misma teniendo sobre esa parte el dominio del hecho, con los
demás miembros de la organización. Los que están en la cadena de mando,
inclusive los organizadores –o más aún éstos-, serán coautores por acción u
omisión.
En el derecho alemán y el español la ley exige que se
comporten conjuntamente, pero nuestro código no, por tanto desprender la
exigencia de la decisión común al hecho de esa circunstancia no resulta
aplicable.
Ambos y Grammer (“Dominio del hecho por organización. La
responsabilidad de la conducción militar argentina por la muerte de Elizabeth Käsemann”),
expresan que se ha objetado la autoría mediata porque la autoría mediata del
autor de atrás naufraga ante el principio de responsabilidad, ante la decisión
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libre del ejecutor (Herzberg, Amelung, Köhler, Jakobs). Además, faltaría la
fungibilidad del autor directo, pues el mismo hecho no podría realizarse en
caso de negarse (Herzberg, Amelung).
Kai Ambos (“La Parte General del Derecho Penal Internacional”)
expresa que los intervinientes son “co-autores del todo”, poseen el co-
dominio, lo que los convierte en “co-dueños del hecho total”, coautoría es la
realización colectiva del tipo. Esto se completa con el punto de vista
subjetivo, si el interviniente comparte el fin. Por medio de una planificación
detallada es posible un co-dominio de la ejecución del hecho, lo que Jakobs
llama un “dominio de la configuración” del planificador, lo que importa son
los actos concretos y objetivamente constatables de preparación del hecho y
sus repercusiones sobre la ejecución. La consideración de los actos
preparatorios del plan del hecho tiene importancia en estos casos, pues los
crímenes contra la humanidad presuponen un contexto sistemático de
comisión, el cual por su parte implica una planificación preparatoria. Aquí,
quienes tomaron parte en la planificación no siempre serán autores mediatos
en virtud del dominio de la organización, de modo que la coautoría
comprende el contenido de injusto por ellos realizado. Ello porque hay que
considerar que el dominio por organización presenta dos aspectos que
merecen un examen profundo.
El primer aspecto se refiere a que, por un lado no ha sido
explicado satisfactoriamente cómo la plena responsabilidad y libertad del
hombre de adelante puede ser superada a través del dominio por organización.
Se usa el criterio de la fungibilidad, pero en el caso de los intervinientes que
no pertenecen al vértice directo de la organización, la problemática del
criterio de la fungibilidad se ve más claramente. Si tales personas son
realmente imprescindibles para la realización del plan total no se puede partir
de su fungibilidad en relación con sus superiores y en caso de la afirmación
de su fungibilidad ello se opondría a la posibilidad de su dominio por
organización y con ello de su autoría mediata. Señala Ambos que debe
hacerse notar que la teoría del dominio por organización hasta el momento no
ha delimitado claramente hasta qué niveles de jerarquía, hasta qué nivel de
mando, se puede realmente suponer un dominio de la organización. Una
144
fungibilidad tan debilitada no puede servir por sí sola, sin más para
fundamentar el dominio del hecho del hombre de atrás que emite la orden, por
lo que tal criterio se muestra inidóneo desde el punto de vista empírico para
explicar convincentemente el dominio por organización.
Los imputados (Riveros, Verplaetsen, García) podían decidir
sobre el modo de llevar a cabo los hechos, sirviéndose para ello del personal
del campo a sus órdenes. Pero ello también habla de una precisa división de
tareas dentro del campo y, por ello, en contra de una fácil intercambiabilidad
de los ejecutores directos en la situación concreta del hecho.
El segundo aspecto que el citado autor considera es el
interrogante de si todo aquel que interviene en un aparato organizado
impartiendo órdenes de realizar conductas delictivas puede realmente ejercitar
tal dominio de la organización. Acá es preciso delimitar entre autoría mediata
y coautoría según los niveles de jerarquía, es necesario diferenciar claramente
entre el vértice de la organización y los funcionarios que –aunque de alto
rango- están situados por debajo de éste. No se puede negar que sólo el
vértice de la organización, que regularmente está constituido formalmente
como consejo de defensa nacional, o como junta -en nuestro caso como Junta
de Comandantes en Jefe o el Comando en Jefe del Ejército-, puede ejercitar
un dominio absoluto por medio de y sobre el aparato organizado de poder que
de él depende. Además esta instancia representa el Estado de manera especial
y carga con la responsabilidad por posibles injerencias en los derechos
fundamentales. Sólo el dominio de la conducción del Estado no puede ser
bloqueado desde arriba o perturbado. Por el contrario, tal perturbación es del
todo posible en un funcionario de nivel alto o medio, cuyo poder de mando
sobre los ejecutores directos podría haber sido impedido por sus superiores.
Por lo tanto el dominio por organización puede fundamentarse sin duda
alguna sólo respecto en aquellos hombres de atrás del Estado, cuyo poder de
mando y cuyas órdenes no pueden sin más ser retiradas o anuladas, es decir,
respecto de aquéllos que dominan y gobiernan sin perturbación alguna, esto
es así respecto del vértice de la organización, es decir quienes fueron
condenados en la causa 13.
Agrega Kai Ambos que por el contrario, los autores que no
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pertenecen al vértice de la organización, pero sí un nivel de conducción,
poseen dominio de la organización dentro del aparato respecto de sus
subordinados. Ellos no dominan todo el aparato, sino una parte de éste. Por
otra parte, su dependencia del vértice de la organización parece hablar a favor
de una coautoría fundada en la división funcional del trabajo, sin tal división
del trabajo de ningún modo se hubiera podido llevar adelante el plan;
tampoco hubiera podido funcionar eficientemente el centro clandestino de
detención, en particular bajo la orden y supervisión del comandante. Dominio
funcional del hecho significa un actuar conjunto de los intervinientes fundado
en la división del trabajo. En estos casos el actuar conjunto consiste en que el
autor de escritorio planea, prepara y ordena la comisión del hecho y el
subordinado lo ejecuta. Ambas contribuciones son indispensables para su
comisión; superior y subordinado dominan el hecho en la misma medida.
De otra parte, para Jakobs (“El ocaso del dominio del hecho” en
“Conferencias sobre temas penales”) estos casos sólo pueden resolverse a través
de la coautoría, pues la participación debe ser valorada como autoría. Los
actos de la organización, en el marco de la ejecución de un hecho criminal
con división de tareas, son aportes realizados y fundan, por lo tanto una
coautoría. Señala que las ponderaciones normativas hacen autor a quien
ordena. Su poder de conducción fáctica es sólo el punto de partida, partiendo
del mismo la autoría del autor de atrás se deduce de las siguientes
consideraciones normativas: en la organización crece la responsabilidad por
el hecho individual o concreto junto con la distancia del nivel de ejecución,
con la ubicación elevada del puesto de mando. Esta valoración fundamental
orientada a la responsabilidad, marca los casos problemáticos. El poder
fáctico de conducción, decreciente hacia arriba en la jerarquía de mandos, es
compensado al mismo tiempo con la responsabilidad de quienes están en las
posiciones más altas. Así el punto de vista fáctico es corregido
normativamente. El tribunal Supremo Federal alemán eligió esta
argumentación: “En tales casos, no considerar como autor al autor de atrás
sería injusto en relación con el peso objetivo de su contribución al hecho,
cuando, en especial, habitualmente la responsabilidad con gran distancia
respecto del lugar del hecho crece en lugar de disminuir”.
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Jakobs afirma que únicamente a través de la conjunción de
los que imparten las órdenes y de quienes las ejecutan se puede interpretar un
hecho individual del ejecutor como aportación a una unidad que abarca
diversas acciones ejecutivas. Señala que “...para la coautoría no se
requiere de una decisión recíproca, sino que basta con una decisión de
adaptación” y que por tanto “...el sujeto que está situado detrás del autor en
el caso de un aparato organizado de poder no es ‘un autor detrás del autor’
sino un coautor”. Entiende que en el exterminio de judíos en el período
nacional-socialista, también son coautores los coordinadores que no
ejecutaron los hechos por sí mismos, ya que “sólo mediante la conjunción de
quien imparte la orden y quien la ejecuta se puede interpretar un hecho
singular del ejecutor como aportación a una unidad que abarque diversas
acciones ejecutivas”. Señala que “...sólo puede llegar a haber codelincuencia
si alguien ejecuta una conducta cuya continuación en una realización del
tipo no ha de entenderse como puro arbitrio del sujeto que ejecuta, sino como
inherente al comportamiento anterior, dicho de otro modo, su ejecución debe
significar que no sólo ese comportamiento inicial, sino también el
comportamiento de continuación realizado por el ulterior actuante, son
asunto del autor y, en este sentido, deben serle atribuidos”. Entonces los
partícipes conforman junto con el ejecutor una persona colectiva cuya obra es
la ejecución. El partícipe responde jurídico-penalmente porque la ejecución
es, a causa del reparto vinculante, también la suya. Señala que la ejecución no
es sólo ejecución de quien ejecuta, sino ejecución de todos, por lo que decae
la razón para destacar la ejecución de que sólo los que ejecutan deben
calificarse como autores, todos los intervinientes ejecutan, con independencia
de quién sea la mano que se mueva para ello. Todos los intervinientes generan
con su conducta una razón para que se les impute la ejecución también como
ejecución suya. En esta medida, aún no se habla de la distinción entre autores
y partícipes, sino sólo de la vinculación con otros, de lo común, del colectivo.
Frente a la cuestión que se plantea en este punto, relativa a quién entre los
intervinientes tiene el dominio del hecho, la respuesta sólo puede ser la
siguiente: el colectivo. Ello significa que, antes de afirmar que es el colectivo
el que domina la ejecución, los intervinientes antes de la ejecución han fijado
el marco, o, cuando éste es variable, al menos lo han propuesto, y los
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ejecutores lo rellenan. Lo que derive de ello es la realización concreta del
tipo, compuesta de marco y relleno, siendo el relleno del marco precisamente
la ejecución del hecho, que se ajusta al marco y que por ello es también
ejecución de aquellos que han creado el marco. La cuestión del dominio del
hecho no es otra cosa que la cuestión de la cantidad de intervención, es decir,
en el caso de sujetos que intervienen en la fase previa, la cuestión es en qué
medida determinan el marco de la ejecución, y, con ello, la ejecución misma,
o, en el caso de los ejecutores, la cuestión acerca del margen de configuración
que aún permite el marco. A cualquier interviniente le incumbe, en cuanto
miembro del colectivo, la ejecución en el marco configurado para ella. Que
cometa u omita es indiferente: en todo caso, la ejecución infringe su deber,
aunque sea por mano ajena.
Lo señalado en este punto dará lugar a los parámetros con los
que determinaremos la clase de autoría y los grados de participación de cada
uno de los imputados.

VIII.- CALIFICACIÓN:
En cuanto a la calificación a dar a los hechos hemos de diferir
con las querellas y con la Fiscalía en tanto consideraron que la muerte de
Floreal Avellaneda no fue producto de las torturas, sino que se trató de un
homicidio agravado. Y no hemos de coincidir pues ninguna prueba se produjo
en la audiencia que pudiera hacer variar la calificación que de la conducta se
efectuara en la causa 13, en la que se atribuyó a Videla, entre otros delitos,
“tormentos seguidos de muerte, art. 144 ter último párrafo (ley 14616)
respecto de Floreal Edgardo Avellaneda”.
Las partes no pidieron y por ende no produjeron prueba
alguna para acreditar que se trató de un homicidio sucedido fuera de la tortura
y la suposición efectuada por la Fiscalía, en el sentido de que siendo que el
cadáver tenía atados los pies y las manos o por el desnucamiento hubiera sido
arrojado vivo, no deja de ser eso una suposición, insuficiente para variar la
calificación.
Distinta ha de ser la conclusión respecto de Riveros, por
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tratarse de un problema de calificación, para lo cual tenemos en cuenta que
era el Comandante de la zona y que fue quien pusiera en marcha el plan para
la zona, dando las órdenes correspondientes. Seguimos en esto a Sancinetti
(“Análisis crítico del juicio a los ex- comandantes”), quien señala que dado que, quien
da la orden, tiene dolo directo de que habrá muertes, aunque no sepa con
certeza cuántas, ni cómo serán determinadas en particular las víctimas de cada
secuestro, ni cuales de éstas serán atormentadas o matadas por los autores
directos, asume con dolo directo que habrá muertes, y con dolo eventual sólo
el número (indefinido) de ellas que serán producidas efectivamente. Pone
como ejemplo el caso que se produjera una muerte en un acto de tortura,
muerte no querida, este hecho podría constituir delito doloso de tormentos
seguido de muerte, en todo caso respecto del autor directo. Pero, con relación
al que dio la orden, una proporción de muertes de todos los torturados, está
abarcada con dolo de consecuencias necesarias (directo) o, al menos,
eventual; y cada hecho debe ser imputado dolosamente como asesinato del 80
inc. 2 y 6 y no como tormentos seguidos de muerte. Este es el caso de
Riveros, no porque se trate de un hecho independiente sino que se trata de un
tema de calificación respecto del resultado muerte.
Tal homicidio se agrava por alevosía y por el concurso de dos
o más personas conforme el art. 80 inc.2 y 4 CP, según leyes 20509 y 20642.
Con relación a las torturas impuestas a Iris Pereyra de
Avellaneda corresponde aplicar el art. 144 ter, primero y segundo párrafo,
según ley 14616, por tratarse la víctima de un perseguido político. En cuanto
al argumento de la Defensa oficial, en el sentido de que no se había acreditado
que alguno de los integrantes de la familia Avellaneda hubiera estado afiliado
al partido comunista, la defensa parece no haber leído cuidadosamente toda la
causa, pues ello surge, entre otras constancias, de las fs.53 de la causa 30296;
de las fs. 93, 101, 102 y 106 de la causa 28976 y de las fs 794, 1878, 1880 y
1881 de la presente causa, que ya fueran analizadas en el punto VI.2. Por otra
parte poca importancia revista tal circunstancia pues, independientemente de
su concreta afiliación a un partido político, la motivación de persecución
política surge claramente de los propios informes oficiales, que también
fueran analizados en el punto VI.2 de la presente y de lo establecido en el
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Plan del Ejército, entre otras constancias.
En cuanto a las privaciones de la libertad corresponde
encuadrarlas en el art. 144 bis inc. 1 y último párrafo de la ley 14616, éste en
función del art. 142 inc.1 de la ley 20642 por haberse cometido con
violencias.
Respecto del robo, llevado a cabo en la casa de las víctimas,
se encuadra en el art. 164, según ley 20509, agravado por haber sido cometido
con armas, conforme el art. 166 inc.2, de la ley 20642, el que atento a la pena
conminada absorbe la otra agravante prevista en el inc.2 del art. 167, si bien
se tendrá en cuenta para la determinación de la pena.
Para determinar la responsabilidad de los imputados en este
ilícito tendremos en cuenta que en la causa 13 se afirmó que “la posibilidad
de que el personal a quien se mandaba a domicilios particulares a cometer
delitos de la apuntada gravedad, se apoderare sistemáticamente de bienes en
su propio beneficio, fue necesariamente prevista y asentida por quienes
dispusieron de tal modo de proceder. La enorme proporción de casos en que
ello tuvo lugar, y el hecho de que se les otorgara igual tratamiento en cuanto
a la impunidad de sus autores, que a los delitos antes descriptos, confirma la
inferencia”. Ello significa que tal ilícito puede imputarse a quienes dirigían la
zona y el área.
Por último, también se aplicará el tipo previsto en el art. 151,
pues se trató de un allanamiento ilegal en la casa de las víctimas, si bien este
ilícito, como bien señalara la Fiscalía, concurre en forma ideal con el de robo,
respecto de quienes resulten responsables de éste. Para quienes no se les
pueda imputar el robo el concurso con los otros delitos es real (arts. 54 y 55
CP).
Para la determinación de las penas a imponer hemos de tener
en cuenta la posición que cada uno ocupaba dentro del esquema represivo, así
como el ocultamiento de su destino, es decir su desaparición forzada, el
tiempo de duración de ésta y el hecho de haberse tratado de persecución
política, aclarándose que esta última circunstancia se valorará en el caso que
tal motivación no formara parte del tipo penal que se endilga.
150
IX.- PARTICIPACIÓN
IX- 1.- SANTIAGO OMAR RIVEROS
Para valorar su responsabilidad, además de lo ya analizado en
el punto VII de la “Autoría”, tenemos en cuenta que en la Directiva del
comandante General del Ejército No. 404/75, ya puntualizada en el punto
citado, en tanto establecía en el punto 5 sobre las “Ideas rectoras” que los
Comandos y Jefaturas de todos los niveles tendrían la responsabilidad directa
e indelegable en la ejecución de la totalidad de las operaciones y en el inc.
h) referido a la “Misión General” de los Comandos de Zona de Defensa era la
de “Operar ofensivamente, a partir de la recepción de la presente Directiva
contra la subversión en el ámbito de su jurisdicción para detectar y aniquilar
las organizaciones subversivas...”
En la causa 4012 (fs.499) se encuentra el Personal superior del
Comando de Institutos Militares, a fs. 500 en el Anexo 2 se informa sobre
el Personal superior del Ex Comando de Institutos Militares, apareciendo
como Comandante entre 1976 y 1978 el Gral. Santiago Omar Riveros.
En el Legajo personal de Riveros, en el informe de
calificación año 1974/5, figura que por Decreto 2384 es nombrado
Comandante de IIMM Campo de Mayo 3-9-75.
A fs. 1309 de la causa 4012 la Corte Suprema el 15 de junio
de 1989 en la causa “Riveros” dice que la remisión de la sentencia al
precedente “Suárez Mason” presupone necesariamente la jefatura de la
zona de defensa IV por parte del procesado y la consecuente desestimación
de su pretendida inexistencia.
De otra parte, a fs. 2988/3011 hay un escrito de Riveros
presentado al Juez en el que “solicita declaración sobre los límites de la
investigación ante la obediencia debida del art. 514 del CJM”, en el que pide
la justificación de la conducta de quienes fueron sus subordinados por
aplicación de esa norma, “en mi carácter de ex Comandante de Institutos
Militares y único responsable de las órdenes que en tal carácter les
impartiera en el marco de las operaciones llevadas a cabo en la guerra
contra el terrorismo cumpliendo con las órdenes que a su vez recibiera del
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Comandante en Jefe del Ejército a través del Jefe del Estado Mayor General”
como se determinó en la causa 13, en la que por haber impartido esas órdenes
fueron condenados los Comandantes de las fuerzas armadas. En la parte de
“Mis responsabilidades militares durante la guerra contra el terrorismo” dice
que a fines del año 1975 y hasta fines de 1978 bajo la dependencia directa
del Comandante en Jefe del Ejército fue designado Comandante de
Institutos Militares cuya sede estaba en Campo de Mayo y señala las
unidades que estaban bajo su dependencia. Que de ese comando dependían
las unidades entre las que menciona a la “Escuela de Infantería en
Campo de Mayo”. Asimismo que (fs. 3003) en la Zona IV donde ejerció el
mando “no existieron ‘centros clandestinos de detención’”, como se afirmaba
de “mala fe”, sino que “cuando como resultado de las operaciones eran
detenidas personas sospechadas de ser terroristas, para su alojamiento se
creaban los LRD, sigla correspondiente a ‘Lugares de reunión de detenidos’”.
Asimismo destaca la importancia y el rol que tenía el sector de Inteligencia y
su responsabilidad en los interrogatorios, de acuerdo al Reglamento (ROP- 30
5 Ex RC- 15-8). Que “cuando como consecuencia de las operaciones
ordenadas a los efectivos que tenía bajo mi mando se realizaba la captura de
una persona, ella inicialmente era llevada a un LRD del cual yo era su
responsable” conforme al reglamento, siendo interrogada por personal de
inteligencia (fs.3004).
En el escrito de fs. 3034/36 Riveros manifiesta nuevamente
su “carácter de ex Comandante de Institutos Militares y único
responsable de las órdenes que en tal carácter impartiera en el marco de
las operaciones llevadas a cabo”. Asimismo manifiesta que “La zona de
defensa IV, en su organización territorial, se diferenció de otras Zonas de
Defensa por no estar dividida en Subzonas al no contar el Comando de
Institutos Militares con Brigadas, conformándose directamente por áreas. Que
“Las operaciones de aniquilamiento eran las ordenadas por el Comando de
Institutos Militares que para su cumplimiento les impartía por escrito según el
tipo de misión a cumplir”.
A fs. 76/9 de la causa 28976 y 123 de la causa 4012 hay una
declaración suya, en carácter de imputado -236 2a-, del 16 de enero de 1984
152
ante el Juez Federal de San Martín, en la que expresa que entre el 14 de abril
y el 30 de mayo de 1976 era Comandante de Institutos Militares y se
acompañaba del Estado Mayor que no recuerda por el tiempo transcurrido.
Niega tener conocimiento del hecho, y respecto a la llegada a Olmos de Iris
Pereyra de Avellaneda a disposición del PEN desde el Comando de Institutos
Militares, manifiesta que no recuerda, pero que de todo debe haber
antecedentes en Ejército. En relación con el hecho referente a Floreal
Avellaneda dice que tomó conocimiento por los medios y que no tomó
conocimiento en el momento del hallazgo, en cuyo caso supone que el
Comando en Jefe de Ejército hubiera tomado las providencias del caso
sugiriendo solicitar información a esa repartición. Dijo no recordar si ordenó
la detención de Floreal Avellaneda padre, no recordando tampoco que otro
funcionario, dentro de su jurisdicción, la ordenara, aclarando que la misma
pudo haber sido realizada por el Jefe de la Sub Área respectiva (Vicente
López) o por personal ajeno a la jurisdicción de su comando. Agrega que en
caso de detenciones practicadas por personal militar sometido a su
jurisdicción, en virtud de órdenes superiores impartidas por él, elevaba de
inmediato los antecedentes al Comando en Jefe del Ejército, quien en forma
exclusiva determinaba la puesta a disposición del PEN o de un Consejo de
Guerra, no recordando si entraba en sus facultades, en tanto Comandante de
Institutos Militares, la determinación de someter a personas detenidas a
Consejos de Guerra o requerir la puesta a disposición del PEN, porque no
recuerda exactamente todas las directivas y órdenes impartidas por el
Comando en Jefe del Ejército, quien a su vez recibía directivas de la Junta
Militar, que no dispone de esas directivas, que fueron escritas y secretas.
Dijo que los parámetros indicativos para la determinación de
la acción subversiva, además de los hechos concretos de agresiones,
secuestros, intimidaciones públicas, asesinatos, etc, eran las informaciones
concretadas por la comunidad informativa de los servicios de inteligencia del
estado y de las fuerzas armadas, de acuerdo a las órdenes de la superioridad
las que, evaluadas y analizadas, determinaban el grado de peligrosidad de la
persona, base ésta para que fuera puesta a disposición del PEN a través de la
fuerza armada o de seguridad correspondiente.
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En la causa 4012 había prestado declaración indagatoria el 22
de noviembre de 2004, donde expuso que se consideraba un prisionero en
manos del enemigo, derrotado hacía más de 20 años en el marco de la lucha
contra el terrorismo por orden del gobierno constitucional. Que sus
subordinados cumplieron, como era su obligación, las órdenes que él les
impartió, que era el único y exclusivo responsable por todo lo actuado por sus
subordinados en el Comando de Institutos Militares a partir de la fecha de
creación de la Zona de Defensa IV, y que no pudieron bajo ninguna
circunstancia resistir dichas órdenes que tampoco tenían el derecho de
inspeccionar so pena de incurrir en delito castigado con pena de muerte (art.
514 CJM).
Que el hecho ocurrió antes del 21 de mayo de 1976, fecha de
creación de la zona de defensa IV que estuvo bajo responsabilidad del
Comando de Institutos Militares, ejercido por él. Hasta la creación de esa
zona no tuvo responsabilidad alguna en la guerra contra el terrorismo y estuvo
dedicado a la formación y educación de los cuadros del ejército. Que antes de
dicha fecha, a requerimiento del Estado Mayor General del Ejército y por
intermedio de la Jefatura III “Operaciones”, en los meses previos a mayo de
1976 oficiales del comando fueron enviados en comisión para reforzar las
operaciones de otras zonas. Que antes de esa fecha la superioridad no le
emitió ninguna orden, por lo que era imposible formular la propia orden de
operaciones. Que los efectivos del Comando de Institutos Militares actuaban
dentro de su jurisdicción en virtud de órdenes expresas y los resultados de su
cumplimiento con los antecedentes eran elevados al Comandante en Jefe del
Ejército, quien determinaba en forma exclusiva el sometimiento de los
detenidos, cuando ello ocurría, a disposición del PEN o del Consejo de
Guerra. Que las operaciones que llevaban a cabo era con sus uniformes, no
disfrazados ni con pelucas. Que en la directiva del Consejo de Defensa 1/75
del 8 de julio de 1975 o la 404/75 del 28 de octubre del mismo año se fijaron
la zonas de defensa, estando dentro de la zona I el territorio del Comando de
Institutos Militares. Asimismo ratifica la declaración de fs. 123 del 16 de
enero de 1984.
A fs. 863/80 el 17 de octubre de 2007 prestó indagatoria,
154
remitiéndose a sus anteriores declaraciones y ampliaciones.
Víctor Ibáñez declaró haber visto a Riveros en el centro
clandestino de detención de la plaza de tiro.
Walter Polidori, declaró que en abril de 1976 era Comisario
de Munro, que conocía a Riveros porque era el jefe de Campo de Mayo y que
los comisarios iban a recibir órdenes a Campo de Mayo.
Horacio Cella, Jefe de la Unidad Regional San Martín de la
policía bonaerense en 1976, afirmó que estuvo en dos o tres oportunidades en
Campo de Mayo y Riveros puso énfasis en que le comunicaran en primer
término a él acerca de todo lo que hicieran.
Carlos Echeverría, segundo jefe de la Comisaría de Villa
Martelli en 1976, afirmó que las fuerzas armadas dependían de Campo de
Mayo y luego supo que su oficial superior era Riveros. Que el oficial que vino
a la comisaría era alto y era de Infantería de Campo de Mayo.
En cuanto a que la Zona IV comenzó a funcionar a partir de
mayo de 1976, ello quedó contradicho por la prueba que se analizara en el
apartado V de la presente sentencia, es decir la asignación de jurisdicciones
en el Plan del Ejército Contribuyente al Plan de Seguridad Nacional de
febrero de 1976, como también por la Directiva 404/75, por el informe de
Equipo Argentino de Antropología Forense anexado a fs 2417/31 de la causa
4012, analizado en el punto VI.2; por las constancias de la remisión desde el
Comando de Institutos Militares a la Unidad de Olmos de Iris E. Pereyra de
Avellaneda y de Silvia Ingenieros, así como lo acreditado a través de las
diferentes testimoniales, entre las que cabe citar las de José Luis García y
Víctor Ibáñez, también valoradas en el punto VI.2, así como las citadas más
arriba, entre otras constancias.
Asimismo como señaláramos, la Cámara Federal en el
Plenario pronunciado en el “Incidente de inconstitucionalidad de los indultos
dictados por el decreto 2741/90 del Poder Ejecutivo Nacional” de la causa no
13/84, del 25 de abril de 2007, afirmó que en la Directiva 1/75 del Consejo de
Defensa (15/10/1975) se instrumentó el empleo de las fuerzas armadas, de
seguridad y policiales, con la idea de utilizar simultáneamente todos los
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medios disponibles en la lucha contra la subversión. Específicamente en lo
atinente al Ejército, su Comandante General dictó la directiva n° 404/75,
reglamentaria del punto 8 de la mencionada Directiva. A través de ésta se
mantuvo la organización territorial dispuesta por el Plan de Capacidades para
el año 1972 (PFE-PC MI72), que dividía el territorio nacional en cuatro zonas
de defensa -1, 2, 3 y 5- que coincidían con los límites jurisdiccionales de los
Cuerpos del Ejército identificados con esos mismos números. La zona de
defensa 4, cuyos límites coincidieron con la jurisdicción territorial de la
Guarnición Militar Campo de Mayo, quedó a cargo del Comando de Institutos
Militares.
Tenemos en cuenta la posición que ocupaba Riveros, lo
establecido en el Plan del Ejército, de carácter secreto, así como en las otras
directivas citadas y el hecho de que los autores mediatos, en el caso el
comandante General del Ejército, diseñaron el plan y dejaron su ejecución en
manos de los Comandantes de los respectivos cuerpos, adecuándolo por ende
a las características de cada una de las zonas. Siendo Riveros entonces quien
diseñó el “marco” de las acciones concretas, proporcionó los medios
necesarios y ordenó su ejecución, se trata entonces de uno de los autores,
habiendo tenido el co-dominio de las acciones llevadas a cabo en tal marco y
habiendo tenido, además por su posición, la facultad de poder hacer cesar las
mismas. Es por ello que concluimos en que ordenó e hizo ejecutar la
privación ilegítima de la libertad de Iris Pereyra de Avellaneda y de Floreal E.
Avellaneda, agravada por el uso de violencia y la posterior imposición de
torturas para ambos, tanto en la Comisaría de Villa Martelli, como en el
centro clandestino de detención de Campo de Mayo y, en el caso del menor
Floreal su muerte a raíz de las torturas impuestas, dolosamente admitida y su
ocultamiento mediante la desaparición del cadáver al arrojarlo a las aguas del
Río de La Plata.
Asimismo resulta co-autor del robo agravado, para lo cual
tenemos en cuenta lo que se señalara que se afirmó en la causa 13 y que
analizáramos en el punto VIII. También resulta co-autor del allanamiento
ilegal llevado a cabo en el domicilio.
Por lo tanto es co-autor de los delitos de allanamiento ilegal,
156
en concurso ideal con robo agravado; en concurso real con los de privación
ilegítima de la libertad agravada por violencia -dos hechos-; tormentos
agravados por tratarse de perseguido político en el caso de Iris P. de
Avellaneda y, respecto de Floreal Edgardo Avellaneda, homicidio agravado
por alevosía y por el concurso de dos o más personas, el primero en concurso
ideal y el resto en concurso real, conforme lo dispuesto por los arts. 151, 164
(ley 20509) y 166 inc.2 (ley 20642); 144 bis inc.1 y último párrafo (ley
14616) en función del art. 142 inc.1 (ley 20642) –dos hechos-; 144 ter,
agravado por el segundo párrafo (ley 14616) y 80 inc. 2 y 4 (leyes 20509).

IX.2.- FERNANDO EXEQUIEL VERPLAETSEN
Del análisis del Plan del Ejército, de las Directivas,
Reglamentos, etc., surge la significación atribuida a la labor de
Inteligencia como herramienta fundamental, imprescindible y previa
para ejecutar con éxito el desarrollo de la operatoria de la lucha contra la
subversión. La Directiva No 404/75 “Lucha contra la subversión” al referirse
a conceptos estratégicos afirmaba: “...No se debe actuar por reacción sino
asumir la iniciativa en la acción inicialmente con actividades de
Inteligencia, sin las cuales no se podrán ejecutar operaciones...”
En el ANEXO I (Inteligencia) A LA ORDEN DE
OPERACIONES No. 2/76 (Pasaje a la fase consolidación)
COMPLEMENTARIA DEL PLAN DEL EJÉRCITO (Contribuyente al
Plan de Seguridad Nacional) de marzo de 1976, en el punto 2, inc. h sobre
“Detención de personas”, se establece que “La detención de personas, se
efectúa sin mayores inconvenientes en cada Jurisdicción de las Fuerzas
estando dirigida hacia aquellos elementos que significan un peligro cierto o
potencial para el desarrollo de las acciones militares y/o puedan atentar contra
los intereses de la Nación” y en el punto 3 inc. k) se dice que “Deben
extremarse los recaudos para lograr, en el más breve lapso la detención de las
personas que significan un peligro cierto o potencial para el desarrollo de las
operaciones militares y/o que puedan atentar contra los intereses de la
Nación”.
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En el anexo 2 de “Inteligencia” se efectuaba un
“RESUMEN DE LA SITUACIÓN ENEMIGA”, en la que se llevaba a cabo:
a. la “Determinación del oponente” y b. la “Caracterización del oponente”,
en la que en el punto 1) sobre “Composición” se visualizaban dos tipos de
categorías “una que denominaremos activo y otra potencial”, citando en el
inc.a) a las “Organizaciones político-militares”, entre las cuales estaban las de
(1) “Prioridad I (oponente activo); en el inc. b) las “Organizaciones políticas y
colaterales”, las de Prioridad I (oponente activo) y las de (2) Prioridad II
(Oponente potencial) designándose entre ellas “(a) Partido Comunista
Argentino”.
Asimismo, como se puntualizara en el apartado VII, en el
Apéndice 1 (instrucciones para la detención de personas) al Anexo 3
(Detención de Personas), se establecía la tarea de la inteligencia en cada
jurisdicción, para la selección de las personas a detener. También en ese
apartado se señaló la importancia de la inteligencia para determinar al
“enemigo”, siendo el principal medio que tenía el ejército. La tarea de
inteligencia tenía la misión permanente para determinar todos los “elementos”
que pudiesen significar un peligro cierto para la consecución del objetivo
militar, revistando como único y principal medio técnico de que disponía el
Ejército. Ello con miras a detectar y reconocer al enemigo y su ambiente
geográfico. Surgen así los conceptos de “enemigo”, “oponente potencial”,
“blanco”, etc. La tarea de inteligencia determinaba las clasificaciones
originadas en investigaciones previas, se volcaba en listas en las que
primaba un concepto selectivo de elaboración.
Como ya se señalara, en el escrito que corre a fs. 2988/3011
de la causa 4012, presentado por Riveros, éste afirma que de acuerdo al
Reglamento (ROP- 30 5 Ex RC- 15-8) se incluía “el interrogatorio de
inteligencia para la selección de prisioneros” de los detenidos y dicho
interrogatorio para seleccionar los prisioneros de guerra “será
responsabilidad del oficial de inteligencia”. Que el “Personal de las
unidades de inteligencia militar que operen en apoyo de las fuerzas, será
responsable de conducir los interrogatorios de los prisioneros de guerra
en la zona de combate”.
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Como destacara la Fiscalía, en el Reglamento de
Organización y Funcionamiento de los Estados Mayores (RC-3-30) se
establecía que el Jefe de Inteligencia (G-2) era “el principal miembro del
estado mayor que tendrá responsabilidad primaria sobre todos los
aspectos relacionados con el enemigo, condiciones metereológicas y el
terreno”; que las principales funciones del Jefe de inteligencia serán “la
preparación de planes y órdenes para la reunión de información,
incluyendo la adquisición de blancos y la inteligencia de combate”, “proponer
al comandante los elementos esenciales de información”, así como “la
apreciación de las capacidades enemigas y sus vulnerabilidades..”, los
aspectos de inteligencia en las actividades de guerrillas, las operaciones
psicológicas, asimismo apreciar “la cantidad probable de prisioneros a
capturar en las operaciones futuras. Asegura el interrogatorio de
prisioneros de guerra seleccionados”, como también “ejecuta la
investigación preventiva sobre civiles y las medidas apropiadas de
contrainteligencia”.
En la causa 13, en el Capítulo XX se afirma que “..el punto
5.024 del R.C. 9-1 del Ejército, ‘Operaciones contra elementos subversivos’,
establece que las actividades de inteligencia adquirirán una importancia
capital, pues son las que posibilitan la individualización de los elementos
subversivos y su eliminación, y que del mayor o menor esfuerzo de la
actividad de inteligencia dependerá en gran medida el éxito de la
contrasubversión”. “Tal necesidad de lograr información, valorada por
quienes, incluso para alcanzar el poder, menospreciaron la ley como medio
para regular la conducta humana, fue condición suficiente para que el uso
del tormento, el trato inhumano, la imposición de trabajos y el
convencimiento creado a los secuestrados de que nadie podría auxiliarlos,
aparecieron como los medios más eficaces y simples para lograr aquél
propósito”.
Es así entonces que las actividades de Inteligencia tenían
una importancia capital, pues a través de ella se individualizaban a las
personas y que el éxito dependía de la actividad de Inteligencia.
A fs. 359 de la causa 2044 hay un informe del Ejército en el
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que consta que Fernando Verplaetsen “se desempeñó durante los años 1976
y 1977 en el Comando de Institutos Militares con asiento en Campo de
Mayo como Jefe del Departamento II-Inteligencia”.
En el Legajo personal, a fs.182 se encuentra la planilla con
sus distintos destinos, figurando con el grado de coronel en 1976 y en 1977 en
el Comando de Institutos Militares en el Departamento de Inteligencia de
Campo de Mayo. A fs. 186 está el informe de Calificación de 1976/77,
también figura como destino el Comando de Institutos Militares-Dept.II-
Inteligencia-Jefe de Campo de Mayo.
En la declaración de Néstor R. Cendón, obrante en el Legajo
7170 de la CONADEP, a la que ya nos refiriéramos en otro punto, cuando
describe qué se hacía con las personas que morían y el destino de esos
cadáveres, puso como ejemplo el caso de una persona muerta por las fuerzas
de seguridad, se trataba de un agente civil de la SIDE, quien cayó muerto por
un balazo en el pecho, en un operativo dirigido por el Coronel Verplaetsen y
ejecutado por Brigadas operativas del Comando de Institutos Militares;
hicieron que se sepultara el cadáver dando como causa del fallecimiento un
infarto de miocardio o afección cardiorrespiratoria, eliminando por completo
en el acta de defunción, por “razones de seguridad”, toda referencia a los
traumatismos provocados por el proyectil que le quitó la vida.
Verplaetsen, a fs. 109/18 de la causa 2044, en agosto de 2008
declaró que no es oficial de inteligencia, que es oficial de Estado Mayor; que
por las deficiencias y falta de voluntad e idoneidad del Jefe del Departamento
de inteligencia, cuyo nombre no recuerda, fue llamado por el Comandante que
le dijo que se hiciera cargo del mismo y transitoriamente estuvo allí, teniendo
a sus órdenes a los oficiales de inteligencia. Agregó que no tenía a su cargo
ningún destacamento, que no había ninguna unidad de inteligencia en esa
época, sino que se formó después cuando él se estaba yendo. Que no
recordaba ni conocía a ninguna de las personas mencionadas en los hechos.
Víctor Ibáñez afirmó que a los pocos días del golpe por orden
del jefe de la compañía se presentó ante el Departamento de Inteligencia, ante
Verplaetsen. Se presenta y le ordenan que al otro día fuera a la guardia en un
vehículo que iba a ir a un lugar; que se presenta con uniforme y armamento y
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le ordenaron que fuera de civil, se lo ordenó el segundo de Verplaetsen. Va a
la guardia del Comando de Institutos Militares y lo busca un soldado en jeep,
fueron a la plaza de tiro y se presenta el teniente coronel Jorge Voso, que
Voso era el jefe del campo, usaba botas, un rebenque o bastón en la mano, era
muy pedante y tenía mal carácter. Afirmó que lo vio a Verplaetsen varias
veces, hablaba con los oficiales y los torturadores y que Voso era inferior a
Verplaetsen, siendo que Verplaetsen firmaba los pases para el LRD o
destacamento “Los Tordos”.
En cuanto al mencionado Voso, en el caso 282 de la causa
4012, incorporado por su lectura, encontramos a fs. 15/18 un carta del
Teniente Coronel Alberto Ángel Voso, del 18 de septiembre de 1980 dirigida
al Comandante en Jefe del Ejército, en la que desarrolla, de modo especial,
“su actuación durante los años 1974/76 y parte del 1977, lapso durante el cual
revistó en el área del Comando de Institutos Militares en calidad de J CA PM
201; y Jefe de una de las Divisiones del Depto. II-Icia de dicho Comando”.
Manifiesta que en la oportunidad se le impartieron órdenes superiores para
cumplir actividades relacionadas con la lucha contra la subversión, por lo cual
se abocó a la tarea de cumplir las misiones que recibió; que frecuentemente le
fueron encomendadas actividades que realizó hasta sus últimas
consecuencias, “aún a costa de las implicaciones de índole espiritual, ético,
moral y religiosas que las mismas le acarrearon, en especial, ante sí mismo,
como persona y como católico”. Agrega que “No resulta prudente que se
relate en este documento, cuál fue su accionar al respecto, en razón de la
naturaleza de las órdenes recibidas para cumplir misiones de carácter
excepcional, emanadas del Area de Inteligencia. Es por ello, que debe citar a
continuación a camaradas que han conocido perfectamente lo que se señala,
por haber sido quienes le impartieron tal tipo de misiones o quienes, por
razones de jerarquía, tuvieron conocimiento de las mismas” a fin de
posibilitar que se obtengan sus testimonios. Y cita, entre otros, al General
Santiago Omar Riveros, Cte IIMM – Año 1976 y al Cnel Fernando Ezequiel
Verplaetsen, Jefe Dpto II Icia Cdo IIMM – Año 1976.
Juan Carlos Solís dijo que a cargo del Departamento de
Inteligencia estaba Tierno y poco después Verplaetsen, que se asignaban
Poder Judicial de la NaciónPoder Judicial de la NaciónPoder Judicial de la NaciónPoder Judicial de la Nación

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pases cuando venía alguien que entraba en la Plaza de Tiro, se le daba un
pase, le decían a quien debía dárselos, eran certificados, especies de tarjetas,
que vio a Zegarov, Voso y Verplaetsen, y que habló con algunos de los
detenidos.
Claudia Bellingeri, Perito de documentación del archivo
DIPBA, integrante de la Comisión Provincial de la Memoria, expuso que se
determina que a partir de 1975 se crea el Comando de Institutos Militares y
había un organismo de Institutos Militares de inteligencia e información
desde 1975.
Por su parte Oscar Edgardo Rodríguez dijo que conoció a
Verplaetsen en el Comando de Institutos Militares por haber llevado material
(papel, lapiceras, etc.) para montar una oficina.
José Luis García dijo que el Comando de Institutos Militares
tenía inteligencia.
Pedro P. Carballo declaró (fs.320/21) que Verplaetsen era el
Jefe del campo de concentración y que el apodado “el alemán” era uno de los
más agresivos al realizar las torturas.
Horacio Ballester, respecto del sistema de inteligencia,
afirmó que cada cuerpo tenía inteligencia y que el Comando de Institutos
Militares funcionó como cuerpo de ejército, por lo que tenía que tener un
organismo de inteligencia.
Para calificar su conducta tenemos en cuenta su cargo de Jefe
del Área de inteligencia de Campo de Mayo y la relevancia que el rubro
“Inteligencia” tenía dentro del Plan del ejército, en cuanto al señalamiento de
las personas a detener y al interrogatorio a efectuar a los prisioneros, lo que
incluía las torturas; su manejo respecto de lo que sucedía en el centro
clandestino de detención ubicado en la Plaza de tiro, por todo lo cual también
resulta co-autor de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada de
Iris Pereyra de Avellaneda y de Floreal Avellaneda, de las torturas de ambos
tanto en la Comisaría de Villa Martelli como en Campo de Mayo, agravada
por tratarse de perseguido político y por ende de la muerte del menor durante
dichos tormentos.
162
En cuanto al allanamiento ilegal y al robo, producidos en
ocasión de la privación ilegítima de la libertad, por el cual acusaron la
Fiscalía y la Secretaría de Derechos Humanos, teniendo presente que ambos
hechos no fueron objeto de la requisitoria de elevación a juicio por parte de la
Fiscalía y de la querella, no se le imputarán ambos hechos.
Resulta entonces co-autor de los delitos previstos en los arts.
144 bis inc. 1 y último párrafo (ley 14616), éste en función del art. 142 inc. 1
(ley 20642) –dos hechos-; 144 ter, primer y segundo párrafo (ley 14616)
respecto de Iris Pereyra de Avellaneda y 144 ter, primer y tercer párrafo (ley
14616) respecto de Floreal Edgardo Avellaneda, en concurso real.
Para la determinación de la pena tenemos en cuenta el cargo
que ocupaba; el número de personas intervinientes; la motivación de
persecución política; así como el ocultamiento y desaparición forzada; la edad
de Floreal E. Avellaneda y el ocultamiento de su muerte a través de haber sido
arrojado al Río de La Plata, intentado la desaparición de su cadáver.

IX. 3.- OSVALDO JORGE GARCIA
Como se relatara al analizar la conducta de Riveros, éste
presentó a fs. 3034/6 de la causa 4012 un escrito en el que, al explicar que la
zona a su cargo no tenía Subzonas sino áreas, expuso que “Los Directores de
cada una de las Escuelas tenían asignadas dos responsabilidades: una
como Director y la otra como Jefe de una de las áreas en las que fue
dividida la Zona IV para combatir el terrorismo que comprendía un número
determinado de los partidos del suburbano norte que la integraban”.
Asimismo, expuso que la zona de defensa IV se diferenció de otras zonas por
dividirse directamente en áreas y no en subzonas.
En la causa 28976 a fs. 176 hay un oficio del Comando
Mayor General de Ejército al Juez Federal 1 de San Martín del 26 de marzo
de 1984, en el que se consigna que el Jefe de Área Vicente López durante
abril de 1976 era al Gral. Jorge Osvaldo García. A fs. 518/22 se remite al
Juez Federal de San Martín una lista del personal de la Escuela de Infantería,
figurando en la nómina con el No. 1) el Coronel Osvaldo Jorge García.
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En la Causa 4012 a fs. 427/9, el 11 de febrero de 1987, el
Ejército informa sobre las autoridades y aparece como director de la Escuela
de Infantería García, así fs. 428 se encuentra el Anexo 1 remitido por el
Jefe del Estado Mayor al director de Asuntos Institucionales del Ejército, en
el que se informa que durante 1976 el Coronel Jorge Osvaldo García era
Director de la Escuela de Infantería del Ex Comando de Institutos Militares.
En el Listado de fs. 848/55 Osvaldo Jorge García figura como Coronel con el
cargo de Director de la Escuela de Infantería en el año 1976 y hasta el 5 de
diciembre de dicho año.
En el Legajo personal de García consta que es nombrado
Director de la Escuela de Infantería el 4 de julio de 1975 y en otra hoja figura
como Director Campo de Mayo 16-10-75.
Como se analizara en el punto VI.1 se acreditó que la
Comisaría de Villa Martelli se encontraba bajo control operacional del
Comando de Institutos Militares y que los militares que intervinieron la
dependencia pertenecían a la Escuela de Infantería, lo que fuera incluso
reconocido por el procesado.
A fs. 257/60, 344/6 y 257/9 de la causa 28976 obra una copia
de la declaración como imputado -236 2a- de García, del 22 de mayo de 1984,
ante el Juzgado Federal de San Martín. Declara que, entre el 14 y el 18 de
abril de 1976, se desempeñaba como Director de la Escuela de Infantería, lo
acompañaba su subdirector del Estado Mayor y el resto del personal de la
Escuela, que cumplía las funciones inherentes al cargo, las leyes y
reglamentos militares y las órdenes que recibía de la Superioridad. Manifestó
que no tiene conocimiento del hecho y no lo recuerda, agregando que, de
haberse producido una circunstancia tan grave, hubiera sido informado por su
Subdirector el Cnel. Arévalo, a quien le había delegado autoridad para
intervenir en todas las órdenes u operaciones que impartiera la Superioridad
en la guerra contra la subversión. Asimismo respecto de si el Tte. Cnel.
Clodoveo Miguel Ángel Arévalo era Jefe de la Subárea militar No. 750, al
tiempo de los hechos, dijo que no recuerda si ese era el cargo con el que lo
invistiera, pero por responsabilidad del jefe de área que era él, aclarando que
se trataba del área de Vicente López y respecto del No. de identificación 750
164
cree que se trataba de la 450.
Además señalamos que el mencionado Arévalo es quien
suscribiera las fs. 107 y 108, cuyo valor se analizará en el siguiente punto, en
las que se solicitaba la puesta a disposición del Poder Ejecutivo de Iris P. de
Avellaneda y se documentaban las circunstancias de su privación de libertad.
En relación a si bajo sus órdenes actuaban el Tte. 1o. Raúl
Harsich y el Capital César A. Fragni, en la declaración como imputado,
responde que los conoce, que prestaron servicios a sus órdenes en la Escuela
de Infantería, aunque no puede precisar el período. Que el Tte. Cnel. Arévalo,
debía informarlo a él indefectiblemente de todas las detenciones por él
practicadas o dispuestas en relación con la lucha antisubversiva y de toda otra
actividad que se relacionara en la guerra contra la subversión. Que quien
recomendaba la puesta a disposición del PEN de determinadas personas, en la
zona donde ejercía sus funciones, era el Comando de Institutos Militares o
bien del Comando en Jefe del Ejército. En cuanto a la detención de
determinadas personas aclara que en ningún momento ordenaba el área militar
la detención de una persona, constriñéndose a ejecutar órdenes impartidas por
la Superioridad, en su caso, el Comando de Institutos Militares. Que en la
zona en la que fuera Jefe de Área Militar estaban bajo su control operacional
las policías, y en especial la de la Provincia de Buenos Aires. Que las
personas detenidas por actividades subversivas en caso de ser alojadas en
dependencias policiales eran registradas en los libros.
En noviembre de 2004 declara a fs. 822/7, declaración que
también se encuentra a fs.2779/84 de la causa 4012, ratificando la declaración
que prestara anteriormente. Señala que el hecho es anterior a la creación de la
Zona de Defensa IV, que estaba bajo la responsabilidad del Comando de
Institutos Militares, del cual dependía la Escuela de Infantería cuyo comando
ejercía y que hasta entonces el Comando de Institutos Militares no ejerció
responsabilidad alguna en el accionar de la guerra contra el terrorismo, pues
hasta esa fecha estuvo dedicado a la formación y educación de los cuadros
efectivos del ejército. Que la participación de personas con pelucas y barbas
contradice los procedimientos llevados a cabo por el Comando, pues vestían
sus uniformes de combate. Que actuaban en virtud de órdenes expresas y sus
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resultados eran elevados al Comandante en Jefe. Que cuando se creó la Zona
de Defensa IV fue jefe del Área de Vicente López y su superior inmediato era
Riveros. Que el Subdirector era Arévalo y que Harsich y Fragni eran oficiales.
Que la Escuela de Infantería no organizaba grupos de tareas, que a partir de la
creación de la zona IV lo que existían eran grupos constituidos a pedido del
Comandante de Institutos Militares en la guerra contra la subversión para
cumplir las órdenes que recibía el Comandante, quien requería oficiales a las
Escuelas para formar grupos a fin de cumplir con las misiones que se les
solicitaban, que él no formó parte de esos grupos y que dependían del
Comando de Institutos Militares, desconociendo los procedimientos que
realizaba el personal a su cargo cuando formaba parte del grupo de tareas.
Que cuando se detenía gente se la enviaba a la policía, posteriormente eran
llevados al Comando de Institutos Militares y se formaba un parte
circunstanciado al Comandante de Zona informando las novedades. Que la
policía provincial estaba bajo control operacional del Ejército, pero que no se
les daba órdenes, solo se llevaban detenidos que luego eran trasladados al
Comando.
Respecto al argumento referido a la fecha de creación de la
zona IV nos hemos de remitir a lo ya dicho respecto del co-procesado
Riveros, descalificándose por ende la unánime versión de los procesados
acerca de la inexistencia del área a la fecha de los hechos.
En cuanto al argumento de la Defensa acerca de que no había
razones para imputarlo, ya que no se lo conocía, contrariamente a lo que
sucedía con Svencioni y Calatayud y porque no había otros directores de
Escuela imputados, cabe señalarle que tanto Svencioni como Calatayud eran
subordinados de García en la Escuela de Infantería y que no hubo otros
directores en la causa por la simple razón de que el área Vicente López, donde
sucedieran los hechos, dependía de la Escuela de Infantería que,
precisamente, dirigía el imputado García. En relación al otro argumento de la
Defensa referido a que se había recurrido a imputación objetiva prohibida por
el derecho penal, el argumento no resulta comprensible, salvo que el defensor
haya querido referirse a responsabilidad objetiva, en cuyo caso cabe aclararle
que ello no es así pues no se le imputa el hecho de ser militar, sino de lo que
166
hizo en cumplimiento del Plan del Ejército, como parte del plan y como
director de la Escuela de Infantería en el hecho llevado a cabo dentro del área
que dirigía en la casa de la calle Sargento Cabral el 15 de abril de 1976, en la
Comisaría de Villa Martelli que estaba bajo su control y en Campo de Mayo,
donde se desempeñaba al momento de los hechos.
Para calificar la conducta tenemos en cuenta entonces que era
Director de la Escuela de Infantería, la que tenía el dominio de los hechos
sucedidos en el área de Vicente López, habiendo impartido las órdenes y
provisto de los elementos necesarios a sus subordinados, por lo cual resulta
co-autor de las privaciones ilegítimas de la libertad agravadas de Iris Pereyra
de Avellaneda y de Floreal Avellaneda, así como del allanamiento ilegal y del
robo agravado sucedido al efectivizarse el procedimiento.
En cuanto a las torturas sufridas por ambos, tanto en la
Comisaría de Villa Martelli, como en el centro clandestino de detención “Los
Tordos” ubicado en la Plaza de Tiro de Campo de Mayo, de las que resultara
la muerte del menor, no habiéndose acreditado en la audiencia su
participación directa en la imposición de los tormentos, como tampoco que el
centro clandestino de detención “Los tordos” dependiera directamente de la
Escuela de Infantería que él dirigiera, con lo que tampoco se ha acreditado
que tuviera la posibilidad de hacer cesar las mismas, resulta partícipe primario
toda vez que la concreción de tales privaciones de libertad y su conducción a
los lugares donde fueran impuestos los tormentos resultan una contribución
necesaria, teniendo en cuenta que, por el cargo que ostentaba, conocía el plan
secreto y, por ende, que la tortura formaba parte del destino de los privados de
libertad.
Lo consideramos entonces co-autor de los delitos previstos en
los arts. 144 bis inc.1 y último párrafo (ley 14616), este último en función del
art. 142 inc.1 (ley 20642) –dos hechos-; 151 y 164 y 166 inc.2 (ley 20642)
CP, y partícipe primario de los delitos previstos en los arts. 144 ter, primer y
segundo párrafo, respecto de Iris P. de Avellaneda y 144 ter, primer y último
párrafo respecto de Floreal E. Avellaneda (ambos ley 14616).
Para individualizar la sanción tenemos en cuenta su cargo, la
motivación política, el número de personas intervinientes lo que ocasionaba
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una menor posibilidad de defensa, el ocultamiento de los hechos, la edad de
Floreal E. Avellaneda y su grado de participación.

IX.4.- RAÚL HORACIO HARSICH Y CÉSAR AMADEO
FRAGNI.
Para evaluar la responsabilidad de ambos, la que se valorará
en forma conjunta por presentar similitudes atenta la posición que ocupaban a
la época de los hechos, tendremos en cuenta precisamente tal posición, el
grado que tenían en la estructura del ejército, las funciones que entrañaban, lo
que razonablemente podían conocer o desconocer por la fecha en que
sucedieron los hechos por su cercanía con el golpe militar del 24 de marzo de
1976 y lo que, sin margen de duda, fuera concretamente acreditado en la
audiencia.
A fs. 927/30 (fs.2785/88 de la causa 4012), el 3 noviembre de
2004, Harsich expone que ratificaba su declaración anterior como testigo.
Que el hecho ocurrió con anterioridad a la creación de la Zona de Defensa IV
que estaba bajo la responsabilidad del Comando de Institutos Militares del
cual dependía la Escuela de Infantería donde estaba destinado y que hasta
entonces el Comando no tuvo responsabilidad en el accionar de la guerra
contra el terrorismo, repitiendo la versión que dieran en sus declaraciones
Riveros y García. En cuanto a las fotocopias de fs. 106/9 desconoce la
autenticidad porque son anteriores a la creación de la zona IV.
En la testimonial de fs. 268/9 de la causa 28976, en junio de
1984, había declarado que en 1976 estaba destinado a la Escuela de Infantería
de Campo de Mayo, desempeñándose como Teniente Coronel de la Plana
Mayor. Que el Director de la Escuela era García y que el Teniente Arévalo era
el Jefe de la Plana Mayor y Subdirector de la Escuela y que Fragni era de la
Escuela. Que la jurisdicción de Munro se encontraba dentro del Área Vicente
López, a cargo del Cnel. García. Que quien daba las órdenes para la ejecución
de las operaciones era Arévalo. Que no recordaba haber participado en un
procedimiento en la calle Sargento Cabral, que nunca intervino en la
detención de personas. Se le exhibe fs. 108 y la firma, dice que no tiene el
encabezamiento reglamentario que tiene que decir “Estado Mayor del Ejército
168
y la Unidad que lo emite” y en otro costado va generalmente la fecha, puesto
de comando, identificación y otros aspectos que no recuerda, con relación al
texto dijo que no lo recuerda, que lo único exacto es su nombre, apellido,
nacionalidad, estado civil y el número de la Libreta de enrolamiento, no así el
domicilio. Que la firma es ilegible pero los rasgos no son los suyos, aclarando
que el grado concuerda y que no conoció a Sánchez Negrete.
Vuelve a declarar en abril de 2007 (fs. 6879/83 de la causa
4012) y manifiesta que en su primer indagatoria no pudo expresar lo que
quería pues se ciñó a lo que el abogado que tenía le indicó. Manifiesta que lo
que se le imputa de torturas, tormentos y posterior muerte de uno de los
detenidos no pudo haberla desarrollado él pues es una actividad específica del
área de inteligencia, contemplada específicamente en el reglamento de
conducción 15-80 -prisioneros de guerra- en al capítulo 4, art. 4008. Señala
que, asimismo el Gral. Riveros expuso que todo detenido debía ser entregado
al personal de inteligencia que dependía del Comando de Institutos Militares;
que las órdenes que se impartieron era que todo detenido debía ser conducido
a los lugares de reunión de detenidos, que eran las comisarías locales. Que él
no es especialista en inteligencia sino que es paracaidista militar u oficial de
estado mayor. Con relación a la detención en sí expuso que no participó en la
detención de Avellaneda, respecto al acta en la que aparece como testigo
observó que estaba escrita a máquina, y que era difícil que en un
procedimiento como el que describe Iris Avellaneda alguien llevara una
máquina de escribir para redactar el procedimiento. Asimismo expuso que
había dos formas de operar, una era la de patrullajes, controles de ruta, de
estaciones de trenes, y que la Escuela de Infantería custodiaba la casa del
Gral. Perón, desde donde se realizaban todos los patrullajes y se daban las
órdenes. En relación con el acta desconoce la firma y agrega que si se le
hubiera ordenado con la detenida a la vista que pasaba a disposición del PEN
no había razones para que se opusiera, que no era ilegal. Afirma que jamás
asesinó, ni torturó y que por su grado sólo podía cumplir las directivas y
órdenes que le daban, que era combatir la subversión. En cuanto a lo asentado
a fs. 108 no reconoce su firma y expresa que es una copia burda del
reglamento, del anexo referido y en lugar de hacer el acta, usaron el
encabezado y lo completaron con inscripciones que no iban adentro y que el
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encabezamiento no corresponde a un acta. Agregó que la misión de la Escuela
de Infantería era presionar a fin que los subversivos no actuaran libremente y
que en caso de detener a alguien, el que estaba a cargo del procedimiento iba
al móvil policial y la policía lo llevaba a la comisaría y de allí se avisaba al
Comando de Institutos que enviaba una persona de inteligencia. Expuso que
nunca vio detenidos y que en la guarnición era imposible ver detenidos ya que
tiene gran cantidad de hectáreas y que imperaba la disciplina del secreto.
En cuanto a Fragni declaró a fs. 828/31 en noviembre de
2004, exactamente igual a los otros procesados, respecto a la creación
posterior de la zona de defensa IV. Se le exhibe el documento de fs. 108 y
desconoce su autenticidad porque es anterior a la creación de la zona IV,
ratificando su anterior declaración testimonial.
En la testimonial de fs. 264/5 de la causa 28976, de junio de
1984, había declarado que para el 15 de abril de 1976 se desempeñaba en la
Escuela de Infantería de Campo de Mayo, como Jefe de la compañía de
Demostración, como Capitán. Que Arévalo era Subdirector de la Escuela, que
estuvo a sus órdenes y que bajo su mando intervino en algunas de las
operaciones de la guerra contra la subversión. Cuando le exhiben fs. 108 dijo
que no reconoce el texto, que se menciona un domicilio en el que nunca vivió
y a la firma no la puede reconocer como de su pertenencia por lo ilegible, que
lo único que concuerda es su nombre y número de libreta de enrolamiento y el
grado. Que no reconoce el modelo de acta como de uso del Ejército ya que se
trata de una fotocopia con irregularidades. Que dado el tiempo transcurrido no
recuerda haber participado en el procedimiento en Sargento Cabral y no
recuerda haber tenido conocimiento de la detención de Iris y de Floreal
Avellaneda, que no recuerda por el tiempo transcurrido haber hecho
procedimientos con Harsich.
Vuelve a declarar en abril de 2007 (fs. 6884/6 de la causa
4012) y desconoce la firma en la documentación que en fotocopia se le
exhibe. Afirma que no cometió los hechos que se le endilgan, que sus tareas
en la lucha contra la subversión era hacer patrullajes, control de rutas, de
personas, estaciones de tren, a modo de disuasión no habiendo detenido a
persona alguna. Agrega que era Jefe de la Compañía de Demostración. Que
170
en la lucha contra la subversión tenían base en la casa de Gaspar Campos que
había sido de Perón y el Círculo Militar de Olivos donde estaba el personal,
los vehículos y material y de donde partían las patrullas, que siempre iban con
uniforme reglamentario.
Como ya se señalara al analizar las pruebas y la situación de
Riveros, la versión acerca de que antes de la creación de la Zona de Defensa
IV, en mayo de 1976, el Comando de Institutos Militares resultaba ajeno a
cualquier acción en su zona de influencia, resultó contradicho con las pruebas
recibidas.
A fs. 108 se encuentra el formulario “SECRETO.
APÉNDICE 2 (Modelo de actuación) AL PON Nro. 212/75 (Administración
de personal detenido por hechos subversivos. AL ANEXO 4 (Personal). A LA
DIRECTIVA DEL COMANDANTE GENERAL DEL EJÉRCITO No.
404/75 (Lucha contra la subversión). ACTUACIONES DECRETO Nro.
1860/75”, en la que se reseña el trámite de la detención de Iris P. de
Avellaneda el 15 de abril de 1976 a la 1,30 hs., dejándose consignado: a) que
“la detención se produjo en las siguientes circunstancias: Al ejecutarse el
procedimiento en su domicilio buscando a su esposo, perteneciente al PC y
sindicado como “combatiente”; b) Que la detención fue presenciada por las
siguientes personas: CÉSAR AMADEO FRAGNI(...).. y HORACIO
HARSICH...., con los datos personales de ambos, documento que se
encuentra firmado por quienes aparecen como testigos y por el Jefe militar
que produce la detención, Teniente Coronel CLODOVEO MIGUEL ÁNGEL
ARÉVALO.
Antes que nada procederemos a responder a las objeciones
presentadas por la Defensa respecto de la documentación obrante a fs. 106/9,
en particular el documento de fs. 108, en el que aparecen los procesados.
En la audiencia la Sra. de Avellaneda reconoció la firma en el
escrito agregado a fs. 117/19 de la causa 28976, presentado el 14 de febrero
de 1984, en el que manifiesta que su cuñada Arsinoe Avellaneda le entregó
fotocopias de un expediente tramitado ante el Comando de Institutos Militares
(aparentemente bajo el no. IMO 0124/11) que había recibido por correo y que
devolviera, previo sacarle fotocopias. Que dicho envío pudo haberse debido a
Poder Judicial de la NaciónPoder Judicial de la NaciónPoder Judicial de la NaciónPoder Judicial de la Nación

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que con motivo de gestiones realizadas por su cuñada para obtener su
libertad, había promovido expedientes ante el Primer Cuerpo.
Arsinoe Avellaneda en la audiencia expuso que recibe por
correo un sobre marrón a su nombre con un expediente, venía del Primer
Cuerpo, en el expediente había una orden de detención o un operativo,
consulta con el abogado y le dice que puede ser una celada, entonces va a
sacar fotocopias y manda el sobre al Primer Cuerpo diciendo que no era para
ella.
Entre las pruebas ordenadas respecto de tales fotocopias, a fs.
1875/82, se recibe de la Cámara Federal de La Plata copias certificadas del
fichero y de la ficha individual del Servicio Penitenciario No. 152674
correspondiente a Iris Pereyra de Avellaneda y de la ficha individual No.
152689 de Silvia Ingenieros a fs. 1879. Así se encuentra la ficha individual de
Pereyra de Avellaneda (fs.1878) de ingreso a Olmos el 30-4-76, con sus datos
personales y como DELITO: “Pertenecer a P.C.” y a continuación (fs. 1879)
se encuentra el mismo documento obrante a fs.109 firmado por Roberto
Sánchez Negrette, así aparece el llamado APÉNDICE 1 (Antecedentes de los
detenidos a disposición del PEN) AL PON212/75 (Administración de
personal detenido por hechos subversivos AL ANEXO 4 (Personal) A LA
DIRECTIVA DEL COMANDANTE GENERAL DEL EJÉRCITO Nro.
404/75 (Lucha contra la subversión) –idéntico al de fs. 109- que fuera
remitido conjuntamente a la Unidad de Olmos con la detenida. En el mismo
aparecen sus datos personales, la fecha de la detención el 15 Abr 76, y un
breve relato de las circunstancias que motivaron la solicitud de puesta a
disposición del PEN: “El marido se fugó por una ventana al realizarse el
procedimiento. La citada pertenece al PC célula Nro. 1 de Vicente López”. Y
está firmado por el Capitán Roberto Sánchez Negrete.
Asimismo, idéntica documentación se encuentra en la ficha
perteneciente a Silvia Ingenieros, quien ingresara a la Unidad de Olmos
conjuntamente con Iris Avellaneda proveniente de Campo de Mayo. Así lo
vemos a fs. 1876 está la Ficha criminológica No. 152.689 de ingreso a Olmos
de Silvia Ingenieros del 30-4-76; delito: pertenecer al PST, a disposición P
Ejecutivo Decto. No. 203. Y en la foja siguiente encontramos igual
172
documento que el obrante a fs. 109, es decir, el mismo APÉNDICE 1
(Secreto) (Antecedentes de los detenidos a disposición del PEN), esta vez
referido a Silvia Ingenieros.
Es decir que Iris P. de Avellaneda fue remitida a la Unidad de
Olmos con un documento igual al de fs. 109, con lo que queda certificada la
autenticidad de éste; del mismo modo respecto de Silvia Ingenieros existía
igual formulario.
Asimismo, se tiene una copia del Procedimiento Operativo
Normal (P.O.N.) No.24/75, el que fuera aportado por el Gral. Vilas, 2do.
Comandante del V Cuerpo de ejército en 1976 y Jefe de la Subzona de
Defensa 51, al prestar declaración indagatoria en la causa 11/86 de la Cámara
Federal de Bahía Blanca, y que presentara la Fiscalía, donde vemos que la
obrante a fs. 2314 es similar a la que obra a fs. 108, señalando a la
observación efectuada por la Defensa Oficial que el lugar de firma para los
testigos se encuentra en el mismo renglón que la firma del jefe militar que
produce la detención. Asimismo la que obra a fs. 2315 es similar a la de fs.
107.
Así también a fs. 2374/81 hay copia del PROCEDIMIENTO
OPERATIVO NORMAL No. 212/75 (Administración de personal detenido
por hechos subversivos) AL ANEXO 4 (personal) A LA DIRECTIVA DEL
COMANDANTE GENERAL DEL EJÉRCITO Nro. 404/75 (Lucha contra la
subversión), es decir, el mismo encabezamiento de la de fs. 108, y a
continuación trae la reglamentación. Y a fs. 2382 se encuentra el APÉNDICE
1 (Antecedentes de los detenidos a disposición del PEN) AL PON 212/75
(Administración de personal detenido por hecho subversivos) AL ANEXO 4
(Personal) A LA DIRECTIVA DEL COMANDANTE GENERAL DEL
EJÉRCITO Nro. 404/75 (Lucha contra la subversión) que es exactamente
igual a la obrante a fs. 107 y a fs. 2383 APÉNDICE 2 (Modelo de actuación)
AL PON Nro. 212/75 (Administración de personal y detenidos por hechos
subversivos) AL ANEXO 4 (Personal) A LA DIRECTIVA DEL
COMANDANTE GENERAL DEL EJÉRCITO Nro. 404/75 ((Lucha contra la
subversión) es exactamente igual a la de fs.108.
De otra parte tenemos que en la DIRECTIVA DEL
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COMANDANTE General del Ejército Nro. 217/76 (Clasificación, normas y
procedimientos relacionados con el personal militar detenido a partir del 24
Mar 76) de carácter SECRETO, se establecía como FINALIDAD: Concretar y
especificar los procedimientos que deberán adoptar los distintos elementos de
la Fuerza para con el personal detenido a partir del 24 Mar 76, sobre la base
de las normas legales vigentes y/o a dictarse en relación al Proceso de
Reorganización Nacional. En el punto 2 las BASES LEGALES Y
NORMATIVAS: En el inc. g) Directiva del Cte. Gral Ej Nro., 404/75 (Lucha
contra la subversión y en el inc. h) Plan del Ejército (Contribuyente al Plan de
Seguridad Nacional). En el punto 4. INSTRUCCIONES A SEGUIR POR
LOS COMANDOS EN ZONAS DE DEFENSA Y ELEMENTOS
DEPENDIENTES PARA CONCRETAR LOS PROCEDIMIENTOS: En el
inc. a. Para colocar personal detenido a disposición del PEN Se procederá de
acuerdo a lo establecido en el PON Nro. 212/75 (Administración de Personal
Detenido por Hechos Subversivos). En el punto 5. INSTRUCCIONES
COMPLEMENTARIAS. Se establecía para la “Sustanciación de actuaciones”
(inc. d.) que las actuaciones se labrarán según el modelo que obra como
Apéndice 2 del PON 212/75, es decir, tal como aparece el documento
secreto de fs. 108.
Con ello queda certificado que la documentación
cuestionada era la que utilizaba el ejército en sus procedimientos.
Por otro lado, en la nómina de personal que revistaba en 1976
en la Escuela de Infantería, glosada a fs. 519 de la causa 28976, vemos con el
no.2 al Teniente Coronel Clodoveo Miguel Ángel Arévalo. Asimismo a fs.
270/1 de la misma causa declara como testigo Roberto A. Sánchez Negrette,
quien manifiesta que en abril de 1976 cumplió funciones en el Comando de
Institutos Militares, donde cumplía tareas administrativas y, al serle exhibidas
las fs. 106, 107 y 109, expuso que la de fs. 106 parece ser una nota del
ejército, la de fs.107 parece ser un formulario de orden de operaciones y la de
fs.109 pareciera ser un apéndice de una directiva del Comando en Jefe,
expresando que no sabía si había visto esas fojas pero “sí ha visto fojas con
esas características”.
El procesado García en su declaración como imputado en
174
mayo de 1984 dijo que los formularios de fs. 106/9 se asemejaban a fórmulas
utilizadas por el organismo.
En la audiencia a José Luis García se le exhibieron los
documentos de fs. 106/9, respecto del de fs. 106 afirma que corresponde al
PON, que significa procedimiento operativo normal, la primera directiva es de
1975 y que en el momento de la detención se labra un acta que es entregada
junto con el prisionero en el lugar donde lo llevaban. Primero se hizo así,
luego hubo centros clandestinos de detención. Esa acta era una fachada
pseudo legal y agregó que las abreviaturas son las de uso común.
En la pericia obrante a fs. 1729/30, se consigna que, del
cotejo entre la fotocopia y las firmas indubitables de Harsich y Fragni, surgen
“algunos leves puntos de contacto caligráfico, como ser la figura elevada
intermedia y las gramas menores siguientes de la asignatura de Fragni: o
bien algunos rasgueos mayúsculos y el movimiento final en la de Harsich”,
y pese a las dificultades que el mismo informe consigna por el hecho de
tratarse de fotocopia, concluye en que si bien no se puede establecer
fehacientemente la participación caligráfica de ambos existen “algunos
parecidos morfológicos” entre las signaturas dubitadas obrantes en el
documento fotocopiado “Acta Apéndice 2 (Modelo de actuación) al PON No.
212/75, Actuación Decreto 1860/75 del 15 de abril de 1976” y las
indubitables de Fragni y Harsich.
A ello se agrega que presuponer –como parece haberlo
intentado la Defensa- que dichos formularios no fueron realmente recibidos
por las víctimas o que éstas puedan haberlos confeccionado, resulta
inconcebible y sin explicación, prueba o fundamento alguno.
De tal modo que las conclusiones de la pericia caligráfica, es
decir la similitud de rasgos en las firmas de los procesados y lo que se
señalara acerca de la correspondencia de los formularios con los usados por el
ejército, lo establecido en la Directiva 217 y teniendo en cuenta los
ocultamientos y destrucción de pruebas llevados a cabo para ocultar los
hechos, de acuerdo a lo oportunamente consignado en el punto III de la
presente, se considera prueba suficiente para afirmar su correspondencia con
los originales.
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Continuando con el análisis de la prueba respecto a los dos
procesados en consideración, vemos que en la causa 28976 a fs. 518/22 el 18
de diciembre de 1985 se remite al Juez Federal de San Martín una lista del
personal de la Escuela de Infantería, figurando en la lista con el No. 15) el
Capitán César Amadeo Fragni y con el No. 26) el Teniente 1o. Raúl Horacio
Harsich.
Para la calificación que debe darse a la conducta acreditada
respecto de ambos procesados tenemos en cuenta la posición que ocupaban y
el grado que entonces tenían, lo que implica el posible desconocimiento en
ese momento de lo diseñado en el Plan secreto del Ejército, que como tal sólo
estaba en conocimiento de quienes dirigían las zonas y las áreas. Que, por
ende, por la fecha en que sucedieron los hechos, esto es a menos de un mes
del golpe militar, no puede presumirse que pudieran conocer las acciones que
se llevarían a cabo luego de la privación de la libertad de las personas, ni
siquiera por conocer lo que sucediera en otros casos, atento que a dicha fecha
aún no podía afirmarse la masividad de las acciones que, con el correr del
tiempo, se llevarían a cabo.
Respecto de la imposición de tormentos entonces debe
aplicarse el principio de la duda, toda vez que no hubo pruebas en la
audiencia de que hubieran participado en su imposición, tanto en la Comisaría
de Villa Martelli, como en el centro clandestino de Campo de Mayo, ni de que
tuvieran conocimiento de ello pues, como se señalara en el párrafo anterior,
podían desconocer que se le impondrían tormentos luego de la privación de
libertad. Tenemos para ello en cuenta que nadie los sindicó como partícipes
en las mismas y por el grado que tenían y las funciones que desempeñaban, no
puede extraerse su colaboración, para lo que se tiene en cuenta asimismo la
división de funciones asignadas y su no pertenencia al sector de Inteligencia,
teniendo también en cuenta que Víctor Ibáñez manifestó no conocerlos.
En cuanto al robo, de acuerdo a la prueba recibida no se los
puede reputar autores, sino sólo se les puede endilgar participación primaria
porque, integrando el grupo fuertemente armado que ocupó la casa y realizó
los hechos que se dieran por probados, consideramos que con su accionar al
menos generaron un aporte fundamental para que el robo pudiera concretarse.
176
Así habiéndose acreditado su participación en las privaciones
de libertad agravadas de Iris Pereyra de Avellaneda y de Floreal E.
Avellaneda, puede entonces afirmarse su co-autoría respecto de las mismas,
así como del allanamiento ilegal llevado a cabo en el domicilio y su
participación necesaria en el robo agravado.
Los consideramos entonces co-autores de los delitos
previstos en los arts. 151, 144 bis inc.1 y último párrafo (Ley 14616), éste en
función del art.142 inc.1 (ley 20642), y como partícipes necesarios del delito
previsto en el art. 164 (ley 20509), agravado por el art. 166 inc.2 (ley 20642).
Para la pena a imponer valoramos como atenuantes el cargo
que ocupaban, su grado y el hecho de haber actuado bajo órdenes, lo cual por
su posición en la estructura jerárquica de la fuerza restringía su ámbito de
autodeterminación y, como agravantes la edad de una de las víctimas y la
impunidad del accionar.

IX.5.- ALBERTO ÁNGEL ANETO
Iris Avellaneda relató que en Campo de Mayo fue sometida a
un simulacro de fusilamiento, apoyándole un revólver en la sien y diciéndole
que pidiera tres deseos, a lo que ella dijo que su deseo era saber donde estaba
su hijo, contestándole entonces que “ya lo habían reventado”; afirmó que la
voz era la del llamado “Rolo” de Villa Martelli, tenía la misma voz y por la
voz asegura que es la misma persona que participó del procedimiento en que
fueron secuestrados ella y su hijo.
Relató que hicieron averiguaciones acerca de quien podía ser
“Rolo” en la Comisaría, que era quien actuó a cara descubierta y que averiguó
después de l978, en 1983 o 1984. Que “Rolo” era Aneto se lo dijeron en Villa
Martelli, que lo habían trasladado a Caseros y que el apellido apareció en
Villa Martelli, cuando preguntan por “Rolo”. Agregó que antes de que
declarara Aneto, ella lo había reconocido, ya que lo había visto en un corso en
Munro en 1984.
A fs. 341 de la causa 28976, pieza que le fue exhibida y en la
que reconoció su firma, hay un escrito de diciembre de 1984, en el que
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manifestaba que había concurrido a la audiencia en que se le tomara
declaración testimonial a Aneto y que pudo reconocerlo sin lugar a dudas
como uno de los integrantes del grupo que asaltó su domicilio el 15 de abril
de 1976 y que luego del procedimiento la llevó detenida junto con su hijo,
agregando que en esa oportunidad llevaba peluca y que lo identificaban con el
seudónimo de “Rolo”, pidiendo reconocimientos y a fs. 339/40 obra la
declaración de Aneto del 5 de diciembre de 1984, en la que figura la firma de
Iris Avellaneda, que reconociera en la audiencia.
Alba Margarita López afirmó que cuando fueron a la
Comisaría de Villa Martelli luego del hecho, cuando estaban entrando, vieron
salir a una persona que estuvo en el allanamiento, que era un hombre joven
que llevaba peluca rubia, y que lo vio luego en los alrededores de la
Comisaría de Villa Martelli, ya que estaba montando guardia en un corso con
otras personas de civil.
A fs.417 hay un acta del 18 de abril de 1985 de
reconocimiento en rueda de Arsinoe Avellaneda en la que señala a Aneto
“quien se asemejaría, no pudiendo precisarlo”, que en el momento del hecho
tenía peluca, era más delgado y no tenía bigotes.
En la causa 28976 encontramos que a fs.327 hay un informe
de la Policía bonaerense del 31 de octubre de 1984 donde informan que Aneto
se desempeñó en 1976 en Villa Martelli.
De las planillas del Ministerio de Seguridad agregadas a fs.
3212/3547 a la causa 4012 surge a fs. 3441 que Aneto estuvo en Vicente
López 4a-Villa Martelli desde el 11 de enero de 1973 al 7 de febrero de 1979.
Se ha probado que Aneto se encontraba en la dependencia el
día y a la hora de los hechos, lo que por otra parte fue admitido por él.
Asimismo que era jefe de turno y como tal estaba a cargo de la comisaría.
Ernesto Lupiz Rodríguez, declaró que Aneto era jefe de turno
y al serle exhibida la foja 242, dijo que daba cuenta de que Aneto tomaba
conocimiento del relevo y empezaba a trabajar como jefe de turno hasta el
otro día a las 11,30 hs. y que como tal ocupaba la función del comisario.
David Dorsch también afirmó que era jefe de turno. Asimismo Carlos Roberto
178
Echeverría, quien era el segundo jefe de la dependencia a la fecha de los
hechos, dijo que Aneto era jefe de turno, que el jefe de turno es el responsable
de la comisaría cuando no están el comisario y el subcomisario y que
precisamente esa noche Aneto estaba como jefe de turno.
Aneto declaró en la audiencia que el 15 de abril estuvo como
oficial de guardia desde las 19,30 hs. hasta las 8. Que esa noche a las 20 hs. el
principal del servicio de calle trajo un detenido por ley de juego y se hicieron
las actuaciones, él le tomó la declaración al detenido Insaurralde y a quienes
participaron en el procedimiento e hizo el informe de concepto para elevar al
juez penal. Que el detenido estaba en el calabozo y a las 24 o 24,30 le dijeron
que sacara al infractor porque estaba siendo maltratado por los delincuentes
comunes, entonces lo saca y lo pone en la oficina contigua, donde quedó hasta
la entrega de la guardia. Su oficina daba a la calle y estaba separada por un
biombo de la otra oficina de judiciales, allí fue alojado el detenido, había
muchos detenidos en el calabozo y por eso lo pasaron a la oficina. Que a
medianoche fue la mujer del detenido Isaurralde a visitarlo, recordando
incluso que el detenido comió un sándwich de milanesa. Dijo que esa noche
estaba el subcomisario Echeverría y el encargado de calle Landriel. Expuso
que la única vez que vio militares en la dependencia fue el 24 de marzo, que
el Comisario conversó con los militares y de ahí siempre hubo alguien. Dijo
que no conoce a los coprocesados, que nunca los vio, ni trabajó en un grupo
operativo, ni salió con los militares. Que los militares no tenían ningún lugar
asignado, nunca trajeron personas, ni detenidos.
Se le señalan las contradicciones respecto de su indagatoria
de fs. 832/6, prestada en noviembre de 2004, donde dijo que a partir del 24 de
marzo “ingresaban y salían en forma permanente de la seccional distintos
funcionarios”, que “como su oficina estaba en la parte delantera de la
Comisaría” “veía que los militares ingresaban en distintos horarios ya sea de
día o de noche y hablaban directamente con el comisario”, “que los militares
siempre iban acompañados por el personal jerárquico de la comisaría”, “que
el personal del ejército ingresaba y salía de la seccional policial acompañado
por la superioridad policial”, cuando se le preguntó si el personal del ejército
ingresaba a la dependencia policial a personas detenidas, si eran registrados y
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dónde se las alojaba respondió “que dentro de la seccional policial había una
zona a la que el personal del ejército había identificado como ‘zona
restringida’ donde estaban los militares”. Sin embargo no pudo aclarar las
contradicciones y luego agregó que el hecho había sido en la comisaría de
Munro y no en la de Villa Martelli y que a él no le decían “Rolo”.
En cuanto a la versión dada por el procesado acerca de que
estuvo trabajando en una causa de infracción a la ley de juegos del detenido
Insaurralde, recordó detalles que hacen poco creíble tal versión, como que la
mujer del detenido había ido a visitarlo a medianoche, o que había comido un
sándwich de milanesa –lo que resulta inverosímil que recuerde luego de 33
años-, o bien que alojó al detenido en una oficina. Y tales recuerdos luego de
tanto tiempo resultan increíbles teniendo en cuenta la propia versión del
imputado acerca de las funciones que dijo desempeñaba para esa época, esto
es que era oficial de guardia y servicio y tenía a su cargo causas, sumarios,
que tenía todas las funciones: control de calabozos, tomar denuncias y
controlar al personal sobre los recorridos. Aparece entonces como una versión
tendiente a mejorar su situación.
Los propios testigos ofrecidos por la Defensa no
corroboraron la versión de Aneto. En primer lugar, lo que en forma definitiva
determina que se deseche la versión del imputado, es la declaración,
precisamente, de Julio Celestino Insaurralde, es decir el detenido aquella
noche, cuyo testimonio también fuera ofrecido por la Defensa. Expuso en la
audiencia que estuvo detenido, que estuvo en un calabozo, donde no tuvo
ningún problema y allí durmió; que Aneto lo atendió en el momento en que lo
llevaron, que estuvo con él poco tiempo, entre 5 a 10 minutos y que esposa no
lo había ido a visitar, sino su suegro, quien creía recordar le llevó pollo para
comer.
Asimismo Alcibíades Gómez dijo que las visitas a los presos
eran a la tarde. Juan Carlos Miguel afirmó que las visitas eran de 13 a 16 hs. y
que el patio lo usaban para contraventores. Ernesto Lupiz Rodríguez afirmó
que no vio visitas a media noche. Por su parte José Barrionuevo declaró que
había horario de visitas, que no podían ir de madrugada. Pánfilo Leiva dijo
que el horario de visita era a la tarde.
180
De tal modo consideramos acreditado que Aneto formó parte
del grupo que produjo las privaciones ilegítimas de la libertad de Iris Pereyra
de Avellaneda y de Floreal Avellaneda, mediante el allanamiento ilegal del
domicilio, por lo que es co-autor de las mismas. Que asimismo fue quien
impuso tormentos a Iris Pereyra de Avellaneda en la Comisaría de Villa
Martelli, como también en Campo de Mayo, al realizarle un simulacro de
fusilamiento, por lo que resulta co-autor.
Para ello resulta definitorio el reconocimiento llevado a cabo
por la víctima, la seguridad demostrada desde el principio acerca de que se
trataba del llamado “Rolo” y de su participación en los hechos, así como el
reconocimiento de Arsinoe Avellaneda.
En cuanto a la imposición de tormentos a Floreal Edgardo
Avellaneda, se lo reputa como partícipe primario de los que sucedieran en la
Comisaría de Villa Martelli, pues su contribución fue necesaria, al haber
posibilitado con su accionar la posterior imposición de tormentos. No puede
reputárselo co-autor, toda vez que del mismo relato de la víctima surge que
fue torturada en la Comisaría, mientras en otro sitio de la misma se torturaba a
su hijo, por lo que los autores debían ser distintos. Respecto de los tormentos
impuestos en Campo de Mayo, que fueran los que ocasionaran la muerte del
menor, atenta la división de funciones ya diseñadas en el Plan secreto del
Ejército, cabe inferir que era el sector de Inteligencia el que llevaba a cabo las
torturas. Tampoco tenía posibilidad de hacerlas cesar pues no pertenecía al
ejército, ni ocupaba un lugar en dicha fuerza que lo posibilitara. Por ello su
colaboración fue necesaria en las torturas, que deben encuadrarse en el art.
144 ter, primer y segundo párrafo (ley 14616), por tratarse de un perseguido
político, no así en las posteriores que ocasionaran la muerte.
En cuanto al robo agravado, asimismo, no habiéndose
acreditado su autoría directa, se lo considera partícipe primario pues, como se
señalara en el punto anterior, integraba el grupo fuertemente armado que
ocupó la casa y realizó los hechos que se dieran por probados, por lo que con
su accionar, al menos, generó un aporte fundamental para que el robo pudiera
concretarse.
Que por ello se considera que es co-autor de ambas
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privaciones de la libertad agravadas, del allanamiento ilegal del domicilio y
de la imposición de tormentos agravada por ser perseguida política a Iris
Pereyra de Avellaneda y que es partícipe primario de la imposición de
tormentos a Floreal Avellaneda, agravados por la misma circunstancia y del
delito de robo agravado. Por lo que resulta co-autor de los delitos previstos
los arts. 144 bis inc.1 y último párrafo (ley 14616), éste en función del art.
142 inc.1 (ley 20642) –dos hechos-; art. 151 y art. 144 ter primer y segundo
párrafo (ley 14616), respecto de Iris P. de Avellaneda y partícipe primario del
delito previsto en el art. 144 ter, primer y segundo párrafo (ley 14616) CP,
respecto de Floreal Avellaneda y del previsto en el art. 164 (ley 20509)
agravado por el art. 166 inc.2 (ley 20642), en concurso real.
Para individualizar la pena tenemos en cuenta como
atenuante que no pertenecía a la estructura del Comando de Institutos
Militares, que su accionar estuvo motivado por órdenes de los militares que
tenían bajo control operacional la dependencia en la que prestaba funciones y
como agravante la edad de Floreal Avellaneda.

X.- DEL GENOCIDIO
En cuanto a la solicitud de las querellas que representan a la
víctima, a la querella unificada y a la Liga por los Derechos Humanos, hemos
de rechazar tal calificación, la que por otra parte no había sido objeto de
requisitoria de elevación a juicio, dando razón a lo planteado por la querella
que representa a la Secretaría de Derechos Humanos en el sentido que es
inaplicable y que se trataba de crímenes de lesa humanidad.
El art. 2 de la Convención define cuales son las conductas
que consideran comprendidas por la figura de Genocidio y que "se entiende
por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación,
perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente, a un grupo
nacional, étnico, racial o religioso, como tal”.
Concordamos con lo resuelto por el Tribunal Oral de
Tucumán en la causa “Vargas Aignasse”, cuando afirmara que la conducta no
podía subsumirse en el tipo de genocidio del derecho penal internacional
182
considerando a la víctima como integrante de un grupo nacional, por entender
que ello implicaría asignarle a tal colectivo una significación que no es la que
recoge el derecho internacional y, en tal inteligencia, la Convención contra el
Genocidio. El derecho internacional con la expresión "grupo nacional"
siempre se refiere a conjuntos de personas ligadas por un pasado, un presente
y un porvenir comunes, por un universo cultural común que inmediatamente
remite a la idea de nación. El significado explicitado, a su vez, se asocia con
la preocupación de la comunidad internacional por brindar protección a las
minorías nacionales en el contexto de surgimiento de Estados plurinacionales
al término de la Segunda Guerra Mundial, resultando difícil sostener que la
República Argentina configurara un Estado plurinacional que en la época en
la que tuvieron lugar los hechos objeto de esta causa cobijara, al menos, dos
nacionalidades, la de los golpistas y la de los perseguidos por el gobierno de
facto, de modo tal de poder entender los hechos como acciones cometidas por
el Estado bajo control de un grupo nacional contra otro grupo nacional y que,
asimismo, por la significación que para el derecho internacional tiene la
expresión "grupo nacional" tampoco resulta posible incluir a toda la nación
argentina como integrante de un grupo nacional comprendiendo a los delitos
cometidos como acciones cometidas contra un integrante de un grupo
nacional por otros integrantes del mismo.
Kai Ambos (“La parte general del Derecho Penal Internacional”), al
analizar el tipo objetivo del art. II de la Convención, afirma que la
enumeración es taxativa desde una doble perspectiva: respecto de las
conductas típicas mencionadas y respecto de los grupos mencionados y en
éste aspecto el objeto de ataque es una unidad de personas diferenciada del
resto de la población por alguna de las características aludidas, agregando que
“no se encuentran protegidos otros conjuntos de personas emparentadas por
otras características diferentes de las mencionadas, como por ejemplo,
grupos políticos o culturales”.
En el Informe doctrinal sobre la diferencia entre los tipos
penales de Genocidio y Crímenes contra la Humanidad del Equipo Nizkor de
Bruselas de 2007, se afirma que para constituir genocidio, los asesinatos u
otros actos prohibidos que se aleguen han de ser "perpetrados con la
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intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico,
racial o religioso". Se señala que las víctimas de los militares argentinos
fueron consideradas como blanco por sus supuestas creencias políticas y
porque los militares estimaban que eran "incompatibles con su proyecto
político y social" y un peligro para la seguridad del país. No fueron objeto de
ataque "por razón de su pertenencia a un grupo", como requiere el estándard
de intencionalidad genocida, sino más bien sobre la base de sus supuestos
puntos de vista políticos individuales o sus valores sociales. Por tanto, estos
actos no constituyen genocidio bajo el derecho internacional.
Se expone que cuando este tipo de actos está encaminado a la
destrucción de un grupo político, conforme al derecho internacional, recae en
la categoría directamente de crímenes contra la humanidad, que no requieren
la intencionalidad específica propia del genocidio. Que surge de la lectura de
los trabajos preparatorios de la Convención contra el genocidio que ciertos
grupos, como los grupos políticos y económicos, han sido excluidos de los
grupos protegidos porque son considerados como "grupos móviles" a los que
uno se une a través de un compromiso individual, político y se supone que la
Convención buscaba cubrir a grupos relativamente estables y permanentes.
Se afirma que los asesinatos, torturas, desapariciones,
encarcelamientos arbitrarios, etc, cometidos en Argentina antes y
durante la última dictadura por agentes estatales y por grupos vinculados
orgánica o funcionalmente a las estructuras estatales, son, por su carácter
sistemático y a gran escala crímenes contra la humanidad, y no genocidio.
Que el derecho internacional ha instituido claramente los crímenes contra la
humanidad como cualesquiera de una serie de actos inhumanos, incluidos el
homicidio intencional, el encarcelamiento, la tortura y la desaparición
forzada, cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra
cualquier población civil, tanto en tiempos de guerra como de paz. Entre tales
actos inhumanos se encuentran: el asesinato, el exterminio, la tortura, el
sometimiento a esclavitud, la deportación, la persecución por motivos
políticos, raciales o religiosos, el encarcelamiento arbitrario, la desaparición
forzada de personas y otros actos inhumanos.
Es decir, cuando este tipo de actos se cometen de manera
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sistemática o a gran escala, dejan de ser crímenes comunes para pasar a
subsumirse en la categoría más grave de crímenes contra la humanidad. Y
ésta es la conclusión del Informe, en el que se considera que: “Entre 1976 y
1983 en Argentina se perpetraron una serie de actos, enmarcados en un
plan común con fines delictivos, consistentes en exterminio, ejecuciones
extrajudiciales, desapariciones forzosas, torturas, persecución basada en
motivos ideas políticos y sindicales, y detenciones ilegales o arbitrarias”.
“Tales actos contra la población civil reúnen los
elementos del tipo de crímenes contra la humanidad tal cual ha sido
configurado éste por el derecho y la jurisprudencia internacionales,
esencialmente como consecuencia de su carácter sistemático y
generalizado. Estos crímenes no pueden caracterizarse dentro de la
definición de genocidio, al no concurrir los elementos de mens rea
específico para este tipo de crimen, ni de actus reus”.
En el ya mencionado Plenario de la Cámara Federal en el
“Incidente de inconstitucionalidad de los indultos dictados por el decreto
2741/90 del Poder Ejecutivo Nacional” del 25 de abril de 2007, se señaló que
la Cámara “ha dicho en reiterados pronunciamientos que los delitos cometidos
por los agentes estatales en el contexto del sistema clandestino de represión
implementado por la dictadura militar que usurpó el poder en el período
1976-1983, a la luz del derecho de gentes, deben ser considerados como
crímenes contra la humanidad (cfr. Sala I, causas nro. 30.514, “Massera
s/excepciones”, Reg. 742 , del 9 de septiembre de 1999; nro. 33714 “Videla,
Jorge R. s/procesamiento”, Reg: 489, del 23 de mayo de 2002, y sus citas, n°
36.253 “Crespi, Jorge Raúl y otros s/ falta de acción y nulidad”, Reg: 670, del
13 de julio de 2004 y Sala II Causa Nro. 17.889, del 9 de noviembre de 2001,
Reg: 19.192 y sus citas)”.
Asimismo Alicia Gil Gil (“Posibilidad de persecución en España de
violaciones a los derechos humanos cometidos en Sudamérica”), define al “grupo” del
que habla la Convención como un cierto número de personas relacionadas
entre sí por características comunes que los diferencian de la población
restante, teniendo conciencia de ello. Afirma que nunca podrá ser genocidio:
“La matanza masiva de personas pertenecientes a una misma
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nacionalidad...cuando la intención no sea acabar con ese grupo nacional.”
Explica que cuando se pretende eliminar a personas que pertenecen a la
misma nacionalidad que el sujeto activo por el motivo de no someterse a un
determinado régimen político no se está destruyendo su nacionalidad ni total
ni parcialmente, el grupo que se identifica como víctima no lo es como grupo
nacional y por esa característica quiere eliminárselo, sino que lo es como un
“subgrupo del grupo nacional, cuyo criterio de cohesión es el dato de
oponerse o de no acomodarse a las directrices del criminal”. Da como
ejemplo el caso de nuestro país donde los denominados “subversivos”
llegaron incluso a ser de otra nacionalidad, y agrega “Si bastara para
calificar las muertes masivas de personas con que las víctimas pertenecieran
a una misma nacionalidad, cualquier masacre cometida con la participación
o tolerancia del estado se convertiría en un genocidio, lo que ni tiene sentido
ni se ajusta a la voluntad de la Convención”. “Las víctimas en el delito de
genocidio deben ser elegidas precisamente por su nacionalidad y con la
intención de exterminar dicha nacionalidad”.
En el art. V de la Convención se establece que las Partes
contratantes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus Constituciones
respectivas, las medidas legislativas necesarias para asegurar la aplicación de
las disposiciones de la presente Convención, y especialmente a establecer
sanciones penales eficaces para castigar a las personas culpables de
genocidio. Este es el objetivo de la Convención: el compromiso de los
Estados suscriptores de tipificar el delito de genocidio. Hasta ahora el Estado
argentino no ha cumplido con ello y es por eso que no puede aplicarse pues,
ante tal ausencia, no resulta posible que se indague y se procese por tal delito,
más allá de que como se señalara, aún en el marco de la Convención resulta
atípico.
Es por ello y teniendo presente que el juez tiene vedado
aplicar analogía, la conclusión es que cuando se está hablando de los
denominados “grupos políticos” no pueden incluirse en la Convención, por el
hecho de que ella misma no lo menciona.
Por ello consideramos que se trata de delitos de lesa
humanidad, por ser delitos tipificados en nuestro régimen penal y ser
186
calificados así por el derecho internacional de los Derechos Humanos.
XI.- LA FORMA DE CUMPLIMIENTO DE LA PENA
Como observara el Tribunal Oral Federal de Córdoba en la
causa “Menéndez”, la detención domiciliaria es una excepción a la forma
habitual de cumplimiento de la pena en prisión, cuya concesión debe
evaluarse cuidadosamente y en su oportunidad a la luz de cada caso, por lo
que el beneficio otorgado oportunamente en la instrucción de manera alguna
resulta vinculante para el Tribunal.
Se tiene en cuenta que la norma que posibilita la detención
domiciliaria no es imperativa para el juez atento el verbo que campea en su
redacción: “podrá” y si bien se establece la edad, ésta es sólo una de las
pautas a tener en cuenta, entre otras.
En tal sentido la Cámara Federal de Córdoba, en el incidente
de prisión domiciliaria de Menéndez en autos “Díaz Carlos Alberto y otros”,
señalaba que el uso del señalado verbo -“podrá”- significa que es una facultad
discrecional exclusiva del juez, facultad delegada por el legislador al juzgador
y no una obligación imperativa y automática dispuesta por la ley cuando se
verifique la causal objetiva de la edad, como por el contrario sucedería si
dijera “deberá”. Por lo que esa potestad que el legislador ha conferido al juez,
“debe ejercerse razonable, oportuna y convenientemente en ejercicio de una
discrecionalidad técnica para decidir acerca de la concesión o no de tal
beneficio, a cuyo fin corresponde escoger una alternativa legalmente válida
entre varias igualmente posibles, según el caso concreto en consideración”.
En el “incidente de prisión domiciliaria “L.H.E.” resuelto por
la Cámara Federal de La Plata en agosto de 2007, se afirmaba que "Hay que
descartar cualquier argumento a priori que interprete el dato normativo
(v.gr. ‘mayor de setenta años’) en sentido exegético. La hermenéutica textual,
en efecto, contradice la previsión normativa (art. 33 ley 24660) que
claramente establece la facultad de otorgarla por el órgano competente,
como se ha dispuesto (conf., CNCP, Sala I, causa n° 7496 ‘ETCHECOLATZ,
Miguel Osvaldo s/ Recurso de casación’, Reg. n1 9243.1)". Asimismo, se
señalaba que "la sola constancia de ser ‘mayor de setenta años’ resulta, en
principio, insuficiente para que aquella se aplique de modo automático”, que
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tal alternativa obedecía, de acuerdo a los considerandos del Decreto 1058/97,
a "irrenunciables imperativos humanitarios", en tanto y en cuanto sean
compatibles con las circunstancias del caso.
Clariá Olmedo (“Tratado de Derecho Procesal Penal”) señala que
“...se trata de una norma facultativa para el juez, quien podrá conceder el
beneficio si conforme a las constancias del caso, apareciera que el
interesado no obstaculizará la recta actuación de la ley”.
Deben tenerse en cuenta las características y gravedad de los
delitos por los que se los condena y las altas penas que conllevan. En el citado
precedente de la Cámara Federal cordobesa se señalaba que es irrelevante que
el régimen de ejecución de la pena privativa de la libertad omita aludir a la
naturaleza del delito, ya que en el marco de situaciones normativas se regulan
formas de coerción procesal o medidas cautelares no punitivas y
excepcionales (conf. Corte IDH, caso “Suárez Rosero” del 12-11-87,
Comisión IDN caso 11245, informe 12/96), con la finalidad de asegurar el
descubrimiento de la verdad y la aplicación de la ley (art.280 CPPN) mediante
razonables restricciones y ciertas pautas objetivas.
Se señalaba que en las Reglas Mínimas de Naciones Unidas
sobre medidas no privativas de la libertad (Reglas de Tokio), adoptadas por la
Asamblea General de la ONU por resolución 45/110 del 14 de diciembre de
1990, en el punto 1.4 se dice que los objetivos fundamentales consisten en
lograr el esfuerzo de los Estados Miembros “por alcanzar un equilibrio
adecuado entre los derechos de los delincuentes, los derechos de las víctimas
y el interés de la sociedad en la seguridad pública y la prevención del delito”.
Y en el punto 8.1 se establece que la autoridad judicial “al adoptar su
decisión deberá tener en consideración las necesidades de rehabilitación del
delincuente, la protección de la sociedad y los intereses de la víctima, quien
será consultada cuando corresponda”.
Se agregaba que tal normativa impone la obligación de
considerar las necesidades humanitarias del detenido y el interés de la
sociedad en la seguridad pública y la prevención del delito, lo cual exige un
marco de certidumbre jurídica al saber que quien comete un delito cumplirá
su castigo en un establecimiento penitenciario, lo que constituye la regla
188
general.
Se ponderaban asimismo los antecedentes parlamentarios de
la ley 26.472, como pauta de interpretación y se recordaba que el senador
Marín sostuvo que “el juez dentro de sus facultades, podrá utilizar este
beneficio o no, según cada caso, y determinará si cada una de las peticiones
reúne los requisitos que se requieran para obtener esta libertad domiciliaria”.
Que el senador Pichetto expresó “lo que digo es que el concepto ‘podrá’ está
dándole al juez una oportunidad de valorar los hechos cometidos” y, además,
una responsabilidad para atender el delicado equilibrio entre lo humano, “el
interés colectivo y la gravedad del hecho que tendrá que mensurar” y
finalizaba afirmando que opinaba que “esto no cabe para hechos de alta
violencia. Y la valoración ‘podrá’ pone sobre el juez una gran responsabilidad
frente a la sociedad en cuanto al otorgamiento de este beneficio”. Asimismo
debe tenerse en cuenta que en la Cámara de Diputados existen proyectos de
ley para incorporar el art. 33 bis a la ley 24660, disponiendo que no será
aplicable la prisión domiciliaria cuando se trate de delitos de lesa humanidad.
Así lo ha entendido la Cámara Nacional de Casación Penal en
“Chaban” del 24 de noviembre de 2005, entre otros, al reflejar que una de las
pautas para decidir un encarcelamiento preventivo, está configurada por la
“gravedad de los hechos concretos del proceso”.
En el caso se trata de delitos de lesa humanidad, lo que tiene
relevancia para la decisión. Al respecto, en el citado incidente resuelto por la
Cámara Federal de La Plata, se señalaba que la naturaleza de los delitos
“denota la importancia y la necesidad de un trato diferente de las personas
imputadas o condenadas por esa índole de crímenes, sin que ello implique
desconocer, obviamente, sus derechos fundamentales o decidir, respecto de
ellos, en forma discriminatoria o sin igualdad en ‘igualdad de
circunstancias’. El argumento central proviene del derecho internacional de
los derechos humanos que responsabiliza a los Estados nacionales ante la
comunidad internacional, de que sea entorpecida la investigación de la
verdad, el juzgamiento y, de suyo, el cumplimiento de la pena de los delitos
de lesa humanidad".
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Asimismo el Juez Federal de La Plata Arnaldo Corazza en
una solicitud de Etchecolatz, resuelta en noviembre de 2004, señalaba que los
hechos por los que había sido condenado “por el contexto en el que
ocurrieron, deben ser considerados, a la luz del derecho de gentes, crímenes
contra la humanidad”, lo que implicaba reconocer que la magnitud y la
extrema gravedad de los hechos cometidos y que ocurrieron en nuestro país
en el período dictatorial del llamado Proceso de Reorganización Nacional,
“son lesivos de normas jurídicas que reflejan los valores más fundamentales
que la humanidad reconoce como inherentes a todos sus integrantes en tanto
personas humanas. En otras palabras, los hechos por los que fuera
condenado tienen el triste privilegio de poder integrar el reducido conjunto
de conductas señaladas por la ley de las naciones como criminales y
aberrantes”, con lo que había demostrado un evidente desprecio hacia gran
parte de la sociedad.
Es por ello que tenemos en cuenta la gravedad y el carácter
de delitos de lesa humanidad y las altas penas, lo que permite presumir que
podrán intentar eludir la acción de la justicia y, en su momento, el
cumplimiento de la pena, a lo que se agrega la oposición a tal forma de
cumplimiento expresada por la víctima, es que consideramos que la pena debe
cumplirse en un establecimiento del Servicio Penitenciario Federal y
revocarse la detención domiciliaria.

XII.- Que por todo lo expuesto y atento lo preceptuado por
los arts. 1, 2, 3, 396, 398, 399, 400, 401, 403 y cc. del CPPN, el Tribunal,
FALLA:
1) NO HACIENDO LUGAR a los planteos de nulidad y
prescripción articulados por la Defensa Oficial.
2) HO HACIENDO LUGAR a la extracción de testimonios
de la declaración de Víctor Ibáñez para que se investigue la posible comisión
del delito de falso testimonio.
3) CONDENANDO a SANTIAGO OMAR RIVEROS, de las
demás condiciones personales obrantes en el encabezamiento, por ser co-
190
autor penalmente responsable de los delitos de allanamiento ilegal, previsto
en el art. 151 CP, en concurso ideal (art. 54 CP) con el de robo previsto en el
art. 164 (ley 20509) agravado por el uso de armas, art. 166 inc.2 (ley 20642)
CP; en concurso real (art. 55 CP) con los de privación ilegítima de la libertad
agravada por el empleo de violencias –dos hechos- previsto en el art. 144 bis
inc.1 y último párrafo (ley 14616) en función del art. 142 inc.1 (ley 20642)
CP; tormentos, agravados por tratarse de perseguido político previsto en el
art. 144 ter, primer y segundo párrafo CP (ley 14616), respecto de Iris Pereyra
de Avellaneda y homicidio agravado por alevosía y por el concurso de dos o
más personas, art. 80 incs. 2 y 4 CP (ley 20509), respecto de Floreal E.
Avellaneda, a las penas de PRISIÓN PERPETUA E INHABILITACIÓN
ABSOLUTA PERPETUA, accesorias legales y al pago de sesenta y nueve
pesos con setenta centavos ($69,70) en concepto de costas (arts. 2, 12, 19, 40,
41 y 45 CP y arts.530 y 531 CPPN).
4) CONDENANDO a FERNANDO EXEQUIEL
VERPLAETSEN de las demás condiciones personales obrantes en el
encabezamiento, por ser co-autor penalmente responsable de los delitos de
privación ilegítima de la libertad agravada por el empleo de violencias –dos
hechos- previsto en el art. 144 bis inc.1 y último párrafo (ley 14616) en
función del art. 142 inc.1 CP (ley 20642); tormentos agravados por tratarse de
perseguido político previsto en el art. 144 ter, primer y segundo párrafo CP
(ley 14616), respecto de Iris Pereyra de Avellaneda y tormentos seguidos de
muerte, previsto en el art. 144 ter, primer y tercer párrafo CP (ley 14616),
respecto de Floreal Edgardo Avellaneda, todos en concurso real, art. 55 CP, a
las penas de VEINTICINCO AÑOS DE PRISIÓN E INHABILITACIÓN
ABSOLUTA POR IGUAL TIEMPO, accesorias legales y al pago de sesenta y
nueve pesos con setenta centavos ($69,70) en concepto de costas (arts. 2, 12,
19, 40, 41 y 45 CP y arts.530 y 531 CPPN).
5) ABSOLVIENDO a FERNANDO EXEQUIEL
VERPLAETSEN de las demás condiciones personales obrantes en el
encabezamiento, de los delitos de allanamiento ilegal (art.151 CP) y de robo
agravado por armas y en banda (arts. 164 y 166 inc. 2 leyes 20509 y 20642
CP), por los que fuera acusado.
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6) CONDENANDO a OSVALDO JORGE GARCÍA, de las
demás condiciones personales obrantes en el encabezamiento, como co-autor
penalmente responsable de los delitos allanamiento ilegal, previsto en el art.
151 CP, en concurso ideal (art. 54 CP) con el de robo previsto en el art. 164
(ley 20509) agravado por el uso de armas art. 166 inc.2 (ley 20642) CP; en
concurso real (art. 55 CP) con los de privación ilegítima de la libertad,
agravada por el empleo de violencias –dos hechos- arts. 144 bis inc. 1 y
último párrafo (ley 14616) CP, éste en función del art. 142 inc. 1 (ley 20642),
y como partícipe primario de los delitos de tormentos agravados por tratarse
de perseguido político art. 144 ter, primer y segundo párrafo (ley 14616) CP,
respecto de Iris Pereyra de Avellaneda y de tormentos seguidos de muerte, art.
144 ter, primer y tercer párrafo (ley 14616) CP, respecto de Floreal Edgardo
Avellaneda, en concurso real (art. 55 CP) a las penas de DIECIOCHO AÑOS
DE PRISIÓN E INHABILITACIÓN ABSOLUTA POR IGUAL TIEMPO,
accesorias legales y al pago de sesenta y nueve pesos con setenta centavos
($69,70) en concepto de costas (arts. 2, 12, 19, 40, 41 y 45 CP y arts.530 y
531 CPPN).
7) CONDENANDO a RAÚL HORACIO HARSICH, de las
demás condiciones personales obrantes en el encabezamiento, como co-autor
penalmente responsable de los delitos de allanamiento ilegal, art. 151 CP;
privación ilegítima de la libertad, agravada por el empleo de violencias –dos
hechos-, previstos en el art. 144 bis inc. 1 y último párrafo (ley 14616) CP,
éste en función del art. 142 inc. 1 (ley 20642) y como partícipe primario del
robo previsto en el art. 164 (ley 20509) agravado por el uso de armas art. 166
inc.2 (ley 20642) CP, a las penas de OCHO AÑOS DE PRISIÓN E
INHABILITACIÓN ABSOLUTA POR IGUAL TIEMPO, accesorias legales
y al pago de sesenta y nueve pesos con setenta centavos ($69,70) en concepto
de costas (arts. 2, 12, 19, 40, 41, 45, 54 y 55 CP y arts.530 y 531 CPPN).
8) ABSOLVIENDO a RAÚL HORACIO HARSICH, de las
demás condiciones personales obrantes en el encabezamiento, de los delitos
de tormentos agravados –dos hechos- art. 144 ter CP y homicidio calificado,
art. 80 inc. 2 y 4 CP (ley 20509), sin costas.
9) CONDENANDO a CÉSAR AMADEO FRAGNI, de las
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demás condiciones personales obrantes en el encabezamiento, como co-autor
penalmente responsable de los delitos de allanamiento ilegal, art. 151 CP;
privación ilegítima de la libertad, agravada por el empleo de violencias –dos
hechos-, previstos en el art. 144 bis inc. 1 y último párrafo (ley 14616) CP,
éste en función del art. 142 inc. 1 (ley 20642) y como partícipe primario del
robo previsto en el art. 164 (ley 20509) agravado por el uso de armas art. 166
inc.2 (ley 20642) CP, a las penas de OCHO AÑOS DE PRISIÓN E
INHABILITACIÓN ABSOLUTA POR IGUAL TIEMPO, accesorias legales
y al pago de sesenta y nueve pesos con setenta centavos ($69,70) en concepto
de costas (arts. 2, 12, 19, 40, 41, 45, 54 y 55 CP y arts.530 y 531 CPPN).
10) ABSOLVIENDO a CÉSAR AMADEO FRAGNI, de las
demás condiciones personales obrantes en el encabezamiento, de los delitos
de tormentos agravados –dos hechos- art. 144 ter CP y homicidio calificado,
art. 80 inc. 2 y 4 CP (ley 20509), sin costas.
11) CONDENANDO A ALBERTO ANGEL ANETO de las
demás condiciones personales obrantes en el encabezamiento, como co-autor
penalmente responsable de los delitos de allanamiento ilegal, previsto en el
art. 151 CP; privación ilegítima de la libertad, agravada por el empleo de
violencias –dos hechos-, prevista en los arts. 144 bis inc. 1 y último párrafo
(ley 14616), éste en función del art. 142 inc. 1 (ley 20642); tormentos,
agravados por tratarse de perseguido político, previsto en el art. 144 ter
primer y segundo párrafo (ley 14616) respecto de Iris Pereyra de Avellaneda y
como partícipe primario de tormentos agravados por tratarse de perseguido
político, art. 144 ter, primer y segundo párrafo (ley 14616) respecto de Floreal
Edgardo Avellaneda y de robo previsto en el art. 164 (ley 20509) agravado
por el uso de armas, art. 166 inc.2 (ley 20642) CP, en concurso real (art. 55
CP), a las penas de CATORCE AÑOS DE PRISIÓN E INHABILITACIÓN
ABSOLUTA POR IGUAL TIEMPO, accesorias legales y al pago de sesenta y
nueve pesos con setenta centavos ($69,70) en concepto de costas (arts. 2, 12,
19, 40, 41, 45, 54 y 55 CP y arts.530 y 531 CPPN).
12) ABSOLVIENDO a ALBERTO ÁNGEL ANETO del
delito de homicidio calificado art. 80 inc. 2 y 4 CP (ley 20509), por el que
fuera acusado, sin costas.
Poder Judicial de la NaciónPoder Judicial de la NaciónPoder Judicial de la NaciónPoder Judicial de la Nación

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13) DECLARANDO que los delitos por los que se los
condena son DELITOS DE LESA HUMANIDAD.
14) ORDENANDO que el cumplimiento de las penas
impuestas sea llevado a cabo en un establecimiento del Servicio Penitenciario
Federal y en el caso de Fernando Ezequiel Verplaetsen previo examen pericial
médico y psicológico.
15) DESIGNANDO como Juez de Ejecución Penal a la Dra.
Lucila E. Larrandart.
16) DIFIRIENDO la regulación de los honorarios
profesionales de los abogados intervinientes, hasta tanto den cumplimiento a
las normas impositivas vigentes.

Dese lectura, protocolícese, comuníquese al Juzgado Federal
que previno, a la Fiscalía interviniente en la instrucción, al Registro Nacional
de Reincidencia, al Servicio Penitenciario Federal y a quien corresponda.
Oportunamente archívese.

ALEGATO COMPLETO Justicia Ya! - Causa FEBRES

2007-11-28T23:52:00.000-08:00

Alegato en causa Febres.
Miércoles 21/11/07.-

Vamos a alegar en representación de la querella unificada de Carlos Gregorio Lordkipanidse, la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos y la Fundación Investigación y Defensa Legal Argentina, como parte del colectivo Justicia Ya, las Dras Liliana Mazea y quien les habla, la Dra Myriam Bregman.

Esta querella ha sido muy crítica en cómo llega a la etapa oral el presente proceso, y todo ello ha sido reflejado en la actividad que hemos desarrollado en la causa en la que hasta último momento hemos intentado evitar que se desarrolle con estas características cuyas consecuencias enfrentamos hoy, a la hora de exigir condena, demostrándose así que no era un mero purismo técnico político lo que guiaba nuestro accionar.
Es por eso que nuestro alegato contemplará esas limitaciones que nos han sido impuestas e intentará dar cuenta de la dimensión del genocidio cometido en la Argentina y que tuvo en la Escuela de Mecánica de la Armada uno de los más grandes CCD y exterminio. Carlos Lordkipanidse, ex detenido-desaparecido en la ESMA, nos relató en su extenso y completo testimonio: “Una de las mas arduas y mas difíciles que tuve que desarrollar en la ESMA fue la copia de un material microfílmico donde estaban absolutamente todos los datos de todas las personas que habían pasado desde el inicio del funcionamiento de la Escuela de Mecánica hasta ese momento... era una caja de aproximadamente un metro de largo por unos cuarenta centímetros de ancho que tenía unos rollos de acetato... una máquina permitía ver una por una las caras de las personas que habían que estaban registradas ahí.. la certeza de que la cantidad de gente que había pasado por ese lugar era innumerable...Me dio la dimensión del genocidio que se había cometido en ese lugar: caras de chicos y chicas, gente grande, niños, mujeres mayores, una tras otra pasando a velocidad fue una de las cosas que mas me golpearon porque pude comprobar la existencia de un verdadero genocidio. Esta tarea fue supervisada por el prefecto Febrés... se encargó de trasladar las copias... tres juegos sobre un original”

Tratando de encontrar una y otra vez una definición que grafique este juicio, que ponga en palabras sencillas, que puedan trascender esta cerrada sala, encontramos una del lenguaje coloquial, no jurídico, pero que representa lo que queremos decir: este juicio trató de ser EL ÁRBOL QUE OCULTE EL BOSQUE.
Aunque es posible que por todo ello tenga un limitado resultado jurídico, el objetivo no se ha cumplido cabalmente en el terreno social: salieron una vez más a la luz los horrendos crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada y también cómo ese centro clandestino de detención fue una parte más del plan genocida.
La ESMA constituyó uno de los núcleos operativos de la Armada, ya que en cada base de la Armada funcionó un CCD, todo ello para implementar la represión que hoy continua impune.

Este debate, que insumirá aproximadamente: 2 meses, 11 audiencias testimoniales, 38 testigos, 4 de ellos los propios casos, otros 31 sobrevivientes de la ESMA, 1 familiar y 2 miembros del CEMIDA. Con un promedio de una hora y media por declaración, se escuchó en esta sala durante 53 horas de relato de los sobrevivientes sobre los crímenes atroces cometidos por los genocidas en la ESMA.
Todo ello para juzgar 4 casos de tormentos. 4 crímenes terribles, que no queremos minimizar, porque la tortura estatal es terrible AYER como HOY, aunque sea un solo caso. Pero no fueron 4 delitos aislados, sino que son parte de un plan conjunto, inescindible.

Entiende esta querella unificada que los delitos que aquí se juzgan, fueron parte de un proceso más amplio que vivió la Argentina, un plan sistemático, ya probado (en causa 13, causa 44 y causas 2251 y 2506 del TOF 1 de La Plata) y cuyas consecuencias planificadas de impunidad alcanzan al día de hoy y tienen como resultado la desaparición de JORGE JULIO LÓPEZ, también hasta la fecha impune.

Vamos a insistir con que los hechos aquí tratados, ocurridos en el ámbito de la Escuela de Mecánica de la Armada, no son delitos aislados. Son parte de un plan sistemático de exterminio: un genocidio que se llevó a cabo como parte de un proyecto económico, político y social que tenía como objetivo cambiar la estructura del país, disciplinar y aumentar la explotación de la clase trabajadora, muestra de lo cual es que a un año de implantada la dictadura de Jorge Rafael Videla y su ministro José Alfredo Martínez de Hoz los salarios reales sufrieron una de las mayores caídas de la historia nacional y se produjo una enorme transferencia de ingresos de los sectores asalariados hacia las grandes multinacionales y sectores financieros. Esto, a la vez que al mismo ritmo se redoblaban las ataduras con los países imperialistas. Pero, en para traer a debate, de ese monstruoso genocidio económico, social y político, se han seleccionado 4 casos de tormentos.

Ello de:
· más de 5000 detenidos-desaparecidos que pasaron por la ESMA
· 445 víctimas que están identificadas con nombre y apellido en la causa, y que estuvieron secuestradas durante el período en que Héctor Febres formó parte del grupo de tareas de la ESMA. Miles más continúan en el anonimato
· al menos 16 mujeres embarazadas que durante ese mismo período tuvieron sus bebés en cautiverio, la mayoría de ellas continúan desaparecidas, y sus bebés apropiados
· al menos 19 detenidos-desaparecidos que fueron asesinados en la ESMA durante el mismo período. Miles continúan en el anonimato.

También, debemos decir que se ha seleccionado un represor, de cuyas características evitaremos hablar porque como dijo Carlos Lordkipanidse “Le decían el Gordo Selva, se lo nombra con este nombre por que el resto de los integrantes del grupo de tareas tenían nombre de animales y este le decían selva porque era todos los animales juntos” Pero sí queremos decir que ese represor fue “seleccionado” de una
enorme lista de más de casi 300 represores que sabemos que pasaron por la ESMA, que están identificados, una gran parte con nombre y apellido, otros con apodos y descripción física, cuyos datos figuran en la causa ESMA, y que prácticamente en su totalidad fueron aportados por el trabajo incesante de los sobrevivientes.

¿Cuántos pasaron en realidad, nos preguntamos, para poder sostener un centro de exterminio y tortura de estas características? Militares, hidrógrafos que planeaban los vuelos de la muerte, médicos y enfermeros que colaboraban en mantener vivos a los prisioneros o a aplicarles las inyecciones previo a los vuelos de la muerte. Todo eso, sin mencionar la inmensa cantidad de represores que no han sido ni siquiera investigados, ni indagados, ni procesados, como es el caso, sin ir más lejos, de algunos de los testigos citados y luego desistidos por la defensa de Febrés, que fueron Directores de Instrucción Naval en la ESMA mientras funcionó como campo de concentración. A los cuales debemos adicionarle capellanes que brindaron misa en el
centro del horror; médicos, odontólogos, enfermeros del Hospital Naval; o “los verdes”.

Carlos García nos relataba “para describir un poquito lo que era eso había guardias, después supe que eran guardias chicos, chicos de ahí, de la Escuela, eran los estudiantes que eran los verdes, tenían entre dieciocho y diecinueve años y eran muy malos, muy malos, uno se movía y le pegaban un palazo en la cabeza”
Y en este punto nos queremos detener en una particularidad. Muchos de los testigos hablaron de la brutalidad de “los verdes”. Esos jóvenes de aquel momento hoy siguen integrando la Armada. Como dijo el testigo José García “de MAYOR para arriba están todos implicados”. Lo cual, si lo trasladamos a la estructura de la Armada debemos decir “de Capitán de Navío para arriba están todos implicados”.

Lo mismo podemos hacerlo extensivo a la Suboficialidad.
En este sentido, nos brindó un completísimo aporte en estas audiencias, ENRIQUE MARIO FUKMAN: “Nosotros estábamos en la colchoneta descalzos, con grilletes, la capucha y ellos nos pegaban eran golpes, golpes y golpes, sin ninguna pregunta sin ningún interrogatorio; uno quería gritar que paren y no podía; si se caía, inmediatamente las botas de los guardias en la cabeza, seguían todo el tiempo que quería el guardia; de golpe le decían al Topo ¡acostate! y uno sentía los grilletes del Topo y lo veía acostándose y en ese segundo uno respiraba aliviado le habían dejado de dar al compañero, pero ese alivio duraba apenas un segundo porque eso significaba que yo era el quinto de la fila y faltaba uno menos, cuando le daban a Strazzeri, lo tenía al lado, escuchaba al lado los golpes, era desesperante no poder gritar ‘paren de darle’, y en el momento que le decían a Strazzeri ¡acostate!, el alivio era tremendamente grande y la desesperación aun mayor porque el siguiente era yo”.

Y continuó “Cada vez que Teresa iba al baño cuando volvía la violaban, si iba una vez al baño la violaban una vez si iba dos veces al baño la violaban dos veces”. También nos ilustraba el testigo: “Estando en la ESMA los oficiales nos decían que en la Armada toda la oficialidad había pasado por algún ‘chupadero’, por algún campo, en cada Base, en cada asentamiento de la Armada había un CCD, y toda la oficialidad de la Armada al menos una vez paso por alguno de ellos, por lo menos una vez torturo o por lo menos alguna vez participo de un traslado, todos los oficiales de la armada en los años 76, 77, 78 y 79 por lo menos participaron del genocidio que hubo en nuestro país. Para ser concreto habría que preguntarle al Almirante Godoy, el cual estuvo asignado en sus funciones en la base de Mar del Plata, que pasó con Cecilia Viñas, que estuvo en la ESMA y después fue llevada a la base de Mar del Plata, que paso, porque si Godoy estuvo en Mar del Plata estuvo en el Centro clandestino de detención que allí funciono y hoy es el Comandante en Jefe de la Armada, nosotros no queremos saber absolutamente nada con ellos porque ellos tienen que estar en el único lugar que tienen que estar que es la cárcel como genocidas”.

De todo ello, se seleccionaron 4 hechos de tormentos. Tanto se parcializó: que llegamos a casos extremos como el ejemplo que relataremos. Se juzga en este juicio a Febrés por las torturas inflingidas a Carlos Lordkipanidse. Él y su bebé de 20 días fueron torturados en la ESMA. “COLOCAN A MI BEBE SOBRE MI CUERPO Y ME APLICAN PICANA ELÉCTRICA”, relató. Los dos juntos. Los mismos represores torturando. La misma picana. El mismo hecho. Sin embargo, en este juicio no se juzga a Febres por la tortura del hijo de Carlos .... Y siendo este el cuarto juicio que transcurre con estas características de parcialización, creemos que ya no estamos ante criticables ejemplos aislados, sino que nos hace pensar en una práctica jurídica más compleja.

Es nuestra responsabilidad dejar aquí sentado que no es ese el objeto de nuestra búsqueda. El objetivo esencial es otro y es mucho más ambicioso. Es lograr que se juzgue y se condene a todos y cada uno de los genocidas por todos y cada uno de los compañeros secuestrados, torturados, asesinados o desaparecidos. Ante ello cabe preguntarnos si esta forma de juzgar a los genocidas -que se reproduce en prácticamente la totalidad de los juzgados del país-, no se impone por ser funcional a los intereses políticos: tanto de aquellos que pretenden mantener la impunidad absoluta, como de quienes pregonan que es suficiente con juzgar a unos pocos asesinos paradigmáticos, o según la nueva terminología “juzgando a algunos jerarcas”.
El fraccionamiento de las causas desdibuja, diluye una y otra vez el plan sistemático de exterminio, y como lo vemos en concreto en este caso, conspira contra el análisis de los esquemas de responsabilidades de los imputados.

Sres. Jueces, otra vez. De todos los hechos ocurridos en la ESMA, se seleccionaron 4 casos. Y en el último recorte que sufrió esta causa, ya en este Tribunal Oral, se dejó afuera del juzgamiento las torturas seguidas de muerte RAIMUNDO VILLAFLOR. Es por eso que cuando es indiscutible que Febrés tendría que ser condenado a perpetuidad, siendo que los crímenes que cometió no ameritan que esté un solo día más en libertad o en detenciones de privilegio, este modo de juzgamiento y análisis de responsabilidades conspira concretamente contra ello. Asimismo, juzgando en forma aislada, fraccionada, empezando siempre de cero, se requiere cada vez que los sobrevivientes digan lo que vivieron y sufrieron.

Se los revictimiza cuando se toma un solo elemento aislado de un relato plagado de crímenes, porque se está banalizando el relato, y también cuando se condena a uno solo de los responsables y por unos pocos de los innumerables delitos por él cometidos. Y en este caso la víctima no es solo el sobreviviente o el familiar, es toda una sociedad, que convive con la impunidad.
La exposición de los testigos se redimensiona. Un punto que queremos traer a reflexión en estos alegatos, es que en este cuarto juicio como en los anteriores, los que son parte de la estructura del Estado, las fiscalías, ofrecen casi exclusivamente como prueba los testimonios de las víctimas. Esto puede estar muy bien para los querellantes particulares. Pero creemos que es al menos insuficiente para aquellos que son parte de la estructura del Estado, de quienes debería exigirse una actividad tendiente a la apertura de los archivos de la represión, el aporte de las listas de todos los que integraron las fuerzas armadas, de seguridad e inteligencia por aquellos años, etc.

Ahora nos queremos referir a otra cuestión que surgió de este debate y que enmarcan el accionar del imputado Febrés. Esto es el la participación de las instituciones civiles. El genocidio es un proceso que como tal tiene etapas de: preparación, desarrollo y justificación y planificación de impunidad. Por eso una práctica social genocida es tanto aquella que colabora en el desarrollo del genocidio como aquella que lo justifica ideológica, jurídica y políticamente. Una vez más quedó claro en este proceso, que se trató de un genocidio y por lo tanto contó con el apoyo, auspicio y participación de instituciones civiles para aniquilar a un grupo, que tuvo en la ESMA uno de sus centros de exterminio.

1.- Sobre LA IGLESIA diremos: se indica en el libro “El Silencio”, que es prueba agregada en el presente que: “Cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitó la ESMA en 1979 no encontró ni rastro de los prisioneros. Con ayuda de la Iglesia, la Armada los había escondido en la Isla “El Silencio” y en otro pasaje del mismo libro: “Dos semanas después con ese DNI a nombre de Hernández, el grupo de tareas adquirió la Isla El Silencio, a pocos metros de la boca del Chañá – Miní, donde hay un enorme destacamento de Prefectura. (…) Según la escritura, el vendedor de El Silencio fue Emilio Teodoro Graselli, el secretario del Vicariato General Castrense, que conocía a varios marinos del grupo de tareas y sabía lo que pasaba en los campos de concentración de la dictadura” pág 191. Asimismo, nos decía Lordkipanidse, quién estuvo prisionero en El Silencio: “lo que nosotros supimos de este lugar, es que pertenecía a la Curia, que la Curia había cedido de alguna manera ya sea por venta fraguada o voluntariamente...”

2.- Sobre el EMPRESARIADO: nos decía la testigo Graciela Daleo “sigo insistiendo en que es absolutamente necesario que todos los genocidas vayan a la cárcel, que sean juzgados y castigados por todos los crímenes que cometieron, y cuando digo esto no son solamente los que, de civil tenían el uniforme bajo sino también los civiles porque nada de esto, nada de todo esto que yo relate que solamente un pedacito de lo que vivió nuestro pueblo se pudo hacer sin que hubiera empresarios que apoyaran, sin que hubiera por ejemplo empresarios a los cuales iban los miembros del grupo de tareas de la ESMA, de la zona norte de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires a hablar con las patronales, para que les pasaran el dato de quienes eran los delegados, los militantes mas activos para luego secuestrarlos, no pudo ser posible lo que paso en nuestro país si por ejemplo, la directiva de la comisión nacional de energía atómica no hubiera entregado los militantes mas activos…”

Como dijo Lordkipanidse cuando esta querella le consultó si había visto civiles en la ESMA: “Vamos a empezar por …el que fue …Ministro de Economía de la Argentina, el Doctor Alemán, no se si es doctor ...(i)... Alemán este estuvo en una oportunidad en la Escuela de Mecánica de la Armada donde se le presentó a dos detenidos desaparecidos. A Dameri Silvia ...(i)...y Orlando Ruiz que se los acusaba en esa oportunidad de haber participado en un hipotético atentado contra la vida de Alemán ...(i)... cosa que no se si es cierto o no…esto fue en año ochenta y uno”.

3.- Poder Judicial: Es conocida también la complicidad del Poder Judicial, que rechazaba los hábeas corpus presentados por los familiares de los detenidos desaparecidos. En muchos casos, se les cobraban las costas, gesto claramente dirigido a desalentar la vía judicial. Muchos de esos jueces y fiscales que juraron por los Estatutos y Actas del Proceso, hoy continúan en funciones.

4.- Medios de comunicación: Vimos en este juicio sólo una parte de lo que fue el rol jugado por los medios de comunicación en la dictadura. Tan es así que se propagó la idea en el país que “para enterarse algo hay que escuchar Radio Colonia”, ubicada en el Uruguay.

En esta sala contamos en este punto con el valioso testimonio de LÁZARO GLADSTEIN, quien nos relató cómo durante su cautiverio en la ESMA fue obligado a realizar una entrevista junto a Thelma Jara de Cabezas, otra detenida desaparecida, presentándose como sobrino de Thelma donde ella debía decir que se había exiliado por voluntad propia y que no estaba secuestrada. Los reportajes eran armados por los marinos de la ESMA como contrapartida a las denuncias que empezaban a recorrer el mundo. Es por eso que Thelma Jara de Cabezas y Lázaro Gladstein fueron obligados a realizar esa nota.

Dicha nota fue tapa de la REVISTA PARA TI en septiembre del 79 titulada: “Derechos Humanos: habla la madre de un subversivo muerto”. “La nota salió publicada exactamente como había sido armada en la ESMA… entiendo que tanto el periodista como el fotógrafo no estaban al tanto de lo que se trataba creían que estaban haciendo una nota genuina o por lo menos que no estaban en contacto con un grupo de tareas, pero entiendo también que la redacción de la revista sabía de qué se trataba, porque lo que salió no tuvo nada que ver con lo que se hizo realmente en la nota, salió publicado lo que Marcelo (Cavallo) había redactado como nota”, relató Gladstein.

Sin analizar esta participación civil, no se puede comprender la impunidad y alevosía con la que Héctor Antonio Febrés se movía. Como expresamos anteriormente, el genocidio es un proceso, por ello, se propagan las condiciones que impuso el genocidio cuando se mantienen los privilegios económicos que ese plan impuso, la destrucción de la salud, la educación y la transferencia de ingresos a los grandes empresarios que se beneficiaron con el golpe. Y también, Sres. Jueces, cuando, decenas de esos jóvenes que nacieron en la ESMA siguen apropiados, cuando Febrés sigue guardando silencio sobre su destino y el de sus padres. Debemos decir que todo lo que contribuya a sostener ese silencio, ese ocultamiento de pruebas, esa impunidad, contribuye y se hace parte del plan genocida.

En concreto, en el terreno cultural, por ejemplo, cuando reiteradamente en esta Sala se habló de tortura asimilando el concepto a la forma más paradigmática que utilizó el aparato de exterminio: la picana eléctrica. Se les preguntó a las víctimas que venían a la sala en calidad de testigos “¿usted fue torturado?” Es más, a Febrés se lo trae a juicio por 4 tormentos. ¿Qué significa ello? ¿si tenemos que concursar los delitos de torturas cometidos por Febres contra Margari, García, Prada y Lordkipanidse, cómo debemos hacerlo? ¿Cuántas veces los torturó? Como dijo nuestro compañero Carlos Lordkipanidse, querellante en autos, “¿cuantas sesiones de tortura, concretamente…? mire vamos a hacer una cuestión de definición acerca de lo que significa la tortura, bueno entonces yo fui torturado durante exactamente dos años y medio de mi vida”.

La sumatoria de hechos a imputar serían cientos o miles. Debemos romper con la lógica que impone el derecho común. Estamos ante un plan sistemático, estamos ante la existencia masiva de centros clandestinos de detención y exterminio, los delitos que cometió Febres sobrepasan los delitos comunes, son un genocidio. Aunque, ya lo dijimos oportunamente y lo reiteramos ahora, llamativamente, vimos el primer día de audiencia cómo Héctor Antonio Febrés ingresó a esta sala, sin las características esposas con que comúnmente se trae a los presos pobres y comunes, con dos camaradas de la fuerza, vestidos de traje, luego de pasar sus días en una privilegiada jaula de oro en el Delta del Tigre.

Esto, violando incluso las disposiciones que pomposamente anunció la Ministro de Defensa de la Nación y así también la Cámara Federal en cuanto a la custodia de los represores. Todo lo dicho, da cuenta de una intencionalidad claramente política en el accionar del imputado Héctor Antonio Febres. Febres fue visto en todos y cada uno de los sectores de la ESMA, se demostró su dominio sobre el “sector 4”, sobre el sector de las embarazadas, en las salidas de los detenidos-desaparecidos en libertad vigilada, en la planificación y realización de los secuestros, en el manejo de los archivos microfilmados.

Da cuenta también de la planificación y conciencia plena de sus actos como parte de un plan establecido a nivel país, en el cual a Febres le tocó ser un engranaje fundamental de una única maquinaria genocida. Esa intencionalidad política y el señorío fáctico que Febrés tenía sobre el campo de concentración y exterminio confirma que no es autor de una serie de delitos comunes, sino que fue una pieza clave en el genocidio que se desarrolló en la Argentina. Entiende esta querella que el imputado Febres debe ser condenado como CO-AUTOR de los delitos por los que realizaremos acusación, dicha figura es la que encuadra más claramente con el modo comisito de los delitos analizados. Ello porque la autoría es “la concurrencia querida, consciente y con división del trabajo de varios autores, con el fin de cometer el mismo resultado típico”
.
El plan de exterminio implicaba la práctica sistemática de secuestros, torturas, apropiación de niños, la desaparición forzada y el asesinato de decenas de miles de personas. En el mismo plan estaba determinado que habría reparto de roles, división del trabajo criminal entre todas las fuerzas armadas y de seguridad y también con instituciones y partícipes civiles. En dicha planificación del plan criminal, el grupo de tareas 3.3.2 perteneciente a la Armada pero integrado por miembros de esta y otras fuerzas, tuvo a su cargo la realización de una importante parte del plan genocida, teniendo en cuenta que han pasado por el CCD que funcionó en la ESMA más de 5.000 detenidos desaparecidos.

Como bien quedó demostrado, a lo largo de todo el debate, para lograr los nefastos fines propuestos, el funcionamiento de este CCD estaba organizado a grosso modo por tres áreas: Inteligencia (encargada de los interrogatorios y de marcar las personas a secuestrar), Operaciones (Encargada de realizar los secuestros) y Logística (encargada del mantenimiento del CCD así como de otros menesteres tales como el reparto de los bienes robados a los detenidos). Esto, no implicaba que un represor cumpliera solamente tareas de una de estas áreas ya que normalmente, como es el caso del imputado Febrés, cumplían diversas funciones participando en los secuestros, en los interrogatorios, teniendo a su cargo detenidos, ordenando y/o supervisando el trabajo esclavo, participando en los traslados, haciendo guardia, etc.

En resumen, lo que estamos afirmando es que para la realización del plan genocida era necesaria esta división del trabajo criminal, donde las diversas acciones de cada uno de los que participaron eran una parte de la ejecución de conjunto del mismo. En cuanto a la faz objetiva de la co-autoría entendemos que se da en el caso un dominio colectivo del hecho. Por lo tanto habiendo quedado demostrada la participación de Febrés en la ejecución del plan criminal y su voluntad en la comisión de dichos hechos, habiendo cumplido diversas funciones en la ESMA debe ser imputado en carácter de coautor de los delitos por los que a continuación solicitaremos condena.

Manteniendo la plataforma fáctica, pues los hechos por los que fue indagado el imputado Febrés no varían, solicitamos que en virtud de las facultades del art. 401 del Código Procesal Penal de la Nación: se cambie la calificación legal y se lo condene a Héctor Antonio Febres a la pena de 25 años de reclusión, a cumplirse en cárcel común y efectiva, por el delito de genocidio, ello en concurso real con los delitos de:

-privación ilegal de la libertad agravada respecto de Alfredo Margari, Carlos García, Josefa Prada y Carlos Lordkipanidse;
-tormentos agravados respecto de Alfredo Margari, Carlos García, Josefa Prada y Carlos Lordkipanidse; y
-reducción a la servidumbre respecto de García, Margari y Lordkipanidse.

Estamos convencidos que los delitos que cometió el imputado Febres deberían corresponderse con una CONDENA PERPETUA. Que a la hora de efectuar la acusación no podamos hacerlo por más de 25 años, es responsabilidad de cada uno de los que fragmentaron este proceso y de los que permitieron que así se desarrolle. Esta querella se opuso a que así sea. Es consecuencia de estas causas que desdibujan y diluyen
responsabilidades. Desde esta querella seguiremos insistiendo en que esos crímenes
merecen la CONDENA PERPETUA POR GENOCIDIO. También, se nos ha dicho que el delito de genocidio no contempla penas en el derecho interno. Creemos que esa visión, muestra una media verdad y opaca otra mucho más real. Que esa reglamentación interna no se haya efectuado aun, no es imputable a las víctimas ni a los que buscamos que se reconozca el genocidio cometido en la Argentina. Es imputable a este Estado, jurídicamente continuador de aquel que cometiera el genocidio que no ha cumplido con las obligaciones asumidas, cómo si lo hace día a día en el pago de la deuda externa contraída por la dictadura o en sostener más de 500 leyes provenientes de la misma, por ejemplo.

Para finalizar, sres. Jueces y antes de pasarle el uso de la palabra a la Dra. Mazea, cuando estos abogados le preguntamos a la sobreviviente y testigo ANDREA BELLO, si conocía de personas que hayan podido sacar materiales, información de las víctimas, de la ESMA, ella nos respondió: “Yo saque carpetas de casos 1000 en las botas”. Y nos relató “cuando veíamos los casos mil que eran los futuros blancos, cuando nos dimos cuenta de eso con Gladstein, … dijimos hay que hacer algo, hay que hacer desaparecer estas carpetas de acá. Era invierno y se usaban unas botas muy anchas y unas polleras largas; así que como ya para esa época solían llevarme a mi casa, lo que hacía, era ponerme esas carpetas en las botas y sacarlas, y al principio debo confesar que elegí la carpeta que sacaba pero después me pareció muy mal elegirlas, así que lo que hacía era taparme los ojos y agarrar cualquiera”.

Andrea con solo 20 años, tuvo este compromiso, reflejo de lo que era la activa militancia por aquellos años, que continuó como vemos en este testimonio, dentro de los centros clandestinos de detención y exterminio. Queremos que este alegato que intenta dar cuenta de la verdad histórica de lo ocurrido en la Argentina, que es una pequenísima parte de la lucha por castigo a los responsables, sea una reivindicación de toda aquella generación militante y comprometida que peleaba por transformar este régimen social.

La dictadura no “mataba a cualquiera”. Vino a terminar con esas formas de participación, militancia y organización. De allí nuestra insistencia en que se reconozca que fue un genocidio. Ahora la doctora Liliana Mazea, continuará con la exposición del alegato explayándose sobre el delito de genocidio.

GENOCIDIO:
Señor Presidente:

A pesar del conocimiento que teníamos sobre lo sucedido en el país en la etapa que nos ocupa, al escuchar los vivos testimonios de los sobrevivientes de la ESMA y de los procedentes de otros centros clandestinos, todos los aquí presentes hemos quedado con una enorme sensación de espanto por los hechos narrados y sentidos por las víctimas. Entonces los 4 casos hoy juzgados, que por otro lado son iguales en su metodología a los miles de casos denunciados y que seguramente culminarán con su juzgamiento, son parte del plan criminal pergeñado por las fuerzas represivas del cual Febres formó parte activa. Por lo que aquí cabe el refrán “Que el árbol no nos impida ver el bosque”.

Con los mismos testimonios escuchados en las audiencias y con los que por lectura fueron incorporados, y con toda la prueba aquí reunida, pasamos a imputar también por el delito de genocidio a Héctor Febres ya que quedó demostrado que los hechos aquí investigados configuran efectivamente el crimen de genocidio, en tanto formaron parte de la ejecución de un plan criminal que tuvo por objeto perseguir y destruir a grupos humanos residentes en la república Argentina.

Como se señaló, los hechos objeto de esta causa configuran el delito de genocidio descripto en la Convención sobre la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, crimen que se configura con una serie de actos cuya comisión tiene por objeto la destrucción total o parcial de ciertos grupos de personas y tales actos son: a) matanza, b) lesión grave a la integridad física o mental, c) sometimiento intencional a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, d) imposición de medidas destinadas a impedir nacimientos, e) traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo.

No vamos a fundamentar en el sentido de considerar a los presentes hechos como delitos de lesa humanidad, ya que esta calificación es la que nos permite estar hoy en este juicio, y por otro lado ha sido detenidamente desarrollada por la doctrina y jurisprudencia reciente.

El crimen contra la humanidad considerado en forma genérica se caracteriza por ser cometido en el marco de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil. La intención del represor es delinquir contra múltiples individuos. Por lo tanto, los individuos, son los sujetos pasivos del delito. El genocidio, sin embargo, es un crimen específico de lesa humanidad y el sujeto pasivo es el grupo y sus miembros son objeto de exterminio en cuanto miembros de tal grupo. Entonces, la peculiaridad de la figura de genocidio radica en que se propone la destrucción de un grupo (y no sólo de los individuos que conforman dicho grupo), cuyo objetivo último radica en la destrucción de la identidad de un grupo oprimido para imponer la identidad del opresor a todo el pueblo argentino.

Si bien todo genocidio implica también la comisión de crímenes contra la humanidad, no es así a la inversa, ya que en el genocidio el objetivo de la práctica no es el ataque indiscriminado a población civil sino precisamente el ataque “discriminado” a determinados grupos de la población a fines de lograr la destrucción total de dichos grupos y/o la destrucción parcial (transformación, reorganización) del propio grupo, que produce la ausencia de una parte de él. Es la intencionalidad específica de destrucción de un grupo lo que distingue al genocidio de las matanzas indiscriminadas calificadas como crímenes contra la humanidad.

También la calificación de genocidio pone a las víctimas en su lugar pertinente, al arrancarlas del rol de “inocencia abstracta” al que las arroja el concepto de crímenes contra la humanidad (en tanto “población civil indiscriminada”) y entenderlas como un “grupo discriminado” por los perpetradores, elegido no aleatoria sino causalmente para que su desaparición generara una serie de transformaciones en el propio grupo del país, en especial la “imposición de la identidad del opresor”, tal como lo entendía Lemkin. También permite ampliar el arco de complicidades y co-autoría en la planificación y ejecución del genocidio, pudiendo responsabilizar a quienes resultaron beneficiarios no sólo por la desaparición de determinados grupos sino, fundamentalmente, beneficiados por la transformación generada en la sociedad como consecuencia del aniquilamiento de los mismos. Como está expuesto, la represión no podía alcanzar a “cualquiera”, sino a aquellos que se consideraba que jugaban un papel peculiar en el destino del grupo nacional que habitaba la Argentina y cuya desaparición colaboraría en la posibilidad de construcción de la “Nueva República” o también denominado Proceso de Reorganización Nacional que pretendían formar los genocidas.

Sobre este punto, y recogiendo nuestros planteos en los alegatos, la Sentencia del Tribunal Federal Oral nro. 1 de La Plata dictada en la causa Etchecolatz, hoy confirmada, especificó: …“ Entiendo que de todo lo señalado surge irrebatible que no estamos como se anticipara ante una mera sucesión de delitos sino ante algo significativamente mayor que corresponde denominar “genocidio”… “Se abrió a partir de allí y especialmente respecto de lo sucedido en nuestro país durante la dictadura militar comenzada en 1976, una interesante cuestión acerca de si las decenas de miles de víctimas de aquel terrorismo de Estado integran o no el llamado “grupo nacional” al que alude la Convención”….“Entiendo que la respuesta afirmativa se impone, que no hay impedimento para la categorización de genocidio respecto de los hechos sucedidos en nuestro país en el período en cuestión,…”

Como lo señaláramos, lo que caracteriza al Genocidio es la intención de destrucción total o parcial de ciertos grupos de personas. El grupo no existe en la naturaleza, sino que es una construcción intelectual, por lo que la construcción del grupo como tal es puramente subjetiva: es un recorte de la realidad. Por lo tanto, surge claramente que en la definición el sujeto pasivo del genocidio es el “grupo” y que quien constituye o categoriza al "grupo" sobre el que recae el obrar genocida, es el represor.- Para que se configure el grupo sólo basta que el represor defina y decida cómo se integra el colectivo de sujetos, de seres humanos, sobre los que se ejercerá el obrar destructivo, eliminatorio, de aniquilamiento.-

No fue la nacionalidad del grupo agredido lo que motivó el propósito de su destrucción sino las características comunes que unían a sus integrantes y los conformaban como grupos humanos de y dentro del país.

De los hechos aquí investigados e imputados a Héctor Febres surge con claridad que los procedimientos utilizados formaban parte de un plan sistemático cuya finalidad consistía en la eliminación total de una categoría de la población, denominada por los represores como “subversivos”. Así es que no pueden considerarse los hechos imputados como “hechos aislados”, sino un conjunto de hechos que se llevaron a cabo en el marco de la represión ilegal y que, teniendo en cuenta la colaboración que el acusado prestó para tales fines, es razonable concluir que ejecutó los ilícitos con conocimiento de este plan.

Por lo que Febres poseía el mens rea requerido, es decir la intencionalidad de destrucción de un grupo y no sólo de la eliminación de los disidentes políticos. Hay numerosos ejemplos fácticos para demostrarla, como la militancia social, barrial, sindical o estudiantil de la mayoría de las víctimas, o la apropiación y en algunos casos desaparición, tortura y asesinato de los hijos de los secuestrados, a los cuales resulta directamente imposible catalogar como “disidentes políticos”. Ana María Martí con relación a sus hijos relató lo peor que le sucedió en ese lugar: El 4 de octubre el tigre Acosta le informa que sus hijos de 6 y 8 años habían sido secuestrados por el ejército. Le dijeron que sus hijos no iban a ser devueltos a su familia porque estaban muy politizados: tenían tan sólo 6 y 8 años. Por ello habían estado desde el mes de septiembre secuestrados. Los hijos le contaron que estuvieron en un lugar donde había presas comunes, policías femeninas, y que cuando ahí atendían el teléfono decían: “Melchor Romero”.

No se trató, entonces, ni de una guerra que tiene un enemigo únicamente militar, ni de un ejercicio del terror indiscriminado sobre el conjunto social, sino precisamente de una “operación quirúrgica” como proclamaban los represores, claramente delimitada, frente a un grupo de población específicamente discriminado y cuya ausencia por aniquilamiento permitiría fundar la proclamada “nueva sociedad”, transformando a dicho grupo nacional a través del aniquilamiento de una parte de sí, cuya desaparición operaría efectos sobre el conjunto. La unidad de las víctimas la colectivizó el represor, dado que incluye a peronistas de izquierda, marxistas de diversas afiliaciones, populistas de distintos orígenes y a los “elementos disolventes”, entre los cuales se incluye a determinados perfiles profesionales como “psicólogos, psiquiatras o freudianos”, pero también ciertos “educadores” (como quienes enseñan la matemática moderna o fomentan el “trabajo grupal”) o ciertos “religiosos” (aquellos identificados con la “Teología de la Liberación”).Ver el análisis de esta noción en Daniel Feierstein; Seis estudios sobre genocidio, EUDEBA, Buenos Aires, 2000 o en El genocidio como práctica social, FCE, Buenos Aires, 2007.

En el fallo del Juez Cavallo del 6-3-2001 (Simón y ot.) que para esta querella es importante señalar en su parte pertinente y con relación a la Ley penal aplicable al caso, dijo: “Los tipos penales vigentes en la legislación argentina ya prohibían, y continuaron haciéndolo, las conductas que integraron el plan sistemático de represión y son aptos para subsumir los hechos y determinar la pena que les cabe a los autores y partícipes en los crímenes contra la humanidad cometidos en nuestro país.
En este sentido, cabe destacar que los crímenes contra la humanidad cometidos durante el gobierno militar (1976-1983) importaron una multitud de actos ilícitos tales como privaciones de libertad, torturas, homicidios, etc. (llevados a cabo en forma sistemática y a gran escala, perpetrados desde el poder estatal), que, naturalmente, estaban abarcadas por los tipos penales vigentes dado que afectaron a los bienes jurídicos más esenciales.

Esta subsunción en tipos penales locales de ningún modo contraría ni elimina el carácter de crímenes contra la humanidad de las conductas en análisis (cuestión que establece el derecho de gentes a través de normas ius cogens) ni impide aplicarles las reglas y las consecuencias jurídicas que les cabe por tratarse de crímenes contra el derecho de gentes. Como se ha dicho, la punibilidad de las conductas con base exclusiva en el derecho de gentes no es una exigencia del derecho penal internacional sino una regla que cobra sentido, más bien, en casos donde la ley penal de un estado no considera punibles a esas conductas. Cuando ese no sea el caso y los tipos penales vigentes en la ley local capten las conductas que son delictivas a la luz del derecho de gentes, lo natural es que los hechos se subsuman en esos tipos penales y se apliquen las penas que tienen previstas. Ello no sólo no contradice ningún principio del derecho internacional sino que, por el contrario, permite cumplir acabadamente sus fines, al hacer posible el juzgamiento y la sanción punitiva de los responsables de los crímenes contra la humanidad….

Es cierto que los tipos penales vigentes en nuestro país tal vez no captan en toda su dimensión la gravedad de los hechos dado que, en muchos casos, no valoran especialmente aquellas circunstancias que hacen que se consideren crímenes contra el derecho de gentes (por ejemplo, el hecho de cometerse a gran escala y de modo sistemático, desde posiciones oficiales, etc.), aunque algunas de esas características pueden estar mencionadas como circunstancias agravantes en nuestra
legislación.

Sin embargo, esta falta de una referencia específica en los tipos penales existentes a esas circunstancias que, según el derecho de gentes, elevan la gravedad de algunas conductas y las convierten en crímenes contra la humanidad, no obsta a que el núcleo de esas conductas sí esté abarcado por diversos tipos penales de nuestra legislación y, en consecuencia, sean aptos para juzgar los hechos y determinar la pena aplicable.

En síntesis, las conductas que conforman los crímenes contra la humanidad cometidas en el marco de la represión política sistemática (1976-1983) estaban prohibidas por la legislación penal argentina vigente en aquel momento. En consecuencia, dado que no se da un supuesto de ausencia de ley penal al respecto, cabe aplicar esos tipos penales para juzgar dichos crímenes, toda vez que ellos permiten concretar su persecución y, en caso de condena, determinar la pena que cabe imponerles a quienes sean hallados culpables. Aplicando los tipos penales de su legislación, la República Argentina puede, entonces, juzgar los crímenes contra la humanidad ocurridos en su territorio y satisfacer de este modo el interés que la comunidad internacional (de la que nuestro país forma parte) tiene en la persecución penal de los crímenes contra el derecho de gentes cualquiera sea el lugar de su comisión.”..

Con anterioridad había señalado los actos por los cuales se configura el delito de genocidio. Los menciono junto con algunos testimonios de este juicio.

A) MATANZA,
“A mi derecha había una mujer de 50 años que se quejaba de dolor día y noche sin parar, tenia las piernas negras de los moretones. Cuando pasaba repetía: DIOS MÍO ESTO ES UN GENOCIDIO, DIOS MÍO, DIOS MÍO, ESTO ES UN GENOCIDIO. Era Alicia Eguren, la mujer de John William Cooke. Se la llevaron.” Ana María Martí, 13-11-07
“Lo peor de la capucha eran los traslados, en general eran los miércoles, nos decían que eran a centros de recuperación que la marina tenia en el sur. Ese día no volaba una mosca, vaciaban el sótano. Una vez me llevaron a una salita de interrogatorios y se olvidaron de mi, y vi entrar al sótano a un enfermero de botas blancas, llevaba una bandeja de metal con tubos de metal, algodones y jeringas. Arriba no nos podíamos mover. Los guardias iban llamando a los detenidos por número. La puerta se abría y se cerraba, los sacaban de a uno. Me anunciaron mi traslado 3 veces. “Yo quería estar en una cárcel, con una reja gruesa, gruesa, que me separara de los represores.” Ana María
Martí, 13-11-07

'La documentación falsa se hacia muchas veces para los integrantes del Grupo de Tareas –los represores- , ahí comprobé que había de Policía Federal Argentina, Aeronáutica, Armada, Servicio Penitenciario Federal, Prefectura Naval Argentina. Se unían en la tarea de aniquilar y desaparecer los cuerpos." Víctor Basterra, 25-10-07

“Los represores hicieron estudios de las corrientes marítimas, que son rutas en el mar, estudiaron que la gente arrojada al mar desde determinada altura, con el peso de las cadenas, era llevada por esas corrientes. Los traslados se hacían los miércoles. Los martes se reunían los oficiales de inteligencia, y discutían a quienes no trasladaban, se llamaba discusión de veto, porque el destino de todos era el traslado y la muerte”... “Había un detenido, Tincho, a él lo llevan a uno de los traslados, pero lo devuelven y ahí cuenta: que lo llevaron al sótano, que le dijeron que lo iban a mandar a un centro de recuperación. Les ponían una inyección que decían que era una vacuna. Ve como los demás se van durmiendo, desvaneciendo. Los suben en un camión. Los llevan a la base aérea de aeroparque. Era el único que estaba despierto. Los cargan en un Foker. Cuando ya estaba arriba llamaron desde la ESMA diciendo que lo llevaran de vuelta porque no había terminado su interrogatorio. Quienes lo llevaron de regreso le dijeron: No sabés de la que te salvaste, esto es la muerte. Tincho durmió dos días en su colchoneta, bajo los efectos del pentotal, o pentonaval como le decían.” Martín Gras, 15-11-07

B) LESIÓN GRAVE A LA INTEGRIDAD FÍSICA O MENTAL,
“La tortura es la experiencia extrema de la angustia, el dolor somático y psíquico, que se lleva a los limites de la resistencia humana. Es un acto que intenta deshumanizar, desintegrar la identidad y la personalidad de un ser humano.” Cristina Aldini, 1- 11-07
“Otro de los mecanismos que se pone en funcionamiento es la presencia de la tortura de otra persona, escuchar las torturas de familiares, de compañeros, de cualquier persona. Escuchar la tortura y los gritos era permanente en la ESMA, la radio a todo volumen tratando de tapar los gritos sin conseguirlo. También es otra forma de tortura, es difícil separar eso de la experiencia propia. Continúa la experiencia cuando se siente a otro ser humano en la misma situación. Cristina Aldini, 1-11-07

“Estuve secuestrado durante 3 años y 8 meses en 5 campos de concentración. El primer campo donde me llevaron fue “el Atlético”, el segundo fue “el Banco”, el tercero fue “el Olimpo”, el cuarto fue la “División de Cuatrerismo de Quilmes”, y finalmente la Esma”... “El trato era muy duro, estaba siempre la luz prendida, pero era lo mismo que si estuviera apagada porque teníamos capucha. La peor tortura fue la tortura de estar todos los días allí, el solo hecho de estar en el campo de concentración, seguir los gritos de los torturados, sentir cuando traían a nuevos secuestrados, los maltratos, el trato denigrante que recibíamos, todo ésto más el conocimiento de la imposibilidad de no hacer nada para terminar con esta situación, la decisión sobre la vida y la muerte era de ellos. Lo viví como una tortura permanente, de la que no se libraba nadie.” Mario Villani, 15-11-07

“Éramos nosotros, la capucha, el numero y los grilletes, no podíamos pedir para ir al baño, nos daban 3 minutos cuando nos bañábamos y no podíamos pasarnos de ese tiempo porqué nos pegaban.” Enrique Fukman, 8-11-07

“Colocan a mi bebe sobre mi cuerpo y me aplican picana eléctrica” Carlos Lordkipanidse, 23-10-07

C) SOMETIMIENTO INTENCIONAL A CONDICIONES DE EXISTENCIA QUE HAYAN DE ACARREAR SU DESTRUCCIÓN FÍSICA,

Condiciones de vida denigrantes, el lugar era el entretecho del casino, un techo de dos aguas mantenido por tirantes, con cabreadas por las cuales caminaban ratas, en ese lugar era donde estábamos. Alfredo Margari, 23-10-07

Algo que olvidé mencionar, que formaba parte de la tortura, es que perdía la noción del tiempo, porque la única luz que tenía era una lamparita, y también la música que escuchaban los guardias que era estudiantes de la ESMA. Manuel Fernando Franco, 6-11-07

Cuando llegué a la ESMA Margari ya había sido secuestrado. Lo hacían trabajar en mantenimiento. Siempre se cambiaban de lugar los tabiques y la distribución del sótano. Febres controlaba ese grupo. García y Margari formaron parte de ese grupo. Miriam Lewin, 25-10

“La cucha, un cajón sin tapa. Allí estaba esposada y engrillada.” Ana María Martí, 13-11-07
“lo cotidiano era estar tendido en un colchón, divididos por tabiques de madera, engrillados y esposados, con la capucha. Vivir un día más era un pequeño triunfo.” José Orlando Miño, 6- 11-07
“en el baño pude hablar con otra gente que estaba antes detenida, allí vi pasar a Carlos García, totalmente destruido, muy lastimado” Elisa Tokar, 6-11-07
“Allí se me asigna un número –32– y me encadenan, indicándome que debía permanecer en silencio sin levantarme la capucha.” Alfredo Margari, 23-10-07

D) IMPOSICIÓN DE MEDIDAS DESTINADAS A IMPEDIR NACIMIENTOS,

“María Rapela, embarazada de 4 meses a la fecha de su secuestro, y que abortó producto de las torturas” Fernando Kron, 19-11-07
“Traté de acercarme a la pieza de las embarazadas..... otro día y entro: estaban Susana Siver, Susana Pegoraro, María José Rapela que perdió un embarazo de 4 meses.” Elisa Tokar, 6-11-07

E) TRASLADO POR LA FUERZA DE NIÑOS.

“Era el que se ocupaba de las mujeres embarazadas. Yo iba cada vez que podía a la sala de las embarazadas. Un día estaba en la pieza de las embarazadas, había 3 o 4 compañeras, entre julio y agosto, entró Febres haciéndose el canchero, traía unas hojas de papel, sobres y lapiceras, se sentó y les empezó a decir que prepararan una carta para el familiar que ellas habían elegido para que cuidara el bebé. Les aconsejaba que pusieran los datos del bebé. Cuando ya se iba, Febres se levantó y dijo – cínicamente-: no se olviden de poner bien clarito el nombre y la dirección de su familiar, a ver si todavía me equivoco y la dejo en una casa con una familia que nada que ver... Vi a Febres con un moisés, con ajuares de lujo, ahí me di cuenta que no los entregaban a las familias. Lamento que Febres no esté en esto momento. Que deje de torturar a las familias, que no saben donde están sus hijas, sus hijos, sus hermanos, y que saben que hay bebés, sangre de su sangre, no los pueden encontrar, y yo no tengo dudas que Febres, Acosta, los represores saben donde están. Febres es un torturador hoy, las familias siguen torturadas hoy.” Ana María Martí, 13-11-07

“Mas allá de que se lo juzgue en este juicio por torturas, creo poco en la justicia, -a pesar de ello- iré a denunciar cada vez que sea necesario, porque tenemos que encontrar a los 400 chicos nacidos en cautiverio, al menos deberían decirnos donde están, ellos son los desaparecidos de hoy, los desaparecidos de identidad.” Ana María Testa, 13-11-07

En cuanto a los hechos que damnifican a CARLOS ALBERTO GARCÍA, se corroboró inequívocamente en el debate que GARCIA fue privado ilegalmente de su libertad al ser secuestrado el 21 de octubre 1977 por un grupo de personas armadas, y conducido a la ESMA donde fue sometido a condiciones inhumanas de vida, a tormentos, y sometido a trabajo esclavo, hasta que finalmente se produjera su liberación a principios del año 1980, con “libertad vigilada” Todo ello fue comprobado y relatado ante el tribunal por los diversos testigos que así lo corroboraron, y por la propia víctima quien relató que durante su cautiverio pudo reconocer a los integrantes del operativo de secuestro, entre ellos al imputado Febres, a Astiz, Acosta, Whamond y Weber. Entre los testigos, Ricardo Héctor COQUET que en concordancia con su declaración de fojas 3/8 del legajo nº 124, testificó haber visto a García en la ESMA; también la testigo AMALIA MARIA LARRALDE relató haber visto a García en la ESMA. Así también lo expresó ALFREDO JULIO MARGARI, reproduciendo en el debate su declaración de fecha 6 de febrero de 1987 (legajo N° 34), en el sentido de haber compartido cautiverio con García en la ESMA.

Asimismo testimonió en forma concordante MIRIAM LEWIN, CRISTINA ALDINI, CARLOS MUÑOZ, MARIA ALICIA MILIA DE PIRLES, LIDYA CRISTINA VIEYRA, ELISA TOKAR, quien relató: “en el baño pudo hablar con otra gente que estaba antes detenida, le cuentan las condiciones de detención, ve pasar a Carlos García, totalmente destruido, muy lastimado, lo llevan a la cucheta que le asignan”

En cuanto a ALFREDO JULIO MARGARI, se ha acreditado plenamente en el debate que fue privado ilegalmente de su libertad el día 17 de noviembre de 1977, en momentos que salía de su domicilio en horas de la mañana con destino al trabajo. Fue alojado en la ESMA y sometido a condiciones inhumanas de vida y a la aplicación de tormentos. También fue reducido a servidumbre al ser sometido a trabajo esclavo. Fue liberado en mayo de 1979, con libertad vigilada. En sus sucesivas declaraciones manifestó que fue secuestrado el 17 de noviembre de 1977 por tres personas armadas, vestidas de civil, que lo introdujeron en un Ford Falcon blanco, esposado y encapuchado. Posteriormente reconoció a uno de los que participaron en su secuestro, como el Comisario Weber apodado “220”. Al llegar al sitio, que luego se enteró era la ESMA, fue llevado a una sala en el sótano, le quitaron la capucha y se hizo presente una persona que luego reconoció como el Prefecto Febres, apodado “Daniel” quien mientras lo golpeaba le decía que se iba a ir para arriba, amenazándolo. Poco después es remitido al altillo, a un lugar denominado “capucha”, tratándose de una sala forma de “U” dividida por tabiques de madera, donde se lo deja con los ojos vendados. Allí se le asigna un número –032– y se lo encadena, indicándole que debía permanecer en silencio sin levantarse la capucha.

En dichas condiciones infrahumanas de vida, luego fue obligado a efectuar trabajo esclavo. Fue obligado a trabajar en la imprenta de la ESMA, en la impresión de una revista de contrainteligencia. Y también, junto con Carlos García y Daniel Lastra fueron obligados a trabajar en un taller gráfico ubicado en Barracas. Trabajaban de día en el taller gráfico y de noche en la imprenta que estaba en el edificio Libertad, en ésta última falsificaban documentación. Adriana Marcus (25-10-07) testimonió que a García y Margari los conocí en el sótano. A veces podíamos comer juntos. Ellos hacían trabajo esclavo en el sótano.

En cuanto a JOSEFA PRADA DE OLIVIERI fue privada ilegalmente de su libertad junto a su esposo Guillermo Rodolfo Olivieri, el 21 de diciembre de 1977 en la finca de la calle Benito Pérez Galdós 378, Capital Federal, encontrándose embarazada de cuatro meses. Fue conducida a la ESMA donde fue sometida a condiciones inhumanas de vida y a violación, maltratos físicos tales como golpizas y tormentos. Recuperó su libertad el 27 de diciembre de 1977. Así fue afirmado por ella al asistir a declarar, como asimismo por su marido el Sr. Guillermo Olivieri. Al respecto la testigo Ana María Martí cuando se le preguntó si conocía a la víctima, señaló que vió a cientos de detenidos que no pudo precisar quiénes eran, por lo que es posible que la haya visto en la ESMA.

También han quedado sobradamente probados los hechos padecidos por CARLOS GREGORIO LORDKIPANIDSE, quien fuera privado ilegalmente de su libertad el 18 de noviembre de 1978 junto con su esposa y su pequeño hijo de apenas 20 días de vida, conducido a la ESMA en donde fue sometido a terribles tormentos y sometido a trabajo esclavo. Fue dejado en libertad vigilada a principios de 1981 siendo controlado por sus captores hasta septiembre de 1983, debiendo incluso durante ese período, presentarse en la ESMA para prestar el trabajo esclavo que le impusieran sus captores.

Además de su puntilloso relato sobre los padecimientos vividos, dan cuenta de tales hechos las declaraciones de LÁZARO JAIME GLADSTEIN, VÍCTOR MELCHOR BASTERRA, y ANDREA MARCELA BELLO, quienes afirmaron haber compartido cautiverio con Lordkipanidse en la ESMA. También AMALIA MARIA LARRALDE, en cuanto refirió haber visto a Lordkipanidse con signos de haber sufrido torturas. El testigo Mario Enrique Fukman declara que fue detenido al salir de la casa de Lordkipanice y que compartieron cautiverio.

Con relación al trabajo esclavo, todos fueron contestes en afirmar: Todos los días nos llevaban de la Esma a Apus Grafica que era el diario Convicción que era de la Marina, nos llevan a las 7 hs, hasta la tarde y ahí nos llevaban al edificio de Libertad, y en al sótano a imprir falsificación de documentos: dni, pasaportes. Carlos García, 23-10-07

Se estaba construyendo una sala de audiovisuales, la huevera el revestimiento estaba hecho con cartones de huevo. Soy puesto con grilletes, esposas, subido a una escalera con una bolsa de goma pluma, a trabajar llenando la pared doble. El trabajo era forzado. Al grupo que se lo conocía como la Perrada... Alfredo Margari, 23-10-07

Entre enero y marzo de 79 el GT había organizado un curso de lucha antisubversiva, del cual participaron milicos de otros países, se hizo en la escuela de Guerra Naval, dentro del mismo redio, nos hicieron hacer fotocopias del material que se eudiaría María Amalia Larralde, 30-10-07

Allí en la isla del Tigre somos sometidos a trabajo esclavo, ortar y trasladar troncos. Carlos Lordkipanidse, 23-10-07 otro de los trabajos que se me obliga hacer es el revelado de fotografía de todos los prisioneros que estaban en capucha y capuchita. Allí pude reconocer mi foto y la de mi mujer. Por la cantidad de fotos de compañeros que ya no estaban allí, tomé dimensión de los que ya habían trasladado. Carlos Lordkipanidse,23-10-07

En este juicio oral los casos investigados por torturas y privación ilegítima de la libertad agravadas y trabajo esclavo se subsumen en las disposiciones del art. 2do. de la presente Convención, por lo que las personas que hayan cometido genocidio o cualquiera de los otros actos enumerados en el art. 3 (asociación, complicidad, tentativa para cometer genocidio), serán castigadas, ya se trate de gobernantes o funcionarios. Por lo que consideramos que es esencial e ineludible una sentencia que permita a nuestro país cumplir con el mandato impuesto por la citada Convención y por la Constitución para proceder a la condena por comisión del delito de genocidio. A su vez, es dable destacar que la no punición se enfrenta, además, con el derecho de las víctimas y de toda la sociedad de lograr la efectiva persecución penal por esta clase de delitos. Y la impunidad representaría consagrar la protección de los criminales de esta laya que supone, al mismo tiempo, dar una licencia eventual a los futuros criminales.

Mencionaremos especialmente en este tema que tantos años de impunidad como así también la atomización de las causas contra los genocidas, permiten todavía que hoy se amenace y se atormente a los testigos, como en este juicio a José Miño o que la desaparición forzada de ellos se la intente naturalizar, por lo que sigue vigente la exigencia de aparición con vida de Jorge Julio López, y apreciamos que la protección efectiva a los testigos de estos juicios se concretará cuando todos los genocidas sean condenados y derivados a cárceles comunes.

Como fue expicitado en el fallo del Dr. Cavallo, considerando que el delito de genocidio, previsto en la Convención no prevé una pena específica, y toda vez que las conductas criminales allí descriptas tienen, por su lado, una pena individualizada en el derecho penal interno, deben aplicarse para el caso particular, las penas que correspondan según las prescripciones del Código Penal argentino para la sumatoria por concurso real de los delitos que converjan en la tipificación global del genocidio, por lo que basta que la Sentencia judicial reconozca esa adecuación típica y aplique la pena cuyo monto se determinará por la existencia del concurso delictivo. Tal lo descripto por el juez Cavallo en el fallo señalado. En el presente caso, se están investigando una pluralidad de hechos delictivos, cometidos por un funcionario del Estado por medio de la aplicación de un plan sistemático criminal. Tales hechos están tipificados tanto en la Convención como en el derecho interno. Y así el tribunal debe resolver ya que la Convención era norma positiva nacional con anterioridad a la producción de los hechos ventilados en esta causa y en donde el Estado está en mora por más de 50 años en reglamentarla, sin embargo, vemos que en otras ocasiones ha demostrado una celeridad ejemplar, como lo hizo recientemente en adecuar el derecho interno con penas draconianas a la denominada ley antiterrorista.

En la mencionada Sentencia contra Miguel O Etchecolatz el Tribunal dijo: “Es en ese punto donde radica la mayor importancia de tener en cuenta los hechos sucedidos como genocidio. La vigencia de la Convención en la materia está fuera de toda discusión, como también lo está la del resto de las Convenciones sobre Derechos Humanos contenidas en el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional. Considerar de ese modo -genocidio- y bajo ese trascendente paraguas legal las causas en trámite permitirá a mi entender ubicar los hechos investigados en el contexto adecuado, cumpliendo de ese modo la obligación contenida en el célebre fallo Velazquez Rodriguez en cuanto a investigar con seriedad y no como una simple formalidad.”

Estimamos entonces que los estados nacionales tienen el deber de investigar las violaciones de los derechos humanos y procesar a los responsables y evitar la impunidad. El Poder Judicial es parte del Estado.

La solicitud de condena por genocidio, aclaramos, no es un cambio de la base fáctica que conforma la causa, sino que se orienta exclusivamente a una cuestión relativa a la calificación legal del hecho; y tal como surge del relato y la descripción efectuada por el tribunal, así como las circunstancias de tiempo, modo y lugar donde se desarrollaron, se considera lo suficientemente amplia como para abarcar la distinta calificación propuesta por esta querella.

La misma Corte Interamericana en su Opinión Consultiva 14 de 1994 estableció “que las obligaciones para el estado no sólo alcanzan a los poderes legislativos, sino al conjunto de los órganos estatales” y que “el cumplimiento por parte de agentes o funcionarios del Estado de una ley manifiestamente violatoria de la Convención produce responsabilidad internacional del Estado. En caso de que el acto de cumplimiento constituya un crimen internacional, genera también la responsabilidad internacional de los agentes o funcionarios que lo ejecutaron” (Opinión Consultiva OC-14/94, 9 de diciembre de 1994, sin destacado en el original).

En la misma línea se ha pronunciado el Procurador General de la Nación: "También considero necesario destacar que el deber de no impedir la investigación y sanción de las graves violaciones de los derechos humanos, como toda obligación emanada de tratados internacionales y de otras fuentes del Derecho internacional, no sólo recae sobre el Legislativo, sino sobre todos los poderes del Estado y obliga, por consiguiente, también al Ministerio Público y al Poder Judicial a no convalidar actos de otros poderes que lo infrinjan" ( Dictamen del 29 de agosto de 1992).

En este sentido, afirmamos enfáticamente, que tal como ha sido desarrollado a lo largo de este alegato –y como por otra parte surge de los contenidos expuestos en las causas seguidas tanto a los Excomandantes (Causa n° 13), los juicios por la verdad (sustanciados desde hace años ante la Cámara Federal de la Plata y en distritos del país), el mismo contenido de la causa n° 44 –hoy causa 1°-, el informe de la CONADEP, titulado “Nunca Más”, el Informe prohibido de la CIDH, la resolución del 6/3/2001 dictada en la causa “Poblete” , por el Dr. Cavallo, los fallos ya confirmados del Tribunal Oral nro. 1 de La Plata en causas Etchecolatz y Von Wernich, el procesamiento reciente por genocidio en causa Bussi, Luciano B. Menéndez y ot., de Tucumán y los hechos investigados en la presente causa constituyen lisa y llanamente conductas prohibidas por la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio.

Por eso señores Jueces, este Tribunal tiene también hoy la obligación como parte del Estado de condenar –así lo aspiramos- como co-autor de genocidio a Héctor Febres y lo deberá hacer como dijo el Sentenciante en el citado fallo porque: “Se trata de hechos criminales cometidos por individuos que si bien por momentos parecen alejarse de la condición humana, son lo suficientemente “humanos” en términos jurídicos como para estar sentados ante un tribunal, ser imputados y como en el caso de Miguel Etchecolatz, (hoy es Héctor Febres) condenados a perpetuidad por la justicia de otros humanos”.

Conclusión:
Como ya se expusiera, producto del desguace de los procesos nos encuentra hoy sin que este juicio comprenda a todos los represores y víctimas que pasaron por la ESMA, por lo que debemos ceñirnos al derecho doméstico por imposición de sólo los cuatro casos traídos a conocimiento del tribunal, que ostensiblemente restringe la condena que se solicitaría a Febres por toda su actuación en la Escuela de Mecánica de la Armada.

En este sentido, de las penas a pedir, Zaffaroni (Manual de Derecho Penal Parte General Ed. Ediar 1979) sañala que “es aquí donde el sentimiento de seguridad jurídica exige otro límite, que la ley traduce (art. 41 CP) imponiendo que la pena guarde cierta relación con la cuantía de la lesión a los bienes jurídicos, o más precisamente, con la magnitud del injusto, con el grado de culpabilidad y con la peligrosidad”.
Y con relación a la peligrosidad adherimos al rechazo de Zaffaroni al derecho penal de autor, teoría que apunta a considerar que lo reprochable o peligroso sería la personalidad del autor y no el acto que éste realiza. Es decir, se le reprocha al hombre su personalidad, no lo que hizo sino lo que es. Sabemos que cualquier tipo de autor es inconstitucional en el derecho positivo que sólo prohíbe conductas y no personalidades.

Entonces la motivación es el criterio para establecer la cuantía de la reprochabilidad. Ahora bien, el concepto de peligrosidad es el que opera en el art. 41 del CP y que no tiene nada que ver con las concepciones patológicas de la peligrosidad. Por lo que en el art. 41 CP deben merituarse entre otras cosas, las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión que son las que para la ley demuestran su mayor o menor peligrosidad. Y con relación a este tópico Febres tiene no sólo la responsabilidad penal hoy reprochada sino también una gran obligación y deuda con los familiares de las víctimas y los hijos apropiados, ya que él puede decir a quiénes fueron entregados y no lo hace, como también puede decir dónde están los detenidos-desaparecidos, y al no hacerlo prosigue el delito y la tortura día a día de los que buscan a sus seres queridos y a sus compañeros. Ya se consignó por parte de esta querella la calidad de co-autor de Febres, atento que “es tan torturador el que enchufa el cable en la pared como el que enciende la radio para que no se escuchen los gritos, el que pasa la picana por los genitales de la víctima, o el que llega después a “aconsejarle” que hable para no ser torturado nuevamente.” (Sentencia causa Nº 2506/07 seguida con Von Wernich, hoy firme).

La pertenencia de Febres al aparato represivo, lo vincula de manera irrefutable a la responsabilidad por las privaciones ilegales de la libertad sufridas por las víctimas de autos; en algunos casos por haber secuestrado directamente a ellas y en otros, por la sola circunstancia de su presencia comprobada en forma contemporánea con los detenidosdesaparecidos y la circulación libre del imputado por la Esma. También tuvo conocimiento y participó en la toma de decisiones del delito de trabajo esclavo diario de 3 de las víctimas de este juicio, en calidad de co-autor, atento los testimonios contestes.

Como señala Esteban Righi “Derecho Penal parte General” ED. Lexis Nexis Argentina, 2007, páginas 373 y ss respecto de la coautoría funcional a la que considera la modalidad verdaderamente relevante, “se presenta en los casos en que es posible la división del trabajo, cuando los intervinientes se distribuyeron los aportes necesarios para la consumación en función de un plan y los realizaron durante la etapa de ejecución. Es decir que cada coautor se ha reservado un dominio funcional, pues el aporte de cada uno es imprescindible para que el delito pueda cometerse del modo previsto…” Quien se hace cargo del sector 4, sótano, es Febres: de los cuatro cuartos que había, la huevera, los de tortura, etc, todo el sótano. Si bien el propio Febres le aclara que ‘acá yo soy el torturador’, a partir de tomar a su cargo el sector 4, pasa a integrar un selecto círculo de oficiales que toman la decisión sobre la vida y la muerte y los traslados, en base a los listados que les provee inteligencia. Carlos Lordkipanidse, 23-10-07

Febres tenía las posibilidades de influir en las decisiones de si alguien quedaba con vida o no en la ESMA... Formaba parte del grupo que decía quién era trasladado. Enrique Fukman, 8-11-07
Febres elegía ir todos los días libremente a la ESMA. Lo hacía día tras día, elegía volver, elegía ir a torturar a la ESMA.
Lázaro Gladstein, 19-11-07

Febres es el que va a buscar a un grupo de compañeros a Montevideo, lo cual demuestra que tenía una importancia dentro de la institución. Alicia Milia de Pirles, 8-11-07
Febres, entre otras cosas, tenia la responsabilidad del destino de los bebes que nacían en la ESMA, del cuidado de las madres y de las posterior apropiación de los bebes Alicia Milia de Pirles, 8- 11-07

Se nos traslada a todos y todos vuelven a la Esma, excepto el Topo Saenz. Toda la operación de traslado es gestionada y supervisada por Febres, al embarcadero de San Fernando de Prefectura, en lancha de prefectura. Cruzamos el Paraná Miní, y en una isla denominada el Silencio, se nos ocultó allí y también desde allí se hizo contrainteligencia ya que se llevó a Thelma Jara de Cabezas, para ser fotografiada y aparecer en Para ti desmintiendo la desaparición ya acontecida de su propio hijo. Carlos Lordkipanidse, 23-10-07

Por lo expuesto solicitamos se condene a Héctor Febres, en este escueto juicio, en calidad de co-autor, por los delitos tipificados en el art. 2 incs. b) y c) de la Convención para la Prevención y Sanción del delito de Genocidio y en los arts. 144 ter 1ro y 2do. párrafo (ley 14.616) por 4 hechos que concurren materialmente, art. 140 CP y 15 CN por tres hechos en concurso real, art. 144 bis 1ro. y último párrafo en función del art. 142 inc. 1 y 5 por 3 hechos y 142 inc. 1ro. un hecho (Prada de Olivieri) que concurren materialmente y art. 2 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, delitos que deben ser materialmente concursados según art. 55 CP, a la pena máxima de 25 años de reclusión sin posibilidad de recurrir a prisión domiciliaria (art. 10 CP) y en cárcel común y efectiva.

A todo evento, hacemos la reserva del caso federal y de recurrir en casación (art. 14 ley 48 y 456 CPPN).
Señor Presidente: Esta querella entiende que las víctimas no están buscando sólo un reconocimiento judicial de condena a los represores, sino sobre todo, un reconocimiento jurídico a los hechos sucedidos en el país. Las condenas y las penas son aleatorias y efímeras, más teniendo en cuenta la edad de muchos de los procesados y también la de varios de los sobrevivientes. Es por ello que el reconocimiento judicial de genocidio por parte de la Justicia argentina permitirá a toda la sociedad no sólo prevenir, rearticularse y solidarizarse con hechos que como en la presente causa ofenden a toda la humanidad, sino que también posibilitará la resistencia firme a cualquier intento de inclusión de estas prácticas.

Por lo que la condena hoy solicitada la piden también los 30.000 detenidos-desaparecidos, los más de 10.000 presos políticos, los 500 niños apropiados, los 200.000 exiliados y los miles de argentinos que por causa del genocidio murieron sumidos en el hambre y la miseria, por ellos seguimos reclamando y EXIGIMOS JUSTICIA. 30.000 compañeros detenidos-desaparecidos PRESENTE